Sentencia Social 185/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Valladolid, Rec. 705/2023 de 11 de mayo del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la

documental aportada y expediente administrativo, a los efectos prevenidos en el art. 97.2 LRJS.

SEGUNDO.-Se solicitaba por la parte actora en su demanda que se dicte Sentencia declarando no conforme a derecho y nula la Orden de 19 de julio de 2023 de la Consejería de la Presidencia desestimando el recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución del Tribunal Calificador de 11/05/2023, por la que se hacía pública la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso, y se le reconociese y valorase como méritos todos los títulos aportados de CP de Soldadura con electrodo revestido y TIG, CP de Electricidad Industrial, CP de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos de pequeña potencia y Título de Técnico de Auxiliar de FP rama metal mecánica, baremándose correctamente, con 2, 4 o 6 puntos dependiente de los títulos que el Tribunal estimase que cumplían los requisitos de la Orden PRE/886/2021 de 14 de julio, modificándose su valoración definitiva del concurso con los efectos legales que de ello se derivasen, habiéndose impugnado igualmente las posteriores resoluciones recaías en el proceso selectivo, de 25 de agosto, 18 de octubre y 22 de noviembre de 2023, todas ellas de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, aprobando y publicando la relación de aspirantes que habían superado el proceso selectivo y adjudicándose destinos.

En el curso del proceso, el actor aprobó en un posterior proceso selectivo, obteniendo plaza como fijo, en la categoría de auxiliar de carreteras de la Junta de Castilla y León, publicándose en el BOCyL el 15 de mayo de 2025, siéndole adjudicado como destino Guijuelo (Salamanca), exponiendo, no obstante lo anterior, la persistencia de su interés, en la resolución del presente procedimiento, a efectos de que se le pudiera considerar una mayor antigüedad, con la influencia en derechos, como pudiera ser los relativos a la movilidad y acceso a la promoción interna, sin que ello perjudicase a ninguna persona, instando, caso de estimarse la demanda, se le reconociese desde la misma fecha en la que se aprobó la relación de aspirantes del proceso que habían superado el mismo, 25 de agosto de 2023, desde que se les adjudicó destinos el 18 de octubre de 2023, y, en cualquier caso, subsidiariamente, se tendría que reconocer todos sus derechos, a efectos de la movilidad y demás, como fijo, aun manteniendo la plaza ya aprobada, al menos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOCyL que tuvo lugar el 25 de octubre del 2023, o sea el 26 de octubre de 2023, pues desde ese día comenzaba el plazo para la formalización de los contratos y la toma de posesión.

Frente a la anterior pretensión la administración demandada se mostraba conforme en cuanto a los posibles efectos que una estimación total o parcial podría producir, atendidas las circunstancias que se habían producido, el reconocimiento de servicios previos, acumulándose en los servicios previos que tuviera reconocidos el actor como personal laboral fijo en la categoría de auxiliar de carreteras, como consecuencia del siguiente proceso selectivo que se convocó en 2023 en el que resultó aprobado, con puesto de personal laboral fijo en esa categoría profesional, de modo que el objeto del procedimiento, en el supuesto de estimación total o parcial de la demanda, el actor podría tener una antigüedad anterior, mayor de la que tiene efectos de concurso o de promoción interna.

Sin embargo, se opone a la pretensión actora la administración demandada, defendiendo la legalidad y corrección de los actos administrativos y la valoración realizada por el Tribunal Calificador, invocando la discrecionalidad técnica de la Administración y la suficiente motivación de la valoración realizada que se sustentó en los criterios establecidos por el mismo de forma lícita, entendiendo que ninguno de los títulos aportados por el actor cumplía con el requisito de estar directamente relacionado con la competencia funcional de Auxiliar de Carreteras, no siendo, además, títulos académicos reconocidos oficialmente, no cumpliendo este requisito, tratándose de meras acreditaciones laborales, salvo el título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional que, insistía no estaba directamente relacionado con la concreta competencia funcional, por lo que, no procedía su valoración como interesaba el demandante.

TERCERO.-Centrado el objeto del proceso, pese a lo alegado por la parte actora, se considera que procede acoger lo expuesto por la Administración demandada, según lo que a continuación se expone.

La controversia gira en torno a la valoración de los méritos académicos aportados por el demandante para su baremación en la fase de concurso del proceso selectivo convocado por la Orden PRE/886/2021, de 14 de julio.

Debe partirse que es doctrina y jurisprudencia reiterada que los participantes en procesos selectivos están obligados a cumplir con las bases de la convocatoria (Ley del concurso u oposición que vincula a todos) y recae sobre ellos la carga de aportar la documentación en los términos que establezcan dichas bases ya que así resulta conveniente para que el funcionamiento de esos procesos sea igual para todos los participantes y se desarrolle con la normal regularidad que exige el principio constitucional de eficacia administrativa, recordando que el Tribunal Supremo viene declarando de modo reiterado, por todas su sentencia del 27 de febrero de 2023 ( ROJ: STS 646/2023), que, con carácter general, las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas constituyen la norma que rige la selección, son lo que gráficamente se conoce como la "ley del concurso" lo que implica que estemos ante un acto general que impone los criterios de la selección, vinculando tanto a los participantes en el proceso selectivo, como a la Administración autora de la convocatoria. Ambos quedan, por tanto, obligados por el contenido de las bases de la convocatoria, lo que se traduce en que han de ajustar su actuación al tenor de las expresadas bases. Se garantiza, de este modo, la aplicación igual para todos, evitando cualquier lesión a los principios de igualdad, mérito y capacidad ( artículos 23.2 y 103 de la CE).

En este caso, el proceso selectivo fue convocado por Orden PRE/886/2021, de 14 de julio, para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de Auxiliar de Carreteras de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, cuyo Anexo II recoge, en su apartado 2 "fase de concurso", el punto a) 2, referido al "Baremo", la valoración de 2 puntos "por títulos académicos reconocidos oficialmente, de nivel igual o superior al exigido como requisito para el acceso a las pruebas selectivas y relacionados directamente con la competencia funcional a la que se oposita". Asimismo, en la base quinta en lo relativo a la titulación se dispone que se deberá "Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (o con competencia funcional reconocida en Ordenanza laboral o Convenio Colectivo)". Es decir, de lo anterior se desprende que se contempla la posesión de una titulación de nivel igual o superior a la exigida, directamente relacionada, a juicio del órgano de selección, con las plazas a las que se opta.

Se alegó por el actor y justificó como méritos académicos los títulos de CP de Soldadura con electrodo revestido y TIG, CP de Electricidad Industrial, CP de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos de pequeña potencia y Título de Técnico de Auxiliar de FP rama metal mecánica, discutiéndose que los tres primeros títulos, CP de Soldadura con electrodo revestido y TIG, CP de Electricidad Industrial, CP de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos de pequeña potencia, sean títulos académicos reconocidos oficialmente, no habiendo sido objeto de valoración al no ser así considerados, al margen de haberse entendido también no tener relación directa con la competencia funcional de auxiliar de carreteras.

El art. 2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, a cuyo tenor: "1. El certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición, en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo regulado en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.

Un certificado de profesionalidad configura un perfil profesional entendido como conjunto de competencias profesionales identificables en el sistema productivo, y reconocido y valorado en el mercado laboral.

2. Los certificados de profesionalidad tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional, y serán expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas", estableciéndose en el art. 8 las vías para la obtención de los certificados de profesionalidad, a través de la superación de todos los módulos correspondientes al certificado de profesionalidad o mediante la acumulación del módulo de prácticas no laborales y las acreditaciones parciales de los módulos formativos asociados a las unidades de competencia que comprenda el certificado de profesionalidad, bien mediante los procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación que se establezcan en el desarrollo normativo previsto.

