Sentencia Social 191/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Guadalajara, Rec. 760/2025 de 13 de mayo del 2026

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la LRJS, se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido de la prueba documental y demás elementos de convicción, valorados de conformidad con la regla de la sana crítica. El acta de la Inspección de Trabajo despliega fuerza probatoria en la forma prevista en el artículo 319 LEC como prueba documental pública.

SEGUNDO.-Conforme a lo previsto en el artículo 2. n) LRJS "Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan en impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".

TERCERO.-Tal como establece el artículo 217 LEC corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; y cuándo, al tiempo de dictar sentencia, el Tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o las del demandado, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones; además, se establece que el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio. Pero como en todo proceso sancionador, por su naturaleza acusatoria, esta carga de la prueba se traslada al hecho de la imputación, siendo entonces aquél que pretende sancionar la conducta quien tiene que acreditar los hechos constitutivos de la infracción y su trascendencia sancionadora.

En relación con la determinación de los hechos acontecidos debe tenerse en cuenta que el art.23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevé en sus dos primeros apartados que "Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados"y que "El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

E igualmente el artículo 53 de la Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE 189/2000, de 8 de agosto de 2000) establece que los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o Subinspector de Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta y se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

Pero en sede del proceso laboral en el que nos encontramos es determinante lo previsto en el artículo 151.8 LRJS, en virtud del cual los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

CUARTO.-Para que pueda establecerse la presunción es necesario que se acredite la intervención de la Inspección de Trabajo no solo en el hecho de la intervención sino en el contenido de lo que integra su participación, sus afirmaciones de hecho y su valoración de los hechos. Todo el peso de la decisión sancionadora recae en el Acta levantada por la Inspección de Trabajo y ella es la que marca el contenido fáctico en el que se sostiene la decisión sancionadora. De todos los hechos que se dicen en ella no hay duda.

Entrando a valorar el fondo del asunto, la empresa interesa la revocación de la resolución invocando cinco argumentos jurídicos y una pretensión subsidiaria, que voy a ir desgranando y resolviendo uno a uno.

De acuerdo con el motivo primero, solicita que se revoque la Resolución, por no haber dado traslado a la empresa del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por omitir el trámite de audiencia a la Empresa. Sin embargo, lo cierto es que ese trámite de audiencia, según dispone el artículo 18.4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo está legalmente previsto para "Cuando de las diligencias practicadas se desprenda la invocación o concurrencia de hechos distintos a los reseñados en el acta".En este caso, de la tramitación administrativa y en concreto del escrito de alegaciones, no se desprenden hechos distintos a los constatados en el Acta de Infracción, por lo que no era preciso dicho trámite de audiencia y por ende la administración demandada no ha prescindido del procedimiento legalmente previsto.

De acuerdo con el motivo segundo, la empresa solicita que se revoque la Resolución por falta de motivación que le causa indefensión considerando la demandante que la resolución adolece de una falta de motivación en la desestimación de sus pretensiones. Pues bien, examinada la resolución objeto de impugnación en esta demanda, así como la anterior que resolvió las alegaciones contra el acta de infracción formuladas por la empresa, considero que ambas dan puntual respuesta a cada uno de los argumentos de la actora, resultando esclarecedor a este respecto que ambas recogen cronológicamente cada uno de los hitos fundamentales del procedimiento sancionador, a continuación se refieren puntualmente a cada uno de los motivos de impugnación de la empresa y después dan respuesta individualmente a cada uno de ellos. Alude la empresa a que en sus resoluciones la administración reitera los argumentos esgrimidos en el acta, de forma que no opera un verdadero derecho de audiencia al sancionado que le permita descargarse de las responsabilidades imputadas, pero esto no es cierto por cuanto basta leer cualquiera de las resoluciones para comprobar que no se limitan a reiterar lo recogió en el acta, sino que fundamentan sus conclusiones desde el punto de vista legal y de fondo. Cuestión distinta es que no se estimen en el sentido pretendido por la empresa.

A este respecto, la actora defiende que el acta sanciona sobre la base de un presunto incumplimiento, lo que no es cierto por cuanto se basa en hechos constatados por el Inspector de trabajo, hechos que gozan de presunción de certeza en tanto en cuanto no sean desvirtuados por la empresa. Examinada la demanda nada nuevo aporta con respecto al hecho constatado de altas temperaturas en el centro de trabajo y a la insuficiencia de las medidas preventivas para paralizar los trabajos si se superan los 29ºC en el centro de trabajo u otras que acrediten la reducción de las temperaturas dentro de los límites legales, por lo que no considero desvirtuada la presunción de veracidad de lo constatado por el Inspector actuante.

Así, en relación con la severidad del riesgo, el Inspector lo define como grave en el acta, así como en los posteriores informes que elabora, luego tampoco es cierta la afirmación de la actora que recoge en demanda que el Inspector se limita a destacar el incumplimiento de la organización preventiva sin definir el alcance o severidad del riesgo. Pero a este respecto, debo incluso añadir que el riesgo para la salud consecuencia de trabajar a altas temperaturas es notorio, por cuanto un golpe de calor puede llegar a causar el fallecimiento de un persona.

Postula la empresa que no ha podido conocer con precisión y detalle los motivos de la actuación sancionadora para ejercer su defensa adecuadamente, sin embargo, lo cierto es que la empresa sí ha llevado a cabo su defensa a lo largo de todo el proceso, por lo que este segundo motivo de impugnación ha de decaer.

De acuerdo con el motivo tercero, la empresa solicita se revoque la Resolución que impugna por infracción del artículo 43 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A este respecto, la empresa defiende en demanda que a la vista de la normativa expuesta (folio 11 de la demanda) "se deduce" que la ITSS tiene tres posibles vías de actuación, afirmando así que el requerimiento excluye el inicio del procedimiento sancionador por los mismos hechos. Sin embargo, tal y como ya recoge la resolución impugnada, que vino a resolver el recurso de alzada, el artículo 11.1 del RD 928/1998 establece que las medidas que puede llevar a cabo el Inspector de trabajo actuante, una vez finalizadas las actuaciones inspectoras previas y valorados sus resultados, son las previstas en el artículo 22 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, sin que en ningún caso sea aprecie del sentido literal de este artículo que se trate de medidas excluyentes entre sí, lo que es corroborado por el artículo 11.1 del RD 928/1998 que precisamente prevé que el incumplimiento del requerimiento, persistiendo los hechos infractores, dará lugar a la práctica de la correspondiente acta de infracción por tales hechos, si no la hubiere practicado inicialmente.Por lo que este tercer motivo de impugnación no puede tampoco prosperar.

De acuerdo con el motivo cuarto, la empresa solicita se revoque la Resolución que impugna en demanda, al no cumplir el Acta de Infracción con el contenido mínimo legalmente exigible al amparo del artículo 14.1.b) del RD 928/1998, según el cual: "1. Las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social habrán de reflejar: b) Los hechos comprobados por el funcionario actuante, con expresión de los relevantes a efectos de la tipificación de la infracción, los medios utilizados para la comprobación de los hechos que fundamentan el acta, y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta da sanción; asimismo, consignará si la actuación ha sido mediante visita, comparecencia o por expediente administrativo. (...)".Pues bien, examinada el acta de infracción, en ella se consigna que es consecuencia de una visita realizada al centro de trabajo de Azuqueca de Henares el día 01/08/2024 y recoge las mediciones de temperatura que son precisamente de las que se observa que se supera el límite legal de temperatura en el centro de trabajo, que es en definitiva lo que se sanciona en este expediente. El hecho de que el Inspector no tomara la medición de la temperatura no es relevante, siendo que precisamente el hecho de que fuera la empresa la que aportara las mediciones las dota de una mayor objetividad. La apreciación de la empresa acerca de la necesidad de una segunda visita es simplemente una valoración subjetiva que en modo alguno invalida lo ya constatado por el Inspector en su primera visita y examen de la documentación aportada por la empresa. Por tal motivo no puede prosperar este último motivo de impugnación de la resolución administrativa.

Subsidiariamente la empresa refiere que no le es imputable ninguna infracción en materia de prevención de riesgos laborales y considera nuevamente que hubiera sido necesario que el Inspector de Trabajo hubiera acudido una segunda vez a visitar el centro. Considera que el acta recoge una única medición de un día y no es suficiente para evidenciar el incumplimiento que se le imputa. Sin embargo, lo cierto es que los hechos probados constatan la infracción imputada, no se trata de un incumplimiento que exija apreciarse de manera continua en el tiempo, es evidente que habrá días de mayor o menor temperatura a lo largo del año, pero eso no cambia que en la zona de trabajo se alcanzan temperaturas que exceden de lo legalmente permitido, y este hecho ha quedado probado con la propia medición del día 20 de agosto. Queda por tanto acreditado el incumplimiento que se imputa a la empresa.

Por último, defiende la empresa que los hechos están incorrectamente tipificados, y a este respecto considera que la infracción y la sanción habrían de ser "leves". A este respecto postula que la conducta imputada carece de entidad suficiente para ser encuadrada en una infracción "grave" dado que no se ha acreditado la existencia de un riesgo grave para la salud o la integridad física de los trabajadores. Defiende que los hechos debieran, en su caso, encuadrarse en lo dispuesto en el artículo 11.4 de la LISOS relativo a incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales que carecen de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores. Considera que no se ha probado la repercusión de esos valores térmicos sobre la salud de sus empleados y que en todo caso no hay un daño efectivo o un riesgo serio.

El artículo 12.16.b) LISOS califica como infracciones graves "(...)Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: (...) b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.",siendo por tanto lo relevante para calificar los hechos como graves, la gravedad del riesgo creado para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados.

Pues bien, considero evidente que trabajar a 32º C genera un riesgo "grave" para la integridad física y la salud de un trabajador, por cuanto el calor excesivo produce efectos fisiológicos tales como golpe de calor, deshidratación, fatiga y disminución de la concentración (mayor accidentalidad). Por todo lo cual, considero que los hechos están correctamente tipificados como infracción grave.

En conclusión, procede la confirmación de la resolución impugnada con la consecuente desestimación de la demanda.

QUINTO.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y dada la cuantía del presente procedimiento -inferior a 18.000 €-, esta Sentencia es firme y contra ella no cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,