Sentencia Social 145/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Albacete, Rec. 610/2025 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.-Solicita el actor, D. Lucio, que 1º Declare la nulidad del despido efectuado respecto del actor, condenando a la empresa a readmitirlo en su puesto de trabajo, así como al abono de los salarios de tramitación que haya dejado de percibir por este cese, además del abono de la indemnización por daños y perjuicios morales en la cuantía de 25.000€. 2ª Subsidiariamente, que se declare la improcedencia del despido del actor, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración, condenando a la mercantil a estar y pasar por esta declaración, y optar en consecuencia, entre la readmisión del trabajador, con el abono de los salarios de tramitación dejados de percibir desde que el despido tuvo lugar, o por el pago de la indemnización legalmente establecida.

La parte demandada, la empresa Serveo Servicios, S.A. se opone a la demanda, solicitando su desestimación; todo ello con base en las alegaciones que tuvo por convenientes su representación.

El Ministerio Fiscal presentó escrito, no compareciendo al acto del juicio.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados, según preceptúa el art.97.2 de la LJS, resultan de una valoración conjunta de la prueba practicada, concretamente de la documental aportada por las partes, que ha sido concretada en los hechos probados y de la no aportada por la empresa demandada, pese a su requerimiento; así como de las testificales practicadas.

TERCERO.-En primer lugar respecto al salario del demandante señalado en la demanda de 1.921,97€ brutos mensuales con inclusión de pagas extraordinarias, que es discutido por la empresa demandada, que considera que es de 1.780,45€ brutos mensuales con inclusión de pagas extras; hay que acoger el propuesto por representación del actor.

Y ello, porque para su calculo hay que tener en cuenta las bases reguladoras del año anterior al despido, que, en el caso del trabajador, son solo cuatro meses, que es lo que duro la relación laboral entre las partes.

Así según el desglose que hace la parte actora en el hecho primero de su demanda de acuerdo con las nóminas del trabajador (aportadas por la parte demandada, con escrito de fecha 17 de marzo de 2026), en el mes de marzo de 2025, percibió la cantidad de 1.929,15€; en el mes de abril de 2025, la de 1.836,79€; en el mes de mayo de 2025, la de 1.989,15 y en el mes de junio de 2025, la de 1.932,79€, lo que hace un total percibido por el trabajador demandante de 7.687,88€, que dividido en los cuatro meses que prestó servicios, dan como resultado el salario bruto mensual de 1.921,97€, que es el salario regulador, con inclusión de pagas extraordinarias, que hay que tener en cuenta, en caso de estimación de la presente demanda

CUARTO.-Indica el artículo 55.5 ET que "será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador".

La doctrina que venían aplicando nuestros tribunales en materia de incapacidad temporal y despido venía de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, en concreto del denominado Caso Daouidi. En síntesis y, para que la enfermedad se pudiera asimilar a la discapacidad a los efectos de discriminación de trato en las extinciones contractuales, era preciso que la incapacidad temporal revistiera un carácter duradero y se pudiera equiparar a la discriminación en los términos del arti?culo 2.1 de la Directiva 2000/78.

El panorama patrio debe ser objeto de una interpretación bien diversa con la promulgación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

La misma predica en su articulo 26 la nulidad de pleno derecho de los actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado primero del articulo 2 de esta ley(articulo 26).

El artículo 2, al que se remite amplía el régimen de los ámbitos en los que se puede sufrir una discriminación, nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En cuanto a la enfermedad cabe destacar que, en este caso, no se exige ningún tipo de duración. Esto es, la tradicional equiparación a la discapacidad a tenor de la duración deja de tener sentido, pues en si?, la discriminación por enfermedad constituye un motivo de nulidad autónomo.

Y es importante, además, en una construcción muy similar a la inversión de la carga de la prueba en materia de vulneración de derechos fundamentales que el artículo 30 invierte la carga de la prueba, de modo que, si el trabajador aporta indicios de una discriminación, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Trasladados estos presupuestos al caso que nos ocupa cabe afirmar, que concurren indicios de que el despido obedeció a la baja médica del actor, y no a un despido disciplinario, pues, los medios de prueba requeridos (en fase de solicitud de prueba y como diligencia final), que han sido aportados de forma parcial, por la parte demandada, llevan, en primer lugar, a la aplicación del artículo 94.2 de la LRJS.

Antes de entrar a conocer el fondo del asunto objeto de litigio es dable recordar, que, mediante la prueba presentada, las partes intentan acreditar los hechos en los que se fundamentan sus respectivas alegaciones, practicándose las mismas a su instancia. En el proceso laboral han de aplicarse las disposiciones civiles de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( L.E.C.) sobre la prueba (Capítulo V del Título I del Libro II), aunque acomodadas a las especialidades contenidas en la ley rituaria laboral (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), que implica, entre otras cuestiones, que, como regla general, la prueba de las obligaciones corresponde a quien reclama su cumplimiento y su extinción a quien se opone a ellas ( art. 217 L.E.C.) , lo que traducido al ámbito laboral significa que el trabajador -como demandante- debe acreditar la existencia del vínculo contractual laboral y la de las obligaciones que del mismo reclama su cumplimiento, esto es, los hechos constitutivos de su pretensión y el empresario -como demandado- debe acreditar que ha cumplido con las obligaciones que se le reclaman, es decir, los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes.

La inversión de la carga de prueba acontece cuando se altera la distribución de la misma ( art. 217.2 y 3 L.E.C.) , y en el proceso laboral ocurre en la modalidad procesal especial de despido porque la norma así lo dispone (ex art. 105.1 L.R.J.S. ). Siendo también posible que el propio Juez lo acuerde, atendiendo a la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes ( art. 217.6 L.E.C.; y S.T.C. 144/2006, de 8 de mayo; y SS.T.S. de 29 de septiembre de 2.010 [EDJ 2010, 246769], y de 2 de noviembre de 1.990; S.T.S.J. de Navarra de 12 de abril de 2.000 [Rec. Sup. nº 111/00]; S.T.S.J. de Andalucía/Málaga de 10 de noviembre de 2.000 [EDJ 2000, 60876]; y S.T.S.J. de Madrid de 6 de febrero de 2.006 [EDJ 2006, 40624], entre otras); correspondiendo también al propio juzgador la libre valoración de la prueba, con absoluta libertad de criterio sobre los diversos medios de prueba aportados ( SS.T.S. de 22 de enero de 1.991, y de 28 de enero de 1.991; y S.T.S.J. de la Comunidad Valenciana de 25 de octubre de 2.005 [EDJ 2005, 299549]), sin mayores cortapisas a la hora de estimar veraces unos medios probatorios frente a otros, lo que no le exime de la obligación de explicitar en la sentencia ( art. 97.2 L.R.J.S. ) el razonamiento lógico que de las pruebas le conduce a los hechos que estima probados ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero; S.T.S.J. de Cataluña de 27 de diciembre de 1.991 [Rec. Sup. nº 4441/91]; y SS.T.S.J. de la Comunidad Valenciana de 9 de febrero de 1.994, y de 22 de febrero de 1.994); debiéndose entender que la valoración realizada por el juzgador es correcta, salvo que se demuestre que sea arbitraria, irracional, ilógica o absurda ( S.T.S.J. de Cataluña de 15 de julio de 2.005 [EDJ 2005, 322652]).

CUARTO.-Aplicando dicha doctrina general al concreto supuesto de autos, un primer elemento procesal que desvela la íntima intencionalidad patronal y determina el sentido de la solución judicial requerida es el que desvela que, en atención a la petición formulada por la parte actora en su escrito de demanda, que se requiriese a la empresa demandada la aportación del historial de WhatsApp entre el teléfono de empresa NUM002 (que usaba el actor) y el teléfono NUM003 (que usa Sª María Purificación, trabajadora de la empresa), prueba que fue admitida mediante providencia de 22 de septiembre de 2025, que debía aportar con quince días de antelación al juicio.

La parte demandada aportó parte de la prueba requerida, el día 18 de marzo de 2026, nueve días antes de la celebración al juicio, lo que ya es motivo para tenerla por no aportad. Y dicha aportación lo fue de manera parcial, al no haber aportado el historial de chat competo (mensajes y archivos multimedia) aportando únicamente un documento de texto, es decir el texto de los mensajes, omitiendo las imágenes y audios que se enviaban ambos trabajadores.

Tal circunstancia dio lugar a que la representación del actor en el acto de la vista, solicitase como diligencia final que se aportase el historial de WhatsApp integro, no solamente los mensajes de texto, sino también los archivos multimedia adjuntos; lo que fue acordado como diligencia final, la aportación completa del chat, desde el día 30 de junio en adelante.

La empresa demandada, el día 7 de abril de 2026, aporta lo que considera es todo lo solicitado por la parte actora. Pero, la demandada no aporta el chat completo requerido por el demandante, todos los archivos multimedia. Aporta únicamente imágenes que se mandaban el actor y Dª María Purificación, pero no todas ellas. Y que no están todas las imágenes, lo mantiene el actor, porque comunicó a la parte demandada, que había tenido un accidente el mismo día que se produjo y las circunstancias en que había tenido lugar. Y concretamente a Dª María Purificación, le remitió al móvil de empresa desde su móvil de empresa, fotos del informe de su asistencia (documento nº 6 de la prueba de la parte demandada) al centro asistencial de la Mutua, el 3 de julio de 2025, donde constaba que el trabajador debía guardar reposo relativo y había rechazado la baja laboral que le había ofrecido la Mutua, así como el justificante de visita a la Mutua de esa misma fecha. Siendo, por tanto, la empresa plenamente conocedora de que estaba esperando los resultados de una resonancia magnética (porque así se indicaba en el informe de la Mutua) y que sus lesiones podían ser motivadoras de una incapacidad temporal, derivada del accidente de trabajo sufrido; imagen ésta que la empresa ha omitido deliberadamente remitir al procedimiento.

Que no se ha remitido, ese documento fundamental se desprende claramente del documento nº 4 de la parte demandada, que solo contiene el documento de texto, en el que se puede ver que todos los archivos multimedia figuran como omitidos "Multimedia omitido", lo que no permite saber a la parte actora cual es el archivo multimedia que envió el trabajador a la Sra. María Purificación, el día 3 de julio de 2025, a las 13:43 horas.

Se aporta por la empresa una carpeta únicamente con imágenes, de lo que se deduce, que, tras extraer el chat de WhatsApp, la parte demandada ha buscado entre todos los archivos multimedia y ha copiado y pegado en otra carpeta creada al efecto, exclusivamente las imágenes desde el día 12 de mayo de 2025, con lo que la parte demandada pretende dificultar el análisis, ocultando así la prueba fundamental que es el parte que envió el trabajador a la empresa.

A modo de ejemplo señalar que el día 4 de julio de 2025, el actor y la Sra. María Purificación se enviaron quince archivos multimedia en total, pero en la carpeta aportada por la parte demandada, solo aparecen siete archivos multimedida de esa fecha, extrayéndose la fecha del propio nombre del archivo, donde aparece el día, el mes y el año: IMG-20250704-WA. Siendo así, se desconoce qué contenían los otros archivos no remitidos, por lo que no puede saberse, al no haberlos remitido la parte demandada.

Y del documento nº 4 y siguientes de la parte demandada, se puede comprobar que en el chat de WhatsApp del día 3 de julio de 2025, el actor remitió dos archivos multimedia (que no se han aportado), que eran los que mantiene que remitió a la empresa, el justificante de visita y otra imagen), lo que desacredita la declaración testifical de Dª María Purificación, que en el acto del juicio manifestó que el actor solo le había envidado el justificante de visita, pero no el informe médico emitido por esa visita.

De las imágenes aportadas por la parte demandada evacuando el requerimiento efectuado por diligencia final, extraídas del chat de WhatsApp entre el actor y la Sra. María Purificación, existe un archivo IMG-20250703-WA0025, cuyo nombre revela que se envió el 3 de julio de 2025, que es una foto del informe de la Mutua de ese mismo día en la que se lee: "Plan reposo relativo. Frío local en la rodilla 15 min 3 veces al día (...) Indico RMN rodilla. Rechaza la baja laboral por el momento".Y este archivo multimedia de dicha fecha es el único que obra en la carpeta presentada por la representación de la empresa, siendo que ninguna de las imágenes contiene el justificante de asistencia a la Mutua del actor que envió a Dª María Purificación, como así manifestó ésta en la vista. Si como dice la testigo, el actor, le mandó el justificante de asistencia, por qué el mismo no se encuentra en las imágenes de WhatsApp que se han remitido por la empresa tras acordar la diligencia final y si aparezca el informe médico que sí le remitió el trabajador.

En el referido documento nº 4 del ramo de prueba de la parte demandada, figuran dos archivos multimedia enviados el día 3 de julio de 2025, pero, en la carpeta que se ha presentado por la empresa como diligencia final solo hay una imagen de dicha fecha, faltando, por tanto, otra foto que se desconoce lo que contiene, por no haberse incluido en la carpeta de imágenes.

Todas estas circunstancias vienen a acreditar que la parte demandada no ha aportado toda la prueba requerida, de forma deliberada, remitiendo los archivos multimedia del chat de WhatsApp entre el actor y Dª María Purificación, con el objeto de borrar la foto del informe de asistencia a la Mutua de fecha 3 de julio de 2025 y aportar únicamente la foto del justificante de asistencia, siendo que por error ha hecho justo lo contrario, han borrado la imagen del parte de asistencia (que Dª María Purificación sí reconoció le mandó el actor) y han dejado y aportado la foto del informe de la Mutua, en el que se habla de la baja médica del Sr. Lucio.

Por tanto, se tiene por probadas todas las alegaciones realizadas por la parte actora, en relación con los medios de prueba solicitados, con base en el artículo 94.2 LRJS, dado que la empresa ha incumplido el requerimiento de aportación completa de la prueba requerida, realizado por este órgano judicial en dos ocasiones, pues en primer lugar solo se envió el documento de texto y en segundo lugar se remitieron las imágenes, pero no el historial de chat integro, faltando archivos multimedia que deberían estar y no están.

QUINTO.-Entrando en el fondo del asunto, con el material probatorio obrante en las actuaciones, ha quedado probado que la empresa Serveo Servicios S.A., sabía que el hecho de que el actor iniciase proceso de IT, era inminente, pues si no la inició el día 3 de julio de 2025, fue porque el propio trabajador rechazó la recomendación que le había hecho la Mutua.

De las imágenes presentadas por la parte demandada, que se extraen del chat de WhatsApp entre el Sr. Lucio y la testigo Sra. María Purificación, encontramos el archivo IMG-20250703-WA0025 (que fue enviado el día 3 de julio de 2025), una foto del informe de la Mutua de ese día, en la que se lee: "Plan: reposo relativo. Frío local en la rodilla 15 min 3 veces al día (...) Indico: RMN rodilla. Rechaza baja laboral".

Era Dª María Purificación la que mantenía contacto diario con el actor, tal y como manifestó en el juicio y actuaba como enlace entre éste y sus superiores (D. Indalecio y D. Cesar), a los que les transmitía la información más relevante, siendo, por tanto, que, si les transmitía la información relevante, también les transmitía la información respecto al estado de salud del demandante, por ser esta relevante.

Tras el envió por el trabajador a Dª María Purificación del informe de la Mutua, el jueves día 3 de julio de 2025, ella lo envió a sus superiores, que al ver que el actor rechazaba la baja laboral por el momento, tomaron la decisión de poner fin a la relación laboral, pues dicha baja se iba a producir de forma inminente, dado que si la situación del trabajador empeoraba, o la resonancia magnética que se le iba a practicar, revelaba una lesión importante, el Sr. Lucio iniciaría un proceso de IT, que ya se le había ofrecido por la Mutua el día 3 de julio de 2025; siendo por ello que la empresa lo despide antes de que le dieran la baja, el día 7 de julio de 2025, al ser conscientes que la baja laboral se iba a producir.

Pese a que D. Lucio remitió el informe médico a la testigo, Dª María Purificación, ésta manifestó en la vista que no se lo remitió, pero las pruebas documentales han acreditado que si se lo remitió y que la empresa queria ocultar esa información.

Por otro lado, respecto a las faltas que se imputan a D. Lucio en la carta de despido, no han quedado probadas. Los testigos que deponen en el acto del juicio manifestaron, que la empresa Serveo Servicios dispone de un software que registraba las tareas del actor, si las cumplimentaba o no y en qué fecha, así como si los clientes quedaban o no conformes. El testigo D. Indalecio, superior del demandante manifestó en la vista que habían tenido problemas con la empresa auditora por la labor llevada a cabo por el actor. D. Cesar, también superior del demandante dijo que solo se habían auditado dos de los cuatro centros que llevaba el demandante y que no se habían impuesto sanciones a éste; la Sra. María Purificación señaló que no había dado tiempo a realizar auditoria alguna; manifestaciones estas que denotan contradicciones en los testigos, que no se ponen de acuerdo respecto al cumplimiento de las tareas por actor y la auditoria.

La voluntad empresarial con la carta de despido es la de cortar de raíz las supuestas quejas sobre el actor, pero ni una sola prueba objetiva existe de tales imputaciones efectuadas en la carta de despido, todas ellas de carácter genérico y sin la imprescindible concreción para que el trabajador pudiera defenderse de las mismas, desconociendo datos esenciales como las fechas concretas que tuvieron lugar los hechos, qué clientes han formulado las quejas; requisitos que impiden tomar en consideración tales hechos como fundamento válido de la decisión extintiva.

Por tanto, no habiéndose aportado el historial del chat de WhatsApp entre el teléfono del actor y el teléfono del D. Indalecio y la falta de prueba objetiva acreditativa de las supuestas quejas sobre la forma de trabajar del demandante, que no se concretan, (no se ha traído a ningún cliente de los que la empresa alega se quejaban del actor), que debieron registrarse si se hubieran cometido en el software de la empresa y sin que consta ninguna sanción o amonestación al trabajador, cabe considerar que el despido del Sr. Lucio, obedeció realmente, al proceso de IT que la Mutua le ofreció por el accidente de trabajo sufrido, que fue rechazado por el actor, a la espera de los resultados de la resonancia magnética que se le iba a practicar, que finalmente confirmó que con las lesiones padecidas no podría prestar servicios, continuando el actor actualmente en situación de baja médica; circunstancias que la empresa conoció y ante la predecible baja médica que se iba a producir, procedió a despedirlo.

El trabajador demandante ha aportado indicios razonables de que su despido fue ocasionado por su baja médica, lo que viene a acreditar la vulneración de derechos fundamentales denunciada por la parte actora; no habiendo probado la parte demandada por pruebas objetivas aptas, que el trabajador cometiera las faltas que se le imputan en la carta de despido, que son imprecisas y no pueden considerarse ciertas.

SEXTO.-Además, el articulo 27 de la citada ley, 15/2022, de 12 de julio, exige una indemnización[que restituya] a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible. Acreditada la discriminación se presumirá la existencia de año moral.

En el caso de un despido, la restitución se cumple con la readmisión, pero, aun cuando no se haya reclamado nada al respecto, se presume un daño moral que debe ser también indemnizado, daño moral que reclama la parte actora en cuantía de 25.000 € y que puede ser apreciada de oficio, aunque la parte actora no la hubiera solicitado. Como de discriminación estamos hablando y la discriminación vulnera un derecho fundamental como es recogido en el articulo 14 de la Constitución, resulta aplicable el articulo 183 de la Ley Reguladora del a Jurisdicción Social: Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

Así pues, cabe concluir que, para la restauración del orden, se debe establecer una indemnización, que debe cuantificarse en la cuantía de 3.000 €, que se considera adecuada y proporcionada, teniendo en cuenta el tiempo que llevaba en la empresa; sin que sea procedente la de 25.000 €, que solicita la parte actora en la demanda, que se considera excesiva y de la que no ofrece en la demanda, las bases para su cálculo. La empresa demandada actuó de una forma contraria a la protección que en nuestro ordenamiento se brinda a los trabajadores por los períodos de incapacidad temporal, convirtiendo a la persona trabajadora en una mera mercancía a disposición del empresario.

Por todo ello, el despido del actor, Sr. Lucio ha de calificarse como nulo y sin efectos al ser calificado el citado despido como vulnerador de su derecho fundamental a la igualdad de trato y a la no discriminación ( artículo 14 CE), de tal manera que aportados por el trabajador indicios suficientes de la concurrencia de tales circunstancias, correspondía al empleador probar que el móvil de dichas medidas no era atentatorio de los mencionados derechos fundamentales; y si tal prueba fracasa, como acontece en el supuesto de autos, la medida o decisión empresarial ha de considerarse como radicalmente nula ( Sentencias del Tribunal Constitucional 7/1993, de 18 de enero; 14/1993, de 18 de enero; 54/1995, de 24 de febrero; 196/2000, de 24 de julio; 187/2004, de 2 de noviembre; 38/2005, de 28 de febrero; y 144/2005, de 6 de junio).

En consecuencia, procede la estimación de la petición de nulidad del despido, formulada por el demandante, declarando nulo y sin efecto el despido por causas disciplinarias, que se le imputaba; con las consecuencias que a este respecto se expondrán en la parte dispositiva de esta resolución judicial, con la obligación de la empresa de reincorporación del demandante en las mismas condiciones que tenía; y con el abono de los salarios dejados de percibir a razón de 1.921,97 euros brutos mensuales, con inclusión de la parte proporcional de pagas extraordinarias, que es el salario regulador que hay que tener en cuenta.

SÉPTIMO.-El Fondo de Garantía Salarial responderá de las consecuencias económicas previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre dentro de los límites establecidos en el mencionado precepto.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,