Sentencia Social 136/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Tortosa, Rec. 406/2025 de 08 de mayo del 2026

PRIMERO.- Se declara la competencia de esta Sección de lo Social, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan los artículos 2, 6 y 10 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985.

SEGUNDO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social aprobada por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: el expediente administrativo, la documental y la pericial. Estas pruebas han sido valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica y han dado lugar al relato fáctico contenido en la presente resolución.

TERCERO.- La parte demandante, solicita que se declare a la actora afecta de una incapacidad permanente en el grado de total y subsidiariamente en grado de parcial. Las notas características que definen el concepto de incapacidad permanente son: la objetivación de las reducciones anatómicas o funcionales, que exigen la constatación médica ("susceptibles de determinación objetiva", según el artículo 193.1 TRLGSS); el carácter definitivo, es decir, irreversibles, incurables (previsiblemente definitivas en la expresión del citado precepto) y finalmente, que las reducciones sean graves ("que disminuyan o anulen la capacidad laboral", según la norma citada).

En cuanto a la incapacidad permanente total para la profesión habitual tiene tal consideración "la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta". Hay que recordar, una vez más, que la Incapacidad Permanente Total es esencialmente profesional, que ha de conectarse con las tareas propias del afectado, pues no debe olvidarse que la Jurisprudencia viene destacando con reiteración, Sentencias del Tribunal Supremo de 12-6 y 24-7-86, entre otras muchas, el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual del afectado; de tal manera, que unas mismas lesiones o secuelas pueden ser constitutivas o no de grado invalidante en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz, dado que en concreto y con respecto a la Incapacidad Permanente Total, el núm. 4 del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, la refiere a la profesión habitual, debiendo declararse en esta situación contingencial cuando las lesiones o secuelas impidan el desempeño de las tareas propias de la actividad habitual con la profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral exige.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente en grado de parcial, ésta corresponde a la situación en la que, sin alcanzar el grado de total, el trabajador sufre una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin que esté impedido para la realización de las tareas fundamentales de dicha profesión habitual. La jurisprudencia, a la hora de declarar una incapacidad permanente parcial, se bsa en una serie de criterios con los que valorar la influencia de la lesión en la capacidad de trabajo del afectado. En este sentido, entiende que cabe declarar una incapacidad permanente parcial cuando las lesiones sufridas, aun sin implicar una disminución del rendimiento en el trabajo, implican el que la realización de éste requiere de una mayor dificultad o entraña un mayor riesgo o mayor penosidad, aun tratándose de las tareas propias de la profesión habitual; o que acarrean la necesidad de mayor dedicación, o que se realice el trabajo de otro modo.

CUARTO.- En el presente procedimiento del informe del ICAM resulta que la actora presenta el siguiente cuadro residual: espondiloartrosis y discopatía lumbar. Retrolistesis L5 sobre S1 grado 1. Leve repercusión funcional. En base a este cuadro residual, la comisión de evaluación de incapacidades considera que la actora no presenta reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Según el perito de la parte actora la demandante presenta limitación funcional en relación fundamentalmente con la patología de columna vertebral lumbar que le supone una afectación de actividades físicas que le limita para realizar su profesión habitual

Por lo que respecta a la patología del síndrome de túnel carpiano consta intervenido quirúrgicamente sin que conste informe alguno del que se derive que en la actualidad esta patología supone limitación funcional alguna.

De la prueba documental aportada efectivamente existe un informe de julio de 2024 en el que el médico del servicio público de cirugía ortopédica indica que la paciente no se encuentra en disposición de realizar actividad laboral que implique esfuerzo físico por intolerancia al mismo y riesgo significativo de empeoramiento clínico.Según el citado informe se está pendiente de actualizar pruebas de imagen para determinar su situación y valorar posible procedencia de abordaje quirúrgico. De la documentación aportada constan pruebas diagnósticas de imagen efectuadas en agosto de 2024, sin que consten más visitas posteriores por el servicio de traumatología, para efectuar una valoración más adecuada a la luz de las nuevas pruebas diagnósticas que solicitó el médico traumatólogo. No parece razonable que no existan tales visitas, por lo que se desconoce cuál es el estado actual de la demandante. De hecho, lo que si se aporta es una nueva prueba diagnóstica de marzo de 2025 en el que precisamente respecto de la patología lumbar (la patología que a juicio del perito de la actora era determinante de la situación funcional de la demandante), se indica moderada discopatía degenerativa L4-L5 con contacto radicular bilateral, moderada discopatía degenerativa L5-S1 sin evidencia de contacto radicular y moderada artrosis de interapofisarias de predominio L4-L5. En base a esta prueba, y a falta de un informe del médico del COT que evalúe estos hallazgos, debe concluirse que la demandante no presenta limitación funcional para realizar las tareas fundamentales de su profesión ni tampoco una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, por lo que no es tributaria de incapacidad permanente en ningún grado.

En atención a lo expuesto procede desestimar la demanda.

QUINTO.- Según dispone el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Se declara la competencia de esta Sección de lo Social, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan los artículos 2, 6 y 10 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985.

SEGUNDO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social aprobada por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: el expediente administrativo, la documental y la pericial. Estas pruebas han sido valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica y han dado lugar al relato fáctico contenido en la presente resolución.

TERCERO.- La parte demandante, solicita que se declare a la actora afecta de una incapacidad permanente en el grado de total y subsidiariamente en grado de parcial. Las notas características que definen el concepto de incapacidad permanente son: la objetivación de las reducciones anatómicas o funcionales, que exigen la constatación médica ("susceptibles de determinación objetiva", según el artículo 193.1 TRLGSS); el carácter definitivo, es decir, irreversibles, incurables (previsiblemente definitivas en la expresión del citado precepto) y finalmente, que las reducciones sean graves ("que disminuyan o anulen la capacidad laboral", según la norma citada).

En cuanto a la incapacidad permanente total para la profesión habitual tiene tal consideración "la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta". Hay que recordar, una vez más, que la Incapacidad Permanente Total es esencialmente profesional, que ha de conectarse con las tareas propias del afectado, pues no debe olvidarse que la Jurisprudencia viene destacando con reiteración, Sentencias del Tribunal Supremo de 12-6 y 24-7-86, entre otras muchas, el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual del afectado; de tal manera, que unas mismas lesiones o secuelas pueden ser constitutivas o no de grado invalidante en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz, dado que en concreto y con respecto a la Incapacidad Permanente Total, el núm. 4 del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, la refiere a la profesión habitual, debiendo declararse en esta situación contingencial cuando las lesiones o secuelas impidan el desempeño de las tareas propias de la actividad habitual con la profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral exige.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente en grado de parcial, ésta corresponde a la situación en la que, sin alcanzar el grado de total, el trabajador sufre una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin que esté impedido para la realización de las tareas fundamentales de dicha profesión habitual. La jurisprudencia, a la hora de declarar una incapacidad permanente parcial, se bsa en una serie de criterios con los que valorar la influencia de la lesión en la capacidad de trabajo del afectado. En este sentido, entiende que cabe declarar una incapacidad permanente parcial cuando las lesiones sufridas, aun sin implicar una disminución del rendimiento en el trabajo, implican el que la realización de éste requiere de una mayor dificultad o entraña un mayor riesgo o mayor penosidad, aun tratándose de las tareas propias de la profesión habitual; o que acarrean la necesidad de mayor dedicación, o que se realice el trabajo de otro modo.

CUARTO.- En el presente procedimiento del informe del ICAM resulta que la actora presenta el siguiente cuadro residual: espondiloartrosis y discopatía lumbar. Retrolistesis L5 sobre S1 grado 1. Leve repercusión funcional. En base a este cuadro residual, la comisión de evaluación de incapacidades considera que la actora no presenta reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Según el perito de la parte actora la demandante presenta limitación funcional en relación fundamentalmente con la patología de columna vertebral lumbar que le supone una afectación de actividades físicas que le limita para realizar su profesión habitual

Por lo que respecta a la patología del síndrome de túnel carpiano consta intervenido quirúrgicamente sin que conste informe alguno del que se derive que en la actualidad esta patología supone limitación funcional alguna.

De la prueba documental aportada efectivamente existe un informe de julio de 2024 en el que el médico del servicio público de cirugía ortopédica indica que la paciente no se encuentra en disposición de realizar actividad laboral que implique esfuerzo físico por intolerancia al mismo y riesgo significativo de empeoramiento clínico.Según el citado informe se está pendiente de actualizar pruebas de imagen para determinar su situación y valorar posible procedencia de abordaje quirúrgico. De la documentación aportada constan pruebas diagnósticas de imagen efectuadas en agosto de 2024, sin que consten más visitas posteriores por el servicio de traumatología, para efectuar una valoración más adecuada a la luz de las nuevas pruebas diagnósticas que solicitó el médico traumatólogo. No parece razonable que no existan tales visitas, por lo que se desconoce cuál es el estado actual de la demandante. De hecho, lo que si se aporta es una nueva prueba diagnóstica de marzo de 2025 en el que precisamente respecto de la patología lumbar (la patología que a juicio del perito de la actora era determinante de la situación funcional de la demandante), se indica moderada discopatía degenerativa L4-L5 con contacto radicular bilateral, moderada discopatía degenerativa L5-S1 sin evidencia de contacto radicular y moderada artrosis de interapofisarias de predominio L4-L5. En base a esta prueba, y a falta de un informe del médico del COT que evalúe estos hallazgos, debe concluirse que la demandante no presenta limitación funcional para realizar las tareas fundamentales de su profesión ni tampoco una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, por lo que no es tributaria de incapacidad permanente en ningún grado.

En atención a lo expuesto procede desestimar la demanda.

QUINTO.- Según dispone el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Se declara la competencia de esta Sección de lo Social, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan los artículos 2, 6 y 10 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985.

SEGUNDO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social aprobada por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: el expediente administrativo, la documental y la pericial. Estas pruebas han sido valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica y han dado lugar al relato fáctico contenido en la presente resolución.

TERCERO.- La parte demandante, solicita que se declare a la actora afecta de una incapacidad permanente en el grado de total y subsidiariamente en grado de parcial. Las notas características que definen el concepto de incapacidad permanente son: la objetivación de las reducciones anatómicas o funcionales, que exigen la constatación médica ("susceptibles de determinación objetiva", según el artículo 193.1 TRLGSS); el carácter definitivo, es decir, irreversibles, incurables (previsiblemente definitivas en la expresión del citado precepto) y finalmente, que las reducciones sean graves ("que disminuyan o anulen la capacidad laboral", según la norma citada).

En cuanto a la incapacidad permanente total para la profesión habitual tiene tal consideración "la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta". Hay que recordar, una vez más, que la Incapacidad Permanente Total es esencialmente profesional, que ha de conectarse con las tareas propias del afectado, pues no debe olvidarse que la Jurisprudencia viene destacando con reiteración, Sentencias del Tribunal Supremo de 12-6 y 24-7-86, entre otras muchas, el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual del afectado; de tal manera, que unas mismas lesiones o secuelas pueden ser constitutivas o no de grado invalidante en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz, dado que en concreto y con respecto a la Incapacidad Permanente Total, el núm. 4 del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, la refiere a la profesión habitual, debiendo declararse en esta situación contingencial cuando las lesiones o secuelas impidan el desempeño de las tareas propias de la actividad habitual con la profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral exige.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente en grado de parcial, ésta corresponde a la situación en la que, sin alcanzar el grado de total, el trabajador sufre una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin que esté impedido para la realización de las tareas fundamentales de dicha profesión habitual. La jurisprudencia, a la hora de declarar una incapacidad permanente parcial, se bsa en una serie de criterios con los que valorar la influencia de la lesión en la capacidad de trabajo del afectado. En este sentido, entiende que cabe declarar una incapacidad permanente parcial cuando las lesiones sufridas, aun sin implicar una disminución del rendimiento en el trabajo, implican el que la realización de éste requiere de una mayor dificultad o entraña un mayor riesgo o mayor penosidad, aun tratándose de las tareas propias de la profesión habitual; o que acarrean la necesidad de mayor dedicación, o que se realice el trabajo de otro modo.

CUARTO.- En el presente procedimiento del informe del ICAM resulta que la actora presenta el siguiente cuadro residual: espondiloartrosis y discopatía lumbar. Retrolistesis L5 sobre S1 grado 1. Leve repercusión funcional. En base a este cuadro residual, la comisión de evaluación de incapacidades considera que la actora no presenta reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Según el perito de la parte actora la demandante presenta limitación funcional en relación fundamentalmente con la patología de columna vertebral lumbar que le supone una afectación de actividades físicas que le limita para realizar su profesión habitual

Por lo que respecta a la patología del síndrome de túnel carpiano consta intervenido quirúrgicamente sin que conste informe alguno del que se derive que en la actualidad esta patología supone limitación funcional alguna.

De la prueba documental aportada efectivamente existe un informe de julio de 2024 en el que el médico del servicio público de cirugía ortopédica indica que la paciente no se encuentra en disposición de realizar actividad laboral que implique esfuerzo físico por intolerancia al mismo y riesgo significativo de empeoramiento clínico.Según el citado informe se está pendiente de actualizar pruebas de imagen para determinar su situación y valorar posible procedencia de abordaje quirúrgico. De la documentación aportada constan pruebas diagnósticas de imagen efectuadas en agosto de 2024, sin que consten más visitas posteriores por el servicio de traumatología, para efectuar una valoración más adecuada a la luz de las nuevas pruebas diagnósticas que solicitó el médico traumatólogo. No parece razonable que no existan tales visitas, por lo que se desconoce cuál es el estado actual de la demandante. De hecho, lo que si se aporta es una nueva prueba diagnóstica de marzo de 2025 en el que precisamente respecto de la patología lumbar (la patología que a juicio del perito de la actora era determinante de la situación funcional de la demandante), se indica moderada discopatía degenerativa L4-L5 con contacto radicular bilateral, moderada discopatía degenerativa L5-S1 sin evidencia de contacto radicular y moderada artrosis de interapofisarias de predominio L4-L5. En base a esta prueba, y a falta de un informe del médico del COT que evalúe estos hallazgos, debe concluirse que la demandante no presenta limitación funcional para realizar las tareas fundamentales de su profesión ni tampoco una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, por lo que no es tributaria de incapacidad permanente en ningún grado.

En atención a lo expuesto procede desestimar la demanda.

QUINTO.- Según dispone el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Se declara la competencia de esta Sección de lo Social, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan los artículos 2, 6 y 10 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985.

SEGUNDO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social aprobada por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: el expediente administrativo, la documental y la pericial. Estas pruebas han sido valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica y han dado lugar al relato fáctico contenido en la presente resolución.

TERCERO.- La parte demandante, solicita que se declare a la actora afecta de una incapacidad permanente en el grado de total y subsidiariamente en grado de parcial. Las notas características que definen el concepto de incapacidad permanente son: la objetivación de las reducciones anatómicas o funcionales, que exigen la constatación médica ("susceptibles de determinación objetiva", según el artículo 193.1 TRLGSS); el carácter definitivo, es decir, irreversibles, incurables (previsiblemente definitivas en la expresión del citado precepto) y finalmente, que las reducciones sean graves ("que disminuyan o anulen la capacidad laboral", según la norma citada).

En cuanto a la incapacidad permanente total para la profesión habitual tiene tal consideración "la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta". Hay que recordar, una vez más, que la Incapacidad Permanente Total es esencialmente profesional, que ha de conectarse con las tareas propias del afectado, pues no debe olvidarse que la Jurisprudencia viene destacando con reiteración, Sentencias del Tribunal Supremo de 12-6 y 24-7-86, entre otras muchas, el carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación residual del afectado; de tal manera, que unas mismas lesiones o secuelas pueden ser constitutivas o no de grado invalidante en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz, dado que en concreto y con respecto a la Incapacidad Permanente Total, el núm. 4 del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, la refiere a la profesión habitual, debiendo declararse en esta situación contingencial cuando las lesiones o secuelas impidan el desempeño de las tareas propias de la actividad habitual con la profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral exige.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente en grado de parcial, ésta corresponde a la situación en la que, sin alcanzar el grado de total, el trabajador sufre una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin que esté impedido para la realización de las tareas fundamentales de dicha profesión habitual. La jurisprudencia, a la hora de declarar una incapacidad permanente parcial, se bsa en una serie de criterios con los que valorar la influencia de la lesión en la capacidad de trabajo del afectado. En este sentido, entiende que cabe declarar una incapacidad permanente parcial cuando las lesiones sufridas, aun sin implicar una disminución del rendimiento en el trabajo, implican el que la realización de éste requiere de una mayor dificultad o entraña un mayor riesgo o mayor penosidad, aun tratándose de las tareas propias de la profesión habitual; o que acarrean la necesidad de mayor dedicación, o que se realice el trabajo de otro modo.

CUARTO.- En el presente procedimiento del informe del ICAM resulta que la actora presenta el siguiente cuadro residual: espondiloartrosis y discopatía lumbar. Retrolistesis L5 sobre S1 grado 1. Leve repercusión funcional. En base a este cuadro residual, la comisión de evaluación de incapacidades considera que la actora no presenta reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Según el perito de la parte actora la demandante presenta limitación funcional en relación fundamentalmente con la patología de columna vertebral lumbar que le supone una afectación de actividades físicas que le limita para realizar su profesión habitual

Por lo que respecta a la patología del síndrome de túnel carpiano consta intervenido quirúrgicamente sin que conste informe alguno del que se derive que en la actualidad esta patología supone limitación funcional alguna.

De la prueba documental aportada efectivamente existe un informe de julio de 2024 en el que el médico del servicio público de cirugía ortopédica indica que la paciente no se encuentra en disposición de realizar actividad laboral que implique esfuerzo físico por intolerancia al mismo y riesgo significativo de empeoramiento clínico.Según el citado informe se está pendiente de actualizar pruebas de imagen para determinar su situación y valorar posible procedencia de abordaje quirúrgico. De la documentación aportada constan pruebas diagnósticas de imagen efectuadas en agosto de 2024, sin que consten más visitas posteriores por el servicio de traumatología, para efectuar una valoración más adecuada a la luz de las nuevas pruebas diagnósticas que solicitó el médico traumatólogo. No parece razonable que no existan tales visitas, por lo que se desconoce cuál es el estado actual de la demandante. De hecho, lo que si se aporta es una nueva prueba diagnóstica de marzo de 2025 en el que precisamente respecto de la patología lumbar (la patología que a juicio del perito de la actora era determinante de la situación funcional de la demandante), se indica moderada discopatía degenerativa L4-L5 con contacto radicular bilateral, moderada discopatía degenerativa L5-S1 sin evidencia de contacto radicular y moderada artrosis de interapofisarias de predominio L4-L5. En base a esta prueba, y a falta de un informe del médico del COT que evalúe estos hallazgos, debe concluirse que la demandante no presenta limitación funcional para realizar las tareas fundamentales de su profesión ni tampoco una disminución no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para su profesión habitual, por lo que no es tributaria de incapacidad permanente en ningún grado.

En atención a lo expuesto procede desestimar la demanda.

QUINTO.- Según dispone el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,