Sentencia Social 48/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Salamanca, Rec. 482/2025 de 02 de marzo del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental que se ha ido relacionando de conformidad con el art.97.2 de la LJS.

SEGUNDO.-Acciona la actora a través del procedimiento regulado en el art.177 de la LJS sobre tutela de derechos fundamentales pretendiendo obtener sentencia en la que se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales en concreto del derecho a la igualdad, no discriminación por razón de género y familia, integridad, salud, trabajo y una indemnización de 10.000€ relacionando en la demanda los hechos que se considera constituye tal vulneración.

La empresa demandada se opone alegando la excepción de cosa juzgada porque en la demanda de despido en autos nº 288/2025 la demandante pide la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales con una indemnización de 30.000€ y este procedimiento finaliza por acuerdo de las partes.

TERCERO.-El art.177 LRJS dispone que "1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios";el art.178 que "1. El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.2. Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal"y el art.184 "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido........................ en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva".

Analizando estos preceptos la STS de 13 Jun. 2011, Rec. 2590/2010 establece que "1.- La regulación de la llamada "acumulación de acciones" [más propiamente, pretensiones] contenida tanto en el art. 26 la LPL como en los arts. 71 a 73 de la supletoria LECiv parten del mismo principio general de que la citada acumulación es potestativa para el demandante, al decir -en plena coincidencia literal- que "El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan -"provengan", en la redacción de la LECiv"- de un mismo título. Principio general que ciertamente atiende a satisfacer los principios laborales de economía procesal y celeridad [ art. 74.1 LPL ] y el deseable objetivo general de evitar decisiones contradictorias, así como -también se ha dicho- los principios constitucionales de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y de igualdad en la aplicación de la ley. Pero, insistimos, el fenómeno acumulativo se subordina a la voluntad del actor, como lo prueban las expresiones legales el "actor podrá acumular" y "podrá el demandado reconvenir", siquiera tal posibilidad se subordine a determinados requisitos [ art. 73.1 LECiv ] y se excluya en determinados supuestos [ art. 27.4 LPL ], imponiéndose tan sólo la acumulación necesaria -como excepción- en el concreto supuesto de impugnación de acuerdos sociales [ art. 73.2 LECiv ]. Sentado este principio general de que el mecanismo acumulativo es potestad de la parte y de que tal posibilidad únicamente se excluye en determinados supuestos, entre otros el ejercicio de las acciones de despido y de tutela de derechos fundamentales [ art. 27.4 LPL ], lo cierto es que -como excepción a la excepción- se proclama: a) que ello "se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley " [ art. 27.4 LPL ]; b) que de apreciarse la vulneración de un derecho fundamental, la sentencia fijará la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera, que será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores [ arts. 180.1 y 181 LPL ]; y c) que las demandas -entre otras- por despido "en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente" [ art. 182 LPL ]. 2.- Esta regulación que el legislador hace de la "excepción a la excepción" [acumular a la acción por despido la de indemnización adicional por lesión de un derecho fundamental], no es -como en alguna ocasión se ha afirmado- una simple ampliación del petitum de la demanda, caso en el que cobraría indudable fuerza -en abstracto- el argumento de la sentencia recurrida respecto de que la reclamación indemnizatoria ha de seguir por fuerza la suerte del proceso por despido, sino que propiamente consiste en una acumulación de pretensiones, no sólo porque como tal la desarrollan -así lo hemos reflejado en el apartado anterior- los arts. 27 , 180 y 181 LPL , sino porque el objeto de ambas pretensiones es completamente diferente, tal como la actual doctrina jurisprudencial mantiene, al afirmar que en estos supuestos, "en que se invoca la vulneración de un derecho fundamental como causa extintiva del contrato de trabajo, el daño a resarcir no es uno sólo, sino que son dos: a) de un lado la pérdida del empleo, que ha de atribuirse al incumplimiento empresarial legitimador de la acción rescisoria y que tiene una indemnización legalmente tasada ...; y b) de otro, el daño moral que ha de producir -en términos generales- esa conculcación del derecho fundamental y que forzosamente ha de imputarse al infractor, a quien -además- le es exigible por tal consecuencia la indemnización prevista en el art. 1101 CC " (así, por ejemplo, SSTS 20/09/07 -rcud 3326/06 -; 16/01/09 -rcud 251/08 -; y la ya citada de 09/05/11 -rcud 4280/10 -). A lo que añadir, como decisivo argumento, que la frase "se tramitarán inexcusablemente" utilizada por art. 182 LPL va referida tan sólo a concretar la modalidad procesal que ha de seguirse cuando se pretenda la nulidad de un despido en base a alegada vulneración de derecho fundamental, y que ha de ser la del despido [ arts. 103 y sigs. LPL ], pero en forma alguna puede entenderse la expresión legal en el sentido de que mediando despido la indemnización atribuible a la lesión del derecho fundamental necesariamente -"inexcusablemente", al decir de la norma- haya de pretenderse en el proceso por despido [recordemos nuevamente el carácter potestativo de la acumulación de acciones].

