Sentencia Social 151/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Sabadell, Rec. 37/2025 de 30 de abril del 2026

PRIMERO-.Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental con primacía de la indicada en cada uno de los ordinales, y de la facultad prevista en el artículo 91.2 LRJS de tener por confesa a la parte demandada cuando, debidamente citada, no comparezca a juicio y no alegue justa causa para ello, o no aporte los documentos previamente requeridos sin motivo.

De conformidad con el artículo 217 LEC, corresponde al demandante acreditar aquellos hechos de los cuales ordinariamente se deduzcan, según las normas jurídicas aplicables al caso, los efectos jurídicos correspondientes a sus pretensiones, mientras que el demandado debe probar los hechos que extingan, enerven o impidan la eficacia jurídica de los hechos probados por el demandante.

Y en el caso que nos ocupa, la parte demandante ha acreditado la existencia de la relación laboral con la empresa, la prestación de servicios y el hecho del despido mediante la aportación del informe de vida laboral, el contrato de trabajo y las nóminas. Por contra, la demandada no ha comparecido, por lo que además de tenerla por confesa, no ha probado la realidad de los hechos que amparan la decisión extintiva unilateral de la relación laboral cuya carga le impone el artículo 105.1 LRJS.

En relación a las condiciones laborales se admiten las postuladas en demanda al tener su reflejo en el soporte documental.

SEGUNDO.-Se solicita la declaración de improcedencia del despido tácito producido, petición que debe estimarse. La naturaleza propia del despido tácito, carente de documentación material alguna que permita una corroboración objetiva, obliga a atribuir especial valor a la manifestación de la parte actora vertida en la demanda a la hora de permitir aplicar el mecanismo de la ficta confessio derivado de la incomparecencia de la empresa al acto del juicio oral. Acreditado el despido tácito debe considerarse que no se han respetado los requisitos de forma previstos en los art. 53 y 55 ET ( que exige notificación por escrito del despido al trabajador) por lo que procede calificar el despido como improcedente.

Se ha aportado el SMS de la TGSS que el actor recibió con fecha de efectos 28/11/2024, así como el informe de vida laboral, sin que haya quedado acreditada la causa de extinción.

TERCERO.-Mas con carácter principal pretende la parte actora la declaración de nulidad del despido basada en la vulneración de la garantía de indemnidad, invocando el artículo 24.1 CE. Alega, en síntesis, que el verdadero motivo del despido fueron las reclamaciones efectuadas acerca de los salarios impagados y la diferencia de categoría profesional.

La STS de 13 de diciembre de 2016, con cita de numerosas resoluciones anteriores, resume la doctrina sobre la garantía de indemnidad del siguiente modo:

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos (con apoyo en las SSTC 14/1993, de 18 de Enero ; 125/2008, de 20 de Octubre y 92/2009, de 20 de Abril ).

-De ello se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo según el art. 4.2 apartado g ET ( SSTC 76/2010, de 19 de Octubre ; 6/2011, de 14 de Febrero y 10/2011, de 28/Febrero , entre otras). Y asimismo se impone aclarar que tampoco es preciso que la medida de represalia tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales.

-En el ámbito de la tutela derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el artículo 181.2 LRJS al establecer que, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

-A tales efectos se recuerda por Tribunal Constitucional que precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS ( SSTC 38/1981, de 23 de noviembre ; 138/2006, de 8 de Mayo ; y 342/2006, de 11 de Diciembre entre otras).

-Para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que debe permitir deducir la posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una prueba verosímil o principio de prueba revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación o vulneración del derecho en cuestión ( SSTC 92/2008, de 21 de Julio ; 125/2008, de 20 de Octubre y 2/2009, de 12 de enero ).

-Presente la prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales en lo que constituye una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( SSTC 183/2007, de 10 de Septiembre ; 257/2007, de 17 de Diciembre ; 74/2008, de 23 de Junio ; 125/2008, de 20 de Octubre ; y 92/2009, de 20 de Abril .

En el supuesto que nos ocupa la parte actora alega como indicio de la vulneración antedicha las reclamaciones efectuadas en materia de salarios impagados y las diferencias de categoría profesional. Para que opere la inversión de la carga de la prueba en materia de vulneración de derechos fundamentales, es necesario la existencia de estos indicios, lo que no concurre en el presente caso. La argumentación expuesta en demanda carece de correlativo en el acervo probatorio. No ha quedado probado que el actor haya interpuesto ninguna queja o reclamación, y tampoco anuncia ni informa a la empresa del ejercicio de alguna acción o derecho ante los Tribunales o cualquier otro organismo, ni consta ninguna comunicación entre las partes para aseverar tal extremo.

