Sentencia Social 124/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Gijón, Rec. 717/2025 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.-En el presente procedimiento, los Sindicatos CSI y USO promueve demanda de conflicto colectivo en solicitud de que se declare:

a) El derecho los trabajadores afectados por el conflicto a percibir un incremento retributivo en el año 2025 igual al importe que resulte de aplicar el IPC real del año inmediatamente anterior al salario base establecido para su categoría en este convenio, así como a percibir las diferencias salariales devengadas en el año inmediatamente anterior a la presentación de la mediación como consecuencia de aplicar al año 2024 la subida retributiva del IPC real del año inmediatamente anterior al salario base establecida para su categoría en este convenio.

b) El derecho los trabajadores afectados por el conflicto a percibir el Plus transporte establecido en el art. 40 del Convenio Colectivo Estatal de instalaciones deportivas en las condiciones recogidas en este y hasta el importe máximo determinado por el mismo, así como a percibir las cuantías derivadas del mismo con carácter retroactivo un año atrás desde la presentación de la papeleta de mediación también en los términos y cuantías establecidas en el Convenio Colectivo Estatal de instalaciones deportivas.

Y, en base a dicha declaración, se condene a la empresa demandada a estar y pasar por la misma y, por tanto, a adoptar las medidas necesarias para su efectividad, con cuanto más proceda en Derecho.

Frente a esta pretensión, se opone la empleadora, SEDENA, en el entendimiento de que el colectivo afectado ya dispone de las mejores condiciones consolidadas en el extinto Convenio Colectivo de Deportes de Asturias que no prevé dicha subida del IPC ni el plus de transporte que sí contempla el Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas para el personal de nuevo ingreso, conforme al Acuerdo de 12 de noviembre de 2019. Por su parte, el PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL -PDM-, traído al proceso mediante ampliación de la demanda, a instancia de la empresa, invoca su falta de legitimación pasiva conforme a la Ley de Contratos del Sector Público - LCSP-.

Se centra la controversia en una cuestión interpretativa eminentemente jurídica.

SEGUNDO.-Pues bien, entiende quien suscribe, conforme al principio pro operario, que procede acoger la tesis de la parte actora, que se comparte, por lo que es de aplicación la doctrina que invoca, es decir, las Sentencias firmes dictadas por el Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo de 26 de junio de 2024 en los autos de Conflicto Colectivo 502/2024 y por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón de 23 de julio de 2024 en los autos de Conflicto Colectivo 404/2024, en casos idénticos al aquí enjuiciado; pronunciamientos éstos a cuya argumentación jurídica procede remitirse en este trámite, conforme a la doctrina del TC sobre motivación de resoluciones judiciales ( SSTC de 18 de julio de 2005, de 30 de septiembre de 2002, de 29 de enero de 2001, de 8 de noviembre de 1999, de 11 de noviembre de 1998, entre otras).

Efectivamente, razona la última de las meritadas Sentencias al final de sus Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero, lo siguiente:

SEGUNDO.- Es obligado partir del criterio declarado en la sentencia del TS 495/2024, de 20 de marzo sobre esta cuestión en la que declaró el carácter no absorbible ni compensable del plus transporte regulado en el art. 37 del Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios y así razonó:

"Sobre la doctrina del plus transporte, la Sala es consciente de que hay que estar a las circunstancias del caso concreto, pero ello no es óbice a que recordemos cuál es - en términos generales- la doctrina sobre el particular.

Así, en nuestra STS 17 enero 2013, Rec 1065/2012 , dijimos que:

"1) en principio, el plus de transporte tiene naturaleza extrasalarial, en cuanto que se percibe por el trabajador en concepto de "indemnización o suplido" " por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral" STS 16- 4-2010, recurso 70/2009 );

2) ello no es obstáculo para que, si se averigua que bajo la denominación de " plus de transporte " se disimula una verdadera retribución salarial en contraprestación del trabajo realizado, se tenga en cuenta la realidad efectiva de la remuneración y no la apariencia de la misma STS 16-4-2010 y STS 25-11-2011 , citadas);

3) en la regulación del plus de transporte del Convenio Colectivo de industrias metalúrgicas de Guadalajara el carácter extrasalarial de este elemento de la remuneración consta expresamente en el epígrafe general ("complementos no salariales") y en el título del artículo ("Indemnizaciones o suplidos"); y

4) la percepción del plus de transporte en vacaciones o su inclusión en las pagas extras no son indicios suficientes "para privarle de la naturaleza jurídica claramente definida en el convenio", máxime tratándose de "un concepto que se abona en proporción a los días trabajados en cada mes" STS 25-11-2011 , citada).

