Sentencia Social 130/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 11 de Barcelona, Rec. 580/2024 de 22 de abril del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios que en cada uno de ellos se ha hecho constar.

A tales efectos debo indicar, en relación al hecho cuarto, que he basado las conclusiones tomando el informe del SGAM las últimas visitas por el médico de la mutua en el año 2023, siendo sus conclusiones coincidentes. No se aporta ningún informe desde el año 2023, ni de especialista en traumatología ni seguimiento en clínica del dolor. El documento nº4 no es de especialista ni consta la fecha. Por otro lado, el informe de médico de familia no es suficiente para acreditar déficit funcional ni dificultad para la deambulación. Tampoco lo es su prescripción de andador, pues no hay ningún informe ni prueba objetiva reciente que lo sustente. Por otro lado, el médico de la mutua ya anotó en 2023 que la muleta que llevaba no era necesaria y se le instaba a no llevarla pues perjudicaba en su proceso de recuperación de la estabilidad en rodilla y fuerza. Además, el informe de biomecánica no es realizado por facultativo. Tal informe, de hecho, es valorado por el SGAM y por el médico de la Mutua, y se concluye que el déficit de movilidad en rodilla es leve. Asimismo, el médico menciona que los resultados no son valorables por patrón adaptado, muy lento y poco repetible en las condiciones en que se registró.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado total, y subsidiariamente parcial; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la actora no reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es invalidez permanente la situación del/de la trabajador/a que, después de haber estado sometido/a al tratamiento prescrito y de haber sido dado/a de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194.5 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión y el 194.4 la que no permite la habitual del/de la beneficiario/a.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre un sujeto que no es inhabitual que reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares, lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de grave o de influyentes de alguna manera, dicho sea con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Parcial, la misma viene definida por nuestra legislación vigente como la situación del trabajador que, por enfermedad de accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que no le impiden seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual pero le ocasionan una disminución en su rendimiento superior al 33% del normal en ésta (50% si es autónomo, como es el caso), situación que es indemnizada en cuantía que suele resultar sustanciosa al venir determinada por un equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal y por tanto acercar al importe de dos anualidades del salario del trabajador afectado.

TERCERO.-De la prueba practicada resulta que la situación actual de la parte demandante no implica una abolición de la capacidad de trabajo ni la de desempeñar su profesión habitual. No se ha prpbado déficit actual de fuerza en rodilla derecha, ni limitación a la movilidad de extremidad inferior, la limitación de movilidad de la rodilla en 2023 era leve, por lo que no se ha objetivado limitación para la bipedestación ni deambulación. El dolor que padecía en 2023 no se ha objetivó como limitante en cuanto a la bipedestación mantenida ni deambulación en terreno llano, al no seguir tratamiento ni seguimiento habitual en clínica del dolor. En definitiva, el cuadro que presenta es de consolidación de la fractura reflejada en hechos probados.

Por todo ello, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios que en cada uno de ellos se ha hecho constar.

A tales efectos debo indicar, en relación al hecho cuarto, que he basado las conclusiones tomando el informe del SGAM las últimas visitas por el médico de la mutua en el año 2023, siendo sus conclusiones coincidentes. No se aporta ningún informe desde el año 2023, ni de especialista en traumatología ni seguimiento en clínica del dolor. El documento nº4 no es de especialista ni consta la fecha. Por otro lado, el informe de médico de familia no es suficiente para acreditar déficit funcional ni dificultad para la deambulación. Tampoco lo es su prescripción de andador, pues no hay ningún informe ni prueba objetiva reciente que lo sustente. Por otro lado, el médico de la mutua ya anotó en 2023 que la muleta que llevaba no era necesaria y se le instaba a no llevarla pues perjudicaba en su proceso de recuperación de la estabilidad en rodilla y fuerza. Además, el informe de biomecánica no es realizado por facultativo. Tal informe, de hecho, es valorado por el SGAM y por el médico de la Mutua, y se concluye que el déficit de movilidad en rodilla es leve. Asimismo, el médico menciona que los resultados no son valorables por patrón adaptado, muy lento y poco repetible en las condiciones en que se registró.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado total, y subsidiariamente parcial; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la actora no reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es invalidez permanente la situación del/de la trabajador/a que, después de haber estado sometido/a al tratamiento prescrito y de haber sido dado/a de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194.5 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión y el 194.4 la que no permite la habitual del/de la beneficiario/a.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre un sujeto que no es inhabitual que reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares, lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de grave o de influyentes de alguna manera, dicho sea con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Parcial, la misma viene definida por nuestra legislación vigente como la situación del trabajador que, por enfermedad de accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que no le impiden seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual pero le ocasionan una disminución en su rendimiento superior al 33% del normal en ésta (50% si es autónomo, como es el caso), situación que es indemnizada en cuantía que suele resultar sustanciosa al venir determinada por un equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal y por tanto acercar al importe de dos anualidades del salario del trabajador afectado.

TERCERO.-De la prueba practicada resulta que la situación actual de la parte demandante no implica una abolición de la capacidad de trabajo ni la de desempeñar su profesión habitual. No se ha prpbado déficit actual de fuerza en rodilla derecha, ni limitación a la movilidad de extremidad inferior, la limitación de movilidad de la rodilla en 2023 era leve, por lo que no se ha objetivado limitación para la bipedestación ni deambulación. El dolor que padecía en 2023 no se ha objetivó como limitante en cuanto a la bipedestación mantenida ni deambulación en terreno llano, al no seguir tratamiento ni seguimiento habitual en clínica del dolor. En definitiva, el cuadro que presenta es de consolidación de la fractura reflejada en hechos probados.

Por todo ello, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios que en cada uno de ellos se ha hecho constar.

A tales efectos debo indicar, en relación al hecho cuarto, que he basado las conclusiones tomando el informe del SGAM las últimas visitas por el médico de la mutua en el año 2023, siendo sus conclusiones coincidentes. No se aporta ningún informe desde el año 2023, ni de especialista en traumatología ni seguimiento en clínica del dolor. El documento nº4 no es de especialista ni consta la fecha. Por otro lado, el informe de médico de familia no es suficiente para acreditar déficit funcional ni dificultad para la deambulación. Tampoco lo es su prescripción de andador, pues no hay ningún informe ni prueba objetiva reciente que lo sustente. Por otro lado, el médico de la mutua ya anotó en 2023 que la muleta que llevaba no era necesaria y se le instaba a no llevarla pues perjudicaba en su proceso de recuperación de la estabilidad en rodilla y fuerza. Además, el informe de biomecánica no es realizado por facultativo. Tal informe, de hecho, es valorado por el SGAM y por el médico de la Mutua, y se concluye que el déficit de movilidad en rodilla es leve. Asimismo, el médico menciona que los resultados no son valorables por patrón adaptado, muy lento y poco repetible en las condiciones en que se registró.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado total, y subsidiariamente parcial; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la actora no reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es invalidez permanente la situación del/de la trabajador/a que, después de haber estado sometido/a al tratamiento prescrito y de haber sido dado/a de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194.5 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión y el 194.4 la que no permite la habitual del/de la beneficiario/a.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre un sujeto que no es inhabitual que reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares, lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de grave o de influyentes de alguna manera, dicho sea con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Parcial, la misma viene definida por nuestra legislación vigente como la situación del trabajador que, por enfermedad de accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que no le impiden seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual pero le ocasionan una disminución en su rendimiento superior al 33% del normal en ésta (50% si es autónomo, como es el caso), situación que es indemnizada en cuantía que suele resultar sustanciosa al venir determinada por un equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal y por tanto acercar al importe de dos anualidades del salario del trabajador afectado.

TERCERO.-De la prueba practicada resulta que la situación actual de la parte demandante no implica una abolición de la capacidad de trabajo ni la de desempeñar su profesión habitual. No se ha prpbado déficit actual de fuerza en rodilla derecha, ni limitación a la movilidad de extremidad inferior, la limitación de movilidad de la rodilla en 2023 era leve, por lo que no se ha objetivado limitación para la bipedestación ni deambulación. El dolor que padecía en 2023 no se ha objetivó como limitante en cuanto a la bipedestación mantenida ni deambulación en terreno llano, al no seguir tratamiento ni seguimiento habitual en clínica del dolor. En definitiva, el cuadro que presenta es de consolidación de la fractura reflejada en hechos probados.

Por todo ello, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios que en cada uno de ellos se ha hecho constar.

A tales efectos debo indicar, en relación al hecho cuarto, que he basado las conclusiones tomando el informe del SGAM las últimas visitas por el médico de la mutua en el año 2023, siendo sus conclusiones coincidentes. No se aporta ningún informe desde el año 2023, ni de especialista en traumatología ni seguimiento en clínica del dolor. El documento nº4 no es de especialista ni consta la fecha. Por otro lado, el informe de médico de familia no es suficiente para acreditar déficit funcional ni dificultad para la deambulación. Tampoco lo es su prescripción de andador, pues no hay ningún informe ni prueba objetiva reciente que lo sustente. Por otro lado, el médico de la mutua ya anotó en 2023 que la muleta que llevaba no era necesaria y se le instaba a no llevarla pues perjudicaba en su proceso de recuperación de la estabilidad en rodilla y fuerza. Además, el informe de biomecánica no es realizado por facultativo. Tal informe, de hecho, es valorado por el SGAM y por el médico de la Mutua, y se concluye que el déficit de movilidad en rodilla es leve. Asimismo, el médico menciona que los resultados no son valorables por patrón adaptado, muy lento y poco repetible en las condiciones en que se registró.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado total, y subsidiariamente parcial; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la actora no reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es invalidez permanente la situación del/de la trabajador/a que, después de haber estado sometido/a al tratamiento prescrito y de haber sido dado/a de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194.5 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión y el 194.4 la que no permite la habitual del/de la beneficiario/a.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre un sujeto que no es inhabitual que reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares, lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de grave o de influyentes de alguna manera, dicho sea con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Parcial, la misma viene definida por nuestra legislación vigente como la situación del trabajador que, por enfermedad de accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que no le impiden seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual pero le ocasionan una disminución en su rendimiento superior al 33% del normal en ésta (50% si es autónomo, como es el caso), situación que es indemnizada en cuantía que suele resultar sustanciosa al venir determinada por un equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal y por tanto acercar al importe de dos anualidades del salario del trabajador afectado.

TERCERO.-De la prueba practicada resulta que la situación actual de la parte demandante no implica una abolición de la capacidad de trabajo ni la de desempeñar su profesión habitual. No se ha prpbado déficit actual de fuerza en rodilla derecha, ni limitación a la movilidad de extremidad inferior, la limitación de movilidad de la rodilla en 2023 era leve, por lo que no se ha objetivado limitación para la bipedestación ni deambulación. El dolor que padecía en 2023 no se ha objetivó como limitante en cuanto a la bipedestación mantenida ni deambulación en terreno llano, al no seguir tratamiento ni seguimiento habitual en clínica del dolor. En definitiva, el cuadro que presenta es de consolidación de la fractura reflejada en hechos probados.

Por todo ello, la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.