Sentencia Social 173/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Lleida, Rec. 530/2025 de 06 de mayo del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica, en especial de la prueba documental aportada consistente en informes médicos, así como dictamen de la SGAM.

SEGUNDO.-Por la parte actora se solicita la declaración de incapacidad permanente absoluta

El INSS-TGSS se oponen a dicha solicitud, señalando que la actora no cumplía los requisitos de carencia específica, no estando en situación de alta ni situación asimilada.

TERCERO.-Con carácter general en los litigios sobre incapacidad permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

CUARTO.-El artículo 195 LGSS determina:

"1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las personas incluidas en el Régimen General que sean declaradas en tal situación y que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, hubieran cubierto el período mínimo de cotización que se determina en los apartados 2 y 3 de este artículo, salvo que aquella sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún período previo de cotización.

No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1.a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

2. En el caso de incapacidad permanente parcial, el período mínimo de cotización exigible será de mil ochocientos días, que han de estar comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.

El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá modificar el período de cotización que para la indicada prestación se exige en este apartado.

3. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el período mínimo de cotización exigible será:

a) Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión.

b) Si el causante tiene cumplidos treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. En este supuesto, al menos la quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de los diez años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del período de cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente, en el artículo 197, apartados 1, 2 y 4.

4. No obstante lo establecido en el apartado 1, las pensiones de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta.

En tales supuestos, el período mínimo de cotización exigible será, en todo caso, de quince años, distribuidos en la forma prevista en el último inciso del apartado 3.b).

5. Para causar pensión en el Régimen General y en otro u otros del sistema de la Seguridad Social, en los casos a que se refiere el apartado anterior, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante quince años".

En el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 195.4 de la Ley General de la Seguridad Social, conforme al cual, para acceder a la pensión de incapacidad permanente absoluta desde una situación de no alta, se exige acreditar un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos tres deben estar comprendidos dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

De la vida laboral obrante en autos se desprende que la parte actora ha cotizado un total de 3.234 días, incluyendo en dicha cifra 456 días correspondientes a pagas extraordinarias, lo que resulta manifiestamente insuficiente para alcanzar el período mínimo de cotización exigido. Asimismo, consta que en los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante únicamente ha cotizado 15 días, incumpliendo igualmente el requisito específico de carencia cualificada.

Por otro lado, consta acreditado en el expediente administrativo que la actora no se encontraba en situación de alta ni asimilada al alta en el momento de la solicitud. En efecto, tras agotar la prestación por desempleo de nivel contributivo el 19 de mayo de 2014, situación que podía ser considerada asimilada al alta, la interesada debía haber mantenido la inscripción como demandante de empleo para conservar dicha condición. Sin embargo, se constata un período de inactividad en la inscripción comprendido entre el 15 de noviembre de 2018 y el 7 de agosto de 2024, con una posterior inscripción de carácter meramente puntual hasta el 27 de marzo de 2025, lo que impide apreciar la continuidad necesaria.

A estos efectos, el artículo 36.1.1º del Real Decreto 84/1996 establece que tendrán la consideración de situaciones asimiladas al alta "la situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo", requisito que no concurre en el presente supuesto.

Finalmente, no pueden prosperar las alegaciones de la parte actora dirigidas a asimilar el período comprendido entre los años 2016 y 2025 a una situación asimilada al alta por razón de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, toda vez que no se ha acreditado que tales circunstancias imposibilitaran de forma efectiva y continuada la inscripción como demandante de empleo.

En consecuencia, al no concurrir ni la situación de alta o asimilada al alta ni los requisitos de cotización exigidos para el acceso a la prestación desde la situación de no alta, procede desestimar la pretensión ejercitada.

QUINTO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.3.c) de la LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica, en especial de la prueba documental aportada consistente en informes médicos, así como dictamen de la SGAM.

SEGUNDO.-Por la parte actora se solicita la declaración de incapacidad permanente absoluta

El INSS-TGSS se oponen a dicha solicitud, señalando que la actora no cumplía los requisitos de carencia específica, no estando en situación de alta ni situación asimilada.

TERCERO.-Con carácter general en los litigios sobre incapacidad permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

CUARTO.-El artículo 195 LGSS determina:

"1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las personas incluidas en el Régimen General que sean declaradas en tal situación y que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, hubieran cubierto el período mínimo de cotización que se determina en los apartados 2 y 3 de este artículo, salvo que aquella sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún período previo de cotización.

No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1.a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

2. En el caso de incapacidad permanente parcial, el período mínimo de cotización exigible será de mil ochocientos días, que han de estar comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.

El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá modificar el período de cotización que para la indicada prestación se exige en este apartado.

3. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el período mínimo de cotización exigible será:

a) Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión.

b) Si el causante tiene cumplidos treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. En este supuesto, al menos la quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de los diez años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del período de cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente, en el artículo 197, apartados 1, 2 y 4.