Más recientemente, en STS núm. 295/2022, de 1 de abril, Rec. 60/2020 y STS de 8 de junio de 2021, Rec 190/2019 , hemos sostenido que "la absorción y compensación no rige cuando uno de los conceptos retributivos que interviene en la operación no es absorbible por su propia naturaleza, cual ocurre cuando se trata de un complemento no salarial STS/4ª de 17 enero 2013 (-rcud. 1065/2012 -).", de manera paralela, la STS 9 diciembre 2020 , atendiendo entonces al carácter extrasalarial del plus transporte y a lo casuístico de las situaciones que implicará verificar un examen ajustado a las peculiaridades concurrentes en cada caso, afirmaba que "ello no es obstáculo para que se pueda afirmar que la compensación que autoriza el art. 26.5 ET es siempre posible en términos generales, salvo que uno de los conceptos retributivos que intervienen en la operación sea inabsorbible por propia naturaleza o por expresa disposición de la norma legal o convencional que lo regula la premisa carácter extrasalarial del controvertido plus transporte no cabe duda que su compensación y absorción con el salario base resulta irregular e ilícita por cuanto que se produce entre conceptos no homogéneos, tal como reiteradamente ha declarado esta Sala".

4.- Partiendo de cuanto queda expuesto y entrando ya en la resolución del caso concreto, la sentencia recurrida razona que el art. 37 CCol dispone que "Los trabajadores a los que les sea de aplicación este convenio percibirán, en concepto de complemento plus transporte por cada día efectivamente trabajado, la cantidad de 2,58 euros para el año 2018 establecida en el anexo 1 del presente Convenio".

A la luz del tenor literal del precepto considera que se trata de una partida que no está vinculada a la contraprestación dada por el trabajador en el contrato, a su trabajo y su resultado, sino que, se infiere de su propia definición, es un plus de transporte, por tanto un complemento resarcitorio de los gastos que el necesario desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo, se le causan al trabajador, tanto use medios propios como públicos para realizar el trayecto. En consecuencia -concluye- el art. 36 del convenio encaja en el apartado 2 y no en el 1 del art. 26 ET y por tanto debe ser calificado como una partida remuneratoria de naturaleza extrasalarial.

Añade la sentencia recurrida que el argumento de que por el plus transporte se cotiza a la Seguridad Social, art. 147 LGSS en relación con art. 23 RD 2064/95 , no afecta a la naturaleza de plus transporte, como tampoco el hecho de que por integrar la base de cotización se considere para el cálculo de determinadas prestaciones.

A la vista de todo ello, esta Sala considera que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss . CC .

En primer lugar, se ajusta al tenor literal del precepto y no incurre en generalizaciones, sino que analiza el caso concreto, priorizando la realidad del plus transporte por encima del "nomen iuris" que las partes le quieran dar.

En segundo lugar, dicha interpretación se refuerza porque el plus transporte, se percibe por día efectivamente trabajado, por lo que es indicador de que suple unos gastos efectivos. En tercer lugar, no se asocia a contraprestación o resultado alguno por el Convenio, lo que corrobora su naturaleza extrasalarial.

El criterio contextual no desvirtúa lo hasta ahora dicho. La inclusión de las dietas y el plus de kilometraje de forma expresa entre las percepciones extrasalariales en el art. 32 Ccol in fine, no puede interpretarse como la exclusión de otros conceptos -singularmente el plus transporte- Así resulta de los arts.38 Ccol, donde expresamente se califica como extrasalarial las dietas; lo que no ocurre con el plus kilometraje en el art. 39, si bien ambos se citan como percepción extrasalarial en el art. 32 CCol. Por tanto, la interpretación contextual corrobora que al igual que el plus transporte (art. 37 CCol) otros conceptos extrasalariales (plus kilometraje -art.39 CCol-) no se califican expresamente en el precepto concreto que los regula como tales.

