Sentencia Social 85/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Figueres, Rec. 750/2025 de 07 de mayo del 2026

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Órgano Judicial para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la precitada Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, se hace constar que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han obtenido del expediente administrativo incorporado a los autos y de los demás elementos de convicción arriba reseñados.

TERCERO.-Se ha de apreciar falta de legitimación pasiva de la TGSS, que no tiene obligación de soportar la carga de ser demandada cuando -como ahora ocurre- nos encontramos ante una contingencia común, pues la relación jurídico procesal queda válidamente constituida únicamente frente al INSS. Hay que señalar que la Tesorería General de la Seguridad Social carece de facultades en orden al reconocimiento, creación, modificación o extinción de las obligaciones económicas que gravan a los diferentes Organismos de la Seguridad Social, de modo que los verdaderos sujetos pasivos del reconocimiento o denegación de prestaciones son las Entidades Gestoras, limitándose la Tesorería a actuar como mero ejecutor en su condición de Caja Única del Sistema de la Seguridad Social y Organismo encargado de la Gestión Recaudatoria.

CUARTO.-La parte actora impugna la resolución de INSS fechada el 6-6-2025 mostrando disconformidad tanto con la BR, como con el grado o modalidad protectora reconocida.

En cuanto al primer punto controvertido, en el expositivo tercero de la demanda se indica cómo cree la parte actora que debe efectuarse el cálculo de la base reguladora, pero sin proponer ni ofrecer una base reguladora concreta, alternativa a la facilitada por el INSS, lo que impide estimar su pretensión.

QUINTO.-El segundo extremo conflictivo es la modalidad protectora. Pretende la demandante el reconocimiento de que las secuelas que presenta son tributarias de gran invalidez, pretensión a la que se opone el INSS.

Conforme establece el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social/ 2015 (según su redacción vigente, dada por la DT 26ª), que reproduce el 137.6 LGSS/ 1994 según redacción anterior a la reforma dada por Ley 24/97, de 15 de julio, no desarrollada reglamentariamente (Disposición Transitoria 5ª bis), el legislador define la gran invalidez como aquella situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, a consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, entre los que han venido comprendiéndose los encaminados a satisfacer necesidades primarias o ineludibles para poder fisiológicamente subsistir o llevar a cabo los actos indispensables y la guarda de la dignidad, el decoro o la higiene que tanto la propia naturaleza como la convivencia humana exigen.

Como expresaba el Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de diciembre de 2013 "La disfunción padecida en relación con la necesaria colaboración de otra persona para autogobernarse en los actos elementales de la vida determinan la gran invalidez, y como se infiere de la definición que le da el propio art. 137.6 de la LGSS (actualmente art. 194.6 de la LGSS/ 2015), no es un grado más de la incapacidad permanente derivada de enfermedad común, profesional o accidente, sino un estado o situación del incapaz que cualifica la prestación para paliar el coste de la necesidad de atención, por pérdida de la más básica autonomía de vida personal, mediante una ayuda complementaria". Por otro lado, la misma jurisprudencia también ha indicado que basta la imposibilidad del inválido para realizar por sí mismo uno sólo de los "actos más esenciales de la vida" y la correlativa necesidad de ayuda externa, como para que proceda la calificación de gran invalidez, señalando que no basta la mera dificultad en la realización del acto aunque tampoco es preciso que la necesidad de ayuda sea constante (en tales términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1989 ); caracterizando desde otra perspectiva la gran invalidez como la dependencia del individuo al protector o cuidador (TS 15-1-1987) y debiéndose declarar en base a la situación actual del trabajador y no a la futura, por probable que ésta sea ( STS 26-2-1988).

SEXTO.-La parte actora muestra disconformidad con la valoración que se ha hecho de su cuadro patológico, estimando que se encuentra en circunstancias médicas de gran invalidez por precisar la atención y asistencia de tercera persona, no únicamente para realizar desplazamientos en vehículo, sino en las tareas habituales del día a día, tales como realizar la compra, limpiar, cocinar, higiene personal, seguir las prescripciones horarias de ingesta de fármacos, etc, siendo el dolor que padece absolutamente invalidante, precisando acompañamiento y supervisión permanente de una tercera persona.

Está documentalmente acreditado a través del informe del servicio de clínica del dolor del Hospital Vall d'Hebrón de fecha 29-3-2026 que la actora está en seguimiento por dicha unidad, por mal control de un dolor facial altamente incapacitante y de muy compleja solución o tratamiento. Se le han realizado bloqueos de ganglio esfenopalatino, bloqueos de nervios periféricos y tratamiento con radiofrecuencia sin eficacia. Incluso se implantó tratamiento farmacológico con opiáceos mayores. Completados los estudios por neurocirugía se ha considerado que existe una opción quirúrgica a su patología, pendiente de ser intervenida. El dolor le incapacita para desarrollar una vida activa ya que aparece en forma de crisis (muy numerosas) que le obligan a permanecer encamada horas e incluso días. Además, la medicación de tan elevada potencia le limita para un gran número de actividades que requieran un mínimo de atención. Se constata, también, pérdida de audición en los últimos meses, sin respuesta a tratamiento. El facultativo firmante del informe expone que la Sra. Amparo requiere de una tercera persona para ayudarle a realizar gran número de actividades cotidianas.

Las conclusiones del informe de rehabilitación neuropsicológica fechado el 26-3-2026 da cuenta de un cuadro neuropsicológico complejo de deterioro cognitivo significativo, especialmente en la memoria de trabajo, anomia, comprensión de instrucciones complejas y manejo de atención sostenida, requiriendo de acompañamiento y supervisión de tercera persona para cualquier tipo de actividad.

Con los anteriores presupuestos facticos y siguiendo la doctrina arriba expuesta cabe concluir que, actualmente, Amparo sufre las secuelas de una neuralgia del trigémino izquierdo "atípica", con dolor neurológico de intensidad grave, no estabilizado tras agotar la duración máxima de la IT y prórroga, encontrándose pendiente de ser intervenida quirúrgicamente, con limitación funcional evidente y a nivel psíquico-cognitivo que justifican plenamente la IP en grado de absoluta reconocida en vía administrativa.

El único desacuerdo se refiere al tipo o modalidad de la intervención de tercera persona que precisa. Los informes analizados si bien mencionan la necesidad de tercera persona, hablan de ayuda de tercero para actividades cotidianas o de supervisión de terceros, sin referir dependencia de tercero para los actos básicos de la vida diaria, esto es, para tareas elementales de autocuidado fundamentales para la independencia personal, tales como comer, vestirse, aseo personal, utilización del inodoro, transferencias, movilidad, actividades que la actora puede realizar con plena autonomía, de forma que no se compromete su dignidad o supervivencia, no siendo su situación subsumible en la gran invalidez, sin negar que pueda precisar cierta colaboración, supervisión o ayuda puntual para otras actividades cotidianas accesorias o instrumentales como realización de compras, preparación de comidas, cuidado del hogar, movilidad en el entorno, etc.

Conforme viene reiterando constante doctrina jurisprudencial no cabe identificar los conceptos "supervisión" y "ayuda", pues mientras que en éste sí se halla implícita la dependencia requerida por el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social, aquél no conlleva ni determina por sí misma impedimento para la realización de tareas esenciales como comer, andar, asearse o vestirse, no pudiendo por tanto entenderse como falta de autonomía personal tributaria del grado de incapacidad postulado esa mera necesidad de supervisión, ya que no es la simple imposibilidad de vivir sin ayuda de otra persona lo que determina la gran invalidez, sino la necesidad de esa asistencia ajena para poder realizar esos actos elementales.

Por lo expuesto, la demanda no puede prosperar.

SÉPTIMO.-De conformidad con el art. 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

VISTOSlos preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Órgano Judicial para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la precitada Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, se hace constar que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han obtenido del expediente administrativo incorporado a los autos y de los demás elementos de convicción arriba reseñados.

TERCERO.-Se ha de apreciar falta de legitimación pasiva de la TGSS, que no tiene obligación de soportar la carga de ser demandada cuando -como ahora ocurre- nos encontramos ante una contingencia común, pues la relación jurídico procesal queda válidamente constituida únicamente frente al INSS. Hay que señalar que la Tesorería General de la Seguridad Social carece de facultades en orden al reconocimiento, creación, modificación o extinción de las obligaciones económicas que gravan a los diferentes Organismos de la Seguridad Social, de modo que los verdaderos sujetos pasivos del reconocimiento o denegación de prestaciones son las Entidades Gestoras, limitándose la Tesorería a actuar como mero ejecutor en su condición de Caja Única del Sistema de la Seguridad Social y Organismo encargado de la Gestión Recaudatoria.

CUARTO.-La parte actora impugna la resolución de INSS fechada el 6-6-2025 mostrando disconformidad tanto con la BR, como con el grado o modalidad protectora reconocida.

En cuanto al primer punto controvertido, en el expositivo tercero de la demanda se indica cómo cree la parte actora que debe efectuarse el cálculo de la base reguladora, pero sin proponer ni ofrecer una base reguladora concreta, alternativa a la facilitada por el INSS, lo que impide estimar su pretensión.

QUINTO.-El segundo extremo conflictivo es la modalidad protectora. Pretende la demandante el reconocimiento de que las secuelas que presenta son tributarias de gran invalidez, pretensión a la que se opone el INSS.

Conforme establece el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social/ 2015 (según su redacción vigente, dada por la DT 26ª), que reproduce el 137.6 LGSS/ 1994 según redacción anterior a la reforma dada por Ley 24/97, de 15 de julio, no desarrollada reglamentariamente (Disposición Transitoria 5ª bis), el legislador define la gran invalidez como aquella situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, a consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, entre los que han venido comprendiéndose los encaminados a satisfacer necesidades primarias o ineludibles para poder fisiológicamente subsistir o llevar a cabo los actos indispensables y la guarda de la dignidad, el decoro o la higiene que tanto la propia naturaleza como la convivencia humana exigen.

Como expresaba el Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de diciembre de 2013 "La disfunción padecida en relación con la necesaria colaboración de otra persona para autogobernarse en los actos elementales de la vida determinan la gran invalidez, y como se infiere de la definición que le da el propio art. 137.6 de la LGSS (actualmente art. 194.6 de la LGSS/ 2015), no es un grado más de la incapacidad permanente derivada de enfermedad común, profesional o accidente, sino un estado o situación del incapaz que cualifica la prestación para paliar el coste de la necesidad de atención, por pérdida de la más básica autonomía de vida personal, mediante una ayuda complementaria". Por otro lado, la misma jurisprudencia también ha indicado que basta la imposibilidad del inválido para realizar por sí mismo uno sólo de los "actos más esenciales de la vida" y la correlativa necesidad de ayuda externa, como para que proceda la calificación de gran invalidez, señalando que no basta la mera dificultad en la realización del acto aunque tampoco es preciso que la necesidad de ayuda sea constante (en tales términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1989 ); caracterizando desde otra perspectiva la gran invalidez como la dependencia del individuo al protector o cuidador (TS 15-1-1987) y debiéndose declarar en base a la situación actual del trabajador y no a la futura, por probable que ésta sea ( STS 26-2-1988).

SEXTO.-La parte actora muestra disconformidad con la valoración que se ha hecho de su cuadro patológico, estimando que se encuentra en circunstancias médicas de gran invalidez por precisar la atención y asistencia de tercera persona, no únicamente para realizar desplazamientos en vehículo, sino en las tareas habituales del día a día, tales como realizar la compra, limpiar, cocinar, higiene personal, seguir las prescripciones horarias de ingesta de fármacos, etc, siendo el dolor que padece absolutamente invalidante, precisando acompañamiento y supervisión permanente de una tercera persona.

Está documentalmente acreditado a través del informe del servicio de clínica del dolor del Hospital Vall d'Hebrón de fecha 29-3-2026 que la actora está en seguimiento por dicha unidad, por mal control de un dolor facial altamente incapacitante y de muy compleja solución o tratamiento. Se le han realizado bloqueos de ganglio esfenopalatino, bloqueos de nervios periféricos y tratamiento con radiofrecuencia sin eficacia. Incluso se implantó tratamiento farmacológico con opiáceos mayores. Completados los estudios por neurocirugía se ha considerado que existe una opción quirúrgica a su patología, pendiente de ser intervenida. El dolor le incapacita para desarrollar una vida activa ya que aparece en forma de crisis (muy numerosas) que le obligan a permanecer encamada horas e incluso días. Además, la medicación de tan elevada potencia le limita para un gran número de actividades que requieran un mínimo de atención. Se constata, también, pérdida de audición en los últimos meses, sin respuesta a tratamiento. El facultativo firmante del informe expone que la Sra. Amparo requiere de una tercera persona para ayudarle a realizar gran número de actividades cotidianas.

Las conclusiones del informe de rehabilitación neuropsicológica fechado el 26-3-2026 da cuenta de un cuadro neuropsicológico complejo de deterioro cognitivo significativo, especialmente en la memoria de trabajo, anomia, comprensión de instrucciones complejas y manejo de atención sostenida, requiriendo de acompañamiento y supervisión de tercera persona para cualquier tipo de actividad.

Con los anteriores presupuestos facticos y siguiendo la doctrina arriba expuesta cabe concluir que, actualmente, Amparo sufre las secuelas de una neuralgia del trigémino izquierdo "atípica", con dolor neurológico de intensidad grave, no estabilizado tras agotar la duración máxima de la IT y prórroga, encontrándose pendiente de ser intervenida quirúrgicamente, con limitación funcional evidente y a nivel psíquico-cognitivo que justifican plenamente la IP en grado de absoluta reconocida en vía administrativa.

El único desacuerdo se refiere al tipo o modalidad de la intervención de tercera persona que precisa. Los informes analizados si bien mencionan la necesidad de tercera persona, hablan de ayuda de tercero para actividades cotidianas o de supervisión de terceros, sin referir dependencia de tercero para los actos básicos de la vida diaria, esto es, para tareas elementales de autocuidado fundamentales para la independencia personal, tales como comer, vestirse, aseo personal, utilización del inodoro, transferencias, movilidad, actividades que la actora puede realizar con plena autonomía, de forma que no se compromete su dignidad o supervivencia, no siendo su situación subsumible en la gran invalidez, sin negar que pueda precisar cierta colaboración, supervisión o ayuda puntual para otras actividades cotidianas accesorias o instrumentales como realización de compras, preparación de comidas, cuidado del hogar, movilidad en el entorno, etc.

Conforme viene reiterando constante doctrina jurisprudencial no cabe identificar los conceptos "supervisión" y "ayuda", pues mientras que en éste sí se halla implícita la dependencia requerida por el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social, aquél no conlleva ni determina por sí misma impedimento para la realización de tareas esenciales como comer, andar, asearse o vestirse, no pudiendo por tanto entenderse como falta de autonomía personal tributaria del grado de incapacidad postulado esa mera necesidad de supervisión, ya que no es la simple imposibilidad de vivir sin ayuda de otra persona lo que determina la gran invalidez, sino la necesidad de esa asistencia ajena para poder realizar esos actos elementales.

Por lo expuesto, la demanda no puede prosperar.

SÉPTIMO.-De conformidad con el art. 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

VISTOSlos preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Órgano Judicial para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la precitada Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, se hace constar que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han obtenido del expediente administrativo incorporado a los autos y de los demás elementos de convicción arriba reseñados.

TERCERO.-Se ha de apreciar falta de legitimación pasiva de la TGSS, que no tiene obligación de soportar la carga de ser demandada cuando -como ahora ocurre- nos encontramos ante una contingencia común, pues la relación jurídico procesal queda válidamente constituida únicamente frente al INSS. Hay que señalar que la Tesorería General de la Seguridad Social carece de facultades en orden al reconocimiento, creación, modificación o extinción de las obligaciones económicas que gravan a los diferentes Organismos de la Seguridad Social, de modo que los verdaderos sujetos pasivos del reconocimiento o denegación de prestaciones son las Entidades Gestoras, limitándose la Tesorería a actuar como mero ejecutor en su condición de Caja Única del Sistema de la Seguridad Social y Organismo encargado de la Gestión Recaudatoria.

CUARTO.-La parte actora impugna la resolución de INSS fechada el 6-6-2025 mostrando disconformidad tanto con la BR, como con el grado o modalidad protectora reconocida.

En cuanto al primer punto controvertido, en el expositivo tercero de la demanda se indica cómo cree la parte actora que debe efectuarse el cálculo de la base reguladora, pero sin proponer ni ofrecer una base reguladora concreta, alternativa a la facilitada por el INSS, lo que impide estimar su pretensión.

QUINTO.-El segundo extremo conflictivo es la modalidad protectora. Pretende la demandante el reconocimiento de que las secuelas que presenta son tributarias de gran invalidez, pretensión a la que se opone el INSS.

Conforme establece el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social/ 2015 (según su redacción vigente, dada por la DT 26ª), que reproduce el 137.6 LGSS/ 1994 según redacción anterior a la reforma dada por Ley 24/97, de 15 de julio, no desarrollada reglamentariamente (Disposición Transitoria 5ª bis), el legislador define la gran invalidez como aquella situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, a consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, entre los que han venido comprendiéndose los encaminados a satisfacer necesidades primarias o ineludibles para poder fisiológicamente subsistir o llevar a cabo los actos indispensables y la guarda de la dignidad, el decoro o la higiene que tanto la propia naturaleza como la convivencia humana exigen.

Como expresaba el Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de diciembre de 2013 "La disfunción padecida en relación con la necesaria colaboración de otra persona para autogobernarse en los actos elementales de la vida determinan la gran invalidez, y como se infiere de la definición que le da el propio art. 137.6 de la LGSS (actualmente art. 194.6 de la LGSS/ 2015), no es un grado más de la incapacidad permanente derivada de enfermedad común, profesional o accidente, sino un estado o situación del incapaz que cualifica la prestación para paliar el coste de la necesidad de atención, por pérdida de la más básica autonomía de vida personal, mediante una ayuda complementaria". Por otro lado, la misma jurisprudencia también ha indicado que basta la imposibilidad del inválido para realizar por sí mismo uno sólo de los "actos más esenciales de la vida" y la correlativa necesidad de ayuda externa, como para que proceda la calificación de gran invalidez, señalando que no basta la mera dificultad en la realización del acto aunque tampoco es preciso que la necesidad de ayuda sea constante (en tales términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1989 ); caracterizando desde otra perspectiva la gran invalidez como la dependencia del individuo al protector o cuidador (TS 15-1-1987) y debiéndose declarar en base a la situación actual del trabajador y no a la futura, por probable que ésta sea ( STS 26-2-1988).

SEXTO.-La parte actora muestra disconformidad con la valoración que se ha hecho de su cuadro patológico, estimando que se encuentra en circunstancias médicas de gran invalidez por precisar la atención y asistencia de tercera persona, no únicamente para realizar desplazamientos en vehículo, sino en las tareas habituales del día a día, tales como realizar la compra, limpiar, cocinar, higiene personal, seguir las prescripciones horarias de ingesta de fármacos, etc, siendo el dolor que padece absolutamente invalidante, precisando acompañamiento y supervisión permanente de una tercera persona.