4. No obstante lo establecido en el apartado 1, las pensiones de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta.

En tales supuestos, el período mínimo de cotización exigible será, en todo caso, de quince años, distribuidos en la forma prevista en el último inciso del apartado 3.b).

5. Para causar pensión en el Régimen General y en otro u otros del sistema de la Seguridad Social, en los casos a que se refiere el apartado anterior, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante quince años".

En el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 195.4 de la Ley General de la Seguridad Social, conforme al cual, para acceder a la pensión de incapacidad permanente absoluta desde una situación de no alta, se exige acreditar un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos tres deben estar comprendidos dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

De la vida laboral obrante en autos se desprende que la parte actora ha cotizado un total de 3.234 días, incluyendo en dicha cifra 456 días correspondientes a pagas extraordinarias, lo que resulta manifiestamente insuficiente para alcanzar el período mínimo de cotización exigido. Asimismo, consta que en los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante únicamente ha cotizado 15 días, incumpliendo igualmente el requisito específico de carencia cualificada.

Por otro lado, consta acreditado en el expediente administrativo que la actora no se encontraba en situación de alta ni asimilada al alta en el momento de la solicitud. En efecto, tras agotar la prestación por desempleo de nivel contributivo el 19 de mayo de 2014, situación que podía ser considerada asimilada al alta, la interesada debía haber mantenido la inscripción como demandante de empleo para conservar dicha condición. Sin embargo, se constata un período de inactividad en la inscripción comprendido entre el 15 de noviembre de 2018 y el 7 de agosto de 2024, con una posterior inscripción de carácter meramente puntual hasta el 27 de marzo de 2025, lo que impide apreciar la continuidad necesaria.

A estos efectos, el artículo 36.1.1º del Real Decreto 84/1996 establece que tendrán la consideración de situaciones asimiladas al alta "la situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo", requisito que no concurre en el presente supuesto.

Finalmente, no pueden prosperar las alegaciones de la parte actora dirigidas a asimilar el período comprendido entre los años 2016 y 2025 a una situación asimilada al alta por razón de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, toda vez que no se ha acreditado que tales circunstancias imposibilitaran de forma efectiva y continuada la inscripción como demandante de empleo.

En consecuencia, al no concurrir ni la situación de alta o asimilada al alta ni los requisitos de cotización exigidos para el acceso a la prestación desde la situación de no alta, procede desestimar la pretensión ejercitada.

QUINTO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.3.c) de la LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica, en especial de la prueba documental aportada consistente en informes médicos, así como dictamen de la SGAM.

SEGUNDO.-Por la parte actora se solicita la declaración de incapacidad permanente absoluta

El INSS-TGSS se oponen a dicha solicitud, señalando que la actora no cumplía los requisitos de carencia específica, no estando en situación de alta ni situación asimilada.

TERCERO.-Con carácter general en los litigios sobre incapacidad permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

CUARTO.-El artículo 195 LGSS determina:

"1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las personas incluidas en el Régimen General que sean declaradas en tal situación y que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, hubieran cubierto el período mínimo de cotización que se determina en los apartados 2 y 3 de este artículo, salvo que aquella sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún período previo de cotización.

No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1.a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

2. En el caso de incapacidad permanente parcial, el período mínimo de cotización exigible será de mil ochocientos días, que han de estar comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.

El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá modificar el período de cotización que para la indicada prestación se exige en este apartado.

3. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el período mínimo de cotización exigible será:

a) Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión.

b) Si el causante tiene cumplidos treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. En este supuesto, al menos la quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de los diez años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del período de cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente, en el artículo 197, apartados 1, 2 y 4.

4. No obstante lo establecido en el apartado 1, las pensiones de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta.

En tales supuestos, el período mínimo de cotización exigible será, en todo caso, de quince años, distribuidos en la forma prevista en el último inciso del apartado 3.b).

5. Para causar pensión en el Régimen General y en otro u otros del sistema de la Seguridad Social, en los casos a que se refiere el apartado anterior, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante quince años".

En el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 195.4 de la Ley General de la Seguridad Social, conforme al cual, para acceder a la pensión de incapacidad permanente absoluta desde una situación de no alta, se exige acreditar un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos tres deben estar comprendidos dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

De la vida laboral obrante en autos se desprende que la parte actora ha cotizado un total de 3.234 días, incluyendo en dicha cifra 456 días correspondientes a pagas extraordinarias, lo que resulta manifiestamente insuficiente para alcanzar el período mínimo de cotización exigido. Asimismo, consta que en los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante únicamente ha cotizado 15 días, incumpliendo igualmente el requisito específico de carencia cualificada.

Por otro lado, consta acreditado en el expediente administrativo que la actora no se encontraba en situación de alta ni asimilada al alta en el momento de la solicitud. En efecto, tras agotar la prestación por desempleo de nivel contributivo el 19 de mayo de 2014, situación que podía ser considerada asimilada al alta, la interesada debía haber mantenido la inscripción como demandante de empleo para conservar dicha condición. Sin embargo, se constata un período de inactividad en la inscripción comprendido entre el 15 de noviembre de 2018 y el 7 de agosto de 2024, con una posterior inscripción de carácter meramente puntual hasta el 27 de marzo de 2025, lo que impide apreciar la continuidad necesaria.

A estos efectos, el artículo 36.1.1º del Real Decreto 84/1996 establece que tendrán la consideración de situaciones asimiladas al alta "la situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo", requisito que no concurre en el presente supuesto.

Finalmente, no pueden prosperar las alegaciones de la parte actora dirigidas a asimilar el período comprendido entre los años 2016 y 2025 a una situación asimilada al alta por razón de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, toda vez que no se ha acreditado que tales circunstancias imposibilitaran de forma efectiva y continuada la inscripción como demandante de empleo.

En consecuencia, al no concurrir ni la situación de alta o asimilada al alta ni los requisitos de cotización exigidos para el acceso a la prestación desde la situación de no alta, procede desestimar la pretensión ejercitada.

QUINTO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.3.c) de la LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica, en especial de la prueba documental aportada consistente en informes médicos, así como dictamen de la SGAM.

SEGUNDO.-Por la parte actora se solicita la declaración de incapacidad permanente absoluta

El INSS-TGSS se oponen a dicha solicitud, señalando que la actora no cumplía los requisitos de carencia específica, no estando en situación de alta ni situación asimilada.

TERCERO.-Con carácter general en los litigios sobre incapacidad permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

CUARTO.-El artículo 195 LGSS determina:

"1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las personas incluidas en el Régimen General que sean declaradas en tal situación y que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, hubieran cubierto el período mínimo de cotización que se determina en los apartados 2 y 3 de este artículo, salvo que aquella sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún período previo de cotización.

No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1.a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

2. En el caso de incapacidad permanente parcial, el período mínimo de cotización exigible será de mil ochocientos días, que han de estar comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.

El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá modificar el período de cotización que para la indicada prestación se exige en este apartado.

3. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el período mínimo de cotización exigible será:

a) Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión.

b) Si el causante tiene cumplidos treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. En este supuesto, al menos la quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de los diez años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del período de cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente, en el artículo 197, apartados 1, 2 y 4.

4. No obstante lo establecido en el apartado 1, las pensiones de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta.

En tales supuestos, el período mínimo de cotización exigible será, en todo caso, de quince años, distribuidos en la forma prevista en el último inciso del apartado 3.b).

5. Para causar pensión en el Régimen General y en otro u otros del sistema de la Seguridad Social, en los casos a que se refiere el apartado anterior, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante quince años".

En el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 195.4 de la Ley General de la Seguridad Social, conforme al cual, para acceder a la pensión de incapacidad permanente absoluta desde una situación de no alta, se exige acreditar un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos tres deben estar comprendidos dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

De la vida laboral obrante en autos se desprende que la parte actora ha cotizado un total de 3.234 días, incluyendo en dicha cifra 456 días correspondientes a pagas extraordinarias, lo que resulta manifiestamente insuficiente para alcanzar el período mínimo de cotización exigido. Asimismo, consta que en los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante únicamente ha cotizado 15 días, incumpliendo igualmente el requisito específico de carencia cualificada.

Por otro lado, consta acreditado en el expediente administrativo que la actora no se encontraba en situación de alta ni asimilada al alta en el momento de la solicitud. En efecto, tras agotar la prestación por desempleo de nivel contributivo el 19 de mayo de 2014, situación que podía ser considerada asimilada al alta, la interesada debía haber mantenido la inscripción como demandante de empleo para conservar dicha condición. Sin embargo, se constata un período de inactividad en la inscripción comprendido entre el 15 de noviembre de 2018 y el 7 de agosto de 2024, con una posterior inscripción de carácter meramente puntual hasta el 27 de marzo de 2025, lo que impide apreciar la continuidad necesaria.

A estos efectos, el artículo 36.1.1º del Real Decreto 84/1996 establece que tendrán la consideración de situaciones asimiladas al alta "la situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo", requisito que no concurre en el presente supuesto.

Finalmente, no pueden prosperar las alegaciones de la parte actora dirigidas a asimilar el período comprendido entre los años 2016 y 2025 a una situación asimilada al alta por razón de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, toda vez que no se ha acreditado que tales circunstancias imposibilitaran de forma efectiva y continuada la inscripción como demandante de empleo.

En consecuencia, al no concurrir ni la situación de alta o asimilada al alta ni los requisitos de cotización exigidos para el acceso a la prestación desde la situación de no alta, procede desestimar la pretensión ejercitada.

QUINTO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.3.c) de la LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.