Sentencia Social 168/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Ferrol, Rec. 695/2023 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO. Objeto del proceso. Cuestiones controvertidas

Impugnan las demandantes la resolución dictada por la Jefatura Territorial de A Coruña de la Consellería de Emprego e Igualdade-Xunta de Galicia-, en virtud de los artículos 151 y ss de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante , LRJS).

Sostiene la entidad ELECTRORAYMA SL, fundamentalmente, la caducidad del procedimiento sancionador. Además, la resolución emitida al respecto se basa en conjeturas, sin tener en consideración la causa del accidente, que fue que el trabajador, si bien tenía el arnés puesto, no se encontraba sujeto a ninguno de los dos retráctiles que estaban colocados, ante la imposibilidad de establecer medios de protección colectiva.

Lo mismo sostuvo, en esencia, la entidad AVANZA TÉCNICAS INDUSTRIALES SL, sobre la base del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.

Por su parte, la CONSELLERÍA sostuvo la responsabilidad de las empresas en los términos que recoge la resolución impugnada, mostrando su disconformidad con la caducidad del expediente alegada.

SEGUNDO. Elementos de convicción. Prueba

La relación fáctica expuesta en los "HECHOS PROBADOS" deriva de la apreciación de los elementos de convicción resultado de la actividad probatoria desarrollada a instancia de las partes, conforme a lo previsto en el artículo 97.2 de la LRJS, así como el artículo 281.3 de la LEC en lo que a los hechos no controvertidos respecta ( Disposición Final Cuarta de la LRJS) . En concreto:

-HECHOs PRIMERO a CUARTO-No controvertidos, sin perjuicio de que consten en el expediente administrativo obrante en el AC. 19 del VISOR. Sobre el estado del conducto, véanse las fotografías que se Anexan en el informe del SPRL QUIRONPREVENCIÓN obrante en el AC. 112 del VISOR-páginas 8 y ss-.

-HECHO QUINTO-Expediente administrativo obrante en el AC. 19 del VISOR, así como ACS. 3, 4, 5, 26, 96 a 100 y 105 a 114 del VISOR.

TERCERO. Caducidad del expediente sancionador

Sostienen las demandantes, en primer lugar, la caducidad del expediente sancionador por el transcurso del plazo de nueve meses contemplado en la Ley 23/2015, de 21 de julio, así como en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo; desde que se remite a la Inspección de Trabajo el informe del ISSGA el 14/02/2022 hasta que aquella extiende acta de infracción, el 27/12/2022. La parte contraria se opuso a dicha argumentación.

En la resolución de la cuestión controvertida ha de partirse del artículo 21 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; que establece que-el subrayado es propio-: "1. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrollará mediante visita a los centros o lugares de trabajo, sin necesidad de aviso previo; mediante requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de quien resulte obligado, aportando la documentación que se señale en cada caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3.c), o para efectuar las aclaraciones pertinentes; o en virtud de expediente administrativo, cuando el contenido de su actuación permita iniciar y finalizar aquélla. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse por uno o varios funcionarios y podrán extenderse durante el tiempo necesario. 2. Igualmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá actuar mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en las Administraciones Públicas. A tal efecto, podrá utilizar los datos o antecedentes que le suministren otras Administraciones Públicas de la Unión Europea. 3. Cuando iniciada visita de inspección no fuese posible su prosecución y finalización por no aportar el sujeto inspeccionado los antecedentes o documentos solicitados, la actuación proseguirá en virtud de requerimiento para su aportación en la forma indicada en el apartado 1. 4. Las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve meses salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance y requisitos establecidos reglamentariamente, por otro periodo que no excederá de nueve meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando las actividades de inspección revistan especial dificultad y complejidad. Se entiende que se produce atendiendo al volumen de operaciones de la persona o de la entidad, por la dispersión geográfica de sus actividades, y en aquellos otros supuestos que indique una norma reglamentaria. b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el sujeto inspeccionado ha obstruido u ocultado al órgano inspector alguna de sus actividades o de las personas que las desempeñen. c) Cuando la actuación inspectora requiera de cooperación administrativa internacional. Asimismo, no se podrán interrumpir por más de cinco meses, salvo que la interrupción sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes, o cuando se constate la imposibilidad de proseguir la actuación inspectora por la pendencia de un pronunciamiento judicial que pueda condicionar el resultado de la misma.Las comprobaciones efectuadas en una actuación inspectora tendrán el carácter de antecedente para las sucesivas. Cualquiera que sea el origen de la actuación inspectora conforme al artículo 20.3, el cómputo de los plazos establecidos en este apartado se iniciará a partir de la fecha de la primera visita efectuada o, en caso de requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado, desde la fecha efectiva de la comparecencia, siempre que haya aportado la totalidad de la documentación requerida con trascendencia en la actuación inspectora. No se considerará incluido en ningún caso en el cómputo de los plazos, el tiempo transcurrido durante el aplazamiento concedido al sujeto obligado en los supuestos de formularse requerimientos de subsanación de incumplimientos previos por parte del órgano inspector".

Así, el precepto resulta meridiano cuando establece como dies a quodel cómputo del plazo de nueve meses "la fecha de la primera visita efectuada o, en caso de requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado, desde la fecha efectiva de comparecencia, siempre que se haya aportado la totalidad de la documentación requerida con trascendencia en la actuación inspectora",supuesto, este último, que es el que nos ocupa, y que tuvo lugar el 14/06/2022, primera comparecencia de la entidad AVANZA TÉCNICAS INDUSTRIALES SL a fin de aportar la documentación requerida por la Inspección de Trabajo. Desde dicha fecha y hasta el 27/12/2022, cuando se levanta acta de infracción, no transcurrieron nueve meses, ni hubo una interrupción superior a cinco meses. Y ello teniendo en consideración que el mismo precepto expresamente aclara "Cualquiera que sea al origen de la actuación inspectora conforme al artículo 20.3",incluido el informe del ISSGA, que no determina, por lo tanto, el inicio de aquel cómputo, como alegó la parte demandada.

Por lo tanto, la pretensión de las demandantes ha de ser desestimada.

CUARTO. Medidas de Prevención de Riesgos Laborales

Sostienen las demandantes, con oposición de la contraria, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de PRL, toda vez que por el estado del conducto en que el se estaban realizando las labores, no era posible establecer medios de protección colectiva, y los trabajadores disponían de los individuales. A este respecto, el trabajador accidentado no tenía conectado su arnés al retráctil, lo que determinó su caída.

Al respecto, ha de puntualizarse que el fundamento de la sanción que nos ocupa es el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que cree un riesgo grave para la integridad física o salud de los trabajadores afectados, contemplado en el artículo 12.16 de la LISOS, en su apartado f), esto es, en materia de medidas de protección colectiva; omisión que se reprocha en el expediente sancionador. Y es que, como efectivamente se constata en éste, consta que el Plan de Seguridad y Salud de la Obra de 18/02/2021 contempla como prioritarios los medios de protección colectiva (HECHO PROBADO QUINTO.1), inexistentes en el caso que nos ocupa (HECHO PROBADO PRIMERO y QUINTO.2 y 3). Y al respecto, no se ha desplegado prueba razonable que permita sostener la imposibilidad de su colocación, por el estado en que se encontraba el conducto en que se desarrollaban las tareas, como sostuvieron las demandantes ( artículo 217.3 de la LEC) .

Ello, en primer lugar, contradice el propio Plan de Seguridad y Salud, en el que se delimitan los trabajos a realizar y el lugar, confiriendo prioridad a los medios de protección colectiva. Y así se constata, en segundo lugar, en el informe sobre el accidente realizado por QUIRONPREVENCIÓN, de 26/11/2021 (AC. 112 del VISOR), en el que se concluye que no procede revisar la evaluación de riesgos porque las medidas preventivas necesarias estaban correctamente contempladas. Lo que no se analiza en él es la ausencia de las mismas, en tercer lugar, de forma que se pueda sostener la argumentación de las demandantes. Y dicho análisis técnico tampoco fue realizado por su autora, que depuso como testigo en el acto de la vista, Doña Sagrario, para afirmar, a pesar de que no se explica en su informe, que se habían desechado los medios de protección colectivos por el estado de la instalación. Indicó que no era posible emplear la plataforma elevadora (que sí se estaba utilizando en otras zonas) por los ventiladores que tenía la cabina, que impedían su entrada; tampoco andamios (que los había), ni una red anticaída porque no existían elementos estables a los que sujetarlos; contemplando, sin embargo, las viguetas, como elemento fijo idóneo para anclar la línea de vida como elemento de protección individual. Se trata, por lo tanto, de afirmaciones genéricas que no permiten suplir el necesario análisis técnico que permita concluir, con rigor y sin fisuras, la pretendida imposibilidad de emplear los medios de protección colectiva que contempla el propio Plan.

En definitiva, el delimitado objeto de la sanción convierte en irrelevante la cuestión relativa a la causa del a caída del trabajador, que las demandantes imputan a que no se encontraba sujeto al retráctil puesto a su disposición. En efecto, nada se reprocha en el acta de referencia respecto de los medios de protección individual, siquiera del hecho de haber contemplado la existencia de un único retráctil (por la información proporcionada por la propia empresa AVANZA TÉCNICAS INDUSTRIALES SL), a pesar de que había dos. No obstante, conviene puntualizar, precisamente por la pretendida conversión de la cuestión de referencia en el centro del objeto de debate por parte de las demandantes, que éstas no propusieron prueba alguna que permita sustentar que aquella falta de sujeción se debió a la culpa temeraria del trabajador( artículo 96.2 LRJS) , sino precisamente a la ubicación de los retráctiles y la distancia entre ambos, como se recoge en la entrevista realizada al trabajador accidentado en el expediente sancionador (HECHO PROBADO QUINTO.3)-con presunción de certeza ex. Artículo 53.2 de la LISOS-, lo que permitiría cuestionar incluso la idoneidad de la disposición de aquellos. Nótese que el único testigo presencial del accidente (Don Juan Manuel) no sostuvo una versión diversa ni ante la Inspección de Trabajo, ni ante el SPRL, ya que se encontraba de espaldas al Sr. Argimiro cuando se produjo la caída, por lo que vio en el suelo sin poder determinar lo ocurrido con anterioridad.

Por lo tanto y en virtud de lo expuesto, no se puede sino concluir, con la resolución impugnada, la infracción, por parte de las empresas, de las obligaciones contempladas en los artículos 4.2.d) y 19 del ET y en los artículos 14.1 y 15.1.h) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa relacionada, constitutiva de una infracción grave contemplada en el artículo 12.16 f) de la LISOS, lo que determina el fundamento y proporcionalidad de la sanción impuesta; por lo que la demanda ha de ser íntegramente desestimada.

QUINTO. Costas

No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,