Está documentalmente acreditado a través del informe del servicio de clínica del dolor del Hospital Vall d'Hebrón de fecha 29-3-2026 que la actora está en seguimiento por dicha unidad, por mal control de un dolor facial altamente incapacitante y de muy compleja solución o tratamiento. Se le han realizado bloqueos de ganglio esfenopalatino, bloqueos de nervios periféricos y tratamiento con radiofrecuencia sin eficacia. Incluso se implantó tratamiento farmacológico con opiáceos mayores. Completados los estudios por neurocirugía se ha considerado que existe una opción quirúrgica a su patología, pendiente de ser intervenida. El dolor le incapacita para desarrollar una vida activa ya que aparece en forma de crisis (muy numerosas) que le obligan a permanecer encamada horas e incluso días. Además, la medicación de tan elevada potencia le limita para un gran número de actividades que requieran un mínimo de atención. Se constata, también, pérdida de audición en los últimos meses, sin respuesta a tratamiento. El facultativo firmante del informe expone que la Sra. Amparo requiere de una tercera persona para ayudarle a realizar gran número de actividades cotidianas.

Las conclusiones del informe de rehabilitación neuropsicológica fechado el 26-3-2026 da cuenta de un cuadro neuropsicológico complejo de deterioro cognitivo significativo, especialmente en la memoria de trabajo, anomia, comprensión de instrucciones complejas y manejo de atención sostenida, requiriendo de acompañamiento y supervisión de tercera persona para cualquier tipo de actividad.

Con los anteriores presupuestos facticos y siguiendo la doctrina arriba expuesta cabe concluir que, actualmente, Amparo sufre las secuelas de una neuralgia del trigémino izquierdo "atípica", con dolor neurológico de intensidad grave, no estabilizado tras agotar la duración máxima de la IT y prórroga, encontrándose pendiente de ser intervenida quirúrgicamente, con limitación funcional evidente y a nivel psíquico-cognitivo que justifican plenamente la IP en grado de absoluta reconocida en vía administrativa.

El único desacuerdo se refiere al tipo o modalidad de la intervención de tercera persona que precisa. Los informes analizados si bien mencionan la necesidad de tercera persona, hablan de ayuda de tercero para actividades cotidianas o de supervisión de terceros, sin referir dependencia de tercero para los actos básicos de la vida diaria, esto es, para tareas elementales de autocuidado fundamentales para la independencia personal, tales como comer, vestirse, aseo personal, utilización del inodoro, transferencias, movilidad, actividades que la actora puede realizar con plena autonomía, de forma que no se compromete su dignidad o supervivencia, no siendo su situación subsumible en la gran invalidez, sin negar que pueda precisar cierta colaboración, supervisión o ayuda puntual para otras actividades cotidianas accesorias o instrumentales como realización de compras, preparación de comidas, cuidado del hogar, movilidad en el entorno, etc.

Conforme viene reiterando constante doctrina jurisprudencial no cabe identificar los conceptos "supervisión" y "ayuda", pues mientras que en éste sí se halla implícita la dependencia requerida por el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social, aquél no conlleva ni determina por sí misma impedimento para la realización de tareas esenciales como comer, andar, asearse o vestirse, no pudiendo por tanto entenderse como falta de autonomía personal tributaria del grado de incapacidad postulado esa mera necesidad de supervisión, ya que no es la simple imposibilidad de vivir sin ayuda de otra persona lo que determina la gran invalidez, sino la necesidad de esa asistencia ajena para poder realizar esos actos elementales.

Por lo expuesto, la demanda no puede prosperar.

