Sentencia Social 188/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Albacete, Rec. 900/2025 de 04 de junio del 2026

PRIMERO.-De conformidad con los principios probatorios contenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil - LEC- (artículo 217) y doctrina legal que los interpreta y aplica, se impone al actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, mientras que al demandado le compete probar los hechos impeditivos o extintivos de la misma, según las normas jurídicas a ellos aplicables. Dicha carga de la prueba se flexibiliza en atención a las reglas de facilidad y disponibilidad probatoria. De este modo, cuando alguna de las partes obstaculiza la práctica de la prueba o no coopera de buena fe, teniendo acceso a los medios de prueba, se traslada el onus probandi al litigante que tiene más facilidad para su práctica, cuando la carga recae sobre la parte que no posee los datos para obtener su derecho. El onus probandi o carga de la prueba tiene como alcance el de señalar las consecuencias de la falta de prueba.

En la acción por despido la carga de la prueba se distribuye entre el trabajador y el empresario, correspondiendo al trabajador acreditar la existencia de la relación laboral, con sus elementos integradores, antigüedad, categoría y salario, el hecho del despido, la fecha del despido y la de producción de efectos del mismo, debiendo la empresa probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo ( artículo 105.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social - LRJS-) o los hechos en los que funda dicho despido. Los hechos probados han sido extraídos de la documental aportada y testifical practicada valorada en su fuerza probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, como prevé el artículo 376 de la arriba mencionada Ley procesal, así como en la falta de discordancia entre los litigantes presentes sobre los diferentes extremos, según se ha detallado en cada hecho probado.

SEGUNDO.-En cuanto al marco legal aplicable, prevé la norma del artículo 108.1 de la LRJS: "En el fallo de la sentencia, el juez calificará el despido como procedente, improcedente o nulo. Será calificado como procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicación. En caso contrario, o en el supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma establecidos en el número 1 del artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , será calificado como improcedente".

Por lo demás, el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores exige que el despido disciplinario sea notificado por escrito, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

En nuestro caso, una lectura de la comunicación escrita permite comprobar que no ha existido incumplimiento de los requisitos formales legalmente exigidos del despido disciplinario: notificación por escrito al trabajador, expresión de la fecha de efectos y descripción suficiente de los hechos imputados. La carta identifica con claridad bastante el núcleo de la imputación disciplinaria: caída de cisterna por falta de comprobación de enganche el día 12-09-2025; existencia de otro episodio semejante el día 25-08-2025; reiteración de incidencias en el uso de Transics/APP; incumplimiento de instrucciones sobre estacionamiento en zonas vigiladas; advertencias y formaciones previas; y reproche de desobediencia, negligencia profesional y transgresión de la buena fe contractual.

No nos encontramos ante una carta genérica o vacía de contenido, sino ante una comunicación que permite al trabajador conocer los hechos relevantes que se le atribuyen y articular defensa frente a ellos. La parte actora, de hecho, pudo impugnar tanto la realidad de los hechos como su proporcionalidad y la supuesta existencia de móvil discriminatorio. Por ello, la pretensión subsidiaria de improcedencia no puede prosperar por razón formal.

TERCERO.-Sobre vulneración de derechos fundamentales.

La jurisprudencia ha abordado la necesidad de prueba de indicios de vulneración de derecho fundamentales para que opere el artículo 96.1 de la LRJS, que dice: "1. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". Sobre prueba de indicios de vulneración de derechos fundamentales, proclama la STSJ Andalucía sede Málaga de 12 de junio de 2014 rec 720/2014: "Asimismo, reiterada doctrina del Tribunal Constitucional ha declarado que cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental. Ahora bien, para que juegue en el citado sentido la carga probatoria,el trabajador ha de aportar unos indicios razonablesde que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales. Es decir, no es suficiente para el trabajador la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que el demandante debe aportar además un indicio razonable de que la violación del derecho fundamental se ha producido, de tal manera que únicamente cuando se hayan aportado estos indicios se producirá la denominada inversión de la carga de la prueba, correspondiendo entonces al demandado probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión empresarial, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios aportados por el demandante ( sentencias del Tribunal Constitucional 38/1981, 266/1993, 74/1998 y 90/1997, entre otras muchas)".

En el presente caso, la demanda interesa la declaración de nulidad del despido por entender que la decisión empresarial vulnera el principio de igualdad y no discriminación por condición de salud, al sostener el actor que el despido se produjo el mismo día en que comunicó a la empresa su situación médica vinculada a una operación quirúrgica derivada de lesión previa.

Ello no significa, sin embargo, que la mera alegación de la lesión constitucional o la simple proximidad temporal entre una situación de incapacidad temporal y una decisión extintiva determinen automáticamente la inversión de la carga probatoria. Es preciso que la parte trabajadora aporte un panorama indiciario suficiente, esto es, hechos de los que pueda deducirse razonablemente la posibilidad de que la decisión empresarial haya estado motivada por el factor prohibido invocado. Sólo entonces corresponde a la empresa acreditar la existencia de una razón real, seria y suficiente, ajena a todo móvil constitucionalmente ilícito.

En el presente caso, la prueba practicada no permite construir un panorama indiciario bastante de vulneración de derechos fundamentales. La parte actora funda esencialmente la nulidad en la coincidencia temporal entre la comunicación de su situación médica y la entrega de la carta de despido. Sin embargo, dicha coincidencia temporal queda debilitada por la existencia de una secuencia disciplinaria anterior, en ningún momento cuestionada: el accidente de la cisterna de 25-08-2025, las órdenes de reparación derivadas de aquél, la incidencia de 12-09-2025, la apertura del expediente disciplinario ese mismo día, el correo interno en que se recoge que el propio actor no comprobó el enganche ni el cierre de la quinta rueda y el historial de incidencias previas en materia de Transics/APP y estacionamiento.

Es decir, la decisión extintiva no aparece desconectada de hechos disciplinarios previos ni surge por primera vez tras la comunicación de la situación médica alegada por el actor. Antes al contrario, la documentación aportada por la empresa evidencia que la investigación disciplinaria y el reproche empresarial tenían origen en hechos anteriores al día 24-09-2025 y vinculados a la concreta prestación de servicios del actor como conductor de camión/ cisterna.

Además, el propio actor reconoció en juicio extremos de singular relevancia para descartar la alegación de discriminación: que había recibido formación por la empresa en materia de seguridad laboral; que fue advertido porque no aparcaba en las zonas indicadas; que tenía acceso a la aplicación en la que se le comunicaban incidencias; y que reconocía el escenario fotográfico del camión siniestrado. También manifestó que hasta la fecha le venía abonando la mutua el subsidio correspondiente a la incapacidad temporal en que se encontraba, pero de tal circunstancia no se desprende, por sí sola, un móvil discriminatorio en la decisión empresarial.

Por su parte, la declaración testifical de D.ª Amparo, de la Sección de Recursos Humanos de la empresa demandada, fue coherente para sustentar la postura empresarial. La testigo expuso que ella misma instruyó el expediente disciplinario referido al actor que precedió al despido y dejó claro que el problema no era un déficit formativo del trabajador, sino el incumplimiento por éste de las instrucciones impartidas y de las funciones encomendadas.

No concurren, por tanto, indicios bastantes de vulneración de derechos fundamentales ni de discriminación por enfermedad, condición de salud, incapacidad temporal o situación asimilable. Y, aun cuando se considerara mínimamente activada la regla de distribución de la carga probatoria, la entidad demandada ha acreditado una razón real, seria y suficiente, ajena a todo móvil constitucionalmente ilícito, para acordar el despido disciplinario: la reiteración de incumplimientos, la desobediencia a instrucciones empresariales, la falta de diligencia en maniobras esenciales de seguridad y la producción de daños materiales relevantes en vehículos/ cisternas.

La acción principal de nulidad, con arreglo a lo expuesto, debe ser desestimada.

CUARTO.-Sobre la declaración de improcedencia del despido.

En fecha 24-09-2025 la empresa comunicó al actor carta de despido disciplinario con efectos de ese mismo día. En dicha comunicación se imputaba al actor, en síntesis, haber provocado la caída de una cisterna el 12-09-2025 por no comprobar su correcto enganche; haber dado lugar a una segunda incidencia semejante en menos de un mes, tras la caída de cisterna de 25-08-2025; haber acumulado incidencias relacionadas con el uso inadecuado u omisión de Transics pese a haber recibido formación específica; haber estacionado el vehículo de empresa en zonas no autorizadas ni vigiladas pese a haber sido advertido; y haber mantenido una conducta persistente de desobediencia, falta de diligencia y falta de profesionalidad pese a las advertencias y formaciones recibidas. La decisión disciplinaria se ampara en los artículos 54.2 b) y e) del Estatuto de los Trabajadores, relativos, respectivamente, a la indisciplina o desobediencia en el trabajo y a la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

En nuestro caso, los hechos imputados, cuya realidad no ha sido válidamente contrariada o cuestionada por el trabajador despedido, no pueden ser reducidos a meros descuidos irrelevantes, a incidencias menores sobre la organización del trabajo. El actor prestaba servicios como conductor de camiones/cisternas, actividad en la que la comprobación del correcto enganche, la diligencia en las maniobras, el cumplimiento de las instrucciones de seguridad y la atención a las comunicaciones operativas resultan esenciales para la seguridad, la conservación de los bienes de la empresa y la regularidad del servicio.

La caída de una cisterna en fecha 12-09-2025 por no comprobar el correcto enganche ni el cierre de la quinta rueda reviste la gravedad que enfatiza la entidad demandada. Y dicha gravedad se incrementa al no tratarse de un episodio aislado, sino de una segunda incidencia sustancialmente semejante en menos de un mes, tras la caída de cisterna de 25-08-2025. A ello se añade la existencia de advertencias y formación previas, incidencias comunicadas por la aplicación, problemas reiterados con Transics/APP y avisos por estacionamiento del vehículo en zonas no autorizadas o no vigiladas.

La conducta resulta especialmente reprochable porque no se vincula a una carencia formativa acreditada. El actor había recibido formación y, además, reconoció en juicio haber sido formado en materia de seguridad laboral. La testigo D.ª Amparo, que instruyó el expediente disciplinario, puso de manifiesto precisamente que no existía un déficit de formación, sino un incumplimiento de instrucciones y funciones. Esa explicación se ve corroborada por la documental obrante en autos y por el propio reconocimiento del actor sobre la recepción de avisos, acceso a la aplicación de incidencias y reconocimiento del escenario del siniestro.

Valorados conjuntamente los hechos acreditados, la conducta del actor evidencia una quiebra grave de la diligencia exigible y de la confianza empresarial, con impacto directo en la seguridad de la operativa y en los bienes de la compañía. En un puesto de conductor de camión/cisterna, la omisión de comprobaciones elementales antes del desplazamiento no puede considerarse un incumplimiento leve, especialmente cuando se repite después de previas advertencias y genera daños materiales relevantes.

Por ello, la empresa ha acreditado la realidad y gravedad suficiente de los incumplimientos imputados en la carta de despido. La sanción de despido resulta proporcionada a la conducta acreditada, sin que proceda degradarla a una mera amonestación o sanción inferior, precisamente por la reiteración de los incumplimientos, la previa formación, las advertencias existentes y el riesgo que tales conductas implicaban para la seguridad, la operativa y los bienes empresariales.

En consecuencia, tampoco cabe acoger la pretensión subsidiaria de improcedencia, procediendo declarar la procedencia del despido disciplinario comunicado al actor con efectos de 24-09-2025. Todo ello tendrá reflejo en el Fallo.

QUINTO.-En materia de costas, atendido que la sentencia que ahora se dicta no coincide esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación, ni se aprecia en las partes la mala fe o temeridad que exige el artículo 97.3 de nuestra LRJS, que remite al artículo 66.3 de la misma, para sustentar su imposición, no se efectuará pronunciamiento expreso.

SEXTO.-En virtud de lo establecido en el artículo 191.3 a) de la LRJS, contra la presente sentencia se podrá interponer recurso de suplicación en los términos que más abajo se indican.

VISTOS los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

Fallo