Es cierto que el art. 32 del CCol dispone que las percepciones extrasalariales son las cantidades de carácter indemnizatorio o de gastos que percibe el trabajador como consecuencia de la prestación de su trabajo sin que, en ningún caso, formen parte de las bases de cotizaciones a la Seguridad Social.

Sin embargo, la relación de Seguridad Social no obsta a que la naturaleza del plus sea, en el caso concreto, extrasalarial, pues la relación jurídica laboral es distinta de la relación jurídica de Seguridad Social, sin que ésta pueda determinar la verdadera naturaleza -salarial o no- de un determinado plus, sino más bien todo lo contrario: es la naturaleza del complemento (retributiva o indemnizatoria) lo que determina su régimen en la cotización. En este sentido, Las sentencias del TS núm 569/2021, de 25 mayo (rcud 4329/2018 ); y 855/2022, de 26 de octubre (rcud 825/2019 ) reiteraron la citada doctrina, declarando que tenían naturaleza extrasalarial los pluses de transporte y vestuario regulados en el art. 46.b).5) del III Convenio Colectivo de Sagital SA , que se abonaban en catorce pagas, incluso durante el periodo vacacional, y la empresa cotizaba por ellos a la Seguridad Social.

En suma, se cotiza porque la naturaleza del complemento es remuneratoria art. 23.1b ) y art. 23.2b) RD 2064/1995 ), pero el hecho de cotizar por un complemento no convierte su naturaleza en remuneratoria.

Por otro lado, argumenta la recurrente que importe del plus de transporte consta en el Anexo 1 del Convenio dentro de las tablas salariales como un concepto salarial más, sin ninguna diferenciación; mas ello no es por sí solo un elemento determinante de su naturaleza salarial, vista la ausencia de contraprestación laboral que explique el mismo y el resto de circunstancias descritas.

En conclusión, no se aprecia ninguna de las infracciones denunciadas por la recurrente, lo que nos lleva a la desestimación del recurso.

TERCERO.- En lo que respecta al segundo de los pedimentos, el párrafo tercero del art. 6 del convenio colectivo antes transcrito expresamente recoge la garantía para los trabajadores que percibieran un salario superior al establecido en las tablas salariales del convenio, "un incremento igual al importe que resulte de aplicar el IPC real del año inmediatamente anterior al salario base establecido para su categoría en este convenio, excluyendo dicho incremento de cualquier otro concepto económico que percibiera en su nómina por cualquier motivo". Y tal es la petición obrada en el presente conflicto, sin que pueda acogerse el motivo de oposición de la empleadora, que hace omisión en su argumentación de la específica previsión indicada."

TERCERO.-A los trabajadores subrogados afectados por el conflicto no se les puede aplicar un Convenio Colectivo extinto que perdió su vigencia, como pretende la empresa, otra cosa es que conserven los derechos adquiridos en aplicación del mismo durante su vigencia, que es a lo que se refiere también el Acuerdo de 12 de noviembre de 2019 del que la empresa pretende hacer una interpretación unilateral, subjetiva e interesada. El párrafo tercero del art. 6 del Convenio Estatal no puede ser más claro cuando dice que "Al objeto de evitar situaciones que representen una merma económica para alguno de los trabajadores a los cuales se les aplique este convenio se garantiza, a aquellos que cobren un salario superior al establecido en las tabla salariales del presente convenio un incremento igual al importe que resulte de aplicar el IPC real del año inmediatamente anterior al salario base establecido para su categoría en este convenio, excluyendo dicho incremento de cualquier otro concepto económico que percibiera en su nómina por cualquier motivo",por lo que se establece una garantía que consiste en que puedan percibir un incremento igual al IPC que correspondía al salario base de su categoría conforme al convenio. Pues siendo indiscutido que los trabajadores en cuestión cobran por encima del Convenio Estatal, que es ahora el aplicable, si esa cantidad fuese compensable o absorbible, no se estaría garantizando que los trabajadores que perciben retribuciones superiores no sufran una merma económica, pues precisamente para evitar esa merma se les aplica el IPC, ya que en otro caso, si se tratase de conceptos compensables, continuarían percibiendo las mismas retribuciones que cobraban con anterioridad aunque el coste de la vida haya subido, por lo que realmente su capacidad adquisitiva sería menor, de ahí que se pacte que se les abone ese IPC para que esas retribuciones que percibían se adecúen a la inflación que haya podido producirse. El art. 40 del Convenio Estatal es también claro y no hace distingos, por lo que donde no los hace el legislador no puede hacerlos el intérprete, y así lo entendió la Comisión de interpretación del Convenio. Es más, incluso fue objeto de allanamiento en el primero de los citados conflictos colectivos.

Resta por examinar la falta de legitimación pasiva del PDM como excepción de fondo relativa a su relación con el objeto del proceso, que efectivamente concurre. Es más, no fue parte en el procedimiento de la Sentencia de Social de Gijón. El contrato de servicios tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo previsto en el art. 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) , como contrato típico de servicios definido en el artículo 17 de la LCSP. Cuando los trabajadores pertenecen a la contratista y el litigio se refiere a condiciones derivadas exclusivamente de esa relación laboral, la Administración es apreciada como parte sin legitimación pasiva, especialmente si la normativa o el marco convencional excluyen expresamente a ese personal del ámbito de la Administración contratante. A este respecto es preciso distinguir dos relaciones jurídicas que son, subjetiva y objetivamente, distintas y separadas. De un lado está la relación contractual que liga a la Administración y demás poderes adjudicadores con el empresario contratista, que se rige por las condiciones particulares establecidas en los pliegos y el documento de formalización del contrato, amén de por las normas de la LCSP y las que reglamentariamente la desarrollan, relación jurídica que tiene naturaleza administrativa, residenciándose, en caso de conflicto, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. De otro está la relación jurídico laboral que liga, en virtud de convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, al contratista, en su condición de empleador, con sus trabajadores, relación que incluye la obligación convencional de subrogación en caso de sucesión entre empresas contratista que se impone a éstas. Dicha relación jurídica es de naturaleza laboral, y los conflictos en relación con ella se sustancia en el orden jurisdiccional social.

Por tanto, no existe pues relación jurídica alguna entre los poderes adjudicadores contratantes y los trabajadores del contratista, lo que se traduce en la completa ajenidad del poder adjudicador respecto de la relación laboral que liga al contratista con sus trabajadores o, lo que es lo mismo, en la ausencia de responsabilidad por el incumplimiento por los empresarios contratados de las obligaciones que como empleadores tienen para con sus trabajadores. La Resolución n.º 1173/2022, de 6 de octubre, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -TACRC-, que interpreta el art. 130 LCSP, relativo a la responsabilidad de la Administración en las relaciones laborales respecto al personal subrogado, señalando sobre esta obligación de información y la derivación de responsabilidad que: "El órgano de contratación actúa como un mero nuntius o intermediario en el suministro de los datos que la conforman, entre el contratista que presta el servicio y los licitadores que concurren al futuro contrato. Ello se manifiesta en la responsabilidad por la falta de certeza en la información suministrada, que no recae en el órgano de contratación sino, conforme señalan los apartados 5 y 6 del artículo 130 de la LCSP, sobre el antiguo contratista, frente al que el nuevo contratista tendrá acción directa si los costes laborales fueran superiores a los que se desprendían de aquella información, como tampoco recae responsabilidad alguna sobre el poder adjudicador contratante por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista para con los trabajadores subrogados, pues al que le incumbe responder de los salarios impagados a dichos trabajadores y de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas es al antiguo contratista, sin que tampoco el nuevo contratista, en ningún caso, asuma dichas obligaciones por el mero hecho de la subrogación, como expresamente dispone el precepto de la LCSP". En cuanto a la delimitación competencial del órgano de contratación en materia salarial, la Resolución Nº 1297/2022 del TACRC, de 20-10-2022, considera improcedente que los pliegos impongan una concreta subida retributiva derivada de la relación laboral por cuenta ajena, porque el órgano de contratación carece de competencia sobre esa materia. Según esa resolución, su ámbito legítimo se limita a exigir al adjudicatario el cumplimiento de las obligaciones salariales que procedan conforme al convenio aplicable. Esto es relevante para la legitimación pasiva porque sitúa la obligación retributiva en la esfera del empleador, no en la de la entidad contratante.

Todo lo expuesto conduce al acogimiento de la pretensión.

CUARTO.-A tenor de lo establecido en el art. 191 de la LRJS, contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,