Sentencia Social 133/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Gijón, Rec. 31/2026 de 16 de abril del 2026

Primero.-Reclama la actora prestaciones de garantía por la insolvencia de su empleadora, LIMPIEZAS ECOVERD, S. L. que resultó condenada a abonarle una cantidad por importe de 5.700,93 euros.

Se opone el Fondo de Garantía Salarial que invoca la normativa tributaria para señalar que no se deniega el derecho a la trabajadora, pero que resulta imposible hacer efectivo el abono al no haberse aportado el documento identificativo.

Subsidiariamente y, para el caso de estimación de la demanda, entiende que no debería abonar más de 5.487,88 euros, cantidad con la que la representación de la actora ha mostrado expresa conformidad.

Segundo.-Los hechos declarados probados se deducen de la documental obrante en autos.

Tercero.-Debe ser estimada la demanda. Resulta de aplicación la doctrina que contiene la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictada el 25 de noviembre de 2025 en el recurso de casación para unificación de doctrina 4313/2024:

Es verdad que el art. 25.a ) Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo , sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, dispone: "La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos: a) En todo caso: 1. Fotocopia del documento nacional de identidad de cada uno de los trabajadores...". Esta obligatoria aportación no tiene otra finalidad que la de comprobar la identidad del trabajador que solicita las prestaciones a cargo del FOGASA, para asegurar que efectivamente se trate de quien ha prestado servicios para la empresa que haya incumplido la obligación de abonar los salarios e indemnizaciones. También es cierto que el art. 26.2 de ese mismo reglamento señala que "Las solicitudes defectuosas o carentes de alguno de los preceptivos documentos, darán lugar al requerimiento al promotor o primer firmante para que en el plazo de diez días subsane la falta observada o acompañe los preceptivos documentos, con apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará sin más trámite, sin perjuicio del derecho de los interesados a volver a replantearla, previo desglose y devolución de la documentación aportada". Pero la previsión que contempla el archivo sin más trámite del expediente, no puede entenderse vinculada a la simple circunstancia de que el trabajador adjunte un DNI o TIE caducado sin haber subsanado esa circunstancia. Está referida al hecho de que no hubiere aportado los demás documentos a los que igualmente se refiere aquel art. 25, esto es, la certificación del acto de conciliación o testimonio de la sentencia en que se reconozca la deuda; la resolución en la que conste la insolvencia del empresario, subsiguiente a la iniciación del procedimiento ejecutivo; el testimonio de la resolución judicial por la que se tiene por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, acompañado de certificación de inclusión de los créditos de los trabajadores en la lista de acreedores por un importe igual o superior al que se solicite al Fondo de Garantía Salarial. Estos últimos documentos son de carácter sustantivo, constitutivos del derecho a las prestaciones, e imprescindibles para comprobar su procedencia durante la instrucción de expediente en los términos que impone el art. 33 ET , lo que justifica que el expediente se archive cuando el trabajador no acredita que se encuentra en la situación jurídica que obliga al FOGASA a asumir aquellas obligaciones de la empresa. No es eso lo que sucede cuando el trabajador aporta todos los documentos que exige aquel art. 25 RD, sin que exista duda alguna sobre su identidad, y únicamente ocurre que se encuentra caducado el documento de identificación por no haberse renovado en plazo. Se trata entonces de un mero defecto formal, que no es constitutivo del derecho a las prestaciones y no puede justificar el archivo del expediente. Cuestión distinta es que pudieren presentarse dudas sobre la verdadera identidad del trabajador y no fuere posible su adecuada identificación a través del documento de identidad aportado al expediente, por estar caducado, manipulado, ilegible o bajo cualquier circunstancia que no permita acreditar la identificación de la persona que solicita las prestaciones, que, obviamente, supondría el incumplimiento de un requisito de carácter sustantivo

Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 191.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Primero.-Reclama la actora prestaciones de garantía por la insolvencia de su empleadora, LIMPIEZAS ECOVERD, S. L. que resultó condenada a abonarle una cantidad por importe de 5.700,93 euros.

Se opone el Fondo de Garantía Salarial que invoca la normativa tributaria para señalar que no se deniega el derecho a la trabajadora, pero que resulta imposible hacer efectivo el abono al no haberse aportado el documento identificativo.

Subsidiariamente y, para el caso de estimación de la demanda, entiende que no debería abonar más de 5.487,88 euros, cantidad con la que la representación de la actora ha mostrado expresa conformidad.

Segundo.-Los hechos declarados probados se deducen de la documental obrante en autos.

Tercero.-Debe ser estimada la demanda. Resulta de aplicación la doctrina que contiene la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictada el 25 de noviembre de 2025 en el recurso de casación para unificación de doctrina 4313/2024:

Es verdad que el art. 25.a ) Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo , sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, dispone: "La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos: a) En todo caso: 1. Fotocopia del documento nacional de identidad de cada uno de los trabajadores...". Esta obligatoria aportación no tiene otra finalidad que la de comprobar la identidad del trabajador que solicita las prestaciones a cargo del FOGASA, para asegurar que efectivamente se trate de quien ha prestado servicios para la empresa que haya incumplido la obligación de abonar los salarios e indemnizaciones. También es cierto que el art. 26.2 de ese mismo reglamento señala que "Las solicitudes defectuosas o carentes de alguno de los preceptivos documentos, darán lugar al requerimiento al promotor o primer firmante para que en el plazo de diez días subsane la falta observada o acompañe los preceptivos documentos, con apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará sin más trámite, sin perjuicio del derecho de los interesados a volver a replantearla, previo desglose y devolución de la documentación aportada". Pero la previsión que contempla el archivo sin más trámite del expediente, no puede entenderse vinculada a la simple circunstancia de que el trabajador adjunte un DNI o TIE caducado sin haber subsanado esa circunstancia. Está referida al hecho de que no hubiere aportado los demás documentos a los que igualmente se refiere aquel art. 25, esto es, la certificación del acto de conciliación o testimonio de la sentencia en que se reconozca la deuda; la resolución en la que conste la insolvencia del empresario, subsiguiente a la iniciación del procedimiento ejecutivo; el testimonio de la resolución judicial por la que se tiene por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, acompañado de certificación de inclusión de los créditos de los trabajadores en la lista de acreedores por un importe igual o superior al que se solicite al Fondo de Garantía Salarial. Estos últimos documentos son de carácter sustantivo, constitutivos del derecho a las prestaciones, e imprescindibles para comprobar su procedencia durante la instrucción de expediente en los términos que impone el art. 33 ET , lo que justifica que el expediente se archive cuando el trabajador no acredita que se encuentra en la situación jurídica que obliga al FOGASA a asumir aquellas obligaciones de la empresa. No es eso lo que sucede cuando el trabajador aporta todos los documentos que exige aquel art. 25 RD, sin que exista duda alguna sobre su identidad, y únicamente ocurre que se encuentra caducado el documento de identificación por no haberse renovado en plazo. Se trata entonces de un mero defecto formal, que no es constitutivo del derecho a las prestaciones y no puede justificar el archivo del expediente. Cuestión distinta es que pudieren presentarse dudas sobre la verdadera identidad del trabajador y no fuere posible su adecuada identificación a través del documento de identidad aportado al expediente, por estar caducado, manipulado, ilegible o bajo cualquier circunstancia que no permita acreditar la identificación de la persona que solicita las prestaciones, que, obviamente, supondría el incumplimiento de un requisito de carácter sustantivo

Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 191.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Primero.-Reclama la actora prestaciones de garantía por la insolvencia de su empleadora, LIMPIEZAS ECOVERD, S. L. que resultó condenada a abonarle una cantidad por importe de 5.700,93 euros.

Se opone el Fondo de Garantía Salarial que invoca la normativa tributaria para señalar que no se deniega el derecho a la trabajadora, pero que resulta imposible hacer efectivo el abono al no haberse aportado el documento identificativo.

Subsidiariamente y, para el caso de estimación de la demanda, entiende que no debería abonar más de 5.487,88 euros, cantidad con la que la representación de la actora ha mostrado expresa conformidad.

Segundo.-Los hechos declarados probados se deducen de la documental obrante en autos.

Tercero.-Debe ser estimada la demanda. Resulta de aplicación la doctrina que contiene la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictada el 25 de noviembre de 2025 en el recurso de casación para unificación de doctrina 4313/2024:

Es verdad que el art. 25.a ) Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo , sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, dispone: "La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos: a) En todo caso: 1. Fotocopia del documento nacional de identidad de cada uno de los trabajadores...". Esta obligatoria aportación no tiene otra finalidad que la de comprobar la identidad del trabajador que solicita las prestaciones a cargo del FOGASA, para asegurar que efectivamente se trate de quien ha prestado servicios para la empresa que haya incumplido la obligación de abonar los salarios e indemnizaciones. También es cierto que el art. 26.2 de ese mismo reglamento señala que "Las solicitudes defectuosas o carentes de alguno de los preceptivos documentos, darán lugar al requerimiento al promotor o primer firmante para que en el plazo de diez días subsane la falta observada o acompañe los preceptivos documentos, con apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará sin más trámite, sin perjuicio del derecho de los interesados a volver a replantearla, previo desglose y devolución de la documentación aportada". Pero la previsión que contempla el archivo sin más trámite del expediente, no puede entenderse vinculada a la simple circunstancia de que el trabajador adjunte un DNI o TIE caducado sin haber subsanado esa circunstancia. Está referida al hecho de que no hubiere aportado los demás documentos a los que igualmente se refiere aquel art. 25, esto es, la certificación del acto de conciliación o testimonio de la sentencia en que se reconozca la deuda; la resolución en la que conste la insolvencia del empresario, subsiguiente a la iniciación del procedimiento ejecutivo; el testimonio de la resolución judicial por la que se tiene por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, acompañado de certificación de inclusión de los créditos de los trabajadores en la lista de acreedores por un importe igual o superior al que se solicite al Fondo de Garantía Salarial. Estos últimos documentos son de carácter sustantivo, constitutivos del derecho a las prestaciones, e imprescindibles para comprobar su procedencia durante la instrucción de expediente en los términos que impone el art. 33 ET , lo que justifica que el expediente se archive cuando el trabajador no acredita que se encuentra en la situación jurídica que obliga al FOGASA a asumir aquellas obligaciones de la empresa. No es eso lo que sucede cuando el trabajador aporta todos los documentos que exige aquel art. 25 RD, sin que exista duda alguna sobre su identidad, y únicamente ocurre que se encuentra caducado el documento de identificación por no haberse renovado en plazo. Se trata entonces de un mero defecto formal, que no es constitutivo del derecho a las prestaciones y no puede justificar el archivo del expediente. Cuestión distinta es que pudieren presentarse dudas sobre la verdadera identidad del trabajador y no fuere posible su adecuada identificación a través del documento de identidad aportado al expediente, por estar caducado, manipulado, ilegible o bajo cualquier circunstancia que no permita acreditar la identificación de la persona que solicita las prestaciones, que, obviamente, supondría el incumplimiento de un requisito de carácter sustantivo

Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 191.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Primero.-Reclama la actora prestaciones de garantía por la insolvencia de su empleadora, LIMPIEZAS ECOVERD, S. L. que resultó condenada a abonarle una cantidad por importe de 5.700,93 euros.

Se opone el Fondo de Garantía Salarial que invoca la normativa tributaria para señalar que no se deniega el derecho a la trabajadora, pero que resulta imposible hacer efectivo el abono al no haberse aportado el documento identificativo.

Subsidiariamente y, para el caso de estimación de la demanda, entiende que no debería abonar más de 5.487,88 euros, cantidad con la que la representación de la actora ha mostrado expresa conformidad.

Segundo.-Los hechos declarados probados se deducen de la documental obrante en autos.

Tercero.-Debe ser estimada la demanda. Resulta de aplicación la doctrina que contiene la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictada el 25 de noviembre de 2025 en el recurso de casación para unificación de doctrina 4313/2024:

Es verdad que el art. 25.a ) Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo , sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, dispone: "La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos: a) En todo caso: 1. Fotocopia del documento nacional de identidad de cada uno de los trabajadores...". Esta obligatoria aportación no tiene otra finalidad que la de comprobar la identidad del trabajador que solicita las prestaciones a cargo del FOGASA, para asegurar que efectivamente se trate de quien ha prestado servicios para la empresa que haya incumplido la obligación de abonar los salarios e indemnizaciones. También es cierto que el art. 26.2 de ese mismo reglamento señala que "Las solicitudes defectuosas o carentes de alguno de los preceptivos documentos, darán lugar al requerimiento al promotor o primer firmante para que en el plazo de diez días subsane la falta observada o acompañe los preceptivos documentos, con apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará sin más trámite, sin perjuicio del derecho de los interesados a volver a replantearla, previo desglose y devolución de la documentación aportada". Pero la previsión que contempla el archivo sin más trámite del expediente, no puede entenderse vinculada a la simple circunstancia de que el trabajador adjunte un DNI o TIE caducado sin haber subsanado esa circunstancia. Está referida al hecho de que no hubiere aportado los demás documentos a los que igualmente se refiere aquel art. 25, esto es, la certificación del acto de conciliación o testimonio de la sentencia en que se reconozca la deuda; la resolución en la que conste la insolvencia del empresario, subsiguiente a la iniciación del procedimiento ejecutivo; el testimonio de la resolución judicial por la que se tiene por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, acompañado de certificación de inclusión de los créditos de los trabajadores en la lista de acreedores por un importe igual o superior al que se solicite al Fondo de Garantía Salarial. Estos últimos documentos son de carácter sustantivo, constitutivos del derecho a las prestaciones, e imprescindibles para comprobar su procedencia durante la instrucción de expediente en los términos que impone el art. 33 ET , lo que justifica que el expediente se archive cuando el trabajador no acredita que se encuentra en la situación jurídica que obliga al FOGASA a asumir aquellas obligaciones de la empresa. No es eso lo que sucede cuando el trabajador aporta todos los documentos que exige aquel art. 25 RD, sin que exista duda alguna sobre su identidad, y únicamente ocurre que se encuentra caducado el documento de identificación por no haberse renovado en plazo. Se trata entonces de un mero defecto formal, que no es constitutivo del derecho a las prestaciones y no puede justificar el archivo del expediente. Cuestión distinta es que pudieren presentarse dudas sobre la verdadera identidad del trabajador y no fuere posible su adecuada identificación a través del documento de identidad aportado al expediente, por estar caducado, manipulado, ilegible o bajo cualquier circunstancia que no permita acreditar la identificación de la persona que solicita las prestaciones, que, obviamente, supondría el incumplimiento de un requisito de carácter sustantivo

Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 191.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación