Sentencia Social 97/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 14 de Barcelona, Rec. 139/2023 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración del contenido del expediente administrativo y de la documentación aportada por las partes así como las periciales. Los hechos declarados probados se han indicado la fuente de prueba origen de cada uno de ellos de forma particular y detallada, si bien resultan de las diligencias de prueba practicadas en el acto de juicio en su conjunto. Despliega toda su eficacia probatoria la documental obrante en autos, no impugnada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Enjuiciamiento Civil ( LEC en adelante) en sus arts. 319 y 326, tanto para los documentos públicos como para los privados.

SEGUNDO.-La parte actora impugna la resolución del INSS de fecha Resolución de 22.07.2024 por la que se desestima la reclamación previa de interpuesta contra la resolución por la que se declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por la trabajadora Sra. Berta, estableciéndose un recargo del 30% en las prestaciones a cargo de la empresa

TERCERO.-El artículo 164 del RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que: "(...) 1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. 3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no solo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 [ RJ 1990, 3188] , 16-5-1996 [ RJ 1996, 3420] , 16-4-1996 [ RJ 1996, 3421] , 16-4-1996, 19-4-1996, 10-5-1996 [ RJ 1996, 4117] , 24-9-1996, 25-10-1996, 21-3-1997, 25-11-1997, 19-9-1997 [ RJ 1997, 6789] , 11-7-1997, 25-11-1997, 2-12-1997, 9-12-1997 [ RJ 1997, 8864] , 6-3-1998 [ RJ 1998, 2310] y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] , entre otras muchas). Dicho de otro modo, la presunción de certeza «debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia» [ SSTS de 27-5-1997 [ RJ 1997, 4071] , 26-7-1995 [ RJ 1995, 6231] , 23-2-88 [ RJ 1988, 1454] , y en igual sentido STS de 17-6-1987 [ RJ 1987, 4210] ]. Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección [ STS de 17-5-1996 [ RJ 1996, 4480] ].

Por tanto, la presunción de certeza no solo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, del empresario o de sus representantes o terceros. Sirvan de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 10-2-1990 ( RJ 1990, 750) , 25-6-1991, 22-10-1991 ( RJ 1991, 7730) , 6-5-1993 ( RJ 1993, 8738) , 6-7-1997 ( RJ 1997, 4393) , 11-7- 1997 ( RJ 1997, 9607) y 15-3-2000 ( RJ 2000, 3894) .

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 [ RJ 1996, 6890] , 22-10-1996 [ RJ 1996, 7961] , 29 [ RJ 1996, 8705] y 30-11-1996 [ RJ 1996, 8708] ; 21-3-1997 [ RJ 1997, 2282] , 6-5-1997 [ RJ 1997, 4393] y 2-12-1997 [ RJ 1997, 8860] , y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] ), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público [ Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 [ RJ 1989, 3140] ). O dicho de otro modo, en la objetividad de la actuaciones de unos funcionarios a quienes legalmente está encomendada la constatación de los hechos consignados en las actas de infracción y de liquidación, y que por ello requiere para su desvirtuación pruebas indubitadas, incontestables y fehacientes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1990 [ RJ 1990, 8477] y 7 de octubre de 1997 [ RJ 1997, 7042] , entre otras), no bastando cualquier prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 [ RJ 1991, 5056] y 7 de octubre de 1997)".

CUARTO.Similares razonamientos de la sentencia que resuelve la impugnación a la sanción, son aplicables en el presente procedimiento de impugnación del recargo, siempre los hechos probados de la sentencia firme contengan un relato de hechos suficiente para ser aplicados al recargo, hechos probados en una "formulación afirmativa positiva, no dubitativa como la acabada de transcribir, pues esta no impediría, por su propia naturaleza, que en un proceso posterior con aplicación de principios jurídicos distintos y nueva práctica de prueba se pudieran superar las carencias del anterior". ( STSJ de Illes Balears 8 de julio de 2020 nº 226/2020 RSU: 432/2014 Ponente: Sr. Capó Delgado)

Sentencias del Tribunal Constitucional ( TC) 77/1983, de 3 de octubre, 109/2008, de 22 de septiembre, y 139/2009, de 15 de junio, que enseñan que son "pronunciamientos contradictorios", en las resoluciones judiciales emanadas de órdenes jurisdiccionales distintos, aquellos de los que resulte que unos mismos hechos "ocurrieron y no ocurrieron", o que "una misma persona fue su autor y no lo fue", ya que ello "repugna a los más elementales criterios de la razón jurídica, pues vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva" ( STC 109/2008) y es incompatible con el principio de "seguridad jurídica" ( SSTC 77/1983 y 139/2009.)

La declaración de responsabilidad empresarial realizada por el INSS tiene su apoyo en la conducta empresarial que el Acta de Infracción entendió merecedora de sanción, criterio que la sentencia firme dictada por este Juzgado no compartió en el procedimiento de impugnación de Sanción IAA/SS 161/2026.

Por lo tanto, si no concurrió en el accidente del que trae causa el presente procedimiento omisión de la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales, el primero de los presupuestos enunciados en el Fundamento de derecho anterior para apreciar la concurrencia de responsabilidad empresarial susceptible de motivar la imposición de la obligación de pago de un recargo de prestaciones decae.

Resta analizar si del resto de

No hay prueba de que el empleo de nuevos winch, que sólo a requerimiento posterior de la inspección en el 2021 se generalizó lo que sólo estaba para otro tipo de ambulancia más completa (soporte vital avanzado) que la que utilizaba la trabajadora, sea la única medida adecuada para la ejecución del servicio, definido por los pliegos de condiciones,

consiste en trasladar a enfermos o accidentados cuando existe una situación que implica riesgo vital o daño irreparable para la salud de la persona, puede ser prehospitalario, esto es el que se produce desde el lugar de la emergencia hasta el centro hospitalario, o secundario o interhospitalario, cuando el traslado se realiza por prescripción facultativa. Dentro de este tipo de servicio encontramos distintas ambulancias:

- Soporte vital básico -en adelante SVB-.

- Soporte vital avanzado

Siendo el SVB el que ejecutó la trabajadora con una compañera (auxiliar)

Por consiguiente la sentencia no aprecia una relación de causalidad entre el resultado dañoso y la infracción de medidas de seguridad en el trabajo,

no cabe apreciar infracción de medidas de seguridad por parte de la empresa demandante, ya que no puede apreciarse relación de causalidad entre el resultado dañoso producido en el accidente sufrido por el trabajador - pinchazo en la espalda cuando empujaba la camilla por el rail sola por el rail de la ambulancia- y la infracción de medidas de seguridad en el trabajo, pues no ha quedado debidamente acreditada que la causa del accidente estuviese en una falta de medidas de seguridad o en un defecto de/ material proporcionado por la empleadora STS7 Galicia (Social) de 19 de abril de 2016

Tampoco indicó la trabajadora al servicio de prevensión lumbalgias por contingencias comunes previas, no constando acreditado que el trabajador comunicase a la empresa, ni a su servicio de prevención, circunstancia alguna relativa a su estado de salud, y a su limitación para realizar esfuerzos, sin incorporarse en a la empresa porque causó IPT, en el cual se fundamenta la imposición del recargo de prestaciones, ni que la empresa tuviese conocimiento de tal limitación, no puede imputársele responsabilidad alguna por no haberle destinado a otro puesto, que no conllevase la realización de esfuerzos físicos, o no haber evitado tal realización o su acomodación, que en todo caso realizó sin presencia de su auxilio y compañera, incumpliendo el art. 29 LPRL, conforme al cual lo empleados deben seguir las instrucciones de trabajo y seguir las medidas de instrucción, y en este caso se omitió la presencia de dos técnicos, y ante la ausencia de su compañera/auxilio en ese momento por estar en la casa del enfermo, no se solicitó por la trabajadora un refuerzo a la base.

En consecuencia y por todo lo expuesto y razonado procede la estimación de la demanda

QUINTO. En virtud de lo dispuesto en el Art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo