Sentencia Social 138/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Pamplona/Iruña, Rec. 1220/2024 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.-Los documentos e informes médicos obrantes en el expediente administrativo, el informe de la Psicóloga del Instituto de Psicología Jurídica y Forense doña Lourdes, del Centro de Atención integral a las violencias sexuales, CAIVS, conjuntamente con los informes médicos del servicio público de salud, fundamentalmente los emitidos por el CSM de San Juan constituyen las fuentes de prueba que corroboran el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

Existe conformidad entre las partes litigantes en lo que se refiere a la profesión habitual de la actora, que en todo caso es la que resulta acreditada con el expediente administrativo, así como respecto de la base reguladora, fecha de efectos y plazo de revisión.

SEGUNDO.-La parte demandante solicita un pronunciamiento judicial por el que, revocando la resolución del INSS, se le declare afecta de una incapacidad permanente absoluta y subsidiariamente total o parcial por la contingencia de Accidente de trabajo.

El INSS se opuso a dicha pretensión y solicitó la confirmación de la resolución impugnada y la desestimación de la demanda.

La Mutua codemandada interesó la íntegra desestimación de la demanda estimando que la demandante ha experimentado una evolución favorable, sin que se haya prescrito o recomendado ninguna actuación distinta a su incorporación a su trabajo. En todo caso estima que el trastorno de estrés postraumático no es una patología definitiva que le inhabilite para su profesión habitual, ni por ende, para toda profesión u oficio, sin que se justifique finalmente una reducción de su capacidad laboral superior al 33 %. En última instancia destaca que no consta asistencia especializada a psiquiatría, ni la existencia de ingresos hospitalarios ni que la sintomatología revista entidad o gravedad suficiente para justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente.

La empresa Catering Arcasa y la Administración Concursal no comparecieron al acto del juicio.

Toda incapacidad permanente consiste, según se desprende del art.193 LGSS, en una serie de reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, de tal naturaleza que disminuyan o anulen la capacidad laboral del trabajador, sin que a ello obste la posibilidad de recuperación de dicha capacidad si la misma se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

La incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, cuyo reconocimiento se solicita de modo principal, se conceptúa en nuestras normas como aquella que inhabilita al trabajador por completo para toda profesión u oficio, definición ésta contenida en el art. 194.5 de la Ley General de Seguridad Social (vigente hasta que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del artículo 194, según D.Trans. 26ª LGSS) . La apreciación de este grado de incapacidad permanente exige que el trabajador se encuentre imposibilitado para la realización de toda profesión, por liviana y sedente que ésta pueda ser, en las debidas condiciones de profesionalidad, rendimiento y asiduidad inherentes a todo trabajo, aun el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, es decir, que tenga aptitud para afrontar un trabajo en unas mínimas condiciones, dentro del orden rector organicista del empresario en interrelación con otros compañeros de trabajo.

La incapacidad permanente total para su profesión habitual se conceptúa como aquélla que inhabilita al trabajador para el desempeño de todas o de las fundamentales tareas de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra ( art. 194.4 de la Ley General de Seguridad Social vigente hasta que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del artículo 194, según D.Trans. 26ª LGSS) , grado de incapacidad permanente que exige la valoración no sólo de las lesiones y limitaciones que presenta el trabajador, sino, y fundamentalmente, de la incidencia de éstas en su profesión, esto es, la puesta en relación de los déficits funcionales que aquejan al trabajador con los requerimientos de índole física y/o psíquica que entraña el desempeño de su profesión. La jurisprudencia es reiterada a la hora de valorar la incapacidad permanente total, exigiendo los siguientes requisitos (entre otras sentencias el Tribunal Supremo de 24 de julio de 1986):

A) La valoración de la incapacidad permanente debe hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, y en concreto, a las limitaciones que provocan, pues son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo esencial de la concreta profesión.

C) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia sin que el desempeño de las mismas genere riesgos adicionales o superpuestos a los normales de un oficio o sometimiento a una situación de sufrimiento en el trabajo cotidiano.

D) Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo sino aquella que el trabajador esté cualificado para desempeñar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional.

La incapacidad permanente parcial subsidiariamente actuada es aquélla que sin impedir al trabajador el desempeño del núcleo esencial de su profesión, le provoca una reducción del rendimiento habitual superior a un tercio. Procederá pues el reconocimiento de esta incapacidad permanente parcial cuando las residuales de la trabajadora, o más bien los déficit funcionales, provoquen una merma o reducción de la capacidad de ganancia en el porcentaje fijado en la norma, superior a un 33% del habitual, o bien, de acuerdo con constante doctrina jurisprudencial cuando supongan una mayor penosidad en el desempeño de la profesión o una especial dificultad para realizar la misma, aún sin impedir que desempeñen las fundamentales tareas de su profesión.

TERCERO.-Expuesto el marco normativo y los rasgos que configuran de la invalidez permanente, debe analizarse si los mismos concurren en el supuesto enjuiciado.

Los informes médicos obrantes en las presentes actuaciones revelan que la actora se encuentra afecta de un Trastorno de Estrés Post-traumático tras ser víctima de una agresión sexual en septiembre de 2022. Tal y como de forma objetiva e imparcial se recoge en el informe de doña Lourdes, concordante íntegramente con el informe del CSM de San Juan, a pesar del tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico propuesto, la actora ha experimentado escasa mejoría, con reactivación de los síntomas post-traumáticos con sintomatología que produce importantes limitaciones funcionales, cuando se expone a estímulos que puedan recordar al trauma, como pueden ser encontrarse en espacios con muchas personas más aún si éstas son del género masculino, o si se encuentra a solas con ellos. Presenta clínica de incontinencia urinaria y fecal al ver a varones. Las indicadas manifestaciones clínicas son incluso admitidas en el informe médico de síntesis, refiriendo la persistencia de elevada ansiedad en relación al síndrome de estrés postraumático. No es posible advertir conforme a los indicados informes médicos y psicológicos una evolución satisfactoria, contrariamente a lo sostenido por el perito de la Mutua quien, por otro lado, ha emitido su dictamen sin efectuar siquiera una exploración psicopatolgógica de la trabajadora demandante. Se trata de un cuadro con criterios de cronicidad y repercusión funcional significativa. En este contexto la capacidad laboral de la demandante se encuentra anulada, no pudiendo acometer ninguna disciplinar laboral.

El cuadro clínico que padece la actora y las limitaciones que se derivan del mismo, se estima le imposibilitan para el desempeño de todo trabajo, pues sin desconocer que, en el amplio mercado laboral, existen profesiones livianas y sedentarias, sin exigencias físicas o con escasos requerimientos de concentración o cognitivos, lo cierto es que el trabajo, por sencillo que sea, debe desempeñarse con eficacia y rendimiento, con posibilidad de someterse a un ritmo, horario y cierta disciplina laboral, sin que la situación clínica de la actora posibilite, en el momento actual, de modo alguno someterse a la misma, lo que conduce a estimar su pretensión, declarándole afecto de una situación de incapacidad permanente absoluta.

CUARTO.-En cuanto a la prestación, la situación de incapacidad permanente absoluta da derecho a percibir una pensión vitalicia en la cuantía inicial del 100% de la base reguladora, con los incrementos legales y revalorizaciones pertinentes ( art. 196.3 LGSS y OM 15-4-1969). En cuanto a la fecha de efectos, base reguladora debe acogerse lo fijado por la Mutua, con lo que ha mostrado su conformidad la parte actora. El responsable del pago es la Mutua demandada.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3.c ) LRJS, la presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN.

Vistos los arts. 9, 117 y siguientes de la Constitución Española, así como los arts. 2, 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y todos los que son de aplicación en estas actuaciones.