Sentencia Social 158/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Guadalajara, Rec. 1140/2024 de 17 de abril del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados son consecuencia de la valoración de las pruebas practicadas en el plenario y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la LJS se concretan las probanzas en cada uno de los hechos probados que han llevado al juzgador a tener acreditados los hechos que se declaran probados.

La prueba documental ha sido valorada conforme a lo dispuesto en el artículo 326 de la LEC en lo atinente a los documentos privados y en cuanto al acta de la Inspección de Trabajo tiene fuerza probatoria en la forma prevista por el artículo 319 de la LEC y en la normativa reguladora de la Inspección de Trabajo, según el artículo 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las actas de la Inspección de Trabajo tienen presunción de certeza, lo que supone que admiten prueba en contrario.

En similares términos viene establecido también por el artículo 151.8 in fine de la LJS.

En cuanto al contenido de las actas de infracción viene determinado por el artículo 53. 1 y 2 de la LISOS.

SEGUNDO.-Según el artículo 3.1 e) de la L. 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los principios que presiden la actuación administrativa de los poderes públicos figuran la actuación de buena fe (entre particulares, artículo 7.1 del Código Civil) y la confianza legítima.

Que también engloban la doctrina de los actos propios.

Son numerosas sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa las que han razonado que la doctrina de los actos propios figura entre los principios del ordenamiento jurídico.

En este sentido los principios de seguridad jurídica, buena fe, protección de la confianza legítima y la doctrina de los actos propios informan el ordenamiento jurídico español al que deben someterse en todo momento los poderes públicos.

La regulación relativa al recurso de alzada viene disciplinada en la L. 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

En lo relativo a los plazos se debe estar a las previsiones del artículo 30.

Y en el ordinal 4 dispone que si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

El artículo 122 dispone que para interponer el recurso de alzada el interesado dispondrá del plazo de un mes.

En la resolución primeramente impugnada se informa al destinatario, en este caso la empresa demandante, que la resolución no era firme, que no agotaba la vía administrativa sino que se podía interponer recurso de alzada.

En cuanto al plazo de interposición se expresaba, que el plazo del mes se debería computar de la siguiente forma "a partir del día siguiente a esta notificación (prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último sea inhábil),...".

La pare demandante ha alegado que la notificación de la resolución se realizaba el 5/6/2024, fecha que no ha sido objeto de controversia, añadiendo que la fecha de vencimiento sería el 6/7/2024, que los días.

Que los días 6 y 7 de julio de 2024 fueron inhábiles, por ser sábado y domingo respectivamente.

Que el recurso se presentaba el día 8/7/2024, lo que a criterio de la parte demandante determinaba que recuso de alzada fue presentado de forma tempestiva.

El Sr. Abogado del Estado ha alegado que recurso se ha presentado fuera del plazo legalmente establecido y que por tanto la inadmisión era lo procedente en derecho.

Porque el plazo para recurrir vencía el 6/7/2026.

En el presente caso examinadas las actuaciones se ha declarado probada la instrucción de derechos que se contenía en la resolución administrativa susceptible de recurso de alzada y en ella se informaba que el plazo de un mes se computaría desde el día siguiente a la notificación y añadiendo la siguiente información "prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último sea inhábil".

La parte ha confiado en la información facilitada en la resolución a los efectos de recurrir, no ha recurrido en reposición, porque el acto no ponía fin a la vía administrativa, como tampoco ha interpuesto demanda directamente.

En lo relativo a los plazos, amparada en el principio de confianza legítima, computando el plazo para recurrir desde el día siguiente y además, al ser los días de vencimiento del plazo sábado y domingo, conforme se le informaba en la resolución tantas veces citada.

Por tanto, se debe considerar, atendiendo a la conducta desplegada por la administración demandada, que el recurso se ha interpuesto en plazo, otra cosa hubiera sido que se hubiera informado en el sentido que el plazo de vencimiento era el día equivalente al de notificación.

Vistos los preceptos anteriormente citados y demás de general y pertinente aplicación,