Sentencia Social 165/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 12 de Barcelona, Rec. 852/2025 de 08 de mayo del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, y en concreto de la documental señalada.

Sin embargo, es preciso señalar, en relación al hecho probado cuarto, lo siguiente:

A) En cuanto a la patología psiquiátrica, aunque en los informes obrantes a las referencias 1.5 y 1.6 se indica que el trastorno es grave, la realidad es que en ninguno de ellos se explica la razón por la que se le da este adjetivo; al contrario, en el obrante a la ref. 1.5, que es de julio de 2025 (el más reciente) se indica como sintomatología de ese momento, malestar, quejas cognitivas y expresamente se dice que no hay ideas pasivas de muerte. Esta situación descriptiva no casa con ese adjetivo de grave y por ello prescindo del mismo. He introducido también el resultado de la exploración psicopatológica realizada por el SGAM por tratarse de un órgano imparcial y principalmente porque en ninguno de los informes emitidos por el servicio psiquiátrico que atiende a la actora se contiene una exploración de este tipo. Igualmente, la existencia de ese episodio autolítico en junio de 2020, en el contexto de la vuelta al trabajo tras el confinamiento, la revela el informe de la ref. 1.11 ejcat.

B) En cuanto a la existencia de la infección por COVID-19, el informe de la ref. 1.17 ejcat ya indica que el cuadro fue leve y el informe que consta a la ref. 1.15 (de junio de 2023) indica que, como secuela relevante, queda un cuadro de deterioro cognitivo leve (por las referencias de la paciente). Aunque en dicho informe se prescribe la realización de un examen neuropsicológico, la realidad es que no se ha aportado el mismo, ni tampoco ningún seguimiento posterior por parte de neurología, de manera que reconozco ese deterioro leve porque así lo hace el informe del SGAM.

C) Y en relación al síndrome de fibromialgia y fatiga crónica, sobre el mismo solo ilustra el informe de la ref. 1.12 (que es de noviembre de 2023); no consta posterior seguimiento, ni la existencia de tratamiento por parte de la clínica del dolor. He introducido el resultado de la exploración física realizada por el SGAM porque en el señalado informe de noviembre de 2023 no se contiene nada al respecto.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado de absoluta y subsidiariamente total; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la parte actor ano reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es incapacidad permanente la situación del/ de la trabajador/a que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión, y por total aquella que no permite la realización de la profesión habitual.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre una persona, siendo habitual que se reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares. Lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de graves o de influyentes de alguna manera con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

TERCERO.-En el presente caso sucede que los padecimientos de la parte actora constatados actualmente no tienen la virtualidad pretendida en la demanda.

En efecto, en cuanto a la patología psiquiátrica, si bien existió un momento puntual de descompensación en junio de 2020 a la vista de ese gesto autolítico de la demandante, tras el tratamiento y seguimiento consta que, actualmente, existe un malestar y unas quejas cognitivas; pero ni está afectado el juicio de al realidad, ni la percepción de las cosas, ni existen alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento, ni hay clínica psicótica ni ninguna descompensación. Esta situación, por más que tenga un impacto en la salud, no lo es en la intensidad suficiente como para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente para el trabajo, en ninguno de sus grados.

En relación al síndrome post Covid-19 o "covid persistente" no existe ninguna afectación pulmonar y no existen pruebas que corroboren afectaciones a nivel físico; la existencia, como secuela, de un deterioro cognitivo leve, respecto al cual no consta seguimiento ni tratamiento, tampoco significa que la capacidad de trabajo haya quedado abolida o ni que impida trabajar como teleoperadora; a lo sumo podría implicar incapacidad para trabajos de elevadísima exigencia intelectual.

Y en cuanto al síndrome de fibromialgia, no constan afectaciones en la movilidad, ni consta seguimiento actual por parte del servicio de reumatología (el último informe aportado tiene más de dos años de antigüedad), ni tampoco por parte de la clínica del dolor, de manera que, pese a existir la dolencia, de la misma no se sigue incapacidad permanente para el trabajo.

Por lo tanto esta situación ni impide el desempeño de su profesión habitual ni el de cualquier profesión u oficio y la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, y en concreto de la documental señalada.

Sin embargo, es preciso señalar, en relación al hecho probado cuarto, lo siguiente:

A) En cuanto a la patología psiquiátrica, aunque en los informes obrantes a las referencias 1.5 y 1.6 se indica que el trastorno es grave, la realidad es que en ninguno de ellos se explica la razón por la que se le da este adjetivo; al contrario, en el obrante a la ref. 1.5, que es de julio de 2025 (el más reciente) se indica como sintomatología de ese momento, malestar, quejas cognitivas y expresamente se dice que no hay ideas pasivas de muerte. Esta situación descriptiva no casa con ese adjetivo de grave y por ello prescindo del mismo. He introducido también el resultado de la exploración psicopatológica realizada por el SGAM por tratarse de un órgano imparcial y principalmente porque en ninguno de los informes emitidos por el servicio psiquiátrico que atiende a la actora se contiene una exploración de este tipo. Igualmente, la existencia de ese episodio autolítico en junio de 2020, en el contexto de la vuelta al trabajo tras el confinamiento, la revela el informe de la ref. 1.11 ejcat.

B) En cuanto a la existencia de la infección por COVID-19, el informe de la ref. 1.17 ejcat ya indica que el cuadro fue leve y el informe que consta a la ref. 1.15 (de junio de 2023) indica que, como secuela relevante, queda un cuadro de deterioro cognitivo leve (por las referencias de la paciente). Aunque en dicho informe se prescribe la realización de un examen neuropsicológico, la realidad es que no se ha aportado el mismo, ni tampoco ningún seguimiento posterior por parte de neurología, de manera que reconozco ese deterioro leve porque así lo hace el informe del SGAM.

C) Y en relación al síndrome de fibromialgia y fatiga crónica, sobre el mismo solo ilustra el informe de la ref. 1.12 (que es de noviembre de 2023); no consta posterior seguimiento, ni la existencia de tratamiento por parte de la clínica del dolor. He introducido el resultado de la exploración física realizada por el SGAM porque en el señalado informe de noviembre de 2023 no se contiene nada al respecto.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado de absoluta y subsidiariamente total; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la parte actor ano reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es incapacidad permanente la situación del/ de la trabajador/a que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión, y por total aquella que no permite la realización de la profesión habitual.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre una persona, siendo habitual que se reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares. Lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de graves o de influyentes de alguna manera con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

TERCERO.-En el presente caso sucede que los padecimientos de la parte actora constatados actualmente no tienen la virtualidad pretendida en la demanda.

En efecto, en cuanto a la patología psiquiátrica, si bien existió un momento puntual de descompensación en junio de 2020 a la vista de ese gesto autolítico de la demandante, tras el tratamiento y seguimiento consta que, actualmente, existe un malestar y unas quejas cognitivas; pero ni está afectado el juicio de al realidad, ni la percepción de las cosas, ni existen alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento, ni hay clínica psicótica ni ninguna descompensación. Esta situación, por más que tenga un impacto en la salud, no lo es en la intensidad suficiente como para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente para el trabajo, en ninguno de sus grados.

En relación al síndrome post Covid-19 o "covid persistente" no existe ninguna afectación pulmonar y no existen pruebas que corroboren afectaciones a nivel físico; la existencia, como secuela, de un deterioro cognitivo leve, respecto al cual no consta seguimiento ni tratamiento, tampoco significa que la capacidad de trabajo haya quedado abolida o ni que impida trabajar como teleoperadora; a lo sumo podría implicar incapacidad para trabajos de elevadísima exigencia intelectual.

Y en cuanto al síndrome de fibromialgia, no constan afectaciones en la movilidad, ni consta seguimiento actual por parte del servicio de reumatología (el último informe aportado tiene más de dos años de antigüedad), ni tampoco por parte de la clínica del dolor, de manera que, pese a existir la dolencia, de la misma no se sigue incapacidad permanente para el trabajo.

Por lo tanto esta situación ni impide el desempeño de su profesión habitual ni el de cualquier profesión u oficio y la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, y en concreto de la documental señalada.

Sin embargo, es preciso señalar, en relación al hecho probado cuarto, lo siguiente:

A) En cuanto a la patología psiquiátrica, aunque en los informes obrantes a las referencias 1.5 y 1.6 se indica que el trastorno es grave, la realidad es que en ninguno de ellos se explica la razón por la que se le da este adjetivo; al contrario, en el obrante a la ref. 1.5, que es de julio de 2025 (el más reciente) se indica como sintomatología de ese momento, malestar, quejas cognitivas y expresamente se dice que no hay ideas pasivas de muerte. Esta situación descriptiva no casa con ese adjetivo de grave y por ello prescindo del mismo. He introducido también el resultado de la exploración psicopatológica realizada por el SGAM por tratarse de un órgano imparcial y principalmente porque en ninguno de los informes emitidos por el servicio psiquiátrico que atiende a la actora se contiene una exploración de este tipo. Igualmente, la existencia de ese episodio autolítico en junio de 2020, en el contexto de la vuelta al trabajo tras el confinamiento, la revela el informe de la ref. 1.11 ejcat.

B) En cuanto a la existencia de la infección por COVID-19, el informe de la ref. 1.17 ejcat ya indica que el cuadro fue leve y el informe que consta a la ref. 1.15 (de junio de 2023) indica que, como secuela relevante, queda un cuadro de deterioro cognitivo leve (por las referencias de la paciente). Aunque en dicho informe se prescribe la realización de un examen neuropsicológico, la realidad es que no se ha aportado el mismo, ni tampoco ningún seguimiento posterior por parte de neurología, de manera que reconozco ese deterioro leve porque así lo hace el informe del SGAM.

C) Y en relación al síndrome de fibromialgia y fatiga crónica, sobre el mismo solo ilustra el informe de la ref. 1.12 (que es de noviembre de 2023); no consta posterior seguimiento, ni la existencia de tratamiento por parte de la clínica del dolor. He introducido el resultado de la exploración física realizada por el SGAM porque en el señalado informe de noviembre de 2023 no se contiene nada al respecto.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado de absoluta y subsidiariamente total; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la parte actor ano reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es incapacidad permanente la situación del/ de la trabajador/a que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión, y por total aquella que no permite la realización de la profesión habitual.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre una persona, siendo habitual que se reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares. Lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de graves o de influyentes de alguna manera con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

TERCERO.-En el presente caso sucede que los padecimientos de la parte actora constatados actualmente no tienen la virtualidad pretendida en la demanda.

En efecto, en cuanto a la patología psiquiátrica, si bien existió un momento puntual de descompensación en junio de 2020 a la vista de ese gesto autolítico de la demandante, tras el tratamiento y seguimiento consta que, actualmente, existe un malestar y unas quejas cognitivas; pero ni está afectado el juicio de al realidad, ni la percepción de las cosas, ni existen alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento, ni hay clínica psicótica ni ninguna descompensación. Esta situación, por más que tenga un impacto en la salud, no lo es en la intensidad suficiente como para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente para el trabajo, en ninguno de sus grados.

En relación al síndrome post Covid-19 o "covid persistente" no existe ninguna afectación pulmonar y no existen pruebas que corroboren afectaciones a nivel físico; la existencia, como secuela, de un deterioro cognitivo leve, respecto al cual no consta seguimiento ni tratamiento, tampoco significa que la capacidad de trabajo haya quedado abolida o ni que impida trabajar como teleoperadora; a lo sumo podría implicar incapacidad para trabajos de elevadísima exigencia intelectual.

Y en cuanto al síndrome de fibromialgia, no constan afectaciones en la movilidad, ni consta seguimiento actual por parte del servicio de reumatología (el último informe aportado tiene más de dos años de antigüedad), ni tampoco por parte de la clínica del dolor, de manera que, pese a existir la dolencia, de la misma no se sigue incapacidad permanente para el trabajo.

Por lo tanto esta situación ni impide el desempeño de su profesión habitual ni el de cualquier profesión u oficio y la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la valoración de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, y en concreto de la documental señalada.

Sin embargo, es preciso señalar, en relación al hecho probado cuarto, lo siguiente:

A) En cuanto a la patología psiquiátrica, aunque en los informes obrantes a las referencias 1.5 y 1.6 se indica que el trastorno es grave, la realidad es que en ninguno de ellos se explica la razón por la que se le da este adjetivo; al contrario, en el obrante a la ref. 1.5, que es de julio de 2025 (el más reciente) se indica como sintomatología de ese momento, malestar, quejas cognitivas y expresamente se dice que no hay ideas pasivas de muerte. Esta situación descriptiva no casa con ese adjetivo de grave y por ello prescindo del mismo. He introducido también el resultado de la exploración psicopatológica realizada por el SGAM por tratarse de un órgano imparcial y principalmente porque en ninguno de los informes emitidos por el servicio psiquiátrico que atiende a la actora se contiene una exploración de este tipo. Igualmente, la existencia de ese episodio autolítico en junio de 2020, en el contexto de la vuelta al trabajo tras el confinamiento, la revela el informe de la ref. 1.11 ejcat.