CUARTO.-La actora presta servicios desde el 4-5-2023 finalizando la relación por despido por causas objetivas el 13-5-2025. Este despido es impugnado y en la demanda no se solicita solo la calificación del despido como nulo o improcedente sino que se acumuló la acción de tutela de derechos fundamentales pretendiendo la declaración de nulidad con la readmisión al puesto de trabajo y abono de los salarios de tramitación y la condena al pago de una indemnización cuantificada en 30.000€ por daño moral derivado de dicha vulneración. El proceso por despido finaliza por acuerdo en el que la empresa reconoce la improcedencia del despido con una indemnización por importe de 6.000€ que se acepta por la trabajadora estableciendo el acuerdo literalmente "Por la parte actora se acepta el ofrecimiento y manifiesta que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita".

Después de este acuerdo la actora por un lado en el mes de junio presenta demanda de impugnación de la conciliación pretendiendo que se declare la nulidad del acta de conciliación judicial suscrita en fecha 11 de Junio de 2025 y la retroacción de actuaciones al momento anterior a la celebración del acto de conciliación, y permitir la continuación del procedimiento conforme a derecho. Esta demanda dio lugar a los autos nº 482/25 del Juzgado de lo Social nº3 de Salamanca y si bien no se aporta la sentencia existe conformidad entre las partes en la desestimación de la demanda.

Por otro lado, el 8 de agosto presenta la demanda de tutela de derechos fundamentales origen del presente procedimiento.

En el presente caso, en la demanda por despido la actora optó por acumular la tutela de derechos fundamentales y la indemnización derivada de la propia vulneración. Si examinamos el contenido de dicha demanda en el hecho tercero ya se indica que la causa del despido "hay que buscarla en una conducta discriminatoria de la empresa debido a mi solicitud de concreción horaria y mis anteriores medidas de conciliación que han derivado en una situación de incapacidad temporal que es lo que finalmente ha motivado mi salida de la empresa", que la nulidad viene motivada por la situación de enfermedad ,.."que la lesión producida implica discriminación o vulneración de derechos fundamentales y como indicios de discriminación se relacionan la carta no cumple los requisitos formales, el despido se produce en fecha cercana a dejar de tener reducción de jornada por guarda legal que produce la nulidad automática, que existe una discriminación y se ha vulnerado el derecho al trabajo; en el hecho 4º se fundamenta la petición accesoria al reconocimiento de nulidad que es el abono de indemnización por daño moral exponiendo que "la empresa ha causado una grave lesión a mi persona intentando dejar mi puesto vacío de contenido para justificar un despido discriminatorio y forzándome a una baja por incapacidad temporal que a día de hoy sigo manteniendo y la cual me ha producido un desequilibrio emocional que se ha visto incremento por el despido atentando contra mi salud mental".

En la demanda de tutela de derechos fundamentales se alega como hechos en los que se fundamenta la vulneración de derecho en el hecho 2º las medidas de conciliación (guarda legal y adaptación de jornada), en el 3º la situación de incapacidad temporal, en el 4º el despido por causas objetivas, en el hecho 6º y 7º son coincidentes sustancialmente con parte enteras de la demanda de despido.

La cuestión controvertida es la eficacia de la conciliación alcanzada en el proceso de despido respecto de la tutela de derechos fundamentales, entendiéndose que si en el proceso por despido se acumula de forma expresa la vulneración de derechos fundamentales y la actora acepta el ofrecimiento de improcedencia del despido añadiendo "que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita",dentro de este "objeto" se encontraba la vulneración de derechos fundamentales que se basa en los mismos hechos. Es cierto que no existe renuncia expresa pero tampoco reserva de acciones y si la reclamación objeto del procedimiento era no solo la calificación de despido nulo con la consecuencias propias de tal calificación (readmisión y pago de salarios de tramitación) sino la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales la manifestación de la actora de tenerse por satisfecha de la reclamación efectuada y solicitando el archivo debe entenderse que produce al ser un acuerdo alcanzando ante el LAJ los efectos de una sentencia y que es cosa juzgada porque en el presente caso la nulidad del despido en la demanda de impugnación de esta se vinculaba a los mismos hechos y al mismo derecho fundamental, así como la indemnización por daños moral(que lo que se ha modificado es la cuantía) por los que ahora se ejercita la acción de forma individual de tutela de derechos fundamentales.

En base a lo expuesto procede la desestimación de la demanda.

SEXTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación (art.191 g LJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental que se ha ido relacionando de conformidad con el art.97.2 de la LJS.

SEGUNDO.-Acciona la actora a través del procedimiento regulado en el art.177 de la LJS sobre tutela de derechos fundamentales pretendiendo obtener sentencia en la que se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales en concreto del derecho a la igualdad, no discriminación por razón de género y familia, integridad, salud, trabajo y una indemnización de 10.000€ relacionando en la demanda los hechos que se considera constituye tal vulneración.

La empresa demandada se opone alegando la excepción de cosa juzgada porque en la demanda de despido en autos nº 288/2025 la demandante pide la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales con una indemnización de 30.000€ y este procedimiento finaliza por acuerdo de las partes.

TERCERO.-El art.177 LRJS dispone que "1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios";el art.178 que "1. El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.2. Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal"y el art.184 "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido........................ en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva".

Analizando estos preceptos la STS de 13 Jun. 2011, Rec. 2590/2010 establece que "1.- La regulación de la llamada "acumulación de acciones" [más propiamente, pretensiones] contenida tanto en el art. 26 la LPL como en los arts. 71 a 73 de la supletoria LECiv parten del mismo principio general de que la citada acumulación es potestativa para el demandante, al decir -en plena coincidencia literal- que "El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan -"provengan", en la redacción de la LECiv"- de un mismo título. Principio general que ciertamente atiende a satisfacer los principios laborales de economía procesal y celeridad [ art. 74.1 LPL ] y el deseable objetivo general de evitar decisiones contradictorias, así como -también se ha dicho- los principios constitucionales de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y de igualdad en la aplicación de la ley. Pero, insistimos, el fenómeno acumulativo se subordina a la voluntad del actor, como lo prueban las expresiones legales el "actor podrá acumular" y "podrá el demandado reconvenir", siquiera tal posibilidad se subordine a determinados requisitos [ art. 73.1 LECiv ] y se excluya en determinados supuestos [ art. 27.4 LPL ], imponiéndose tan sólo la acumulación necesaria -como excepción- en el concreto supuesto de impugnación de acuerdos sociales [ art. 73.2 LECiv ]. Sentado este principio general de que el mecanismo acumulativo es potestad de la parte y de que tal posibilidad únicamente se excluye en determinados supuestos, entre otros el ejercicio de las acciones de despido y de tutela de derechos fundamentales [ art. 27.4 LPL ], lo cierto es que -como excepción a la excepción- se proclama: a) que ello "se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley " [ art. 27.4 LPL ]; b) que de apreciarse la vulneración de un derecho fundamental, la sentencia fijará la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera, que será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores [ arts. 180.1 y 181 LPL ]; y c) que las demandas -entre otras- por despido "en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente" [ art. 182 LPL ]. 2.- Esta regulación que el legislador hace de la "excepción a la excepción" [acumular a la acción por despido la de indemnización adicional por lesión de un derecho fundamental], no es -como en alguna ocasión se ha afirmado- una simple ampliación del petitum de la demanda, caso en el que cobraría indudable fuerza -en abstracto- el argumento de la sentencia recurrida respecto de que la reclamación indemnizatoria ha de seguir por fuerza la suerte del proceso por despido, sino que propiamente consiste en una acumulación de pretensiones, no sólo porque como tal la desarrollan -así lo hemos reflejado en el apartado anterior- los arts. 27 , 180 y 181 LPL , sino porque el objeto de ambas pretensiones es completamente diferente, tal como la actual doctrina jurisprudencial mantiene, al afirmar que en estos supuestos, "en que se invoca la vulneración de un derecho fundamental como causa extintiva del contrato de trabajo, el daño a resarcir no es uno sólo, sino que son dos: a) de un lado la pérdida del empleo, que ha de atribuirse al incumplimiento empresarial legitimador de la acción rescisoria y que tiene una indemnización legalmente tasada ...; y b) de otro, el daño moral que ha de producir -en términos generales- esa conculcación del derecho fundamental y que forzosamente ha de imputarse al infractor, a quien -además- le es exigible por tal consecuencia la indemnización prevista en el art. 1101 CC " (así, por ejemplo, SSTS 20/09/07 -rcud 3326/06 -; 16/01/09 -rcud 251/08 -; y la ya citada de 09/05/11 -rcud 4280/10 -). A lo que añadir, como decisivo argumento, que la frase "se tramitarán inexcusablemente" utilizada por art. 182 LPL va referida tan sólo a concretar la modalidad procesal que ha de seguirse cuando se pretenda la nulidad de un despido en base a alegada vulneración de derecho fundamental, y que ha de ser la del despido [ arts. 103 y sigs. LPL ], pero en forma alguna puede entenderse la expresión legal en el sentido de que mediando despido la indemnización atribuible a la lesión del derecho fundamental necesariamente -"inexcusablemente", al decir de la norma- haya de pretenderse en el proceso por despido [recordemos nuevamente el carácter potestativo de la acumulación de acciones].

CUARTO.-La actora presta servicios desde el 4-5-2023 finalizando la relación por despido por causas objetivas el 13-5-2025. Este despido es impugnado y en la demanda no se solicita solo la calificación del despido como nulo o improcedente sino que se acumuló la acción de tutela de derechos fundamentales pretendiendo la declaración de nulidad con la readmisión al puesto de trabajo y abono de los salarios de tramitación y la condena al pago de una indemnización cuantificada en 30.000€ por daño moral derivado de dicha vulneración. El proceso por despido finaliza por acuerdo en el que la empresa reconoce la improcedencia del despido con una indemnización por importe de 6.000€ que se acepta por la trabajadora estableciendo el acuerdo literalmente "Por la parte actora se acepta el ofrecimiento y manifiesta que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita".

Después de este acuerdo la actora por un lado en el mes de junio presenta demanda de impugnación de la conciliación pretendiendo que se declare la nulidad del acta de conciliación judicial suscrita en fecha 11 de Junio de 2025 y la retroacción de actuaciones al momento anterior a la celebración del acto de conciliación, y permitir la continuación del procedimiento conforme a derecho. Esta demanda dio lugar a los autos nº 482/25 del Juzgado de lo Social nº3 de Salamanca y si bien no se aporta la sentencia existe conformidad entre las partes en la desestimación de la demanda.

Por otro lado, el 8 de agosto presenta la demanda de tutela de derechos fundamentales origen del presente procedimiento.

En el presente caso, en la demanda por despido la actora optó por acumular la tutela de derechos fundamentales y la indemnización derivada de la propia vulneración. Si examinamos el contenido de dicha demanda en el hecho tercero ya se indica que la causa del despido "hay que buscarla en una conducta discriminatoria de la empresa debido a mi solicitud de concreción horaria y mis anteriores medidas de conciliación que han derivado en una situación de incapacidad temporal que es lo que finalmente ha motivado mi salida de la empresa", que la nulidad viene motivada por la situación de enfermedad ,.."que la lesión producida implica discriminación o vulneración de derechos fundamentales y como indicios de discriminación se relacionan la carta no cumple los requisitos formales, el despido se produce en fecha cercana a dejar de tener reducción de jornada por guarda legal que produce la nulidad automática, que existe una discriminación y se ha vulnerado el derecho al trabajo; en el hecho 4º se fundamenta la petición accesoria al reconocimiento de nulidad que es el abono de indemnización por daño moral exponiendo que "la empresa ha causado una grave lesión a mi persona intentando dejar mi puesto vacío de contenido para justificar un despido discriminatorio y forzándome a una baja por incapacidad temporal que a día de hoy sigo manteniendo y la cual me ha producido un desequilibrio emocional que se ha visto incremento por el despido atentando contra mi salud mental".

En la demanda de tutela de derechos fundamentales se alega como hechos en los que se fundamenta la vulneración de derecho en el hecho 2º las medidas de conciliación (guarda legal y adaptación de jornada), en el 3º la situación de incapacidad temporal, en el 4º el despido por causas objetivas, en el hecho 6º y 7º son coincidentes sustancialmente con parte enteras de la demanda de despido.

La cuestión controvertida es la eficacia de la conciliación alcanzada en el proceso de despido respecto de la tutela de derechos fundamentales, entendiéndose que si en el proceso por despido se acumula de forma expresa la vulneración de derechos fundamentales y la actora acepta el ofrecimiento de improcedencia del despido añadiendo "que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita",dentro de este "objeto" se encontraba la vulneración de derechos fundamentales que se basa en los mismos hechos. Es cierto que no existe renuncia expresa pero tampoco reserva de acciones y si la reclamación objeto del procedimiento era no solo la calificación de despido nulo con la consecuencias propias de tal calificación (readmisión y pago de salarios de tramitación) sino la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales la manifestación de la actora de tenerse por satisfecha de la reclamación efectuada y solicitando el archivo debe entenderse que produce al ser un acuerdo alcanzando ante el LAJ los efectos de una sentencia y que es cosa juzgada porque en el presente caso la nulidad del despido en la demanda de impugnación de esta se vinculaba a los mismos hechos y al mismo derecho fundamental, así como la indemnización por daños moral(que lo que se ha modificado es la cuantía) por los que ahora se ejercita la acción de forma individual de tutela de derechos fundamentales.

En base a lo expuesto procede la desestimación de la demanda.

SEXTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación (art.191 g LJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental que se ha ido relacionando de conformidad con el art.97.2 de la LJS.

SEGUNDO.-Acciona la actora a través del procedimiento regulado en el art.177 de la LJS sobre tutela de derechos fundamentales pretendiendo obtener sentencia en la que se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales en concreto del derecho a la igualdad, no discriminación por razón de género y familia, integridad, salud, trabajo y una indemnización de 10.000€ relacionando en la demanda los hechos que se considera constituye tal vulneración.

La empresa demandada se opone alegando la excepción de cosa juzgada porque en la demanda de despido en autos nº 288/2025 la demandante pide la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales con una indemnización de 30.000€ y este procedimiento finaliza por acuerdo de las partes.

TERCERO.-El art.177 LRJS dispone que "1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios";el art.178 que "1. El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.2. Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal"y el art.184 "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido........................ en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva".

Analizando estos preceptos la STS de 13 Jun. 2011, Rec. 2590/2010 establece que "1.- La regulación de la llamada "acumulación de acciones" [más propiamente, pretensiones] contenida tanto en el art. 26 la LPL como en los arts. 71 a 73 de la supletoria LECiv parten del mismo principio general de que la citada acumulación es potestativa para el demandante, al decir -en plena coincidencia literal- que "El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan -"provengan", en la redacción de la LECiv"- de un mismo título. Principio general que ciertamente atiende a satisfacer los principios laborales de economía procesal y celeridad [ art. 74.1 LPL ] y el deseable objetivo general de evitar decisiones contradictorias, así como -también se ha dicho- los principios constitucionales de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y de igualdad en la aplicación de la ley. Pero, insistimos, el fenómeno acumulativo se subordina a la voluntad del actor, como lo prueban las expresiones legales el "actor podrá acumular" y "podrá el demandado reconvenir", siquiera tal posibilidad se subordine a determinados requisitos [ art. 73.1 LECiv ] y se excluya en determinados supuestos [ art. 27.4 LPL ], imponiéndose tan sólo la acumulación necesaria -como excepción- en el concreto supuesto de impugnación de acuerdos sociales [ art. 73.2 LECiv ]. Sentado este principio general de que el mecanismo acumulativo es potestad de la parte y de que tal posibilidad únicamente se excluye en determinados supuestos, entre otros el ejercicio de las acciones de despido y de tutela de derechos fundamentales [ art. 27.4 LPL ], lo cierto es que -como excepción a la excepción- se proclama: a) que ello "se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley " [ art. 27.4 LPL ]; b) que de apreciarse la vulneración de un derecho fundamental, la sentencia fijará la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera, que será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores [ arts. 180.1 y 181 LPL ]; y c) que las demandas -entre otras- por despido "en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente" [ art. 182 LPL ]. 2.- Esta regulación que el legislador hace de la "excepción a la excepción" [acumular a la acción por despido la de indemnización adicional por lesión de un derecho fundamental], no es -como en alguna ocasión se ha afirmado- una simple ampliación del petitum de la demanda, caso en el que cobraría indudable fuerza -en abstracto- el argumento de la sentencia recurrida respecto de que la reclamación indemnizatoria ha de seguir por fuerza la suerte del proceso por despido, sino que propiamente consiste en una acumulación de pretensiones, no sólo porque como tal la desarrollan -así lo hemos reflejado en el apartado anterior- los arts. 27 , 180 y 181 LPL , sino porque el objeto de ambas pretensiones es completamente diferente, tal como la actual doctrina jurisprudencial mantiene, al afirmar que en estos supuestos, "en que se invoca la vulneración de un derecho fundamental como causa extintiva del contrato de trabajo, el daño a resarcir no es uno sólo, sino que son dos: a) de un lado la pérdida del empleo, que ha de atribuirse al incumplimiento empresarial legitimador de la acción rescisoria y que tiene una indemnización legalmente tasada ...; y b) de otro, el daño moral que ha de producir -en términos generales- esa conculcación del derecho fundamental y que forzosamente ha de imputarse al infractor, a quien -además- le es exigible por tal consecuencia la indemnización prevista en el art. 1101 CC " (así, por ejemplo, SSTS 20/09/07 -rcud 3326/06 -; 16/01/09 -rcud 251/08 -; y la ya citada de 09/05/11 -rcud 4280/10 -). A lo que añadir, como decisivo argumento, que la frase "se tramitarán inexcusablemente" utilizada por art. 182 LPL va referida tan sólo a concretar la modalidad procesal que ha de seguirse cuando se pretenda la nulidad de un despido en base a alegada vulneración de derecho fundamental, y que ha de ser la del despido [ arts. 103 y sigs. LPL ], pero en forma alguna puede entenderse la expresión legal en el sentido de que mediando despido la indemnización atribuible a la lesión del derecho fundamental necesariamente -"inexcusablemente", al decir de la norma- haya de pretenderse en el proceso por despido [recordemos nuevamente el carácter potestativo de la acumulación de acciones].

CUARTO.-La actora presta servicios desde el 4-5-2023 finalizando la relación por despido por causas objetivas el 13-5-2025. Este despido es impugnado y en la demanda no se solicita solo la calificación del despido como nulo o improcedente sino que se acumuló la acción de tutela de derechos fundamentales pretendiendo la declaración de nulidad con la readmisión al puesto de trabajo y abono de los salarios de tramitación y la condena al pago de una indemnización cuantificada en 30.000€ por daño moral derivado de dicha vulneración. El proceso por despido finaliza por acuerdo en el que la empresa reconoce la improcedencia del despido con una indemnización por importe de 6.000€ que se acepta por la trabajadora estableciendo el acuerdo literalmente "Por la parte actora se acepta el ofrecimiento y manifiesta que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita".

Después de este acuerdo la actora por un lado en el mes de junio presenta demanda de impugnación de la conciliación pretendiendo que se declare la nulidad del acta de conciliación judicial suscrita en fecha 11 de Junio de 2025 y la retroacción de actuaciones al momento anterior a la celebración del acto de conciliación, y permitir la continuación del procedimiento conforme a derecho. Esta demanda dio lugar a los autos nº 482/25 del Juzgado de lo Social nº3 de Salamanca y si bien no se aporta la sentencia existe conformidad entre las partes en la desestimación de la demanda.

Por otro lado, el 8 de agosto presenta la demanda de tutela de derechos fundamentales origen del presente procedimiento.

En el presente caso, en la demanda por despido la actora optó por acumular la tutela de derechos fundamentales y la indemnización derivada de la propia vulneración. Si examinamos el contenido de dicha demanda en el hecho tercero ya se indica que la causa del despido "hay que buscarla en una conducta discriminatoria de la empresa debido a mi solicitud de concreción horaria y mis anteriores medidas de conciliación que han derivado en una situación de incapacidad temporal que es lo que finalmente ha motivado mi salida de la empresa", que la nulidad viene motivada por la situación de enfermedad ,.."que la lesión producida implica discriminación o vulneración de derechos fundamentales y como indicios de discriminación se relacionan la carta no cumple los requisitos formales, el despido se produce en fecha cercana a dejar de tener reducción de jornada por guarda legal que produce la nulidad automática, que existe una discriminación y se ha vulnerado el derecho al trabajo; en el hecho 4º se fundamenta la petición accesoria al reconocimiento de nulidad que es el abono de indemnización por daño moral exponiendo que "la empresa ha causado una grave lesión a mi persona intentando dejar mi puesto vacío de contenido para justificar un despido discriminatorio y forzándome a una baja por incapacidad temporal que a día de hoy sigo manteniendo y la cual me ha producido un desequilibrio emocional que se ha visto incremento por el despido atentando contra mi salud mental".

En la demanda de tutela de derechos fundamentales se alega como hechos en los que se fundamenta la vulneración de derecho en el hecho 2º las medidas de conciliación (guarda legal y adaptación de jornada), en el 3º la situación de incapacidad temporal, en el 4º el despido por causas objetivas, en el hecho 6º y 7º son coincidentes sustancialmente con parte enteras de la demanda de despido.

La cuestión controvertida es la eficacia de la conciliación alcanzada en el proceso de despido respecto de la tutela de derechos fundamentales, entendiéndose que si en el proceso por despido se acumula de forma expresa la vulneración de derechos fundamentales y la actora acepta el ofrecimiento de improcedencia del despido añadiendo "que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita",dentro de este "objeto" se encontraba la vulneración de derechos fundamentales que se basa en los mismos hechos. Es cierto que no existe renuncia expresa pero tampoco reserva de acciones y si la reclamación objeto del procedimiento era no solo la calificación de despido nulo con la consecuencias propias de tal calificación (readmisión y pago de salarios de tramitación) sino la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales la manifestación de la actora de tenerse por satisfecha de la reclamación efectuada y solicitando el archivo debe entenderse que produce al ser un acuerdo alcanzando ante el LAJ los efectos de una sentencia y que es cosa juzgada porque en el presente caso la nulidad del despido en la demanda de impugnación de esta se vinculaba a los mismos hechos y al mismo derecho fundamental, así como la indemnización por daños moral(que lo que se ha modificado es la cuantía) por los que ahora se ejercita la acción de forma individual de tutela de derechos fundamentales.

En base a lo expuesto procede la desestimación de la demanda.

SEXTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación (art.191 g LJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental que se ha ido relacionando de conformidad con el art.97.2 de la LJS.

SEGUNDO.-Acciona la actora a través del procedimiento regulado en el art.177 de la LJS sobre tutela de derechos fundamentales pretendiendo obtener sentencia en la que se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales en concreto del derecho a la igualdad, no discriminación por razón de género y familia, integridad, salud, trabajo y una indemnización de 10.000€ relacionando en la demanda los hechos que se considera constituye tal vulneración.

La empresa demandada se opone alegando la excepción de cosa juzgada porque en la demanda de despido en autos nº 288/2025 la demandante pide la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales con una indemnización de 30.000€ y este procedimiento finaliza por acuerdo de las partes.

TERCERO.-El art.177 LRJS dispone que "1. Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios";el art.178 que "1. El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.2. Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal"y el art.184 "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido........................ en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva".

Analizando estos preceptos la STS de 13 Jun. 2011, Rec. 2590/2010 establece que "1.- La regulación de la llamada "acumulación de acciones" [más propiamente, pretensiones] contenida tanto en el art. 26 la LPL como en los arts. 71 a 73 de la supletoria LECiv parten del mismo principio general de que la citada acumulación es potestativa para el demandante, al decir -en plena coincidencia literal- que "El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan -"provengan", en la redacción de la LECiv"- de un mismo título. Principio general que ciertamente atiende a satisfacer los principios laborales de economía procesal y celeridad [ art. 74.1 LPL ] y el deseable objetivo general de evitar decisiones contradictorias, así como -también se ha dicho- los principios constitucionales de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y de igualdad en la aplicación de la ley. Pero, insistimos, el fenómeno acumulativo se subordina a la voluntad del actor, como lo prueban las expresiones legales el "actor podrá acumular" y "podrá el demandado reconvenir", siquiera tal posibilidad se subordine a determinados requisitos [ art. 73.1 LECiv ] y se excluya en determinados supuestos [ art. 27.4 LPL ], imponiéndose tan sólo la acumulación necesaria -como excepción- en el concreto supuesto de impugnación de acuerdos sociales [ art. 73.2 LECiv ]. Sentado este principio general de que el mecanismo acumulativo es potestad de la parte y de que tal posibilidad únicamente se excluye en determinados supuestos, entre otros el ejercicio de las acciones de despido y de tutela de derechos fundamentales [ art. 27.4 LPL ], lo cierto es que -como excepción a la excepción- se proclama: a) que ello "se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar, en los anteriores juicios, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículos 180 y 181 de esta Ley " [ art. 27.4 LPL ]; b) que de apreciarse la vulneración de un derecho fundamental, la sentencia fijará la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera, que será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores [ arts. 180.1 y 181 LPL ]; y c) que las demandas -entre otras- por despido "en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente" [ art. 182 LPL ]. 2.- Esta regulación que el legislador hace de la "excepción a la excepción" [acumular a la acción por despido la de indemnización adicional por lesión de un derecho fundamental], no es -como en alguna ocasión se ha afirmado- una simple ampliación del petitum de la demanda, caso en el que cobraría indudable fuerza -en abstracto- el argumento de la sentencia recurrida respecto de que la reclamación indemnizatoria ha de seguir por fuerza la suerte del proceso por despido, sino que propiamente consiste en una acumulación de pretensiones, no sólo porque como tal la desarrollan -así lo hemos reflejado en el apartado anterior- los arts. 27 , 180 y 181 LPL , sino porque el objeto de ambas pretensiones es completamente diferente, tal como la actual doctrina jurisprudencial mantiene, al afirmar que en estos supuestos, "en que se invoca la vulneración de un derecho fundamental como causa extintiva del contrato de trabajo, el daño a resarcir no es uno sólo, sino que son dos: a) de un lado la pérdida del empleo, que ha de atribuirse al incumplimiento empresarial legitimador de la acción rescisoria y que tiene una indemnización legalmente tasada ...; y b) de otro, el daño moral que ha de producir -en términos generales- esa conculcación del derecho fundamental y que forzosamente ha de imputarse al infractor, a quien -además- le es exigible por tal consecuencia la indemnización prevista en el art. 1101 CC " (así, por ejemplo, SSTS 20/09/07 -rcud 3326/06 -; 16/01/09 -rcud 251/08 -; y la ya citada de 09/05/11 -rcud 4280/10 -). A lo que añadir, como decisivo argumento, que la frase "se tramitarán inexcusablemente" utilizada por art. 182 LPL va referida tan sólo a concretar la modalidad procesal que ha de seguirse cuando se pretenda la nulidad de un despido en base a alegada vulneración de derecho fundamental, y que ha de ser la del despido [ arts. 103 y sigs. LPL ], pero en forma alguna puede entenderse la expresión legal en el sentido de que mediando despido la indemnización atribuible a la lesión del derecho fundamental necesariamente -"inexcusablemente", al decir de la norma- haya de pretenderse en el proceso por despido [recordemos nuevamente el carácter potestativo de la acumulación de acciones].

CUARTO.-La actora presta servicios desde el 4-5-2023 finalizando la relación por despido por causas objetivas el 13-5-2025. Este despido es impugnado y en la demanda no se solicita solo la calificación del despido como nulo o improcedente sino que se acumuló la acción de tutela de derechos fundamentales pretendiendo la declaración de nulidad con la readmisión al puesto de trabajo y abono de los salarios de tramitación y la condena al pago de una indemnización cuantificada en 30.000€ por daño moral derivado de dicha vulneración. El proceso por despido finaliza por acuerdo en el que la empresa reconoce la improcedencia del despido con una indemnización por importe de 6.000€ que se acepta por la trabajadora estableciendo el acuerdo literalmente "Por la parte actora se acepta el ofrecimiento y manifiesta que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita".

Después de este acuerdo la actora por un lado en el mes de junio presenta demanda de impugnación de la conciliación pretendiendo que se declare la nulidad del acta de conciliación judicial suscrita en fecha 11 de Junio de 2025 y la retroacción de actuaciones al momento anterior a la celebración del acto de conciliación, y permitir la continuación del procedimiento conforme a derecho. Esta demanda dio lugar a los autos nº 482/25 del Juzgado de lo Social nº3 de Salamanca y si bien no se aporta la sentencia existe conformidad entre las partes en la desestimación de la demanda.

Por otro lado, el 8 de agosto presenta la demanda de tutela de derechos fundamentales origen del presente procedimiento.

En el presente caso, en la demanda por despido la actora optó por acumular la tutela de derechos fundamentales y la indemnización derivada de la propia vulneración. Si examinamos el contenido de dicha demanda en el hecho tercero ya se indica que la causa del despido "hay que buscarla en una conducta discriminatoria de la empresa debido a mi solicitud de concreción horaria y mis anteriores medidas de conciliación que han derivado en una situación de incapacidad temporal que es lo que finalmente ha motivado mi salida de la empresa", que la nulidad viene motivada por la situación de enfermedad ,.."que la lesión producida implica discriminación o vulneración de derechos fundamentales y como indicios de discriminación se relacionan la carta no cumple los requisitos formales, el despido se produce en fecha cercana a dejar de tener reducción de jornada por guarda legal que produce la nulidad automática, que existe una discriminación y se ha vulnerado el derecho al trabajo; en el hecho 4º se fundamenta la petición accesoria al reconocimiento de nulidad que es el abono de indemnización por daño moral exponiendo que "la empresa ha causado una grave lesión a mi persona intentando dejar mi puesto vacío de contenido para justificar un despido discriminatorio y forzándome a una baja por incapacidad temporal que a día de hoy sigo manteniendo y la cual me ha producido un desequilibrio emocional que se ha visto incremento por el despido atentando contra mi salud mental".

En la demanda de tutela de derechos fundamentales se alega como hechos en los que se fundamenta la vulneración de derecho en el hecho 2º las medidas de conciliación (guarda legal y adaptación de jornada), en el 3º la situación de incapacidad temporal, en el 4º el despido por causas objetivas, en el hecho 6º y 7º son coincidentes sustancialmente con parte enteras de la demanda de despido.

La cuestión controvertida es la eficacia de la conciliación alcanzada en el proceso de despido respecto de la tutela de derechos fundamentales, entendiéndose que si en el proceso por despido se acumula de forma expresa la vulneración de derechos fundamentales y la actora acepta el ofrecimiento de improcedencia del despido añadiendo "que con el percibo de dicha cantidad se tendrá por satisfecha de la reclamación efectuada en la demanda origen del presente procedimiento, cuyo archivo solicita",dentro de este "objeto" se encontraba la vulneración de derechos fundamentales que se basa en los mismos hechos. Es cierto que no existe renuncia expresa pero tampoco reserva de acciones y si la reclamación objeto del procedimiento era no solo la calificación de despido nulo con la consecuencias propias de tal calificación (readmisión y pago de salarios de tramitación) sino la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales la manifestación de la actora de tenerse por satisfecha de la reclamación efectuada y solicitando el archivo debe entenderse que produce al ser un acuerdo alcanzando ante el LAJ los efectos de una sentencia y que es cosa juzgada porque en el presente caso la nulidad del despido en la demanda de impugnación de esta se vinculaba a los mismos hechos y al mismo derecho fundamental, así como la indemnización por daños moral(que lo que se ha modificado es la cuantía) por los que ahora se ejercita la acción de forma individual de tutela de derechos fundamentales.

En base a lo expuesto procede la desestimación de la demanda.

SEXTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación (art.191 g LJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,