SÉPTIMO.-De conformidad con el art. 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

VISTOSlos preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Se declara la competencia de este Órgano Judicial para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la precitada Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, se hace constar que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han obtenido del expediente administrativo incorporado a los autos y de los demás elementos de convicción arriba reseñados.

TERCERO.-Se ha de apreciar falta de legitimación pasiva de la TGSS, que no tiene obligación de soportar la carga de ser demandada cuando -como ahora ocurre- nos encontramos ante una contingencia común, pues la relación jurídico procesal queda válidamente constituida únicamente frente al INSS. Hay que señalar que la Tesorería General de la Seguridad Social carece de facultades en orden al reconocimiento, creación, modificación o extinción de las obligaciones económicas que gravan a los diferentes Organismos de la Seguridad Social, de modo que los verdaderos sujetos pasivos del reconocimiento o denegación de prestaciones son las Entidades Gestoras, limitándose la Tesorería a actuar como mero ejecutor en su condición de Caja Única del Sistema de la Seguridad Social y Organismo encargado de la Gestión Recaudatoria.

CUARTO.-La parte actora impugna la resolución de INSS fechada el 6-6-2025 mostrando disconformidad tanto con la BR, como con el grado o modalidad protectora reconocida.

En cuanto al primer punto controvertido, en el expositivo tercero de la demanda se indica cómo cree la parte actora que debe efectuarse el cálculo de la base reguladora, pero sin proponer ni ofrecer una base reguladora concreta, alternativa a la facilitada por el INSS, lo que impide estimar su pretensión.

QUINTO.-El segundo extremo conflictivo es la modalidad protectora. Pretende la demandante el reconocimiento de que las secuelas que presenta son tributarias de gran invalidez, pretensión a la que se opone el INSS.

Conforme establece el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social/ 2015 (según su redacción vigente, dada por la DT 26ª), que reproduce el 137.6 LGSS/ 1994 según redacción anterior a la reforma dada por Ley 24/97, de 15 de julio, no desarrollada reglamentariamente (Disposición Transitoria 5ª bis), el legislador define la gran invalidez como aquella situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, a consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, entre los que han venido comprendiéndose los encaminados a satisfacer necesidades primarias o ineludibles para poder fisiológicamente subsistir o llevar a cabo los actos indispensables y la guarda de la dignidad, el decoro o la higiene que tanto la propia naturaleza como la convivencia humana exigen.

Como expresaba el Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de diciembre de 2013 "La disfunción padecida en relación con la necesaria colaboración de otra persona para autogobernarse en los actos elementales de la vida determinan la gran invalidez, y como se infiere de la definición que le da el propio art. 137.6 de la LGSS (actualmente art. 194.6 de la LGSS/ 2015), no es un grado más de la incapacidad permanente derivada de enfermedad común, profesional o accidente, sino un estado o situación del incapaz que cualifica la prestación para paliar el coste de la necesidad de atención, por pérdida de la más básica autonomía de vida personal, mediante una ayuda complementaria". Por otro lado, la misma jurisprudencia también ha indicado que basta la imposibilidad del inválido para realizar por sí mismo uno sólo de los "actos más esenciales de la vida" y la correlativa necesidad de ayuda externa, como para que proceda la calificación de gran invalidez, señalando que no basta la mera dificultad en la realización del acto aunque tampoco es preciso que la necesidad de ayuda sea constante (en tales términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1989 ); caracterizando desde otra perspectiva la gran invalidez como la dependencia del individuo al protector o cuidador (TS 15-1-1987) y debiéndose declarar en base a la situación actual del trabajador y no a la futura, por probable que ésta sea ( STS 26-2-1988).

SEXTO.-La parte actora muestra disconformidad con la valoración que se ha hecho de su cuadro patológico, estimando que se encuentra en circunstancias médicas de gran invalidez por precisar la atención y asistencia de tercera persona, no únicamente para realizar desplazamientos en vehículo, sino en las tareas habituales del día a día, tales como realizar la compra, limpiar, cocinar, higiene personal, seguir las prescripciones horarias de ingesta de fármacos, etc, siendo el dolor que padece absolutamente invalidante, precisando acompañamiento y supervisión permanente de una tercera persona.

Está documentalmente acreditado a través del informe del servicio de clínica del dolor del Hospital Vall d'Hebrón de fecha 29-3-2026 que la actora está en seguimiento por dicha unidad, por mal control de un dolor facial altamente incapacitante y de muy compleja solución o tratamiento. Se le han realizado bloqueos de ganglio esfenopalatino, bloqueos de nervios periféricos y tratamiento con radiofrecuencia sin eficacia. Incluso se implantó tratamiento farmacológico con opiáceos mayores. Completados los estudios por neurocirugía se ha considerado que existe una opción quirúrgica a su patología, pendiente de ser intervenida. El dolor le incapacita para desarrollar una vida activa ya que aparece en forma de crisis (muy numerosas) que le obligan a permanecer encamada horas e incluso días. Además, la medicación de tan elevada potencia le limita para un gran número de actividades que requieran un mínimo de atención. Se constata, también, pérdida de audición en los últimos meses, sin respuesta a tratamiento. El facultativo firmante del informe expone que la Sra. Amparo requiere de una tercera persona para ayudarle a realizar gran número de actividades cotidianas.

Las conclusiones del informe de rehabilitación neuropsicológica fechado el 26-3-2026 da cuenta de un cuadro neuropsicológico complejo de deterioro cognitivo significativo, especialmente en la memoria de trabajo, anomia, comprensión de instrucciones complejas y manejo de atención sostenida, requiriendo de acompañamiento y supervisión de tercera persona para cualquier tipo de actividad.

Con los anteriores presupuestos facticos y siguiendo la doctrina arriba expuesta cabe concluir que, actualmente, Amparo sufre las secuelas de una neuralgia del trigémino izquierdo "atípica", con dolor neurológico de intensidad grave, no estabilizado tras agotar la duración máxima de la IT y prórroga, encontrándose pendiente de ser intervenida quirúrgicamente, con limitación funcional evidente y a nivel psíquico-cognitivo que justifican plenamente la IP en grado de absoluta reconocida en vía administrativa.

El único desacuerdo se refiere al tipo o modalidad de la intervención de tercera persona que precisa. Los informes analizados si bien mencionan la necesidad de tercera persona, hablan de ayuda de tercero para actividades cotidianas o de supervisión de terceros, sin referir dependencia de tercero para los actos básicos de la vida diaria, esto es, para tareas elementales de autocuidado fundamentales para la independencia personal, tales como comer, vestirse, aseo personal, utilización del inodoro, transferencias, movilidad, actividades que la actora puede realizar con plena autonomía, de forma que no se compromete su dignidad o supervivencia, no siendo su situación subsumible en la gran invalidez, sin negar que pueda precisar cierta colaboración, supervisión o ayuda puntual para otras actividades cotidianas accesorias o instrumentales como realización de compras, preparación de comidas, cuidado del hogar, movilidad en el entorno, etc.

Conforme viene reiterando constante doctrina jurisprudencial no cabe identificar los conceptos "supervisión" y "ayuda", pues mientras que en éste sí se halla implícita la dependencia requerida por el artículo 194.6 de la Ley General de la Seguridad Social, aquél no conlleva ni determina por sí misma impedimento para la realización de tareas esenciales como comer, andar, asearse o vestirse, no pudiendo por tanto entenderse como falta de autonomía personal tributaria del grado de incapacidad postulado esa mera necesidad de supervisión, ya que no es la simple imposibilidad de vivir sin ayuda de otra persona lo que determina la gran invalidez, sino la necesidad de esa asistencia ajena para poder realizar esos actos elementales.

Por lo expuesto, la demanda no puede prosperar.

SÉPTIMO.-De conformidad con el art. 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

VISTOSlos preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.