De modo que dichos certificados constituyen un documento (no un título oficial), emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (no por el Ministerio de educación), con validez en todo el territorio nacional que acredita a un trabajador en una cualificación profesional u oficio (no la superación de un plan de estudios determinado por el Ministerio de Educación) de entre las incluidas en el Catálogo o Repertorio Nacional de Cualificaciones Profesionales, o lo que es igual, el certificado de profesionalidad, a falta de título oficial, acredita que su poseedor reúne cualificación profesional para el desempeño de una profesión u oficio en el ámbito laboral privado o empresarial, según el Real Decreto mencionado 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, pero no puede encuadrarse como titulación académica oficial, pues solo tiene efectos profesionales no académicos, siendo este el criterio que ha sido aplicado con carácter de generalidad a todos los participantes en el proceso convocado, debiendo concluir que asiste la razón a la administración dado que los certificados de profesionalidad no constituyen un mérito evaluable en el ámbito académico y, por tanto, no son computables en el apartado 2 "fase de concurso", del punto a) 2, referido a la valoración de 2 puntos hasta el máximo de 6, "por títulos académicos reconocidos oficialmente, de nivel igual o superior al exigido como requisito para el acceso a las pruebas selectivas y relacionados directamente con la competencia funcional a la que se oposita", sin que pueda hacerse valer los mismos como se pretende por el demandante.

CUARTO.-No se discute que el cuarto título aportado por el demandante, Técnico Auxiliar de formación Profesional de primer grado (rama metal) sea un título académico reconocido oficialmente, que venía regulado por el Decreto 707/1976, de 5 de marzo, sobre Ordenación de Formación Profesional, girando respecto al mismo el debate en si dicha titulación está o no directamente relacionada con la competencia funcional de Auxiliar de Carreteras y, a este respecto, deben determinarse cuáles son las competencias de un Auxiliar de Carreteras y así, conforme al Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, se dispone que: "Es el trabajador-a que estando en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Grado Básico, ejecutan trabajos físicos y directos de conservación, reparación, construcción y vigilancia en labores de conservación y mantenimiento de las carreteras de la Comunidad, así como de colaboración con el personal del laboratorio de control de Calidad. Deberán conocer a nivel básico las distintas partes de la carretera, materiales empleados en la construcción y reparación de las mismas, operaciones más frecuentes en conservación de carreteras, legislación básica referente al uso y defensa de la carretera, así como los conocimientos generales que del nivel académico exigido puedan deducirse.

Habrá dos especialidades, vigilante de obra y vigilante de explotación, que se adquirirán mediante superación de cursos selectivos de formación. Se accederá a los puestos de la especialidad a través del concurso abierto y permanente.

Vigilantes de Obra:- Son los Auxiliares de Carreteras que, habiendo obtenido la especialidad, ocupan plaza y ejercen la vigilancia de las partes de la obra que se les encomienda, siempre bajo la supervisión de un Técnico Auxiliar o Encargado de Obra.

Vigilantes de Explotación:- Son los Auxiliares de Carreteras que habiendo obtenido la especialidad, ocupan plaza que ejerce la vigilancia continua en orden al uso y defensa de las carreteras, bajo la supervisión de un Técnico Auxiliar o Encargado de Explotación, o bien ocupan plaza que realiza labores de emisión y recogida de información al exterior en relación a la vialidad de la red de carreteras, así como información al público sobre concesiones y autorizaciones bajo la supervisión de un técnico auxiliar o encargado de explotación.

Para el desempeño de los puestos de trabajo asignados a la categoría profesional, así como para el acceso a los mismos, se deberá poseer el permiso de conducir clase B".

En el Real Decreto 1398/2007 de 29 de octubre, se establece el título de Técnico de Mecanizado, fijándose sus enseñanzas mínimas, considerándose equivalente al título de Técnico Auxiliar en Mecánica, rama metal, que se regulaba en el Decreto 707/1976, de 5 de marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional (Decreto aprobado al amparo de la ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa), disponiéndose en el ámbito de Castilla y León, la equivalencia, en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 64/2008, de 28 de agosto, que establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Mecanizado en la Comunidad de Castilla y León.

En cuanto a las competencias adquiridas a través del estudio de dicha formación son las siguientes: ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, programando, operando las máquinas, herramientas y verificando el producto obtenido; determinar procesos de mecanizado partiendo de información técnica; preparar máquinas y sistemas; programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores siguiendo las fases del proceso de mecanizado establecido; operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales para obtención de elementos mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos de fabricación; verificar productos mecanizados; realizar un mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado; aplicar procedimientos de calidad prevención de riesgos laborales y medioambientales. Siendo las salidas profesionales más relevantes y comunes: ajustador operario de máquinas herramientas, pulidor de metales y afilador de herramientas, operador de máquinas para trabajar metales; operador de máquinas herramientas, operador de robots industriales, trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelistas matriceros y asimilados, tornero, fresador y mandrilador.

Atendido lo anterior, se coincide con el criterio del tribunal calificador, debe partirse que la conservación y mantenimiento de carreteras pertenece al ámbito de la ingeniería civil, dentro de las familias de construcción y obra civil, criterio que no puede ser sustituido por el mantenido unilateralmente por la parte actora, no estando así incluido en aquel ámbito el título objeto de análisis, entendiendo que un titulado en Técnico Auxiliar en mecánica, rama Metal posee un perfil claramente orientado al ejercicio de su profesión en industrias transformadoras de metales relacionadas con los subsectores de construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico, electrónico óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial, sin que se constate, atendiendo al contenido de la competencia funcional y la actividad prestacional correspondiente al auxiliar de carreteras, que no exige tener los conocimientos relacionados con las competencias que establece la regulación del título analizado, esté directamente relacionada con las funciones de la categoría a la que aspiraba el actor, con independencia de que pudiera considerarse en cierta medida relacionado con algunos aspectos como los apuntados por la demandante en cuanto a la reposición de señales y barreras de seguridad, acudiendo a lo indicado en el Plan de Empleo del personal de carreteras, aprobado por Decreto 133/1997 de 19 de junio, aportando incluso imágenes relativas a esos trabajos, desde luego se entiende que lo anterior no es algo más que tangencial, no relevante, sin que se estime pueda concluirse que estuviese relacionado directamente con la competencia funcional, siendo esto, concreta y específicamente, lo contemplado y exigido para ser valorado como mérito en el proceso selectivo.

En consecuencia, como se ha dicho, se entiende que el Tribunal Calificador actuó correctamente al no asignar puntuación al título aducido por el demandante, por no guardar relación directa con la plaza a la que se opta, por lo que no puede ser computado tal título como mérito académico en la definición que de los mismos realizan las normas de Convocatoria y, por tanto, el Tribunal Calificador realizó la baremación de méritos atendiendo a estos principios, sin que se cuestiones que este criterio haya sido aplicado por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo de referencia a todos los aspirantes. En definitiva, habiéndose aplicado a todos los aspirante los mismos criterios objetivos establecidos por el Tribunal Calificador, no habiéndose alegado que se haya producido un trato discriminatorio respecto a otros aspirantes, concluyendo que son los criterios generales seguidos por el Tribunal, implica que acceder a la pretensión actora supondría otorgarle un trato de favor, discriminatorio y perjudicial respecto a los demás aspirantes, en cuanto al cómputo de títulos de certificación profesional como títulos académicos oficiales, como respecto a la relación directa con la competencia funcional.

Puede añadirse, además, que es significativo que en proceso posterior de selección para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de Auxiliar de Carreteras de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el que el demandante obtuvo plaza, los requisitos y baremos eran los mismos, obteniendo la misma puntuación 0 el demandante por títulos académicos reconocidos oficialmente, de nivel igual o superior al exigido como requisito para el acceso a las pruebas selectivas y relacionados directamente con la competencia funcional a la que se oposita, de lo que se deduce se siguió idéntico criterio.

Lo expuesto, no debe sino conllevar, en suma, a la desestimación de la demanda al haber actuado el Tribunal Calificador dentro del marco de la legalidad y de la discrecionalidad técnica que deben presidir su proceder, habiendo aplicado debidamente correctamente las bases de la convocatoria, no impugnadas, en la valoración efectuada al demandante en cuanto a los méritos académicos aportados.

QUINTO.-Contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación al amparo del art. 191.2 de la LRJS.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación,