Sentencia Social 176/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Huesca, Rec. 797/2024 de 17 de mayo del 2026

PRIMERO.-La demanda ejercita de acción de reclamación de cantidad interesando la condena de la entidad demandada a abonar la diferencia entre el valor de la hora extraordinaria por todas las horas calificadas como de presencia o complementaria en las nóminas habidas desde el 01/06/2023 a diciembre de 2025 o en función de la fecha de baja en la empresa, por los importes reflejados en la instructa aportada en el acto de la vista, evento nº 23 del EJE. Se acumula también la pretensión de abono de dietas hasta diciembre de 2025 con remisión igualmente a la instructa aportada. Finalmente, se reclama que a Florencio no le fue abonado el festivo por haber prestado servicios el 12 de octubre de 2023 adeudándole por ello la cantidad de 30 euros.

AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS, S.L.U. se opone a la demanda en los términos expuestos en su contestación. En relación al exceso de jornada, manifiesta la empresa un cómputo distinto para el cálculo del mismo; igualmente que no todas las guardias se han realizado; finalmente que debe traerse el laudo arbitral de 19 de julio de 2024 con aplicación de una jornada complementaria de 8 horas semanales de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto marco del personal sanitario ( art. 48 Ley 55/2003), considerado dicho laudo que la disposición adicional segunda del referido Estatuto marco es aplicable a las empresas que prestan servicios de transporte de enfermos y accidentados en ambulancias. Se opone a la reclamación por dietas en los términos que ya constan en otros procedimientos. Finalmente se reconoce la cantidad reclamada por Florencio en concepto de festivo local.

El Letrado del Gobierno de Aragón se opone a la declaración de responsabilidad solidaria que se realiza en demanda.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados se obtienen de la valoración conjunta de la prueba documental obrante en autos.

TERCERO.- Respecto a la consideración de las horas de presencia realizadas y que se reclaman como horas extraordinarias.

La cuestión jurídica parecía resuelta, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala IV, de 16 de enero de 2025 , sentencia nº 36/2025, rec. 3719/2022.

Dicha sentencia se centra en determinar si las guardias no presenciales de los trabajadores dedicados al transporte sanitario, deben computarse como tiempo efectivo de trabajo a efectos de la jornada anual. Se declara, con remisión a lo recogido en la STS de 17/2/2022 (R. 123/20), que la doctrina sentada en la STS de 21/4/16 (R. 90/15) debe ser rectificada a la luz de lo recogido en la directiva 2000/34 /CE y partiendo de que a la actividad de transporte de enfermos en ambulancia no le es de aplicación el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. Se concluye, por tanto, que la sentencia recurrida aplica una doctrina que ha sido rectificada por la sentencia de esta Sala IV antes referenciada. Por ello, se estima el recurso, declarando que las horas de presencia, en las que los trabajadores se encuentran a disposición del empresario sin prestar servicio efectivo, deben ser calificadas como tiempo de trabajo efectivo.

Se trascribe a continuación la parte relevante a los efectos de este procedimiento: "TERCERO. Guardias de presencia física en dependencias empresariales de los empleados de ambulancias.

1.Según hemos adelantado, las cuestiones que tenemos que resolver son si las guardias presencia física en el centro de trabajo de los empleados de ambulancias tienen la condición de tiempo de trabajo efectivo a efectos de la jornada anual y si el exceso debe abonarse como horas extraordinarias.

Esta sala IV tiene ya reiterada doctrina sobre esas cuestiones.

La doctrina está en la STS Pleno 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020 ), que es precisamente la sentencia de contraste invocada en el presente recurso, y en las SSTS 763/2022, de 26 de septiembre (rec. 111/2020 ); 929/2022, de 22 de noviembre (rcud 3318/2021 ); y 413/2023, de 7 de junio (rec. 221/2021 ).

Abordan esas sentencias supuestos idénticos al presente, relativos al mismo servicio de traslado en ambulancia de enfermos y accidentados de otras comunidades autónomas, en los que las condiciones y circunstancias de la actividad son del todo coincidentes con las del presente asunto. En todos los casos se cuestiona si las horas de presencia en la base o centro de trabajo deben computarse como tiempo efectivo de trabajo a efectos de la jornada anual y su retribución como horas extraordinarias.

Elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en aplicación de la ley conducen a aplicar la doctrina referida al presente supuesto.

2.Se reproduce a continuación la STS 413/2023, de 7 de junio (rec. 221/2021), que es la más reciente de las sentencias de esta sala que hemos citado, respecto de la naturaleza jurídica de esos periodos de presencia física de los empleados de ambulancias en las dependencias empresariales en orden al cómputo de la jornada anual máxima y consiguiente devengo de horas extraordinarias. La STS 413/2023 , reproduce y sintetiza los más relevantes pronunciamientos de la STS Pleno 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020 ).

La Directiva 2003/88/CE , de 4 de noviembre, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, resulta aplicable en toda su extensión en el sector del transporte en ambulancia, por cuanto de ella se desprende que esa actividad no puede considerarse incluida dentro del concepto "transporte por carretera", tal y como ha tenido ocasión de establecer la STJUE (Gran Sala) de 5 de octubre de 2004, asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01 , al decidir que "El concepto de "transporte por carretera", a efectos del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104 , debe interpretarse en el sentido de que no contempla la actividad de un servicio de asistencia médica urgente, aun cuando ésta consista, al menos en parte, en utilizar un vehículo y en acompañar al paciente durante el trayecto hacia el hospital."

En dicha sentencia se explica que el sector del transporte fue excluido de la aplicación de la Directiva 93/104 , porque en dicho ámbito ya existía una normativa comunitaria que establece disposiciones específicas en materia de ordenación del tiempo de trabajo por la naturaleza particular de esa actividad.

Tras lo que concluye que esa normativa no es aplicable a transportes realizados en situación de emergencia o dedicados a misiones de socorro, pese a que dicha actividad consista en parte en utilizar un vehículo de emergencias y en acompañar al paciente durante su transporte al hospital, puesto que su finalidad principal es la de facilitar los primeros auxilios médicos a una persona enferma o herida y no la de realizar una operación comprendida en el sector del transporte por carretera.

3.Corolario de lo anterior es que, como recuerda la STS Pleno 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020 ), la aplicación del tenor literal de los arts. 1.3 , 17 y 18 de la Directiva 2003/88/CE , interpretados a la luz de la citada doctrina del TJUE, obliga a entender "que los trabajadores que transportan enfermos en ambulancias no están excluidos de los preceptos de aquella directiva que establecen límites a la duración máxima del trabajo semanal".

Tras lo que seguidamente la STS Pleno 159/2022 concluye que "el principio de interpretación conforme del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea obliga a rectificar la doctrina establecida por la sentencia del TS de 21 de abril de 2016, recurso 90/2015 . La actividad de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia no está incluida en el Real Decreto 1561/1995".

La rectificación que la STS Pleno 159/2022 procede a hacer de la doctrina de la citada STS de 21 de abril de 2016 , supone la expulsión de esa actividad de transporte en ambulancia del citado Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, lo que impide aplicar esa regulación en el presente asunto a la hora de distinguir entre el tiempo de presencia y trabajo efectivo y las consecuencias legales que de ello se derivan.

Esto comporta que en el sector de transporte de enfermos en ambulancia deben regir las reglas ordinarias en esta materia, sin ninguna especificidad.

4.Una vez establecidos esos presupuestos, y a la hora de determinar el exacto alcance de esa normativa, nuestra STS Pleno 159/2022 analiza las diferentes resoluciones del TJUE a las que pormenorizadamente se refiere.

Recuerda que la STJUE de 17 de marzo de 2021, C-585/19 , señala "que los conceptos "período de descanso" y "tiempo de trabajo" se excluyen mutuamente y que la Directiva 2003/88 no contempla una categoría intermedia entre los períodos de trabajo y los de descanso ( sentencia de 10 de septiembre de 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras, C-266/14 , EU:C:2015:578, apartados 25 y 26 y jurisprudencia citada).".

Se refiere al asunto resuelto en la STJUE de 3 de octubre de 2000, C-303/98 , que calificó como trabajo efectivo y, en su caso, horas extraordinarias en el sentido de la Directiva 93/104/CE , el tiempo dedicado a atención continuada prestado por médicos de equipos de atención Primaria en régimen de presencia física en el centro sanitario: "...aun cuando la actividad efectivamente realizada varíe según las circunstancias, la obligación impuesta a dichos médicos de estar presentes y disponibles en los centros de trabajo para prestar sus servicios profesionales debe considerarse comprendida en el ejercicio de sus funciones."

En la misma línea de lo resuelto en la STJUE 9 de septiembre de 2003, recurso C-151/2002 , al explicar que "el factor determinante para considerar que los elementos característicos del concepto de "tiempo de trabajo", en el sentido de la Directiva 93/104 , se dan en los períodos de atención continuada que efectúan los médicos en el propio hospital es el hecho de que están obligados a hallarse físicamente presentes en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad." El tribunal consideró que un servicio de atención continuada que un médico efectúa en régimen de presencia física en el hospital constituye en su totalidad tiempo de trabajo con arreglo a la Directiva 93/104/CE ".

Para aludir seguidamente a la STJUE de 9 de marzo de 2021, C-344/19 , que desarrolla y sistematiza la doctrina anterior, en particular de la sentencia de 21 de febrero de 2018, C-518/15 , argumentando:" 29. [...] el tiempo de guardia de un trabajador debe calificarse, bien de "tiempo de trabajo", bien de "período de descanso", a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/88 , puesto que esta no contempla una categoría intermedia [...]

31. [...] los Estados miembros no pueden determinar unilateralmente el alcance de los conceptos de "tiempo de trabajo" y "período de descanso", sometiendo a cualesquiera condiciones o restricciones el derecho, reconocido directamente a los trabajadores por esta Directiva, a que se tengan debidamente en cuenta los períodos de trabajo y, correlativamente, los períodos de descanso. Cualquier otra interpretación haría peligrar el efecto útil de la Directiva 2003/88 y desvirtuaría su objetivo [...]

32. En tercer lugar, en lo que atañe más concretamente a los períodos de guardia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que un período durante el cual el trabajador no lleva a cabo efectivamente ninguna actividad por cuenta del empresario no constituye necesariamente un "período de descanso" a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/88 .

33. Así, por un lado, el Tribunal de Justicia ha declarado, a propósito de los períodos de guardia efectuados en un lugar de trabajo que no se confunde con el domicilio del trabajador, que el factor determinante para considerar que se dan los elementos característicos del concepto de "tiempo de trabajo", en el sentido de la Directiva 2003/88 , es el hecho de que dicho trabajador está obligado a hallarse físicamente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de este para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad [...]

35. El Tribunal de Justicia ha declarado que, durante un período de guardia de tales características, el trabajador, que ha de permanecer en su lugar de trabajo a disposición inmediata del empresario, debe permanecer alejado de su entorno social y familiar y goza de poca libertad para administrar el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales. En consecuencia, todo ese período debe calificarse de "tiempo de trabajo" en sentido de la Directiva 2003/88 , independientemente de las prestaciones laborales realmente efectuadas por el trabajador durante ese período [...]

Y, finalmente, la STS Pleno 159/2022 menciona la STS 1076/2020, de 2 de diciembre (rec. 28/2019 ), que "compendia la doctrina jurisprudencial sobre el tiempo de trabajo, configurado sobre la base de dos elementos: "el elemento espacial, el tiempo de trabajo exige que el trabajador esté obligado a permanecer en las instalaciones de la empresa o en cualquier otro lugar designado por el empleador -incluido el propio domicilio- para atender al llamamiento empresarial, y el elemento temporal, identificado como tiempo breve de respuesta al llamamiento de la empresa para acudir al lugar de trabajo [...] Será tiempo de trabajo cuando la guardia exige la obligada permanencia en un determinado espacio físico y dar respuesta inmediata en caso de necesidad, porque en tales circunstancias el trabajador se encuentra en el ejercicio de sus funciones laborales. Mientras que se considerarán como tiempo de descanso, si el trabajador puede dedicarse a las actividades personales y de ocio que libremente quisiere realizar, en los que solo será tiempo de trabajo el dedicado a la prestación efectiva de servicios que requiera la intervención necesaria para atender la incidencia."

5.De lo que la STS Pleno 159/2022 definitivamente extrae la consecuencia de que, a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo y consecuente devengo de horas extraordinarias, constituye tiempo efectivo de trabajo el de permanencia en la base o centro de trabajo de los empleados del servicio de transporte de enfermos en ambulancia, mientras están a la espera de que puedan ser llamados para la realización de un servicio.

Periodos en los que concurren sin duda alguna las notas definitorias del tiempo de trabajo, en tanto que durante los mismos no disponen de libertad para dedicarse a las actividades personales y de ocio que libremente quisiere realizar, sino que ha de permanecer necesariamente en un determinado espacio físico a disposición de la empresa para dar respuesta inmediata a los servicios para los que pudiere ser requerido.

A lo que la STS Pleno 159/2022 añade, finalmente, que el límite máximo de la jornada laboral para el personal de movimiento en este sector se encuentra en el art. 34 ET y no en el art. 8 del Real Decreto 1561/1995 , sobre jornadas especiales de trabajo.

CUARTO. La estimación del recurso.

1.De acuerdo con lo razonado, y oído el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y resolver el debate de suplicación en el sentido de desestimar el recurso de tal clase interpuesto por la empresa y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia del juzgado de lo social."

De acuerdo a la jurisprudencia del TS en la materia, procede considerar que las horas de presencia realizadas deben ser calificadas como tiempo de trabajo efectivo, con la consiguiente retribución como horas extraordinarias en lo que excedan de la jornada anual como se indicarán en el siguiente fundamento de derecho.

Dicha conclusión volvió a reproducirse posteriormente en nuevos procedimientos del TS, a modo de ejemplo, la sentencia nº 1204/2025, rec. 3536/2024 de 4 de diciembre de 2025 .

Sin embargo, esta cuestión ha sufrido un cambio tras el laudo dictado el 16 de julio de 2024, tras su confirmación por sentencia de la Audiencia Nacional y la reciente del Tribunal Supremo.

Como se indica en el hecho probado SÉPTIMO,el 16/07/204 se dictó laudo arbitral resolviendo, entre otros extremos, que "se declara que el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley 55/2003 y, por derivación, lo contemplado en la sección 1ª de su capítulo X al que se remite, resulta de aplicación a las empresas de transportes de ambulancias incluidas dentro del ámbito de aplicación del convenio estatal, respecto del personal de movimiento que presta servicios a través de estas empresas para el Sistema Nacional de Salud", indicando que "A efectos del cómputo del tiempo de trabajo efectivo, deben tomarse como referencia los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin que puedan aplicarse la definición y regulación previstas en la Ley 55/2003 sobre el tiempo de localización o la prevista en el convenio colectivo estatal sobre el tiempo de presencia, en la medida en que pudieran ser contrarias a la mencionada jurisprudencia europea".

El laudo fue impugnado y confirmado por sentencia 174/2024 dictada por la Audiencia Nacional, de fecha 16/12/2024, en actuaciones 294/2024 .

A su vez, la citada sentencia ha sido confirmada por el TS, en sentencia de la Sala IV del TS de 22/04/2026, nº 436, rec. 75/2025 .

Entre las cuestiones relevantes que deben tenerse en cuenta es que el laudo establece que será de aplicación a partir del lunes, 29 de julio de 2024.

El laudo tiene carácter vinculante y de obligado cumplimiento. Posee eficacia asimilada a sentencia por lo que se refiere a la declaración relativa a la aplicabilidad de la disposición adicional segunda de la Ley 55/2003, así como eficacia equivalente a la de un convenio colectivo estatutario.

De igual modo es importante que en el procedimiento arbitral el árbitro preguntó a las partes si querían que se pronunciase sobre una posible concurrencia de convenios, respecto del laudo y los autonómicos y las partes consideraron que esto excedía del compromiso arbitral. Por tanto, el laudo no se pronuncia acerca de la previsión contenido en el artículo 84.5 del vigente Estatuto de los Trabajadores cuando establece que, para los supuestos de concurrencia entre convenios estatales, de un lado, y autonómicos o provinciales, de otro lado, «se considerarán materias no negociables» «la jornada máxima anual de trabajo», ni «las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales».

El Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra en situación de ultractividad, rigiendo de forma prorrogada las condiciones del último convenio sectorial autonómico publicado mientras que se ha venido aplicando de forma supletoria o referencial lo dispuesto en el ámbito estatal.

En relación a la concurrencia de convenios el art. 84.5 establece que no podrán ser negociadas en los ámbitos autonómico y provincial: "(...) el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica".

En consecuencia, a salvo de mejor criterio, lo que resulta de este laudo arbitral es la existencia de un pronunciamiento ya firme, con eficacia de convenio colectivo estatutario que rige la jornada máxima en el ámbito que nos encontramos, resultando, por tanto, desde la fecha de efectos, en un régimen de concurrencia con un convenio colectivo autonómico en situación de ultraactividad, prevaleciendo lo dispuesto en el convenio colectivo estatutario. Por tanto, desde dicha fecha, entiendo que resulta de aplicación lo dispuesto en el laudo en relación a la aplicabilidad de la Ley 55/2003 en su art. 48 y que las horas complementarias (horas de presencia) que excedan de la jornada ordinaria no pueden ser consideradas como jornada complementaria en tanto no superen los límites de jornada establecidos en la citada norma.

Por tanto, se vuelve a voltear nuevamente una situación de por sí complicada, con vaivenes jurisprudenciales y sujeta ahora a la actuación de los agentes sociales para tratar de encontrar una solución al conflicto planteado. Es cierto que deja sin efecto anteriores sentencias del TS sobre la materia y conflictos ya resueltos en relación a convenios colectivos autonómicos (como el de Aragón), lo que, por cierto, ya se pone de manifiesto en el fundamento de derecho sexto de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2026 que indica: " SEXTO.- Recurso CGT. Motivo 3º. Vulneración de los artículos 24 y 9.3 CE , 6 del CEDH y arts. 28 y 37 de CE .

1.- En el tercer y último motivo del recurso formalizado por el sindicato demandante CGT, expuesto también por el apartado e) del art. 207 LRJS, se denuncian infracciones varias cometidas por la sentencia impugnada: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE) , del principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE) , del derecho a un proceso equitativo ( art. 6 CEDH) y de los derechos a la negociación colectiva y a la acción sindical ( arts. 28 y 37 CE) .

El sindicato recurrente reprocha a la sentencia impugnada que minimice el impacto del laudo arbitral sobre pronunciamientos jurisprudenciales firmes del Tribunal Supremo (sentencias de 17 de febrero de 2022 y 7 de junio de 2023 ), los cuales interpretan convenios colectivos autonómicos vigentes en materia de jornada. Alega que el laudo, sin existir ausencia de regulación convencional ni nuevo convenio colectivo que la sustituya, impone la aplicación del Estatuto Marco, desnaturalizando y vaciando de contenido dichas sentencias y la regulación convencional interpretada por el Tribunal Supremo, especialmente en Aragón y Castilla y León.

Sostiene que el laudo no se limita a resolver un conflicto entre partes, sino que afecta a una cuestión de orden público, al inaplicar convenios colectivos en vigor y anular de facto sentencias firmes del Tribunal Supremo, vulnerando el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el derecho a la negociación colectiva. Asimismo, denuncia que la sentencia de instancia desestima estas cuestiones sin una fundamentación suficiente.

En definitiva, considera vulnerados derechos fundamentales y aplicado indebidamente el Estatuto Marco pese a existir regulación convencional plenamente vigente y aplicable.

2.- Este motivo del recurso vuelve a incurrir en el mismo defecto que el anteriormente examinado. Se concibe como una apelación y reinterpreta, prácticamente haciendo una censura a la totalidad de los aspectos considerados jurídicos y fácticos que han abocado a la decisión adoptada en el laudo arbitral, confirmada en la sentencia de instancia.

Si tenemos a la vista los fundamentos jurídicos del laudo arbitral, y el control judicial llevado a cabo por la sentencia recurrida sobre esos aspectos denunciados, no hay en esas argumentaciones una desvirtuación del argumento acogido por el Tribunal de instancia, sino una mera contraposición de valoraciones.

3.-En cualquier caso, no se acierta a comprender el sentido de la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, ni tampoco la del derecho a la negociación colectiva.

4.- En cuanto al primero, en el que deben entenderse englobados, por su conexión, los reproches referidos a los artículos 6 CEDH y 9.3 de la Constitución, basta tener presente la doctrina constitucional, entre otras, sentencia del Tribunal Constitucional 146/2024 de 2 de diciembre , que establece:

a) Sobre las relaciones entre arbitraje y jurisdicción, la «constitucionalidad del arbitraje como mecanismo heterónomo de resolución de conflictos intersubjetivos, gracias a la posibilidad ulterior de acceder a la acción de anulación contra laudos arbitrales, bien que dentro de los estrictos términos con que esta se diseña legalmente (...) «No huelga recordar ahora que, recientemente, este tribunal ha declarado en su STC 1/2018, de 11 de enero , FJ 3, que "el mecanismo arbitral, la renuncia al ejercicio del derecho fundamental proviene de la legítima autonomía de la voluntad de las partes, que, libre y voluntariamente, se someten a la decisión de un tercero ajeno a los tribunales de justicia para resolver su conflicto, y ello, correctamente entendido, no implica una renuncia general al derecho fundamental del artículo 24 CE , sino a su ejercicio en un determinado momento, no quebrantándose principio constitucional alguno ( SSTC 174/1995 , 75/1996 y 176/1996 )».

b) Con relación a la doctrina sobre el canon de control constitucional de las resoluciones judiciales que resuelven la acción de anulación de laudos arbitrales, cuando afirma que « [...] la faceta del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) concernida es la del derecho a una resolución motivada y que esté fundada en Derecho, aplicando un canon externo de control para verificar si la resolución impugnada es arbitraria, irrazonable o incurre en un error fáctico patente, partiendo en concreto de los límites impuestos al órgano judicial que resuelve la acción de anulación por contradicción del laudo con el orden público.»

Pues bien, aplicando estos cánones, la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva denunciada en el recurso deviene infundada. La sentencia recurrida desestimatoria de la pretensión de nulidad del laudo arbitral no vulnera la tutela judicial efectiva de los legitimados para la negociación colectiva, por la sencilla razón de que ni impide ni ha impedido el acceso a la jurisdicción.

5.- En cuanto a las supuestas vulneraciones del derecho a la negociación colectiva y libertad sindical, no hay mínima base para considerarlas. El propio laudo tiene naturaleza de convenio colectivo ( art. 91.2 ET ) y, en cualquier caso, como sostiene el Ministerio Fiscal en su informe, lo que se plantea se contextualiza en una situación meramente transitoria de concurrencia de convenios, que deberá resolverse a través de los procesos individuales o colectivos, o por los propios agentes sociales en el ámbito de la autonomía colectiva.

Por lo expuesto, el motivo del recurso debe ser desestimado."

Es decir, que ya en el recurso se alerta de los efectos en los conflictos planteados sobre esta temática, entre ellos, en Aragón.

Por último, indicar también la reciente sentencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia, TSJA, de 23/02/2026, nº 127/2026, rec. 965/2025, que también hace referencia a los efectos del laudo arbitral y la norma que debe ser objeto de aplicación, si bien la demanda se desestima indicando que no resultan acreditadas las horas extraordinarias reclamadas en el periodo objeto de la litis, 2019 a 2023.

Finalmente también es relevante la sentencia del TSJ de Castilla la Macha, de 16/01/2024, sentencia 55/2025, rec. 2258/2024, que viene a indicar que la parte del laudo que resuelve el arbitraje de derecho, siendo de naturaleza declarativa, se aplica a las situaciones de hecho generadas antes de dictarse el laudo, revocando la sentencia de instancia que no consideraba aplicable esta normativa que indica el laudo atendiendo a la fecha de efectos.

Es precisamente estas sentencias las que basan las partes codemandadas para oponerse a la demanda, aunque ya anticipo que existen sentencias del Tribunales Superiores de Justicia que limitan los efectos del laudo en relación a la fecha de vigencia y el objeto del procedimiento. En este sentido, sentencia del TSJ del País Vasco de 3 de febrero de 2026, nº 282, rec. 2256/2025; y la sentencia del TSJ de Extremadura de 24 de octubre de 2025, nº 655, rec. 494/2025.

CUARTO.- Aplicación al caso que nos ocupa; acreditación de exceso de jornada.

En esta Plaza o Juzgado se ha venido aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que estas horas de presencia son trabajo efectivo que, en caso de superar la jornada ordinaria, deben ser retribuidas como horas extraordinarias. La jurisprudencia del Tribunal Supremo había venido indicando que las horas de presencia (o complementarias) que deben ser consideradas como trabajo efectivo, deben sumarse a la jornada ordinaria realizada por el trabajador; en caso de superarse el máximo de jornada establecido, la retribución debe ser realizada como hora extraordinaria. Por tanto, no toda hora de presencia implica por sí su categorización como hora extraordinaria, sino sólo aquellas que excedan del cómputo de jornada máxima efectivamente realizada. Se viene a declarar en estas sentencias del TS anteriormente aludidas que las horas de presencia deben computarse como de trabajo efectivo para el cálculo de la jornada máxima y devengo de horas extraordinarias de superarse las 1.792 horas anuales o 160 cuatrisemanales.

Sin embargo, como se ha indicado, desde la emisión del laudo arbitral y su confirmación por el Tribunal Supremo, considero que debo modificar mi criterio aplicando lo dispuesto en el mismo (al menos parcialmente). Alertaba el sindicato recurrente ante el Tribunal Supremo que este laudo ha cambiado las reglas del juego; y lo cierto es que entiendo debe ser aplicado, tras haberse sometido las partes al mismo y atendiendo a los efectos que produce, tanto en la parte del arbitraje en derecho como en el de equidad, modificando claramente el panorama y las resoluciones judiciales que deban dictarse.

Sin embargo, a falta de un pronunciamiento del Tribunal Supremo en cuanto a los efectos del laudo en el sentido que indica la sentencia del TSJ de Castilla la Mancha, esto es, que se aplique también a las situaciones anteriores a su fecha de vigencia o efectos, y a expensas de un nuevo pronunciamiento del TSJ de Aragón, considero que debe diferenciarse respecto a la jornada realizada hasta el 29/07/2024 y la posterior.

Entiendo que desde la fecha en la que tiene efectos el laudo, estamos ante la eficacia del convenio colectivo estatutario con lo que viene a concurrir con el convenio colectivo autonómico en régimen de ultraactividad. Por tanto, considero que resulta de aplicación de forma transitoria, tal y como dice el laudo, el Estatuto marco del personal sanitario , Ley 55/2003 de 16 de diciembre, en lo relativo a la jornada máxima en los términos establecidos en el laudo arbitral.

En relación a las situaciones de hecho previas, entiendo que el laudo tiene una vocación de establecer la normativa que entiende aplicable (eficacia declarativa), pero habiéndose sometido o planteado al al árbitro para su resolución es la aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 55/2003 , en materia de jornada en el ámbito del convenio colectivo estatalde transporte por carretera de enfermos y accidentados, resolviendo el laudo que "el párrafo 2º de la disposición adicional segunda de la Ley 55/2003 y, por derivación, lo contemplado en la sección l de su capítulo X al que se remite, resulta de aplicación a las empresas de transportes de ambulancias incluidas dentro del ámbito de aplicación del convenio estatal, respecto del personal de movimiento que presta servicios a través de estas empresas para el Sistema Nacional de Salud.

Por ello, a salvo de mejor criterio, en el supuesto objeto de la litis, no se cuestiona que el convenio de aplicación es el Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Comunidad Autónoma de Aragón, y no el convenio colectivo estatal de transporte por carretera de enfermos y accidentados, al que se refiere el laudo arbitral. Laudo, además, cuyos efectos se aplican a partir del 29 de julio de 2024 tal y como dispone, en tanto que los demandantes reclaman excesos de jornada realizados entre 2019 y 2023, y conforme al convenio colectivo provincial de aplicación, que no es el afectado por el laudo (en el mismo sentido la sentencia del TSJ del País Vasco de 3 de febrero de 2026, nº 282, rec. 2256/2025). Y también de relevancia la sentencia del TSJ de Extremadura de 24 de octubre de 2025, nº 655, rec. 494/2025 que limita la fecha de efectos del laudo, no aplicándose a periodos anteriores.

En consecuencia, como decía, debe diferenciarse respecto a las cantidades reclamadas, que en el caso que nos ocupa se corresponde con lo reclamado en demanda, hasta junio de 2023; y la ampliación posteriormente realizada en vista hasta el mes de diciembre de 2025.

Respecto a la cuantificación realizada en demanda, considero que la realizada por la parte actora se ajusta en gran medida a lo recogido en las nóminas y el registro de jornada. Se ha hecho constar en los hechos probados los errores o discordancias advertidas fijándose la cantidad que corresponde a cada demandante en este periodo.

En relación a la cuantificación de horas realizadas mediante la ampliación de la demanda, entiendo que la parte actora, siendo el periodo en el que el laudo tiene eficacia directa, desde julio de 2024, debiera haber articulado prueba adecuada para acreditar que las horas realizadas reclamadas como extraordinarias exceden de la normativa aplicable conforme a lo indicado con anterioridad. A diferencia de otros procedimientos, aunque la empresa podía haber realizado el cálculo y aportado los registros de jornada, era necesario que la parte actora, dados los nuevos requisitos exigidos para poder estimar la pretensión, hubiera solicitado los registros correspondientes, sobre todo atendiendo a que de los mismos se aprecian errores en su cuantificación, tal y como también ha quedado constatado en los hechos probados respecto al periodo reclamado en demanda.

Por tanto, no resultan acreditados excesos de jornada en el periodo julio de 2024 a diciembre de 2025.

En base a los anteriores criterios, procede la desestimación de la demanda en relación a esta pretensión de ampliación de cantidades.

QUINTO.- Dietas.

Sobre esta materia existen varios pronunciamientos de este Juzgado, por lo que considero que debe aplicarse la misma solución, al ser los elementos fácticos y jurídicos esencialmente idénticos.

El art. 17 del Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece: "Cuando el trabajador, por causa del servicio no pueda comer, cenar o pernoctar en su domicilio o municipio del centro de trabajo, tendrá derecho al percibo de las respectivas dietas que se fijan en las siguientes cuantías:

Concepto Cuantía

Comida 10 €

Cena 10 €

Pernocta y desayuno 45 €

En el caso de la comida y la cena cuando se realicen en domingos o festivos, se incrementarán en 5 euros para la comida y 5 euros para la cena.

En el caso de viajes fuera de España, la empresa articulará algún sistema para que el trabajador no tenga que adelantar el dinero.

No se pagarán bebidas alcohólicas.

En todo caso, las empresas pueden sustituir el abono de la dieta por el pago del gasto directamente. En los servicios que se presten fuera del territorio nacional serán gastos a justificar".

El art. 60 del Convenio colectivo estatal establece:

"1. Dietas.

Siempre que se cumplan las condiciones que marca la ley para que este concepto esté considerado concepto extrasalarial, el personal que fruto de la realización de un servicio se desplace, tendrá derecho a percibir una indemnización por los gastos que se originen, que recibirá bajo el concepto de dieta en los siguientes casos:

a) La persona trabajadora percibirá la dieta cuando para la realización de un servicio tenga que desplazarse fuera de su ámbito de trabajo, no resultándole posible regresar al mismo en el horario de comida o cena, abonándose por lo tanto la dieta de la comida que no se ha podido realizar en el ámbito de trabajo.

b) Se consideran solamente los desplazamientos que impidan iniciar la comida en el ámbito de trabajo, dentro del horario de comidas (13 h a 16 h) y cenas (20 h a 23 h).

c) Una vez iniciada la comida, la persona trabajadora tiene que poder disponer de una hora ininterrumpida, si ésta se interrumpiera por causa de un servicio y se puede volver al ámbito de trabajo a iniciar la comida dentro de esta franja horaria, no se abonará la dieta, en caso contrario si se abonará la dieta. Si la empresa para no abonar la dieta ordenara el desplazamiento en el ámbito de trabajo para poder realizar la comida, el tiempo de desplazamiento no se considerará incluido dentro de la hora de comida.

Para aplicar el régimen anterior al ámbito de trabajo, sea propio de la empresa o ajeno, ha de estar dotado de un comedor con: nevera, microondas, fregadero, mesa y sillas; para que el trabajador pueda, comer en el ámbito de trabajo.

Cuando estas franjas horarias coincidan con el inicio o finalización del servicio, tampoco se abonará la dieta, dado que la persona trabajadora tiene que venir con la comida hecha, o se marchará a hacerlo a su domicilio.

Tampoco se abonará la dieta si por cualquier circunstancia la persona trabajadora puede comer en su domicilio, dentro de los horarios antes mencionados. El trabajador percibirá la dieta de pernocta y desayuno cuando por la realización de un servicio tenga que desplazarse fuera de su ámbito de trabajo, no pudiendo pernoctar en su ámbito de trabajo o domicilio. A los efectos de este artículo se entiende por ámbito de trabajo tanto el centro de trabajo, como la base, como el municipio de ambos.

No se pagarán bebidas alcohólicas.

En todo caso, las empresas pueden sustituir el abono de la dieta por el pago del gasto directamente, siempre que se justifique.

En los servicios que se presten fuera del territorio nacional serán gastos a justificar.

Los convenios colectivos de ámbito funcional o territorial inferior fijarán, en todo caso, el importe de las dietas aplicables en cada uno de sus ámbitos, respetando las condiciones más beneficiosas que pudieran haberse pactado con anterioridad."

La literalidad de los preceptos del convenio colectivo autonómico y estatal excluye la posibilidad de reclamar por las dietas reclamadas en los términos que se ha efectuado en la demanda, dado que la disyuntiva para el cobro es la imposibilidad de realizar las comida, cena, pernocta o desayuno en el centro de trabajo, el domicilio o el municipio del centro de trabajo, sin que nada se haya acreditado al respecto.

En caso de solicitar la adquisición de una condición más beneficiosa debe la parte actora ejercitar la acción correspondiente, sin que en este supuesto quepa a entrar a valorar si existe o no un derecho adquirido.

También se constata que existe el pago de dietas en las nóminas, cuando la empresa entiende que se han cumplido los requisitos exigidos y la parte actora omite cualquier consideración al respecto, salvo en conclusiones.

Ante esta literalidad, la prueba aportada y la acción ejercitada, debo concluir necesariamente en la imposibilidad de reconocer este concepto reclamado. En el mismo sentido sentencias del Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza de 25/07/2025 y Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza de 13/01/2025, aportadas como instructa por la parte demandada. Dicha pretensión también fue desestimada por este Juzgado en procedimiento de Despido 1027/2023 (se adicionaba reclamación de cantidad), siendo la sentencia firme al no interponerse recurso. Finalmente, también en el procedimiento 124/2024 seguido en este mismo Juzgado.

Dicho lo anterior indicar adicionalmente que en este procedimiento, a diferencia de otros, ni siquiera consta una sucinta motivación o justificación de las circunstancias para el cobro de dietas en demanda, sin precisar las condiciones en las que se venía realizando dicho pago y si obedecía a un motivo concreto y se mantuvo o no en el tiempo, debiendo estar, como indicaba en el inicio del presente fundamento de derecho, a la literalidad del convenio y desestimar la reclamación de cantidad formulada.

SEXTO.- Abono del festivo local reclamado por Florencio

La pretensión se estima habiendo sido reconocido por la entidad demandada.

La cantidad reconocida por este concepto asciende a 30 euros.

SÉPTIMO.- Responsabilidad solidaria del Gobierno de Aragón y las empresas codemandadas.

Respecto a la solicitud de condena solidaria del Gobierno de Aragón en su calidad de contratista, conforme al art. 42 del ET, procede la estimación de la demanda.

La cantidad reclamada tiene naturaleza salarial, y la actividad en la que se ha efectuado la contratación de la empresa, transporte sanitario, tiene la consideración de actividad propia de la Administración demandada, en cuanto debe entenderse incluida en el ámbito propio de las prestaciones sanitarias, competencia del Gobierno de Aragón, de conformidad a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 6/2002 de Salud de Aragón, en relación con el Real Decreto 63/1995, que regula ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, tal y como indica la sentencia nº 406 del TSJ de Aragón de fecha 9 de mayo de 2006 ,que desestimaba la sentencia contra la dictada por el Juzgado de lo Social de Huesca de fecha 14 de febrero de 2006. Dicha sentencia tras razonar la consideración de propia actividad del transporte sanitario establece: "Razones todas ellas que, ineludiblemente, conllevan al total desestimación del recurso, pues, como queda dicho, la prestación de transporte sanitario, urgente o no urgente, forma parte de las prestaciones sanitarias a cargo del Sistema Nacional de Salud y forma parte, ineludiblemente, de la actividad nuclear del Servicio de Salud demandado, a cargo del cual está, tras la culminación del proceso de transferencias, la prestación sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y por ello, al haber subcontratado tal prestación -en virtud de contrato administrativo suscrito al amparo del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio 2000 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- nos encontramos ante el supuesto de hecho base de la norma contenida en el artículo 42 TRET, que, pese a lo argüido en el recurso, la sentencia de instancia no infringe."Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación, dictándose auto de fecha 21 de marzo de 2007 del TS, por el que se declaró la inadmisión del recurso. En todo caso resulta de interés el párrafo en el que se indica "la singularidad del supuesto que contempla la sentencia que hoy se recurre que refiere un caso de una contratación administrativa, en concreto la del transporte sanitario, que con arreglo a los Apartados 1.1. y 1.4. del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero de 1995, forma parte de las prestaciones sanitarias- complementarias- a cargo del Sistema Nacional de Salud y, en el caso, tras el proceso de transferencias, del Servicio Aragonés de Salud, lo que lleva al ánimo de la sentencia que la prestación de transporte sanitario forma parte de la actividad nuclear del art. 42 ET ."

Igualmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2013 : "TERCERO.- En cuanto a la cuestión planteada con el motivo alegado en el recurso, ya esta Sala tiene declarado en sus sentencias de 5-11 y 7-12-12 ( rcuds 191/12 y 4272/11 ) que "para delimitar este concepto de "propia actividad", la doctrina mayoritaria entiende que son las "obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa", y que "nos encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concertado ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial" ( SSTS 18/01/95 -rec 150/94 - 14/11/98 -rec 517/98 -, 22/11/02 -rec. 3904/01 - y 11/05/05 -rec 2291/04 -); y que referida a una actividad pública se corresponde con aquellas prestaciones que se hallan necesariamente integradas en la función que tiene encomendada y sin cuya actuación no se entendería cumplida esa función ( STS 23/01/08 -rcud 33/07 -). Concretamente se consideran tales los supuestos de transporte sanitario tanto de urgencia ( SSTS 23/01/08 -rcud 33/07 - y 03/10/08 -rcud 1675/07 -), como el ordinario no urgente, porque el servicio de transporte sanitario es "indispensable para prestar una correcta atención sanitaria" ( STS 24/06/08 -rcud 345/07 -).

Siendo esto así, es claro que si el transporte sanitario se considera "actividad propia" del Servicio Canario de Salud por tratarse de una actividad indispensable para prestar una atención sanitaria correcta, al contratarse por el Servicio de Salud ese transporte sanitario con la empresa pública demandada GSC, con facultades para realizarlo por sí misma o encomendárselo, a su vez, a terceros mediante la correspondiente subcontrata, pasa a ser también "actividad propia" de la referida empresa pública, así como de los demás subcontratistas que asumen el transporte sanitario dentro de lo que es su objeto social, dando lugar por tanto a la responsabilidad solidaria de todos ellos conforme a lo dispuesto en el art. 42 ET " .

Finalmente, puede igualmente traerse a colación la sentencia de 09/05/2018 del TS , sentencia nº 485/2018, rec. 3535/2016,que, nuevamente vuelve a incidir en la necesidad de que se trata de "actividad propia" para determinar la responsabilidad solidaria de una empresa pública. Al considerarse acreditado que se trata de una competencia del Gobierno de Aragón, cuestión sobre la que no entiendo que pueda suscitarse controversia, la doctrina jurisprudencial parece clara en atribuir dicha responsabilidad solidaria en materia salarial, como es el caso que nos ocupa.

Indicar que la responsabilidad sólo alcanza los conceptos salariales.