Sentencia Social 105/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Murcia, Rec. 1008/2025 de 15 de abril del 2026

PRIMERO .-La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2023 (recurso 5547/2022) ha reconocido el derecho de un hombre a obtener del INSS una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado, como consecuencia de que se le denegó el complemento tras la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) que consideró discriminatoria por razón de sexo la regulación de la LGSS. Se trata de una discriminación autónoma y ligada a dicha actuación denegatoria de la entidad gestora y poco antes la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113-22), había establecido que resultaba obligado establecer una indemnización para compensar los daños y perjuicios efectivamente sufridos por el solicitante que vio denegada su petición. El Tribunal Supremo, en cumplimiento fe su labor unificadora, teniendo en cuenta que los perjuicios causados en cada caso son similares y derivan de la misma decisión del INSS, ha fijado la indemnización en la cantidad de 1.800 euros en la citada de 15 de noviembre de 2023. Esa cantidad, concluye la sentencia comporta una reparación integral del perjuicio sufrido y procede siempre que haya sido menester que el varón discriminado por una resolución del INSS posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 haya precisado del acudimiento a la jurisdicción social para conseguir el abono del complemento en cuestión.

SEGUNDO .-Por tanto la cuestión se contrae a determinar la procedencia de las indemnizaciones reclamadas como las instadas en el presente caso, ya que se interpone acción de reclamación de la cantidad de 3.600 euros por las dos discriminaciones que se dice haber sufrido al no haberle sido reconocido

en su momento el derecho al complemento, formulando el actor la presente

reclamación judicial, a fin de ver satisfechas sus pretensiones, aunque hay que precisar en este caso concreto que el reconocimiento del complemento de maternidad es de 28 de octubre de 2022 y la solicitud origen de la demanda se ha interpuesto en 29 de abril de 2025.

TERCERO .-Frente a tal pretensión se opuso el INSS alegando que se encontraba prescrita la acción por aplicación de lo dispuesto en el art. 67 de la LPACAP ( también art. 179 de la LRJS), al haber transcurrido más de un año desde el dictado de la Sentencia del TJUE que posibilita la reclamación de indemnización por daños y perjuicios, de 14 de septiembre de 2023, hasta que la parte actora formula la solicitud, el 29 de abril de 2025 y finalmente solicitaba la desestimación de la demanda y que en todo caso no cabrían las dos indemnizaciones (como se recoge en sentencia de este Juzgado de 20 de febrero de 2025, DFU 842/2024, de asunto del mismo despacho) y, a lo que se suma el Ministerio Fiscal. Por la parte actora no hay una oposición real y fundamentada a la prescripción alegada ni se discute que la prescripción sea de un año.

CUARTO .-Entrando en el conocimiento de la excepción de prescripción alegada

por el organismo demandado, al amparo del art. 67 de la LPACAP y también el art. 179 de la LRJS, articulada sobre la base de que al solicitar la indemnización, mediante escrito de solicitud presentado el 29 de abril de 2025, había transcurrido más de un año desde que esa acción pudo ser ejercitada, al entender que el "dies a quo" para el inicio del cómputo ha de ser fijado a 14 de septiembre de 2023, fecha del dictado de la Sentencia del TJUE.

El art. 67 de la LPACAP estable literalmente lo siguiente: "1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el

plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las

secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en

vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

QUINTO .-Y en base a los preceptos aludido, la excepción ha de ser admitida,

habida cuenta de que el apartado primero, en concreto, del art. 67, establece que el derecho a reclamar la indemnización por daños y perjuicios prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo; de tal modo, que el "dies a quo" para el inicio del cómputo del plazo de prescripción es el correspondiente al dictado de la Sentencia del TJUE que posibilita el derecho a reclamar daños y perjuicios, pues en el caso del actor el plazo de prescripción para solicitar la indemnización en su caso ha de situarse en esa citada fecha de 14 de septiembre de 2023, sent. del TJUE, y fijándose en esa fecha el "dies a quo" para el inicio del cómputo del plazo de prescripción de un año y que duda cabe que cuando el actor presenta el escrito de solicitud, el 29 de abril de 2025, la acción se encontraba prescrita, dies a quo que no se puede pretender fijar en la STS de 15 de noviembre de 2023 (tampoco se hace en este caso), que cuantificó eso si la reparación en cuestión en 1.800 euros, pues el derecho a reconocer esta indemnización estaba ya reconocido en el TJUE por la citada sentencia de 14 de septiembre de 2023 y a 29 de abril de 2025 había pasado más de un año, incluso respecto a la STS de 15 de noviembre de 2023, siendo de aplicación al presente caso la sentencia de STSJ de Castilla-León, sede de Valladolid, de 9 de junio de 2025, RSU 976/2025, nº 1077/2025 y si cabe en especial la dictada por nuestro Tribunal Superior de Justicia de Murcia -Sala de lo Social-, de 24 de febrero de 2026, RSU 6/2026, que concluye que la acción estaba prescrita al tiempo de ejercitarla, porque había trascurrido más de un año desde que la pudo ejercitar.

SEXTO .-Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de Suplicación

para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de conformidad con lo previsto en el art. 191.3.c) de la L.R.J.S.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.