B) En cuanto a la existencia de la infección por COVID-19, el informe de la ref. 1.17 ejcat ya indica que el cuadro fue leve y el informe que consta a la ref. 1.15 (de junio de 2023) indica que, como secuela relevante, queda un cuadro de deterioro cognitivo leve (por las referencias de la paciente). Aunque en dicho informe se prescribe la realización de un examen neuropsicológico, la realidad es que no se ha aportado el mismo, ni tampoco ningún seguimiento posterior por parte de neurología, de manera que reconozco ese deterioro leve porque así lo hace el informe del SGAM.

C) Y en relación al síndrome de fibromialgia y fatiga crónica, sobre el mismo solo ilustra el informe de la ref. 1.12 (que es de noviembre de 2023); no consta posterior seguimiento, ni la existencia de tratamiento por parte de la clínica del dolor. He introducido el resultado de la exploración física realizada por el SGAM porque en el señalado informe de noviembre de 2023 no se contiene nada al respecto.

SEGUNDO.-La parte actora pretende con su demanda la declaración de incapacidad permanente en grado de en grado de absoluta y subsidiariamente total; pretensión a la que se opone el INSS por considerar que la situación de la parte actor ano reúne el requisito de la incapacidad permanente.

El artículo 193 del R.D.Leg 8/2015 de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido la Ley General de la Seguridad Social dispone que es incapacidad permanente la situación del/ de la trabajador/a que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; añadiendo el artículo 194 que se entenderá por absoluta la que impida el desempeño de cualquier oficio o profesión, y por total aquella que no permite la realización de la profesión habitual.

Además, las reducciones anatómicas o funcionales deben presentarse como incurables o irreparables mereciendo el calificativo de secuelas, lo que no obsta a que tal irrecuperabilidad no pase de ser una seria conjetura, una previsión objetiva, razonada y razonable, pues es obvio que la ciencia médica no es exacta y que actúa, además, sobre una persona, siendo habitual que se reaccione de manera muy distinta incluso ante situaciones patológicas conceptualmente iguales o similares. Lo que determina que, a ese juicio de irreversibilidad o incurabilidad, no se le pueda exigir más que un componente de credibilidad razonable, hasta el punto que las revisiones de las situaciones sanitario-administrativas están contempladas en la ley que admite que tales revisiones lo sean tanto por mejoría como por empeoramiento.

Es exigible, desde el punto de vista legal, que las reducciones anatómicas o funcionales que sufra el/la beneficiario/a tengan la calidad de graves o de influyentes de alguna manera con la capacidad laboral del/de la interesado/a, de manera tal que la relación entre el cuadro patológico que sufre y el componente de tareas que ha de realizar se vea afectada, determinando ello las distintas situaciones que prevé la ley.

TERCERO.-En el presente caso sucede que los padecimientos de la parte actora constatados actualmente no tienen la virtualidad pretendida en la demanda.

En efecto, en cuanto a la patología psiquiátrica, si bien existió un momento puntual de descompensación en junio de 2020 a la vista de ese gesto autolítico de la demandante, tras el tratamiento y seguimiento consta que, actualmente, existe un malestar y unas quejas cognitivas; pero ni está afectado el juicio de al realidad, ni la percepción de las cosas, ni existen alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento, ni hay clínica psicótica ni ninguna descompensación. Esta situación, por más que tenga un impacto en la salud, no lo es en la intensidad suficiente como para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente para el trabajo, en ninguno de sus grados.

En relación al síndrome post Covid-19 o "covid persistente" no existe ninguna afectación pulmonar y no existen pruebas que corroboren afectaciones a nivel físico; la existencia, como secuela, de un deterioro cognitivo leve, respecto al cual no consta seguimiento ni tratamiento, tampoco significa que la capacidad de trabajo haya quedado abolida o ni que impida trabajar como teleoperadora; a lo sumo podría implicar incapacidad para trabajos de elevadísima exigencia intelectual.

Y en cuanto al síndrome de fibromialgia, no constan afectaciones en la movilidad, ni consta seguimiento actual por parte del servicio de reumatología (el último informe aportado tiene más de dos años de antigüedad), ni tampoco por parte de la clínica del dolor, de manera que, pese a existir la dolencia, de la misma no se sigue incapacidad permanente para el trabajo.

Por lo tanto esta situación ni impide el desempeño de su profesión habitual ni el de cualquier profesión u oficio y la demanda debe ser desestimada.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.