Sentencia Social 155/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Sabadell, Rec. 523/2025 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los elementos probatorios que en cada caso se han señalado.

En cuanto al hecho probado cuarto, he partido del Informe médico forense social de 28/11/2025 que reconoce la existencia de amplias limitaciones funcionales del actor.

SEGUNDO.-La Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dispone en su art. 193:

"1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4."

Y, en su art. 194, sobre grados de incapacidad permanente:

"1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente."

TERCERO.-Conforme establecía la redacción originaria del art. 137, en su apartado 5), de la ley General de Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994, aplicable con carácter orientativo, se entenderá por incapacidad permanente Absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Y, según la redacción del apartado 1.d), del citado precepto, por Gran Invalidez, la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Según declara la histórica, pero vigente jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4-88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre muchas otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88).

Entendiéndose por Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o las más importantes tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

La invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social, es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario, y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85),y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87).

"Las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, son las definidas para la «categoría profesional» en la correspondiente Ordenanza Laboral -en su caso Convenio Colectivo- y no las que conforman un «puesto de trabajo» en determinada empresa, si son diferentes de aquéllas, que han sido precisamente el objeto del aseguramiento"( STSJ de la Rioja 10-03-93, Ar. 1257).

Y, finalmente, se considera Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas habituales de la misma; en consecuencia procede la declaración de la invalidez permanente parcial cuando las lesiones residuales dificulte el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de su profesión habitual y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TCT 25-6-80 y 7-2-84).

CUARTO.-En el presente supuesto, la parte actora pretende con su demanda la revocación de la resolución del I.N.S.S. dictada en el expediente de revisión de grado que el propio INSS instó, interesando que se reconozca la incapacidad permanente en grado de absoluta, por agravación, pretensión a la que el INSS se opone por cuanto no existe ninguna variación sustancial respecto de la situación de incapacidad permanente absoluta que ya tiene reconocida.

Se debe realizar un estudio comparativo entre las dolencias anteriores y las actuales ( STC 15/1991, de 25 de enero).

El actor, cuando le fue reconocida la Incapacidad Permanente Total (hecho probado primero), estaba afecto de:

"TR ANSIEDAD CON TRASTORNO ATENCIONAL DISEJECUTIVO GRAVE, DE PROBABLE CAUSA POR SAHS GRAVE, EN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. DISTROFIA MACULAR C ON ESCOTOMA CENTRAL RELATIVO BILATERAL. ACTUALMENTE CON LIMITACIÓN FUNCIONAL. ACÚFENOS E HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL MODERADA PENDIENTE DE AUDÍFONOS, EN EL MOMENTO ACTUAL CON FUNCIONALIDAD CONSERVADA.".

Asimismo, dicha situación de incapacidad permanente en grado de total fue confirmada por la sentencia de fecha 31/01/2024 dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de Barcelona (autos 276/2023-E), que recoge, como hecho probado 9º, que las patologías que sufre el actor con:

"Distrofia macular con escotoma central relativo bilateral con afectación de los cuatro cuadrantes con AV OD:0,5 y OI:0,4, limitación para tareas que requieran buena agudeza visual. Trastorno de ansiedad reactivo a enfermedad somática y quejas cognitivas. Trastorno atencional disejecutivo grave. Limitación para tareas intelectuales. SAOS severo en tto con Cpap nocturno. Hipoacusia neurosensorial moderada."

Actualmente presenta el siguiente cuadro patológico (hecho probado cuarto):

1. Distrofia macular en patrón bilateral, progresiva e irreversible, con pérdida significativa de visión central y limitación severa para la lectura, la discriminación de detalle y el manejo de pantallas.

2. Las pruebas campimétricas y de agudeza visual muestran un deterioro progresivo entre 2021 y 2025, sin posibilidad de mejoría con tratamiento, condicionando una limitación visual estructural y permanente.

3. La exploración neuropsicológica válida de 2021 objetiva déficits en atención sostenida, memoria de trabajo, aprendizaje verbal y funciones ejecutivas, confirmados por fallos funcionales relevantes en la vida diaria.

4. La sintomatología afectiva crónica (ansiedad, desánimo, apatía y rumiación) actúa como factor agravante, incrementando la fatigabilidad mental y reduciendo la capacidad de concentración y continuidad en tareas.

5. El paciente presenta un SAHS grave con somnolencia diurna severa y refractaria pese al uso adecuado de CPAP, lo que compromete de manera significativa la vigilia, la estabilidad del rendimiento y la continuidad funcional.

6. La discopatía lumbosacra y otras patologías somáticas contribuyen a la fatigabilidad física y limitan la tolerancia a la sedestación mantenida.

7. La interacción de estas patologías genera un efecto sinérgico que condiciona una limitación global, persistente y difícilmente compensable en áreas esenciales para cualquier actividad laboral.

8. Las limitaciones descritas afectan simultáneamente a la visión, la atención sostenida, la memoria operativa, la capacidad de planificación, el nivel de alerta y la tolerancia física, sin posibilidad razonable de adaptación laboral efectiva.

Así, el actor ha visto agravado su cuadro patológico, que constata el empeoramiento de su sintomatología invalidante, así como las limitaciones funcionales.

Para estimar la incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo, debe tenerse en cuenta que la capacidad laboral no implica la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 06.02.1987, 06.11.1987), en el caso que nos ocupa, el actor, ante la pluripatología que presenta y limitaciones funcionales agravadas, no puede efectuar actividad laboral alguna con rendimiento y eficacia.

Por lo que, considera este Juzgador, que, dadas las condiciones funcionales y orgánicas, médicamente objetivables, se encuentra inhabilitado para cualquier trabajo, que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral, debiendo ser declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, estimando la demanda y revocando la resolución del INSS.

Por todo ello la demanda debe ser estimada.

QUINTO.-En el presente procedimiento la fecha de efectos de la incapacidad permanente absoluta ha sido discutida.

La parte actora sostiene que debe quedar fijada, con carácter principal, desde el 25/02/2021 (inicio del proceso de incapacidad temporal), subsidiariamente desde el 14/04/2022 (inicio de procedimiento de IP) y, en último término, desde el 17/05/2024 (solicitud de revisión del grado).

Sobre este particular indicar que dicha pretensión debe ser rechazada, por dos motivos:

a) En primer lugar, porque la fecha de efectos reconocida en la resolución que reconoció la IPT no se impugnó, tratándose de una resolución administrativa firme.

b) En segundo lugar, al tratarse este procedimiento, de un proceso de revisión, el art. 40.a) de la OM de 15/04/1969 establece de forma clara que en estos supuestos la fecha de efectos económicos es la del día siguiente a la resolución que resolvió la revisión (por agravación), tal y como postula el INSS y la TGSS, siendo las tres eventuales fechas que pretende el actor, fechas anteriores a la indicada según la normativa aplicable.

Por ello la demanda debe ser estimada, pero fijando como fecha de efectos el 04/04/2025 por las razones expuestas.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la LRJS)

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los elementos probatorios que en cada caso se han señalado.

En cuanto al hecho probado cuarto, he partido del Informe médico forense social de 28/11/2025 que reconoce la existencia de amplias limitaciones funcionales del actor.

SEGUNDO.-La Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dispone en su art. 193:

"1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4."

Y, en su art. 194, sobre grados de incapacidad permanente:

"1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente."

TERCERO.-Conforme establecía la redacción originaria del art. 137, en su apartado 5), de la ley General de Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994, aplicable con carácter orientativo, se entenderá por incapacidad permanente Absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Y, según la redacción del apartado 1.d), del citado precepto, por Gran Invalidez, la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Según declara la histórica, pero vigente jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4-88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre muchas otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88).

Entendiéndose por Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o las más importantes tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

La invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social, es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario, y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85),y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87).

"Las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, son las definidas para la «categoría profesional» en la correspondiente Ordenanza Laboral -en su caso Convenio Colectivo- y no las que conforman un «puesto de trabajo» en determinada empresa, si son diferentes de aquéllas, que han sido precisamente el objeto del aseguramiento"( STSJ de la Rioja 10-03-93, Ar. 1257).

Y, finalmente, se considera Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas habituales de la misma; en consecuencia procede la declaración de la invalidez permanente parcial cuando las lesiones residuales dificulte el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de su profesión habitual y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TCT 25-6-80 y 7-2-84).

CUARTO.-En el presente supuesto, la parte actora pretende con su demanda la revocación de la resolución del I.N.S.S. dictada en el expediente de revisión de grado que el propio INSS instó, interesando que se reconozca la incapacidad permanente en grado de absoluta, por agravación, pretensión a la que el INSS se opone por cuanto no existe ninguna variación sustancial respecto de la situación de incapacidad permanente absoluta que ya tiene reconocida.

Se debe realizar un estudio comparativo entre las dolencias anteriores y las actuales ( STC 15/1991, de 25 de enero).

El actor, cuando le fue reconocida la Incapacidad Permanente Total (hecho probado primero), estaba afecto de:

"TR ANSIEDAD CON TRASTORNO ATENCIONAL DISEJECUTIVO GRAVE, DE PROBABLE CAUSA POR SAHS GRAVE, EN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. DISTROFIA MACULAR C ON ESCOTOMA CENTRAL RELATIVO BILATERAL. ACTUALMENTE CON LIMITACIÓN FUNCIONAL. ACÚFENOS E HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL MODERADA PENDIENTE DE AUDÍFONOS, EN EL MOMENTO ACTUAL CON FUNCIONALIDAD CONSERVADA.".

Asimismo, dicha situación de incapacidad permanente en grado de total fue confirmada por la sentencia de fecha 31/01/2024 dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de Barcelona (autos 276/2023-E), que recoge, como hecho probado 9º, que las patologías que sufre el actor con:

"Distrofia macular con escotoma central relativo bilateral con afectación de los cuatro cuadrantes con AV OD:0,5 y OI:0,4, limitación para tareas que requieran buena agudeza visual. Trastorno de ansiedad reactivo a enfermedad somática y quejas cognitivas. Trastorno atencional disejecutivo grave. Limitación para tareas intelectuales. SAOS severo en tto con Cpap nocturno. Hipoacusia neurosensorial moderada."

Actualmente presenta el siguiente cuadro patológico (hecho probado cuarto):

1. Distrofia macular en patrón bilateral, progresiva e irreversible, con pérdida significativa de visión central y limitación severa para la lectura, la discriminación de detalle y el manejo de pantallas.

2. Las pruebas campimétricas y de agudeza visual muestran un deterioro progresivo entre 2021 y 2025, sin posibilidad de mejoría con tratamiento, condicionando una limitación visual estructural y permanente.

3. La exploración neuropsicológica válida de 2021 objetiva déficits en atención sostenida, memoria de trabajo, aprendizaje verbal y funciones ejecutivas, confirmados por fallos funcionales relevantes en la vida diaria.

4. La sintomatología afectiva crónica (ansiedad, desánimo, apatía y rumiación) actúa como factor agravante, incrementando la fatigabilidad mental y reduciendo la capacidad de concentración y continuidad en tareas.

5. El paciente presenta un SAHS grave con somnolencia diurna severa y refractaria pese al uso adecuado de CPAP, lo que compromete de manera significativa la vigilia, la estabilidad del rendimiento y la continuidad funcional.

6. La discopatía lumbosacra y otras patologías somáticas contribuyen a la fatigabilidad física y limitan la tolerancia a la sedestación mantenida.

7. La interacción de estas patologías genera un efecto sinérgico que condiciona una limitación global, persistente y difícilmente compensable en áreas esenciales para cualquier actividad laboral.

8. Las limitaciones descritas afectan simultáneamente a la visión, la atención sostenida, la memoria operativa, la capacidad de planificación, el nivel de alerta y la tolerancia física, sin posibilidad razonable de adaptación laboral efectiva.

Así, el actor ha visto agravado su cuadro patológico, que constata el empeoramiento de su sintomatología invalidante, así como las limitaciones funcionales.

Para estimar la incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo, debe tenerse en cuenta que la capacidad laboral no implica la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 06.02.1987, 06.11.1987), en el caso que nos ocupa, el actor, ante la pluripatología que presenta y limitaciones funcionales agravadas, no puede efectuar actividad laboral alguna con rendimiento y eficacia.

Por lo que, considera este Juzgador, que, dadas las condiciones funcionales y orgánicas, médicamente objetivables, se encuentra inhabilitado para cualquier trabajo, que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral, debiendo ser declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, estimando la demanda y revocando la resolución del INSS.

Por todo ello la demanda debe ser estimada.

QUINTO.-En el presente procedimiento la fecha de efectos de la incapacidad permanente absoluta ha sido discutida.

La parte actora sostiene que debe quedar fijada, con carácter principal, desde el 25/02/2021 (inicio del proceso de incapacidad temporal), subsidiariamente desde el 14/04/2022 (inicio de procedimiento de IP) y, en último término, desde el 17/05/2024 (solicitud de revisión del grado).

Sobre este particular indicar que dicha pretensión debe ser rechazada, por dos motivos:

a) En primer lugar, porque la fecha de efectos reconocida en la resolución que reconoció la IPT no se impugnó, tratándose de una resolución administrativa firme.

b) En segundo lugar, al tratarse este procedimiento, de un proceso de revisión, el art. 40.a) de la OM de 15/04/1969 establece de forma clara que en estos supuestos la fecha de efectos económicos es la del día siguiente a la resolución que resolvió la revisión (por agravación), tal y como postula el INSS y la TGSS, siendo las tres eventuales fechas que pretende el actor, fechas anteriores a la indicada según la normativa aplicable.

Por ello la demanda debe ser estimada, pero fijando como fecha de efectos el 04/04/2025 por las razones expuestas.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la LRJS)

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los elementos probatorios que en cada caso se han señalado.

En cuanto al hecho probado cuarto, he partido del Informe médico forense social de 28/11/2025 que reconoce la existencia de amplias limitaciones funcionales del actor.

SEGUNDO.-La Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dispone en su art. 193:

"1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4."

Y, en su art. 194, sobre grados de incapacidad permanente:

"1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente."

TERCERO.-Conforme establecía la redacción originaria del art. 137, en su apartado 5), de la ley General de Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994, aplicable con carácter orientativo, se entenderá por incapacidad permanente Absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Y, según la redacción del apartado 1.d), del citado precepto, por Gran Invalidez, la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Según declara la histórica, pero vigente jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4-88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre muchas otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88).

Entendiéndose por Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o las más importantes tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

La invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social, es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario, y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85),y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87).

"Las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, son las definidas para la «categoría profesional» en la correspondiente Ordenanza Laboral -en su caso Convenio Colectivo- y no las que conforman un «puesto de trabajo» en determinada empresa, si son diferentes de aquéllas, que han sido precisamente el objeto del aseguramiento"( STSJ de la Rioja 10-03-93, Ar. 1257).

Y, finalmente, se considera Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas habituales de la misma; en consecuencia procede la declaración de la invalidez permanente parcial cuando las lesiones residuales dificulte el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de su profesión habitual y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TCT 25-6-80 y 7-2-84).

CUARTO.-En el presente supuesto, la parte actora pretende con su demanda la revocación de la resolución del I.N.S.S. dictada en el expediente de revisión de grado que el propio INSS instó, interesando que se reconozca la incapacidad permanente en grado de absoluta, por agravación, pretensión a la que el INSS se opone por cuanto no existe ninguna variación sustancial respecto de la situación de incapacidad permanente absoluta que ya tiene reconocida.

Se debe realizar un estudio comparativo entre las dolencias anteriores y las actuales ( STC 15/1991, de 25 de enero).

El actor, cuando le fue reconocida la Incapacidad Permanente Total (hecho probado primero), estaba afecto de:

"TR ANSIEDAD CON TRASTORNO ATENCIONAL DISEJECUTIVO GRAVE, DE PROBABLE CAUSA POR SAHS GRAVE, EN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. DISTROFIA MACULAR C ON ESCOTOMA CENTRAL RELATIVO BILATERAL. ACTUALMENTE CON LIMITACIÓN FUNCIONAL. ACÚFENOS E HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL MODERADA PENDIENTE DE AUDÍFONOS, EN EL MOMENTO ACTUAL CON FUNCIONALIDAD CONSERVADA.".

Asimismo, dicha situación de incapacidad permanente en grado de total fue confirmada por la sentencia de fecha 31/01/2024 dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de Barcelona (autos 276/2023-E), que recoge, como hecho probado 9º, que las patologías que sufre el actor con:

"Distrofia macular con escotoma central relativo bilateral con afectación de los cuatro cuadrantes con AV OD:0,5 y OI:0,4, limitación para tareas que requieran buena agudeza visual. Trastorno de ansiedad reactivo a enfermedad somática y quejas cognitivas. Trastorno atencional disejecutivo grave. Limitación para tareas intelectuales. SAOS severo en tto con Cpap nocturno. Hipoacusia neurosensorial moderada."

Actualmente presenta el siguiente cuadro patológico (hecho probado cuarto):

1. Distrofia macular en patrón bilateral, progresiva e irreversible, con pérdida significativa de visión central y limitación severa para la lectura, la discriminación de detalle y el manejo de pantallas.

2. Las pruebas campimétricas y de agudeza visual muestran un deterioro progresivo entre 2021 y 2025, sin posibilidad de mejoría con tratamiento, condicionando una limitación visual estructural y permanente.

3. La exploración neuropsicológica válida de 2021 objetiva déficits en atención sostenida, memoria de trabajo, aprendizaje verbal y funciones ejecutivas, confirmados por fallos funcionales relevantes en la vida diaria.

4. La sintomatología afectiva crónica (ansiedad, desánimo, apatía y rumiación) actúa como factor agravante, incrementando la fatigabilidad mental y reduciendo la capacidad de concentración y continuidad en tareas.

5. El paciente presenta un SAHS grave con somnolencia diurna severa y refractaria pese al uso adecuado de CPAP, lo que compromete de manera significativa la vigilia, la estabilidad del rendimiento y la continuidad funcional.

6. La discopatía lumbosacra y otras patologías somáticas contribuyen a la fatigabilidad física y limitan la tolerancia a la sedestación mantenida.

7. La interacción de estas patologías genera un efecto sinérgico que condiciona una limitación global, persistente y difícilmente compensable en áreas esenciales para cualquier actividad laboral.

8. Las limitaciones descritas afectan simultáneamente a la visión, la atención sostenida, la memoria operativa, la capacidad de planificación, el nivel de alerta y la tolerancia física, sin posibilidad razonable de adaptación laboral efectiva.

Así, el actor ha visto agravado su cuadro patológico, que constata el empeoramiento de su sintomatología invalidante, así como las limitaciones funcionales.

Para estimar la incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo, debe tenerse en cuenta que la capacidad laboral no implica la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 06.02.1987, 06.11.1987), en el caso que nos ocupa, el actor, ante la pluripatología que presenta y limitaciones funcionales agravadas, no puede efectuar actividad laboral alguna con rendimiento y eficacia.

Por lo que, considera este Juzgador, que, dadas las condiciones funcionales y orgánicas, médicamente objetivables, se encuentra inhabilitado para cualquier trabajo, que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral, debiendo ser declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, estimando la demanda y revocando la resolución del INSS.

Por todo ello la demanda debe ser estimada.

QUINTO.-En el presente procedimiento la fecha de efectos de la incapacidad permanente absoluta ha sido discutida.

La parte actora sostiene que debe quedar fijada, con carácter principal, desde el 25/02/2021 (inicio del proceso de incapacidad temporal), subsidiariamente desde el 14/04/2022 (inicio de procedimiento de IP) y, en último término, desde el 17/05/2024 (solicitud de revisión del grado).

Sobre este particular indicar que dicha pretensión debe ser rechazada, por dos motivos:

a) En primer lugar, porque la fecha de efectos reconocida en la resolución que reconoció la IPT no se impugnó, tratándose de una resolución administrativa firme.

b) En segundo lugar, al tratarse este procedimiento, de un proceso de revisión, el art. 40.a) de la OM de 15/04/1969 establece de forma clara que en estos supuestos la fecha de efectos económicos es la del día siguiente a la resolución que resolvió la revisión (por agravación), tal y como postula el INSS y la TGSS, siendo las tres eventuales fechas que pretende el actor, fechas anteriores a la indicada según la normativa aplicable.

Por ello la demanda debe ser estimada, pero fijando como fecha de efectos el 04/04/2025 por las razones expuestas.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la LRJS)

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los elementos probatorios que en cada caso se han señalado.

En cuanto al hecho probado cuarto, he partido del Informe médico forense social de 28/11/2025 que reconoce la existencia de amplias limitaciones funcionales del actor.

SEGUNDO.-La Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dispone en su art. 193:

"1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4."

Y, en su art. 194, sobre grados de incapacidad permanente:

"1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente."

TERCERO.-Conforme establecía la redacción originaria del art. 137, en su apartado 5), de la ley General de Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994, aplicable con carácter orientativo, se entenderá por incapacidad permanente Absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Y, según la redacción del apartado 1.d), del citado precepto, por Gran Invalidez, la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Según declara la histórica, pero vigente jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87), sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87, 14-4-88 y muchas otras), debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85); pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86, entre muchas otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88, 12-4-88).

Entendiéndose por Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o las más importantes tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

La invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social, es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario, y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85),y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87).

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral ( STS 29-9-87), debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87).

"Las tareas que han de analizarse en relación con las secuelas, son las definidas para la «categoría profesional» en la correspondiente Ordenanza Laboral -en su caso Convenio Colectivo- y no las que conforman un «puesto de trabajo» en determinada empresa, si son diferentes de aquéllas, que han sido precisamente el objeto del aseguramiento"( STSJ de la Rioja 10-03-93, Ar. 1257).

Y, finalmente, se considera Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas habituales de la misma; en consecuencia procede la declaración de la invalidez permanente parcial cuando las lesiones residuales dificulte el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de su profesión habitual y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TCT 25-6-80 y 7-2-84).

CUARTO.-En el presente supuesto, la parte actora pretende con su demanda la revocación de la resolución del I.N.S.S. dictada en el expediente de revisión de grado que el propio INSS instó, interesando que se reconozca la incapacidad permanente en grado de absoluta, por agravación, pretensión a la que el INSS se opone por cuanto no existe ninguna variación sustancial respecto de la situación de incapacidad permanente absoluta que ya tiene reconocida.

Se debe realizar un estudio comparativo entre las dolencias anteriores y las actuales ( STC 15/1991, de 25 de enero).

El actor, cuando le fue reconocida la Incapacidad Permanente Total (hecho probado primero), estaba afecto de:

"TR ANSIEDAD CON TRASTORNO ATENCIONAL DISEJECUTIVO GRAVE, DE PROBABLE CAUSA POR SAHS GRAVE, EN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. DISTROFIA MACULAR C ON ESCOTOMA CENTRAL RELATIVO BILATERAL. ACTUALMENTE CON LIMITACIÓN FUNCIONAL. ACÚFENOS E HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL MODERADA PENDIENTE DE AUDÍFONOS, EN EL MOMENTO ACTUAL CON FUNCIONALIDAD CONSERVADA.".

Asimismo, dicha situación de incapacidad permanente en grado de total fue confirmada por la sentencia de fecha 31/01/2024 dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de Barcelona (autos 276/2023-E), que recoge, como hecho probado 9º, que las patologías que sufre el actor con:

"Distrofia macular con escotoma central relativo bilateral con afectación de los cuatro cuadrantes con AV OD:0,5 y OI:0,4, limitación para tareas que requieran buena agudeza visual. Trastorno de ansiedad reactivo a enfermedad somática y quejas cognitivas. Trastorno atencional disejecutivo grave. Limitación para tareas intelectuales. SAOS severo en tto con Cpap nocturno. Hipoacusia neurosensorial moderada."

Actualmente presenta el siguiente cuadro patológico (hecho probado cuarto):

1. Distrofia macular en patrón bilateral, progresiva e irreversible, con pérdida significativa de visión central y limitación severa para la lectura, la discriminación de detalle y el manejo de pantallas.

2. Las pruebas campimétricas y de agudeza visual muestran un deterioro progresivo entre 2021 y 2025, sin posibilidad de mejoría con tratamiento, condicionando una limitación visual estructural y permanente.

3. La exploración neuropsicológica válida de 2021 objetiva déficits en atención sostenida, memoria de trabajo, aprendizaje verbal y funciones ejecutivas, confirmados por fallos funcionales relevantes en la vida diaria.

4. La sintomatología afectiva crónica (ansiedad, desánimo, apatía y rumiación) actúa como factor agravante, incrementando la fatigabilidad mental y reduciendo la capacidad de concentración y continuidad en tareas.

5. El paciente presenta un SAHS grave con somnolencia diurna severa y refractaria pese al uso adecuado de CPAP, lo que compromete de manera significativa la vigilia, la estabilidad del rendimiento y la continuidad funcional.

6. La discopatía lumbosacra y otras patologías somáticas contribuyen a la fatigabilidad física y limitan la tolerancia a la sedestación mantenida.

7. La interacción de estas patologías genera un efecto sinérgico que condiciona una limitación global, persistente y difícilmente compensable en áreas esenciales para cualquier actividad laboral.

8. Las limitaciones descritas afectan simultáneamente a la visión, la atención sostenida, la memoria operativa, la capacidad de planificación, el nivel de alerta y la tolerancia física, sin posibilidad razonable de adaptación laboral efectiva.

Así, el actor ha visto agravado su cuadro patológico, que constata el empeoramiento de su sintomatología invalidante, así como las limitaciones funcionales.

Para estimar la incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo, debe tenerse en cuenta que la capacidad laboral no implica la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 06.02.1987, 06.11.1987), en el caso que nos ocupa, el actor, ante la pluripatología que presenta y limitaciones funcionales agravadas, no puede efectuar actividad laboral alguna con rendimiento y eficacia.

Por lo que, considera este Juzgador, que, dadas las condiciones funcionales y orgánicas, médicamente objetivables, se encuentra inhabilitado para cualquier trabajo, que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral, debiendo ser declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, estimando la demanda y revocando la resolución del INSS.

Por todo ello la demanda debe ser estimada.

QUINTO.-En el presente procedimiento la fecha de efectos de la incapacidad permanente absoluta ha sido discutida.

La parte actora sostiene que debe quedar fijada, con carácter principal, desde el 25/02/2021 (inicio del proceso de incapacidad temporal), subsidiariamente desde el 14/04/2022 (inicio de procedimiento de IP) y, en último término, desde el 17/05/2024 (solicitud de revisión del grado).

Sobre este particular indicar que dicha pretensión debe ser rechazada, por dos motivos:

a) En primer lugar, porque la fecha de efectos reconocida en la resolución que reconoció la IPT no se impugnó, tratándose de una resolución administrativa firme.

b) En segundo lugar, al tratarse este procedimiento, de un proceso de revisión, el art. 40.a) de la OM de 15/04/1969 establece de forma clara que en estos supuestos la fecha de efectos económicos es la del día siguiente a la resolución que resolvió la revisión (por agravación), tal y como postula el INSS y la TGSS, siendo las tres eventuales fechas que pretende el actor, fechas anteriores a la indicada según la normativa aplicable.

Por ello la demanda debe ser estimada, pero fijando como fecha de efectos el 04/04/2025 por las razones expuestas.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la LRJS)