Por tanto, no habiendo quedado acreditado ningún indicio razonable que permita deducir la existencia de una vulneración de derecho fundamental, se desestima la pretensión principal ejercitada.

CUARTO-.La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( Ley 36/2011, de 10 de octubre) y con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores ( Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre), ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades".Ello significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año), con el tope de 720 días.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 06/09/2023 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 28/11/2024. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125). Por consiguiente, debemos contabilizar 15 meses de prestación de servicios.

Aplicando el referido criterio, la indemnización total asciende a 2210,59 euros. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

Respecto a los salarios de tramitación, según dispone el art.56.2 del E.T., los mismos sólo deberán ser abonados para el caso de que la empleadora opte por la readmisión, y éstos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

QUINTO-.No ha lugar a establecer pronunciamiento de condena respecto del Fondo de Garantía Salarial, dado que su intervención en el proceso responde a lo establecido en el ART.23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente tiene atribuidas.

SEXTO-.De conformidad con lo establecido en el art. 191.3.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

PRIMERO-.Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental con primacía de la indicada en cada uno de los ordinales, y de la facultad prevista en el artículo 91.2 LRJS de tener por confesa a la parte demandada cuando, debidamente citada, no comparezca a juicio y no alegue justa causa para ello, o no aporte los documentos previamente requeridos sin motivo.

De conformidad con el artículo 217 LEC, corresponde al demandante acreditar aquellos hechos de los cuales ordinariamente se deduzcan, según las normas jurídicas aplicables al caso, los efectos jurídicos correspondientes a sus pretensiones, mientras que el demandado debe probar los hechos que extingan, enerven o impidan la eficacia jurídica de los hechos probados por el demandante.

Y en el caso que nos ocupa, la parte demandante ha acreditado la existencia de la relación laboral con la empresa, la prestación de servicios y el hecho del despido mediante la aportación del informe de vida laboral, el contrato de trabajo y las nóminas. Por contra, la demandada no ha comparecido, por lo que además de tenerla por confesa, no ha probado la realidad de los hechos que amparan la decisión extintiva unilateral de la relación laboral cuya carga le impone el artículo 105.1 LRJS.

En relación a las condiciones laborales se admiten las postuladas en demanda al tener su reflejo en el soporte documental.

SEGUNDO.-Se solicita la declaración de improcedencia del despido tácito producido, petición que debe estimarse. La naturaleza propia del despido tácito, carente de documentación material alguna que permita una corroboración objetiva, obliga a atribuir especial valor a la manifestación de la parte actora vertida en la demanda a la hora de permitir aplicar el mecanismo de la ficta confessio derivado de la incomparecencia de la empresa al acto del juicio oral. Acreditado el despido tácito debe considerarse que no se han respetado los requisitos de forma previstos en los art. 53 y 55 ET ( que exige notificación por escrito del despido al trabajador) por lo que procede calificar el despido como improcedente.

Se ha aportado el SMS de la TGSS que el actor recibió con fecha de efectos 28/11/2024, así como el informe de vida laboral, sin que haya quedado acreditada la causa de extinción.

TERCERO.-Mas con carácter principal pretende la parte actora la declaración de nulidad del despido basada en la vulneración de la garantía de indemnidad, invocando el artículo 24.1 CE. Alega, en síntesis, que el verdadero motivo del despido fueron las reclamaciones efectuadas acerca de los salarios impagados y la diferencia de categoría profesional.

La STS de 13 de diciembre de 2016, con cita de numerosas resoluciones anteriores, resume la doctrina sobre la garantía de indemnidad del siguiente modo:

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos (con apoyo en las SSTC 14/1993, de 18 de Enero ; 125/2008, de 20 de Octubre y 92/2009, de 20 de Abril ).

-De ello se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo según el art. 4.2 apartado g ET ( SSTC 76/2010, de 19 de Octubre ; 6/2011, de 14 de Febrero y 10/2011, de 28/Febrero , entre otras). Y asimismo se impone aclarar que tampoco es preciso que la medida de represalia tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales.

-En el ámbito de la tutela derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el artículo 181.2 LRJS al establecer que, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

-A tales efectos se recuerda por Tribunal Constitucional que precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS ( SSTC 38/1981, de 23 de noviembre ; 138/2006, de 8 de Mayo ; y 342/2006, de 11 de Diciembre entre otras).

-Para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que debe permitir deducir la posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una prueba verosímil o principio de prueba revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación o vulneración del derecho en cuestión ( SSTC 92/2008, de 21 de Julio ; 125/2008, de 20 de Octubre y 2/2009, de 12 de enero ).

-Presente la prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales en lo que constituye una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( SSTC 183/2007, de 10 de Septiembre ; 257/2007, de 17 de Diciembre ; 74/2008, de 23 de Junio ; 125/2008, de 20 de Octubre ; y 92/2009, de 20 de Abril .

En el supuesto que nos ocupa la parte actora alega como indicio de la vulneración antedicha las reclamaciones efectuadas en materia de salarios impagados y las diferencias de categoría profesional. Para que opere la inversión de la carga de la prueba en materia de vulneración de derechos fundamentales, es necesario la existencia de estos indicios, lo que no concurre en el presente caso. La argumentación expuesta en demanda carece de correlativo en el acervo probatorio. No ha quedado probado que el actor haya interpuesto ninguna queja o reclamación, y tampoco anuncia ni informa a la empresa del ejercicio de alguna acción o derecho ante los Tribunales o cualquier otro organismo, ni consta ninguna comunicación entre las partes para aseverar tal extremo.

Por tanto, no habiendo quedado acreditado ningún indicio razonable que permita deducir la existencia de una vulneración de derecho fundamental, se desestima la pretensión principal ejercitada.

CUARTO-.La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( Ley 36/2011, de 10 de octubre) y con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores ( Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre), ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades".Ello significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año), con el tope de 720 días.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 06/09/2023 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 28/11/2024. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125). Por consiguiente, debemos contabilizar 15 meses de prestación de servicios.

Aplicando el referido criterio, la indemnización total asciende a 2210,59 euros. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

Respecto a los salarios de tramitación, según dispone el art.56.2 del E.T., los mismos sólo deberán ser abonados para el caso de que la empleadora opte por la readmisión, y éstos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

QUINTO-.No ha lugar a establecer pronunciamiento de condena respecto del Fondo de Garantía Salarial, dado que su intervención en el proceso responde a lo establecido en el ART.23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente tiene atribuidas.

SEXTO-.De conformidad con lo establecido en el art. 191.3.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

PRIMERO-.Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental con primacía de la indicada en cada uno de los ordinales, y de la facultad prevista en el artículo 91.2 LRJS de tener por confesa a la parte demandada cuando, debidamente citada, no comparezca a juicio y no alegue justa causa para ello, o no aporte los documentos previamente requeridos sin motivo.

De conformidad con el artículo 217 LEC, corresponde al demandante acreditar aquellos hechos de los cuales ordinariamente se deduzcan, según las normas jurídicas aplicables al caso, los efectos jurídicos correspondientes a sus pretensiones, mientras que el demandado debe probar los hechos que extingan, enerven o impidan la eficacia jurídica de los hechos probados por el demandante.

Y en el caso que nos ocupa, la parte demandante ha acreditado la existencia de la relación laboral con la empresa, la prestación de servicios y el hecho del despido mediante la aportación del informe de vida laboral, el contrato de trabajo y las nóminas. Por contra, la demandada no ha comparecido, por lo que además de tenerla por confesa, no ha probado la realidad de los hechos que amparan la decisión extintiva unilateral de la relación laboral cuya carga le impone el artículo 105.1 LRJS.

En relación a las condiciones laborales se admiten las postuladas en demanda al tener su reflejo en el soporte documental.

SEGUNDO.-Se solicita la declaración de improcedencia del despido tácito producido, petición que debe estimarse. La naturaleza propia del despido tácito, carente de documentación material alguna que permita una corroboración objetiva, obliga a atribuir especial valor a la manifestación de la parte actora vertida en la demanda a la hora de permitir aplicar el mecanismo de la ficta confessio derivado de la incomparecencia de la empresa al acto del juicio oral. Acreditado el despido tácito debe considerarse que no se han respetado los requisitos de forma previstos en los art. 53 y 55 ET ( que exige notificación por escrito del despido al trabajador) por lo que procede calificar el despido como improcedente.

Se ha aportado el SMS de la TGSS que el actor recibió con fecha de efectos 28/11/2024, así como el informe de vida laboral, sin que haya quedado acreditada la causa de extinción.

TERCERO.-Mas con carácter principal pretende la parte actora la declaración de nulidad del despido basada en la vulneración de la garantía de indemnidad, invocando el artículo 24.1 CE. Alega, en síntesis, que el verdadero motivo del despido fueron las reclamaciones efectuadas acerca de los salarios impagados y la diferencia de categoría profesional.

La STS de 13 de diciembre de 2016, con cita de numerosas resoluciones anteriores, resume la doctrina sobre la garantía de indemnidad del siguiente modo:

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos (con apoyo en las SSTC 14/1993, de 18 de Enero ; 125/2008, de 20 de Octubre y 92/2009, de 20 de Abril ).

-De ello se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo según el art. 4.2 apartado g ET ( SSTC 76/2010, de 19 de Octubre ; 6/2011, de 14 de Febrero y 10/2011, de 28/Febrero , entre otras). Y asimismo se impone aclarar que tampoco es preciso que la medida de represalia tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales.

-En el ámbito de la tutela derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el artículo 181.2 LRJS al establecer que, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

-A tales efectos se recuerda por Tribunal Constitucional que precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS ( SSTC 38/1981, de 23 de noviembre ; 138/2006, de 8 de Mayo ; y 342/2006, de 11 de Diciembre entre otras).

-Para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que debe permitir deducir la posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una prueba verosímil o principio de prueba revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación o vulneración del derecho en cuestión ( SSTC 92/2008, de 21 de Julio ; 125/2008, de 20 de Octubre y 2/2009, de 12 de enero ).

-Presente la prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales en lo que constituye una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( SSTC 183/2007, de 10 de Septiembre ; 257/2007, de 17 de Diciembre ; 74/2008, de 23 de Junio ; 125/2008, de 20 de Octubre ; y 92/2009, de 20 de Abril .

En el supuesto que nos ocupa la parte actora alega como indicio de la vulneración antedicha las reclamaciones efectuadas en materia de salarios impagados y las diferencias de categoría profesional. Para que opere la inversión de la carga de la prueba en materia de vulneración de derechos fundamentales, es necesario la existencia de estos indicios, lo que no concurre en el presente caso. La argumentación expuesta en demanda carece de correlativo en el acervo probatorio. No ha quedado probado que el actor haya interpuesto ninguna queja o reclamación, y tampoco anuncia ni informa a la empresa del ejercicio de alguna acción o derecho ante los Tribunales o cualquier otro organismo, ni consta ninguna comunicación entre las partes para aseverar tal extremo.

Por tanto, no habiendo quedado acreditado ningún indicio razonable que permita deducir la existencia de una vulneración de derecho fundamental, se desestima la pretensión principal ejercitada.

CUARTO-.La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( Ley 36/2011, de 10 de octubre) y con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores ( Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre), ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades".Ello significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año), con el tope de 720 días.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 06/09/2023 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 28/11/2024. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125). Por consiguiente, debemos contabilizar 15 meses de prestación de servicios.

Aplicando el referido criterio, la indemnización total asciende a 2210,59 euros. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

Respecto a los salarios de tramitación, según dispone el art.56.2 del E.T., los mismos sólo deberán ser abonados para el caso de que la empleadora opte por la readmisión, y éstos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

QUINTO-.No ha lugar a establecer pronunciamiento de condena respecto del Fondo de Garantía Salarial, dado que su intervención en el proceso responde a lo establecido en el ART.23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente tiene atribuidas.

SEXTO-.De conformidad con lo establecido en el art. 191.3.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

PRIMERO-.Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental con primacía de la indicada en cada uno de los ordinales, y de la facultad prevista en el artículo 91.2 LRJS de tener por confesa a la parte demandada cuando, debidamente citada, no comparezca a juicio y no alegue justa causa para ello, o no aporte los documentos previamente requeridos sin motivo.

De conformidad con el artículo 217 LEC, corresponde al demandante acreditar aquellos hechos de los cuales ordinariamente se deduzcan, según las normas jurídicas aplicables al caso, los efectos jurídicos correspondientes a sus pretensiones, mientras que el demandado debe probar los hechos que extingan, enerven o impidan la eficacia jurídica de los hechos probados por el demandante.

Y en el caso que nos ocupa, la parte demandante ha acreditado la existencia de la relación laboral con la empresa, la prestación de servicios y el hecho del despido mediante la aportación del informe de vida laboral, el contrato de trabajo y las nóminas. Por contra, la demandada no ha comparecido, por lo que además de tenerla por confesa, no ha probado la realidad de los hechos que amparan la decisión extintiva unilateral de la relación laboral cuya carga le impone el artículo 105.1 LRJS.

En relación a las condiciones laborales se admiten las postuladas en demanda al tener su reflejo en el soporte documental.

SEGUNDO.-Se solicita la declaración de improcedencia del despido tácito producido, petición que debe estimarse. La naturaleza propia del despido tácito, carente de documentación material alguna que permita una corroboración objetiva, obliga a atribuir especial valor a la manifestación de la parte actora vertida en la demanda a la hora de permitir aplicar el mecanismo de la ficta confessio derivado de la incomparecencia de la empresa al acto del juicio oral. Acreditado el despido tácito debe considerarse que no se han respetado los requisitos de forma previstos en los art. 53 y 55 ET ( que exige notificación por escrito del despido al trabajador) por lo que procede calificar el despido como improcedente.

Se ha aportado el SMS de la TGSS que el actor recibió con fecha de efectos 28/11/2024, así como el informe de vida laboral, sin que haya quedado acreditada la causa de extinción.

TERCERO.-Mas con carácter principal pretende la parte actora la declaración de nulidad del despido basada en la vulneración de la garantía de indemnidad, invocando el artículo 24.1 CE. Alega, en síntesis, que el verdadero motivo del despido fueron las reclamaciones efectuadas acerca de los salarios impagados y la diferencia de categoría profesional.

La STS de 13 de diciembre de 2016, con cita de numerosas resoluciones anteriores, resume la doctrina sobre la garantía de indemnidad del siguiente modo:

"El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos (con apoyo en las SSTC 14/1993, de 18 de Enero ; 125/2008, de 20 de Octubre y 92/2009, de 20 de Abril ).

-De ello se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo según el art. 4.2 apartado g ET ( SSTC 76/2010, de 19 de Octubre ; 6/2011, de 14 de Febrero y 10/2011, de 28/Febrero , entre otras). Y asimismo se impone aclarar que tampoco es preciso que la medida de represalia tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales.

-En el ámbito de la tutela derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el artículo 181.2 LRJS al establecer que, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

-A tales efectos se recuerda por Tribunal Constitucional que precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS ( SSTC 38/1981, de 23 de noviembre ; 138/2006, de 8 de Mayo ; y 342/2006, de 11 de Diciembre entre otras).

-Para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que debe permitir deducir la posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una prueba verosímil o principio de prueba revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación o vulneración del derecho en cuestión ( SSTC 92/2008, de 21 de Julio ; 125/2008, de 20 de Octubre y 2/2009, de 12 de enero ).

-Presente la prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales en lo que constituye una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( SSTC 183/2007, de 10 de Septiembre ; 257/2007, de 17 de Diciembre ; 74/2008, de 23 de Junio ; 125/2008, de 20 de Octubre ; y 92/2009, de 20 de Abril .

En el supuesto que nos ocupa la parte actora alega como indicio de la vulneración antedicha las reclamaciones efectuadas en materia de salarios impagados y las diferencias de categoría profesional. Para que opere la inversión de la carga de la prueba en materia de vulneración de derechos fundamentales, es necesario la existencia de estos indicios, lo que no concurre en el presente caso. La argumentación expuesta en demanda carece de correlativo en el acervo probatorio. No ha quedado probado que el actor haya interpuesto ninguna queja o reclamación, y tampoco anuncia ni informa a la empresa del ejercicio de alguna acción o derecho ante los Tribunales o cualquier otro organismo, ni consta ninguna comunicación entre las partes para aseverar tal extremo.

Por tanto, no habiendo quedado acreditado ningún indicio razonable que permita deducir la existencia de una vulneración de derecho fundamental, se desestima la pretensión principal ejercitada.

CUARTO-.La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( Ley 36/2011, de 10 de octubre) y con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores ( Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre), ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades".Ello significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año), con el tope de 720 días.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 06/09/2023 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 28/11/2024. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125). Por consiguiente, debemos contabilizar 15 meses de prestación de servicios.

Aplicando el referido criterio, la indemnización total asciende a 2210,59 euros. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

Respecto a los salarios de tramitación, según dispone el art.56.2 del E.T., los mismos sólo deberán ser abonados para el caso de que la empleadora opte por la readmisión, y éstos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

QUINTO-.No ha lugar a establecer pronunciamiento de condena respecto del Fondo de Garantía Salarial, dado que su intervención en el proceso responde a lo establecido en el ART.23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente tiene atribuidas.

SEXTO-.De conformidad con lo establecido en el art. 191.3.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso