Sentencia Social 122/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Gijón, Rec. 678/2025 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.-Impugna la empresaria la Resolución de la Dirección Provincial de I.T.S.S. en Asturias de 9 de mayo de 2025, confirmada en Recurso de Alzada por la de 31 de julio de 2025, en la que, acogiendo la propuesta de sanción, se le impone una sanción de 7501 euros y la responsabilidad solidaria de la empresaria de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador por la comisión de una infracción muy grave derivada de los hechos constatados en la citada Acta de Infracción, de conformidad con el art. 23.1-c) de la LISOS 5/2000, consistente en "Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones", al haber contratado como trabajador a su hermano D. Abelardo durante el tiempo necesario para que éste pudiera tener acceso al subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

Alega la existencia de motivos de fondo atinentes a que el contrato de trabajo fue real, durante el mismo realizó una prestación personal, voluntaria, retribuida, por cuenta y bajo la dependencia de la empresa, incardinada en su ámbito organizativo y empresarial, lo que no niega el acta, por lo que no existe fraude alguno. Sostiene que acudió diariamente a su puesto de trabajo, en el horario acordado, y realizó la labor para la que fue contratado, en concreto, el control del almacén para realizar el inventario y ayuda a la empresaria autónoma para el resto de las labores propias de su labor empresarial, como la limpieza del local, de sus escaparates, ayuda en el empaquetado en época de mayor asistencia como en el periodo navideño, etc.

SEGUNDO.-Entrando en el análisis de la cuestión de fondo, la resolución del pleito depende de la valoración de la presunción de certeza de la que gozan las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Efectivamente, la jurisprudencia es unánime al señalar que existe una presunción de certeza que alcanza a los hechos contenidos en las Actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ( STSJ del País Vasco de 16 mayo 2006, STSJ de Málaga, Andalucía, de 24 octubre de 2002), al hallarnos ante un procedimiento especial «de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales» «ex» artículo 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, instado por la empresa al amparo de lo dispuesto en dicho precepto, en el que entre otras y por lo que a las reglas del «onus probandi» se refiere, rigen unas reglas especiales, en virtud de lo dispuesto el segundo párrafo del apartado 8, conforme al cual "Los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados".

Establece así la Ley de la Jurisdicción Social una presunción «iuris tantum» de veracidad de los hechos que figuran en el documento origen del procedimiento, estableciendo la alteración de la carga de la prueba que pesará sobre la parte que las impugne, con lo cual la natural consecuencia de esta afirmación legal será que si la parte demandante no aporta prueba en contrario, las afirmaciones de la comunicación base del procedimiento habrán de tenerse como ciertas por el Juzgador de instancia y si la parte demandante aporta pruebas, éste deberá valorarlas conjuntamente con las afirmaciones hechas en la referida comunicación. Dicha presunción de veracidad alcanza incluso a las declaraciones recogidas en el Acta de Infracción, es decir, las Actas de Infracción hacen fe, asimismo, de la realidad de las declaraciones recibidas, quedando solo excluidas las apreciaciones subjetivas del funcionario actuante, lo que no es el caso.

TERCERO.-En el caso enjuiciado, efectivamente, la empresaria niega la existencia de fraude, lo que reitera en el acto del juicio, para cuya acreditación se sirve ésta de sus propias alegaciones y de una prueba que no se estima conducente al objeto pretendido, al estar interesada, obviamente, en que se deje sin efecto la sanción. No debe olvidarse que el art. 23.1-c) de la LISOS, que fue aplicado a la actora, lo que sanciona precisamente es la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, por lo que esa connivencia está prevista que se haga con trabajadores reales, es decir, el Acta de Infracción se ha extendido porque se confabuló con su hermano, aunque éste realizara un trabajo efectivo, para que el mismo obtuviera las prestaciones de desempleo, infracción tipificada en el artículo 26.1-c) del citado texto legal, por lo que no se considera acreditada su versión en el caso enjuiciado.

Sobre este particular, hemos de acudir a la interpretación jurisprudencial de la valoración de la prueba que compete exclusivamente al Magistrado de instancia y que ha de hacerlo según las reglas de la sana crítica y su apreciación personal e inmediata y, en este sentido, la prueba practicada no se estima satisfactoria para lograr los fines pretendidos. Frente a las tajantes afirmaciones fácticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se alza una endeble versión de la empresaria sancionada. Estos datos del Acta, referidos a hechos concretos y no a valoraciones o suposiciones de los funcionarios actuantes, hacen que prevalezca la versión de éstos frente a la ofrecida en el expediente por la empresaria, lógicamente interesadas en que no se la sancione ( STSJ de Cataluña de 10 de septiembre de 2006).

CUARTO.-Son relevantes para practicar un contraste entre las dos versiones los siguientes datos que a continuación se exponen:

1º) El trabajador estuvo de alta en RETA para una actividad distinta a la venta de lencería durante 21 años, cesa en dicha actividad el 13/6/2022 y se beneficia de una prestación por cese durante 16 meses.

2º) Es justo al mes siguiente del fin de la prestación, el 2/11/2023, cuando es contratado por su hermana para ordenar un almacén que llevaba 11 años sin ordenar y para la campaña de navidad y rebajas. Sin embargo, a pesar de que el trabajador ya había cesado en su trabajo por cuenta propia y estaba sin actividad, no lo contrató antes para dichas funciones ni para la campaña del año anterior, toda vez que aún era beneficiario de la prestación por cese, que sería incompatible con el trabajo por cuenta ajena.

3º) Además del hecho de que su hermana nunca antes había contratado a nadie, pese a que en la comparecencia manifestó que sí que necesitaba pero que había que pagarlo.

4º) También es determinante la circunstancia de que la contratación que le permite el acceso al subsidio de mayores de 52 años tiene una duración justamente de cien días, cuando como requisito para el acceso al subsidio se establece conforme al art. 274.1-b) "encontrarse en situación legal de desempleo sin tener cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación contributiva, siempre que haya cotizado al menos noventa días", en relación con el art. 280 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.

5º) El trabajador no figura de alta en ningún otro Régimen de la Seguridad Social para ninguna otra empresa o actividad desde que empieza a cobrar el subsidio, salvo la contratación nuevamente por su hermana a posteriori de haber comparecido en la Inspección de Trabajo y haber sido preguntado por ese extremo.

En ningún momento la Inspección de Trabajo ha cuestionado la efectiva prestación de servicios por parte del trabajador, pero la prestación efectiva de servicios no es el elemento nuclear de la connivencia, ya que este concierto de voluntades para una finalidad fraudulenta puede producirse tanto si el trabajo es real como si lleva aparejado una simulación contractual entre las partes. En este último caso el tipo infractor sería el del artículo 23.1-e) de la LISOS que prevé como infracción "Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones". La presencia física del empleado en el centro de trabajo o una prestación efectiva de servicios no excluye que pueda ser la coartada utilizada por los conniventes para disimular, ocultar o blanquear el propósito fraudulento, que no es otro que el acceso a prestaciones por desempleo por parte de uno de ellos, tras la extinción de la relación laboral, y que determina que no ocurra una verdadera situación legal de desempleo, pues la relación laboral previa, haya o no efectiva prestación de servicios, es concebida como un mero cauce instrumental para acceder a la prestación. Procede, por lo tanto, la desestimación íntegra de la demanda, confirmando la sanción impuesta por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.

QUINTO.-A tenor de lo establecido en el art. 191 de la LRJS, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.