Sentencia Social 167/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Santander, Rec. 1145/2024 de 29 de mayo del 2026

PRIMERO.- Valoración de los hechos probados.

El artículo 97.2 LRJS dispone que: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Así las cosas, en el presente caso los hechos que se han declarado probados resultan del análisis del conjunto de la prueba practicada conforme a las normas de la sana crítica; y ello principalmente, según resulta de los documentos aportados por las partes, que no fueron impugnados, y deben hacer prueba plena en el proceso, así como de la declaración testifical de Dña. Tomasa, Dña. Inés y D. Victor Manuel.

SEGUNDO.- Planteamiento.

Impugna la demandante, con fundamento en el artículo 114 de la LRJS, la sanción de suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuesta por Resolución de la Directora del INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES de fecha 25 de octubre de 2024 y la sanción de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia impuesta por Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de fecha 28 de octubre de 2024, defendiendo que dichas sanciones son nulas por vulnerar la garantía de indemnidad, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la integridad física y moral, interesando una indemnización de 30.000 euros por daños morales; y subsidiariamente improcedentes, concurriendo las excepciones de cosa juzgada y caducidad, y defendiendo que los hechos imputados no son ciertos, siendo las sanciones, en todo caso, desproporcionadas.

La empresa demandada, por su parte, interesa la desestimación de la demanda, defendiendo que no existe vulneración de derechos fundamentales, interesando la desestimación de las excepciones invocadas, considerando que los hechos imputados en las Resoluciones sancionadoras son ciertos, y entendiendo las sanciones impugnadas como ajustadas a derecho y proporcionadas.

TERCERO.- Normativa aplicable.

La normativa aplicable al presente procedimiento se contiene, principalmente, en los artículos 114 y 115 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que disponen:

"Artículo 114. Impugnación de sanciones.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios".

"Artículo 115. Contenido de la sentencia.

1. La sentencia contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

a) Confirmar la sanción, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, así como su entidad, valorada según la graduación de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o éstos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción.

c) Revocarla en parte, con análogo pronunciamiento de condena económica por el período de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave. En este caso, el juez podrá autorizar la imposición, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a notificación de sentencia firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, y la decisión empresarial será revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, por medio del incidente de ejecución de dicha sentencia previsto en el artículo 238.

d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando éstos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108 . También será nula la sanción cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior serán nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabrá recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente".

Igualmente, debe señalarse la regulación contenida en el Estatuto de los Trabajadores. Así, su artículo 58 preceptúa:

"1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber".

CUARTO.- Las peculiaridades del poder disciplinario.

En ausencia de norma legal, las peculiaridades del poder disciplinario se han venido delimitando a través de la doctrina y Jurisprudencia de los tribunales, que señalan, que además de las restricciones impuestas a su ejercicio en las reglamentaciones o en la negociación colectiva, aquél debe respetar los principios generales de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, non bis in ídem y presunción de inocencia.

En este sentido, la Sentencia del TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia nº 462/2023, de 16 de junio de 2023, Rec. 327/2023, establece que:

"El examen del recurso exige efectuar las siguientes consideraciones en torno a las facultades sancionadoras empresariales.

El poder sancionador o disciplinario empresarial se encuentra regulado en el artículo 58 ET . Constituye una especie de autotutela que permite al empresario imponer, de forma unilateral, sanciones sin necesidad de acudir a los Tribunales, aunque las mismas serán siempre revisables ante la jurisdicción competente.

Según ha reconocido la doctrina constitucional, la regulación legal de este poder responde al hecho de que el empresario tiene atribuido un poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a instancias judiciales para su imposición y efectividad. De forma correlativa, el trabajador ostenta el derecho a instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la decisión empresarial ( STC 206/1987 ).

El poder disciplinario debe respetar los principios de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, sin que sea posible imponer sanciones distintas a las fijadas en disposiciones legales o en convenios colectivos. La sujeción a tales principios deriva del hecho de que el poder disciplinario no es ilimitado, sino que, por el contrario, debe respetar los principios generales propios de la naturaleza punitiva de la sanción.

El principio de tipicidad y el de legalidad determinan que no sea posible imponer sanciones diferentes a las fijadas en las disposiciones legales o convencionales que regulan la potestad sancionadora.

Por ello, es necesario que se justifique no solo la conducta cuya comisión se imputa sino además dicha conducta ha de estar tipificada como infracción y ha de ser merecedora de la sanción impuesta (en este sentido destaca, entre otras, la STS 8-10-1988 ).

También rige el principio "non bis in idem" que implica que cualquier incumplimiento laboral, una vez sancionado, no pueda dar lugar a una sanción posterior, con la salvedad de las reincidencias que pueden determinar agravantes de determinadas conductas ( SSTS de 17-10-1984 , 8-10-1988 o 15-12-1994 , entre otras). Además, están prohibidas ciertas sanciones como la reducción de las vacaciones o de los derechos de descanso o la multa de haber ( art. 58.3 ET ) y existen otros principios que rigen el poder sancionador como la prohibición de discriminación, pues solo es posible un trato diferenciado -pero nunca discriminatorio-, cuando existan razones objetivas que lo justifiquen. Es posible, sin embargo, admitir la imposición de sanciones distintas por hechos similares, cuando existan circunstancias personales que así lo justifiquen ( STS 5-2-1985 , SSTC 34/1984 o 21/1992 , entre otras).

Rige también el principio de presunción de inocencia, pero con un alcance restrictivo y claramente diferenciado del propio del ámbito penal, que no exime al empresario de la carga de acreditar la imputación ( STS 9-3-1994 , STC 27/1993 , entre otras)".

QUINTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter principal. Vulneración de derechos fundamentales.

Tratándose de la tutela de actos lesivos de derechos fundamentales y en cuanto a las reglas de distribución de la carga de la prueba, tiene establecido el Tribunal Constitucional ( SSTC 87/2004 entre otras), que aportado por el Trabajador un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, recae sobre esta parte la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales así como que aquellas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989, de 22 de Junio)-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador ( SSTC 38/1981, de 23 de Noviembre, y 136/1996, de 23 de Julio, por ejemplo). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental ( SSTC 197/1990, de 29 de Noviembre; 136/1996, de 23 de Julio). En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios ( SSTC 90/1997, de 6 de Mayo, y 29/2002, de 11 de Febrero).

En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993 y 38/2005, entre otras), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 24.1 CE y art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores) .

Expuesto lo anterior, estima esta Juzgadora que la parte actora no ha aportado indicios sólidos de que se haya procedido a sancionarla como consecuencia de la previa presentación de dos demandas, cinco años antes, impugnando otras sanciones pues no existe interconexión entre uno y otro momento, obedeciendo a comportamientos cronológicos distintos, que motivaron que la empresa ejerciera su poder de dirección y sancionador en tres actuaciones diferentes, no siendo indicio suficiente que la anteriores sanciones de dieciocho meses y un mes y un día de suspensión de empleo y sueldo fueran revocadas por Sentencias de fecha 24 de octubre de 2019 y 4 de febrero de 2021, dictadas, respectivamente, por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santander (PO nº 459/2019) y Juzgado de lo Social nº 1 de Santander (PO nº 409/2019), pues ello sería tanto como negar en la práctica el derecho del empresario a sancionar comportamientos posteriores.

Respecto a la alegada vulneración del derecho a la presión de inocencia, incidiendo en la incoación del expediente disciplinario sin más prueba que la mera declaración de una menor, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia nº 30/1992, de 18 de marzo, estableció de manera contundente que: "Debe partirse del alcance específico y en cierto modo restrictivo que el derecho de presunción de inocencia tiene en el ámbito laboral, pues su campo de aplicación natural es el proceso penal (y, por extensión, el procedimiento administrativo sancionador) y, si bien en un primer momento este Tribunal entendió aplicable tal derecho a dicha clase de procesos en tanto en cuanto la jurisdicción laboral ha venido y viene sosteniéndolo, posteriormente ha rectificado y es hoy doctrina uniforme el considerar aplicable la presunción de inocencia exclusivamente en el ámbito del proceso penal".

En consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia no tiene cabida en el orden jurisdiccional social, lo que ya sería suficiente para desestimar la vulneración alegada, pero es que, a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que, tal y como resulta del relato de hechos probados, en el caso que nos ocupa se ha realizado una escrupulosa tramitación del procedimiento disciplinario que ha garantizado todos los derechos que protegen a la expedientada y, en especial, el de la presunción de inocencia, pues se le ha notificado puntualmente cada una de las resoluciones dictadas y se le ha dado traslado no solo para formular alegaciones sino también para proponer prueba, que ha sido admitida en su integridad, con la única excepción de la prueba documental que no guardaba relación con la causa al referirse a hechos posteriores en el tiempo.

Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a la integridad física y moral, el artículo 83 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria prevé que, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la resolución final que pudiera recaer, podrá decretar cautelarmente la suspensión de empleo del trabajador por un plazo máximo de seis meses. En consecuencia, la parte demandada no ha actuado sino en cumplimento de o que prevé el Convenio aplicable, por lo que no puede apreciarse vulneración del derecho a la integridad física y moral.

En base a lo anteriormente expuesto, procede la desestimación de la acción ejercitada con carácter principal.

SEXTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter subsidiario. Cosa Juzgada.

Con carácter subsidiario, sostiene la parte actora que las sanciones deben ser declaradas improcedentes, o dejadas sin efecto, por concurrir cosa juzgada, por la caducidad del expediente, por defecto de tipificación de los hechos y por la falsedad de los hechos imputados.

Pues bien, antes de entrar en el fondo se debe analizar la excepción de cosa juzgada.

Así, el instituto de la cosa juzgada se encuentra regulado en el artículo 222.1 de la LEC, que dispone que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

Su fundamento se encuentra en la seguridad jurídica evitando continuos procesos sobre la misma cuestión entre las mismas partes, no solo en función de lo que en el primer proceso se haya deducido sino, también, lo que se hubiera podido deducir.

Los requisitos para apreciar el efecto de cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, son la identidad de sujetos, objeto y causa de pedir. Esta triple identidad supone:

a) que entre el proceso ya resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero exista identidad de sujetos, de litigantes, identidad subjetiva contemplada en el art. 222.3 LEC cuando dice que la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. Montero[2] identifica este requisito con la calidad jurídica del interviniente en el primer proceso pues lo que importa es la titularidad de la relación jurídica, no la identidad física sino la jurídica, salvo en los casos exceptuados por la ley (i) herederos o causahabientes de las partes (ii) sujetos titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley (casos de legitimación procesal extraordinaria -sustitución- u ordinaria -asociaciones de consumidores-, y en los casos de la ley de forma taxativa extienda los efectos de la sentencia a terceros, como en el caso de la impugnación de acuerdos sociales, en que se extiende a los socios).

Con carácter especifico, el art 222.3 LEC hace extensiva la cosa juzgada material «erga omnes», a partir de la inscripción o anotación en el Registro Civil, respecto de las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad.

b) que entre el litigio ya resuelto y el nuevo, exista identidad de objeto litigioso. Así, el art. 222.1 LEC hace referencia a la identidad de objeto del proceso en que aquélla se produjo, lo cual ha debido quedar claramente determinado en la demanda o reconvención.

Por objeto del proceso no hay que entender únicamente lo que ha sido objeto del debate jurídico, sino también forman parte del contenido de la cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, las excepciones materiales y los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la relación jurídica debatida en del proceso no alegados por el demandado que pudieron ser alegados. Así, la STS 629/13 de 28 de octubre Roj: STS 5188/2013 - ECLI:ES:TS:2013:5188, indica que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del demandado ( SSTS 28-2-91 y 30-7-96) postulados en gran medida incorporados explícitamente al art. 400 de la LEC.

El art. 400 LEC impone la necesidad de alegar los hechos, fundamentos o títulos jurídicos en que pueda fundarse lo que se pide en la demanda, sin poder reservarse su alegación para un proceso ulterior. Se pretende que el demandante haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida, de forma que a efectos de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste, lo que la STS 189/11, de 30 marzo, Roj: STS 2227/2011 - ECLI:ES:TS:2011:2227, interpreta exigiendo que ante la existencia de dos demandas, las causas de pedir alegadas en ellas sean diferentes (bien por sus elementos fácticos, es decir, diferentes hechos, bien por sus elementos normativos, es decir, distintos fundamentos o títulos jurídicos), y que habiendo podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, haya quedado reservada para el proceso ulterior - "resulten conocidos o puedan invocarse"-, y por lo tanto se trata de haber pedido lo mismo en las dos demandas. En definitiva, no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda.

Según la doctrina del T. Supremo expuesta en la Sentencia citada nº 629/13 de 28 de octubre, que se remite a la nº 309/09, de 21 de mayo, no sólo se trata de incluir dentro de la excepción de cosa juzgada aquellas alegaciones que se realizaron en el Juicio Cambiario, sino aquellas que no se alegaron pudiendo haberlo hecho, por lo que no pueden volver a repetirse en un procedimiento ordinario posterior. Así, el art. 827.3 LEC otorga efectos de cosa juzgada a la sentencia firme que se dicte en el juicio cambiario tras la oposición del demandado, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente, regla que confirma la jurisprudencia de la Sala 1ª del T.Supremo a propósito del art. 1479 de la LEC de 1881

c) Entre los requisitos para que tenga lugar ese efecto negativo de la cosa juzgada, se encuentra el referido a la identidad de la causa de pedir, esto es, del conjunto de hechos jurídicamente relevantes a los que la norma aplicable vincula el efecto jurídico que se pretende, hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, es decir, que entre el litigio ya resuelto y el nuevo exista identidad de la causa de pedir en el sentido del art. 222.2 LEC según el cual la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 LEC, considerando hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora.

La STS nº 539/14 de 14 de enero de 2015, Roj: STS 125/2015 - ECLI:ES:TS:2015:125, se refiere a la causa de pedir como hechos constitutivos con relevancia jurídica que sirvan de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal.

En definitiva, en el ámbito social, la excepción de cosa juzgada, en su efecto negativo, impide que un asunto ya resuelto por sentencia firme pueda ser juzgado nuevamente. Esto significa que si existe una sentencia firme que ha resuelto una cuestión específica, no se puede volver a plantear el mismo asunto en otro proceso judicial, tanto si se trata de una demanda como de una reconvención.

Y de la aplicación de la anterior doctrina al caso que nos ocupa cabe concluir que si bien el Juzgado de lo Social nº 1 de Santander, mediante Sentencia nº 143/2024, de fecha 3 de abril de 2024, dictada en el ámbito de su Procedimiento de Impugnación de Sanciones nº 793/2023, anuló las sanciones de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia y suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuestas a la actora por los mismos hechos debatidos en el presente procedimiento, lo cierto es que el defecto de forma -en concreto, la falta de información al comité de empresa- fue el causante del primer pronunciamiento de anulación, por lo que la imputación no fue enjuiciada en cuanto al fondo, quedando imprejuzgada en el Fallo. A mayor abundamiento, si en el anterior procedimiento el Expediente disciplinario era defectuoso por carencia de requisitos formales, la consecuencia es que en dicho expediente no puede estimarse imputado ningún hecho susceptible de ser enjuiciado.

En consecuencia, no se han sancionado dos veces los mismo hechos y no hay causa juzgada sobre la causa de la imposición de las sanciones.

SEPTIMO.- La caducidad del Expediente Disciplinario.

Alega la parte actora la caducidad del Expediente, señalando que el Expediente Disciplinario se inició por Resolución del Director del ICASS de fecha 29 de abril de 2024 y las Resoluciones sancionadoras se dictaron en fecha 25 y 28 de octubre de 2024, notificándose a la actora el 7 de noviembre de 2024, superando, en consecuencia, la tramitación del expediente el plazo de seis meses establecido en el artículo 84.4 del Convenio Colectivo de aplicación ("Desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la resolución del mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado").

Así las cosas, antes de resolver sobre la excepción alegada debe ponerse de relieve que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la recepción efectiva de los actos de comunicación y, especialmente, de las notificaciones, es un deber o, al menos, una carga del interesado o su representante, que se incardina en la necesaria buena fe que ha de presidir las relaciones entre la Administración pública y los ciudadanos ( STS 14-10-92). Como consecuencia de ello, no es posible invocar defectos en la práctica de dichos actos por parte de que quien ha obstaculizado su efectividad ( STS 5-4-89). A su vez que las notificaciones se han de practicar preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (en este sentido LPAC art. 14).

Expuesto lo anterior, dispone el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 que: "El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes"y añade su apartado 4 que: "Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado".

De acuerdo al artículo 43.3 del mismo Texto Legal, "Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única"

En este sentido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TS, nº 1320/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, Rec. 4886/2020, fija como doctrina que en las notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de la Administración de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única, pues debe distinguirse entre "notificación" a efectos de que el acto despliegue todos sus efectos, entre ellos el de abrir los plazos para la impugnación en vía administrativa o judicial y el "intento de notificación" a los efectos de entender por resuelto el procedimiento dentro de plazo.

En consecuencia, desprendiéndose del Documento nº 4 de los aportados por la parte demandada mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2025 que las resoluciones sancionadoras fueron puestas a disposición de la trabajadora en la sede electrónica en fecha 28 de octubre de 2024, cabe concluir que la actuación sancionadora no ha caducado, pues no puede quedar en manos de su destinatario decidir cuando la abre.

En definitiva, la segunda excepción planteada por la parte actora también ha de ser desestimada.

OCTAVO.- Resolución del caso.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha expuesto a lo largo de la presente resolución, se imputa a la parte actora, en primer lugar, la comisión de dos faltas graves, tipificadas como tal en el artículo 79.l) del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria ("Serán faltas graves: La grave perturbación del servicio),perturbación que la Resolución circunscribe a no respetar la actora las sanciones impuestas a los menores por otros compañeros educadores y permitir un comportamiento inadecuado de esos menores en el centro; y, en segundo lugar, la comisión de una falta muy grave, tipificada como tal en el artículo 78.b) del Convenio de aplicación ("Serán faltas muy graves: Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo"),discriminación que la resolución sancionadora concreta en el acoso sufrido por la menor Adelaida, que debido a su edad y especial vulnerabilidad, por encontrarse en un proceso de protección de menores, sufre en mayor medida esta situación injustificada, máxime cuando procede de un técnico sociosanitario que se encuentra en situación de poder sobre ella y debe protegerla.

Expuesto lo anterior, conviene comenzar poniendo de relieve que, no existe ningún defecto de forma en las resoluciones litigiosas pues la comunicación se hizo por escrito y conteniendo una exposición precisa y bastante para conocer los hechos e incumplimiento contractual imputado.

Por otro lado, el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES ha acreditado, como le incumbía, tanto la perturbación del servicio como el acoso ejercido sobre la menor Adelaida. Así, la testigo Dña. Tomasa, Directora del Centro, afirmó en el acto de la vista que el día 2 de marzo de 2023, la menor Adelaida pidió hablar con ella, preguntándole muy afectada si la iba a sancionar por lo que había hecho a la auxiliar la noche anterior. La testigo continuó relatando que durante la noche del día 1 de marzo de 2023 la actora había dicho a la menor que a partir de entonces iba a hacer todo sola como represalia por delatarla por las fiestas, llegando a darle toques en el hombro a lo que ésta respondió dándole un manotazo, marchándose la actora con los otros menores mientras ella se quedaba con el vigilante de seguridad y otro auxiliar. Dña. Tomasa también manifestó que a raíz del testimonio de la menor decidió investigar los hechos, no sólo por lo sucedido la noche del día 1 de marzo de 2023 sino también por lo acaecido en fechas anteriores, por lo que habló con otros educadores y visualizó las grabaciones de las cámaras de seguridad. A pesar de que las grabaciones de las cámaras de seguridad no fueron reproducidas en el acto de la vista al haber sido destruidas por error, lo cierto es que la testigo Dña. Cecilia ofreció una descripción detallada de lo que vio en las imágenes y así, en relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, manifestó que observó como la demandante tocaba en el hombro a Adelaida a modo de provocación y ésta le propinaba un manotazo y le retiraba la mano, llegando a calificar la escena como "un abuso de poder de la auxiliar hacia la niña" y "una humillación de una menor que se encuentra desvalida"; en relación a los hechos del día 10 de febrero de 2023, la testigo relató que vio como un grupo de menores que había sido sancionado por introducir tabaco en el centro y que a las 22:00 horas tenían que estar en su habitación sin poder salir, al llegar el turno de noche salen todos de sus habitaciones y se reúnen en el hall alrededor de la actora, permaneciendo con ella en situación distendida, hasta que entra el vigilante de seguridad y los niños se meten en sus habitaciones hasta que se éste se marcha y vuelven a salir, al igual que hacen minutos más tarde ante la llegada de otro auxiliar; y respecto de los hechos del día 28 de febrero de 2023, observa que cuando se marcha el turno de tarde, siendo las 22:13 horas, la actora se lleva a un grupo de menores de la casa de ocio a la casa de las habitaciones, separando a Adelaida sin justificación alguna, permaneciendo con ellos en el hall más allá de las 22:30 horas a la que tienen que acostarse.

Así las cosas, la versión de los hechos ofrecida por la Directora del Centro fue corroborada en el acto de la vista por Dña. Inés y D. Victor Manuel. La primera manifestó que a pesar de que el día 10 de febrero de 2023, cuando finalizó su turno a las 22:00 horas, los niños sancionados ya estaban en sus habitaciones, posteriormente los vio a través de una ventana de la casa de ocio en el hall y más tarde, desde fuera, los volvió a ver salir al hall. En relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, afirmó que aunque no estuvo presente, al día siguiente tuvo que llevar a Adelaida al instituto en furgoneta, aprovechando ésta el trayecto para contarle que la demandante llegó y se llevó a sus niños favoritos a la otra casa, y que cuando estaban todos juntos, la actora la insultaba junto a otros dos compañeros, a los que llamaba "los amargados". Por su parte, el segundo afirmó que el día 1 de marzo de 2023 se encontraba en su cuarto cuando fue alertado por la auxiliar de turno para que acudiera a la casa, encontrándose, a su llegada a la menor Adelaida alteraba, manifestando que "la maltrataban", y que mientras la actora se llevó a los otros menores para ir acostándolos, él acompañado por otro auxiliar llevó a la menor a la casa 2 e intentó traquilizarla.

Se otorga preferencia a estas declaraciones testificales frente a las propuestas por la parte actora pues tal y como Dña. Adela reconoció en el acto de la vista, aunque el 10 de febrero de 2023 trabajó en el turno de noche, se encontraba en el chalet NUM000 y desde esa casa no podía saber lo que sucedía en el chalet NUM001; y D. Higinio no recordaba los incidentes de los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2023.

Así las cosas, este comportamiento de Dña. Lidia los días 10 y 28 de febrero de 2023 y 1 de marzo de 2023 revisten la gravedad suficiente para ser encuadrable, respectivamente, en el artículo 79. l) y 78.b) del Convenio Colectivo, pues implica una falta de respeto y profesionalidad hacia sus compañeros, generando un conflicto de lealtades entre los menores y una diferenciación de trato entre los mismos. A mayor abundamiento, el artículo 81 prevé una sanción para las faltas graves de suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día hasta un año y para las faltas muy graves de incluso el despido disciplinario o la suspensión de empleo y sueldo de hasta seis años, por lo que en ningún caso las sanciones impuestas por el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES pueden considerarse desproporcionadas.

En consecuencia, habiéndose acreditado la comisión por la actora de las conductas constitutivas de infracción, y resultando las sanciones impuestas acordes a su tipificación, la demanda ha de ser desestimada.

NOVENO.- Indemnización por daño moral.

Al no declararse la nulidad de las sanciones impuestas a Dña. Lidia por vulneración de derechos fundamentales, dado que como se acaba de exponer no se estima que haya existido vulneración alguna, no procede otorgar ninguna indemnización por daños morales.

DECIMO.- Recursos.

Contra esta Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ( art. 115.3 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Valoración de los hechos probados.

El artículo 97.2 LRJS dispone que: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Así las cosas, en el presente caso los hechos que se han declarado probados resultan del análisis del conjunto de la prueba practicada conforme a las normas de la sana crítica; y ello principalmente, según resulta de los documentos aportados por las partes, que no fueron impugnados, y deben hacer prueba plena en el proceso, así como de la declaración testifical de Dña. Tomasa, Dña. Inés y D. Victor Manuel.

SEGUNDO.- Planteamiento.

Impugna la demandante, con fundamento en el artículo 114 de la LRJS, la sanción de suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuesta por Resolución de la Directora del INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES de fecha 25 de octubre de 2024 y la sanción de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia impuesta por Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de fecha 28 de octubre de 2024, defendiendo que dichas sanciones son nulas por vulnerar la garantía de indemnidad, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la integridad física y moral, interesando una indemnización de 30.000 euros por daños morales; y subsidiariamente improcedentes, concurriendo las excepciones de cosa juzgada y caducidad, y defendiendo que los hechos imputados no son ciertos, siendo las sanciones, en todo caso, desproporcionadas.

La empresa demandada, por su parte, interesa la desestimación de la demanda, defendiendo que no existe vulneración de derechos fundamentales, interesando la desestimación de las excepciones invocadas, considerando que los hechos imputados en las Resoluciones sancionadoras son ciertos, y entendiendo las sanciones impugnadas como ajustadas a derecho y proporcionadas.

TERCERO.- Normativa aplicable.

La normativa aplicable al presente procedimiento se contiene, principalmente, en los artículos 114 y 115 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que disponen:

"Artículo 114. Impugnación de sanciones.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios".

"Artículo 115. Contenido de la sentencia.

1. La sentencia contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

a) Confirmar la sanción, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, así como su entidad, valorada según la graduación de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o éstos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción.

c) Revocarla en parte, con análogo pronunciamiento de condena económica por el período de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave. En este caso, el juez podrá autorizar la imposición, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a notificación de sentencia firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, y la decisión empresarial será revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, por medio del incidente de ejecución de dicha sentencia previsto en el artículo 238.

d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando éstos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108 . También será nula la sanción cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior serán nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabrá recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente".

Igualmente, debe señalarse la regulación contenida en el Estatuto de los Trabajadores. Así, su artículo 58 preceptúa:

"1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber".

CUARTO.- Las peculiaridades del poder disciplinario.

En ausencia de norma legal, las peculiaridades del poder disciplinario se han venido delimitando a través de la doctrina y Jurisprudencia de los tribunales, que señalan, que además de las restricciones impuestas a su ejercicio en las reglamentaciones o en la negociación colectiva, aquél debe respetar los principios generales de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, non bis in ídem y presunción de inocencia.

En este sentido, la Sentencia del TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia nº 462/2023, de 16 de junio de 2023, Rec. 327/2023, establece que:

"El examen del recurso exige efectuar las siguientes consideraciones en torno a las facultades sancionadoras empresariales.

El poder sancionador o disciplinario empresarial se encuentra regulado en el artículo 58 ET . Constituye una especie de autotutela que permite al empresario imponer, de forma unilateral, sanciones sin necesidad de acudir a los Tribunales, aunque las mismas serán siempre revisables ante la jurisdicción competente.

Según ha reconocido la doctrina constitucional, la regulación legal de este poder responde al hecho de que el empresario tiene atribuido un poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a instancias judiciales para su imposición y efectividad. De forma correlativa, el trabajador ostenta el derecho a instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la decisión empresarial ( STC 206/1987 ).

El poder disciplinario debe respetar los principios de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, sin que sea posible imponer sanciones distintas a las fijadas en disposiciones legales o en convenios colectivos. La sujeción a tales principios deriva del hecho de que el poder disciplinario no es ilimitado, sino que, por el contrario, debe respetar los principios generales propios de la naturaleza punitiva de la sanción.

El principio de tipicidad y el de legalidad determinan que no sea posible imponer sanciones diferentes a las fijadas en las disposiciones legales o convencionales que regulan la potestad sancionadora.

Por ello, es necesario que se justifique no solo la conducta cuya comisión se imputa sino además dicha conducta ha de estar tipificada como infracción y ha de ser merecedora de la sanción impuesta (en este sentido destaca, entre otras, la STS 8-10-1988 ).

También rige el principio "non bis in idem" que implica que cualquier incumplimiento laboral, una vez sancionado, no pueda dar lugar a una sanción posterior, con la salvedad de las reincidencias que pueden determinar agravantes de determinadas conductas ( SSTS de 17-10-1984 , 8-10-1988 o 15-12-1994 , entre otras). Además, están prohibidas ciertas sanciones como la reducción de las vacaciones o de los derechos de descanso o la multa de haber ( art. 58.3 ET ) y existen otros principios que rigen el poder sancionador como la prohibición de discriminación, pues solo es posible un trato diferenciado -pero nunca discriminatorio-, cuando existan razones objetivas que lo justifiquen. Es posible, sin embargo, admitir la imposición de sanciones distintas por hechos similares, cuando existan circunstancias personales que así lo justifiquen ( STS 5-2-1985 , SSTC 34/1984 o 21/1992 , entre otras).

Rige también el principio de presunción de inocencia, pero con un alcance restrictivo y claramente diferenciado del propio del ámbito penal, que no exime al empresario de la carga de acreditar la imputación ( STS 9-3-1994 , STC 27/1993 , entre otras)".

QUINTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter principal. Vulneración de derechos fundamentales.

Tratándose de la tutela de actos lesivos de derechos fundamentales y en cuanto a las reglas de distribución de la carga de la prueba, tiene establecido el Tribunal Constitucional ( SSTC 87/2004 entre otras), que aportado por el Trabajador un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, recae sobre esta parte la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales así como que aquellas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989, de 22 de Junio)-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador ( SSTC 38/1981, de 23 de Noviembre, y 136/1996, de 23 de Julio, por ejemplo). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental ( SSTC 197/1990, de 29 de Noviembre; 136/1996, de 23 de Julio). En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios ( SSTC 90/1997, de 6 de Mayo, y 29/2002, de 11 de Febrero).

En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993 y 38/2005, entre otras), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 24.1 CE y art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores) .

Expuesto lo anterior, estima esta Juzgadora que la parte actora no ha aportado indicios sólidos de que se haya procedido a sancionarla como consecuencia de la previa presentación de dos demandas, cinco años antes, impugnando otras sanciones pues no existe interconexión entre uno y otro momento, obedeciendo a comportamientos cronológicos distintos, que motivaron que la empresa ejerciera su poder de dirección y sancionador en tres actuaciones diferentes, no siendo indicio suficiente que la anteriores sanciones de dieciocho meses y un mes y un día de suspensión de empleo y sueldo fueran revocadas por Sentencias de fecha 24 de octubre de 2019 y 4 de febrero de 2021, dictadas, respectivamente, por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santander (PO nº 459/2019) y Juzgado de lo Social nº 1 de Santander (PO nº 409/2019), pues ello sería tanto como negar en la práctica el derecho del empresario a sancionar comportamientos posteriores.

Respecto a la alegada vulneración del derecho a la presión de inocencia, incidiendo en la incoación del expediente disciplinario sin más prueba que la mera declaración de una menor, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia nº 30/1992, de 18 de marzo, estableció de manera contundente que: "Debe partirse del alcance específico y en cierto modo restrictivo que el derecho de presunción de inocencia tiene en el ámbito laboral, pues su campo de aplicación natural es el proceso penal (y, por extensión, el procedimiento administrativo sancionador) y, si bien en un primer momento este Tribunal entendió aplicable tal derecho a dicha clase de procesos en tanto en cuanto la jurisdicción laboral ha venido y viene sosteniéndolo, posteriormente ha rectificado y es hoy doctrina uniforme el considerar aplicable la presunción de inocencia exclusivamente en el ámbito del proceso penal".

En consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia no tiene cabida en el orden jurisdiccional social, lo que ya sería suficiente para desestimar la vulneración alegada, pero es que, a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que, tal y como resulta del relato de hechos probados, en el caso que nos ocupa se ha realizado una escrupulosa tramitación del procedimiento disciplinario que ha garantizado todos los derechos que protegen a la expedientada y, en especial, el de la presunción de inocencia, pues se le ha notificado puntualmente cada una de las resoluciones dictadas y se le ha dado traslado no solo para formular alegaciones sino también para proponer prueba, que ha sido admitida en su integridad, con la única excepción de la prueba documental que no guardaba relación con la causa al referirse a hechos posteriores en el tiempo.

Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a la integridad física y moral, el artículo 83 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria prevé que, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la resolución final que pudiera recaer, podrá decretar cautelarmente la suspensión de empleo del trabajador por un plazo máximo de seis meses. En consecuencia, la parte demandada no ha actuado sino en cumplimento de o que prevé el Convenio aplicable, por lo que no puede apreciarse vulneración del derecho a la integridad física y moral.

En base a lo anteriormente expuesto, procede la desestimación de la acción ejercitada con carácter principal.

SEXTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter subsidiario. Cosa Juzgada.

Con carácter subsidiario, sostiene la parte actora que las sanciones deben ser declaradas improcedentes, o dejadas sin efecto, por concurrir cosa juzgada, por la caducidad del expediente, por defecto de tipificación de los hechos y por la falsedad de los hechos imputados.

Pues bien, antes de entrar en el fondo se debe analizar la excepción de cosa juzgada.

Así, el instituto de la cosa juzgada se encuentra regulado en el artículo 222.1 de la LEC, que dispone que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

Su fundamento se encuentra en la seguridad jurídica evitando continuos procesos sobre la misma cuestión entre las mismas partes, no solo en función de lo que en el primer proceso se haya deducido sino, también, lo que se hubiera podido deducir.

Los requisitos para apreciar el efecto de cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, son la identidad de sujetos, objeto y causa de pedir. Esta triple identidad supone:

a) que entre el proceso ya resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero exista identidad de sujetos, de litigantes, identidad subjetiva contemplada en el art. 222.3 LEC cuando dice que la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. Montero[2] identifica este requisito con la calidad jurídica del interviniente en el primer proceso pues lo que importa es la titularidad de la relación jurídica, no la identidad física sino la jurídica, salvo en los casos exceptuados por la ley (i) herederos o causahabientes de las partes (ii) sujetos titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley (casos de legitimación procesal extraordinaria -sustitución- u ordinaria -asociaciones de consumidores-, y en los casos de la ley de forma taxativa extienda los efectos de la sentencia a terceros, como en el caso de la impugnación de acuerdos sociales, en que se extiende a los socios).

Con carácter especifico, el art 222.3 LEC hace extensiva la cosa juzgada material «erga omnes», a partir de la inscripción o anotación en el Registro Civil, respecto de las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad.

b) que entre el litigio ya resuelto y el nuevo, exista identidad de objeto litigioso. Así, el art. 222.1 LEC hace referencia a la identidad de objeto del proceso en que aquélla se produjo, lo cual ha debido quedar claramente determinado en la demanda o reconvención.

Por objeto del proceso no hay que entender únicamente lo que ha sido objeto del debate jurídico, sino también forman parte del contenido de la cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, las excepciones materiales y los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la relación jurídica debatida en del proceso no alegados por el demandado que pudieron ser alegados. Así, la STS 629/13 de 28 de octubre Roj: STS 5188/2013 - ECLI:ES:TS:2013:5188, indica que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del demandado ( SSTS 28-2-91 y 30-7-96) postulados en gran medida incorporados explícitamente al art. 400 de la LEC.

El art. 400 LEC impone la necesidad de alegar los hechos, fundamentos o títulos jurídicos en que pueda fundarse lo que se pide en la demanda, sin poder reservarse su alegación para un proceso ulterior. Se pretende que el demandante haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida, de forma que a efectos de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste, lo que la STS 189/11, de 30 marzo, Roj: STS 2227/2011 - ECLI:ES:TS:2011:2227, interpreta exigiendo que ante la existencia de dos demandas, las causas de pedir alegadas en ellas sean diferentes (bien por sus elementos fácticos, es decir, diferentes hechos, bien por sus elementos normativos, es decir, distintos fundamentos o títulos jurídicos), y que habiendo podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, haya quedado reservada para el proceso ulterior - "resulten conocidos o puedan invocarse"-, y por lo tanto se trata de haber pedido lo mismo en las dos demandas. En definitiva, no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda.

Según la doctrina del T. Supremo expuesta en la Sentencia citada nº 629/13 de 28 de octubre, que se remite a la nº 309/09, de 21 de mayo, no sólo se trata de incluir dentro de la excepción de cosa juzgada aquellas alegaciones que se realizaron en el Juicio Cambiario, sino aquellas que no se alegaron pudiendo haberlo hecho, por lo que no pueden volver a repetirse en un procedimiento ordinario posterior. Así, el art. 827.3 LEC otorga efectos de cosa juzgada a la sentencia firme que se dicte en el juicio cambiario tras la oposición del demandado, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente, regla que confirma la jurisprudencia de la Sala 1ª del T.Supremo a propósito del art. 1479 de la LEC de 1881

c) Entre los requisitos para que tenga lugar ese efecto negativo de la cosa juzgada, se encuentra el referido a la identidad de la causa de pedir, esto es, del conjunto de hechos jurídicamente relevantes a los que la norma aplicable vincula el efecto jurídico que se pretende, hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, es decir, que entre el litigio ya resuelto y el nuevo exista identidad de la causa de pedir en el sentido del art. 222.2 LEC según el cual la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 LEC, considerando hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora.

La STS nº 539/14 de 14 de enero de 2015, Roj: STS 125/2015 - ECLI:ES:TS:2015:125, se refiere a la causa de pedir como hechos constitutivos con relevancia jurídica que sirvan de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal.

En definitiva, en el ámbito social, la excepción de cosa juzgada, en su efecto negativo, impide que un asunto ya resuelto por sentencia firme pueda ser juzgado nuevamente. Esto significa que si existe una sentencia firme que ha resuelto una cuestión específica, no se puede volver a plantear el mismo asunto en otro proceso judicial, tanto si se trata de una demanda como de una reconvención.

Y de la aplicación de la anterior doctrina al caso que nos ocupa cabe concluir que si bien el Juzgado de lo Social nº 1 de Santander, mediante Sentencia nº 143/2024, de fecha 3 de abril de 2024, dictada en el ámbito de su Procedimiento de Impugnación de Sanciones nº 793/2023, anuló las sanciones de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia y suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuestas a la actora por los mismos hechos debatidos en el presente procedimiento, lo cierto es que el defecto de forma -en concreto, la falta de información al comité de empresa- fue el causante del primer pronunciamiento de anulación, por lo que la imputación no fue enjuiciada en cuanto al fondo, quedando imprejuzgada en el Fallo. A mayor abundamiento, si en el anterior procedimiento el Expediente disciplinario era defectuoso por carencia de requisitos formales, la consecuencia es que en dicho expediente no puede estimarse imputado ningún hecho susceptible de ser enjuiciado.

En consecuencia, no se han sancionado dos veces los mismo hechos y no hay causa juzgada sobre la causa de la imposición de las sanciones.

SEPTIMO.- La caducidad del Expediente Disciplinario.

Alega la parte actora la caducidad del Expediente, señalando que el Expediente Disciplinario se inició por Resolución del Director del ICASS de fecha 29 de abril de 2024 y las Resoluciones sancionadoras se dictaron en fecha 25 y 28 de octubre de 2024, notificándose a la actora el 7 de noviembre de 2024, superando, en consecuencia, la tramitación del expediente el plazo de seis meses establecido en el artículo 84.4 del Convenio Colectivo de aplicación ("Desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la resolución del mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado").

Así las cosas, antes de resolver sobre la excepción alegada debe ponerse de relieve que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la recepción efectiva de los actos de comunicación y, especialmente, de las notificaciones, es un deber o, al menos, una carga del interesado o su representante, que se incardina en la necesaria buena fe que ha de presidir las relaciones entre la Administración pública y los ciudadanos ( STS 14-10-92). Como consecuencia de ello, no es posible invocar defectos en la práctica de dichos actos por parte de que quien ha obstaculizado su efectividad ( STS 5-4-89). A su vez que las notificaciones se han de practicar preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (en este sentido LPAC art. 14).

Expuesto lo anterior, dispone el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 que: "El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes"y añade su apartado 4 que: "Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado".

De acuerdo al artículo 43.3 del mismo Texto Legal, "Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única"

En este sentido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TS, nº 1320/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, Rec. 4886/2020, fija como doctrina que en las notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de la Administración de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única, pues debe distinguirse entre "notificación" a efectos de que el acto despliegue todos sus efectos, entre ellos el de abrir los plazos para la impugnación en vía administrativa o judicial y el "intento de notificación" a los efectos de entender por resuelto el procedimiento dentro de plazo.

En consecuencia, desprendiéndose del Documento nº 4 de los aportados por la parte demandada mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2025 que las resoluciones sancionadoras fueron puestas a disposición de la trabajadora en la sede electrónica en fecha 28 de octubre de 2024, cabe concluir que la actuación sancionadora no ha caducado, pues no puede quedar en manos de su destinatario decidir cuando la abre.

En definitiva, la segunda excepción planteada por la parte actora también ha de ser desestimada.

OCTAVO.- Resolución del caso.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha expuesto a lo largo de la presente resolución, se imputa a la parte actora, en primer lugar, la comisión de dos faltas graves, tipificadas como tal en el artículo 79.l) del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria ("Serán faltas graves: La grave perturbación del servicio),perturbación que la Resolución circunscribe a no respetar la actora las sanciones impuestas a los menores por otros compañeros educadores y permitir un comportamiento inadecuado de esos menores en el centro; y, en segundo lugar, la comisión de una falta muy grave, tipificada como tal en el artículo 78.b) del Convenio de aplicación ("Serán faltas muy graves: Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo"),discriminación que la resolución sancionadora concreta en el acoso sufrido por la menor Adelaida, que debido a su edad y especial vulnerabilidad, por encontrarse en un proceso de protección de menores, sufre en mayor medida esta situación injustificada, máxime cuando procede de un técnico sociosanitario que se encuentra en situación de poder sobre ella y debe protegerla.

Expuesto lo anterior, conviene comenzar poniendo de relieve que, no existe ningún defecto de forma en las resoluciones litigiosas pues la comunicación se hizo por escrito y conteniendo una exposición precisa y bastante para conocer los hechos e incumplimiento contractual imputado.

Por otro lado, el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES ha acreditado, como le incumbía, tanto la perturbación del servicio como el acoso ejercido sobre la menor Adelaida. Así, la testigo Dña. Tomasa, Directora del Centro, afirmó en el acto de la vista que el día 2 de marzo de 2023, la menor Adelaida pidió hablar con ella, preguntándole muy afectada si la iba a sancionar por lo que había hecho a la auxiliar la noche anterior. La testigo continuó relatando que durante la noche del día 1 de marzo de 2023 la actora había dicho a la menor que a partir de entonces iba a hacer todo sola como represalia por delatarla por las fiestas, llegando a darle toques en el hombro a lo que ésta respondió dándole un manotazo, marchándose la actora con los otros menores mientras ella se quedaba con el vigilante de seguridad y otro auxiliar. Dña. Tomasa también manifestó que a raíz del testimonio de la menor decidió investigar los hechos, no sólo por lo sucedido la noche del día 1 de marzo de 2023 sino también por lo acaecido en fechas anteriores, por lo que habló con otros educadores y visualizó las grabaciones de las cámaras de seguridad. A pesar de que las grabaciones de las cámaras de seguridad no fueron reproducidas en el acto de la vista al haber sido destruidas por error, lo cierto es que la testigo Dña. Cecilia ofreció una descripción detallada de lo que vio en las imágenes y así, en relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, manifestó que observó como la demandante tocaba en el hombro a Adelaida a modo de provocación y ésta le propinaba un manotazo y le retiraba la mano, llegando a calificar la escena como "un abuso de poder de la auxiliar hacia la niña" y "una humillación de una menor que se encuentra desvalida"; en relación a los hechos del día 10 de febrero de 2023, la testigo relató que vio como un grupo de menores que había sido sancionado por introducir tabaco en el centro y que a las 22:00 horas tenían que estar en su habitación sin poder salir, al llegar el turno de noche salen todos de sus habitaciones y se reúnen en el hall alrededor de la actora, permaneciendo con ella en situación distendida, hasta que entra el vigilante de seguridad y los niños se meten en sus habitaciones hasta que se éste se marcha y vuelven a salir, al igual que hacen minutos más tarde ante la llegada de otro auxiliar; y respecto de los hechos del día 28 de febrero de 2023, observa que cuando se marcha el turno de tarde, siendo las 22:13 horas, la actora se lleva a un grupo de menores de la casa de ocio a la casa de las habitaciones, separando a Adelaida sin justificación alguna, permaneciendo con ellos en el hall más allá de las 22:30 horas a la que tienen que acostarse.

Así las cosas, la versión de los hechos ofrecida por la Directora del Centro fue corroborada en el acto de la vista por Dña. Inés y D. Victor Manuel. La primera manifestó que a pesar de que el día 10 de febrero de 2023, cuando finalizó su turno a las 22:00 horas, los niños sancionados ya estaban en sus habitaciones, posteriormente los vio a través de una ventana de la casa de ocio en el hall y más tarde, desde fuera, los volvió a ver salir al hall. En relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, afirmó que aunque no estuvo presente, al día siguiente tuvo que llevar a Adelaida al instituto en furgoneta, aprovechando ésta el trayecto para contarle que la demandante llegó y se llevó a sus niños favoritos a la otra casa, y que cuando estaban todos juntos, la actora la insultaba junto a otros dos compañeros, a los que llamaba "los amargados". Por su parte, el segundo afirmó que el día 1 de marzo de 2023 se encontraba en su cuarto cuando fue alertado por la auxiliar de turno para que acudiera a la casa, encontrándose, a su llegada a la menor Adelaida alteraba, manifestando que "la maltrataban", y que mientras la actora se llevó a los otros menores para ir acostándolos, él acompañado por otro auxiliar llevó a la menor a la casa 2 e intentó traquilizarla.

Se otorga preferencia a estas declaraciones testificales frente a las propuestas por la parte actora pues tal y como Dña. Adela reconoció en el acto de la vista, aunque el 10 de febrero de 2023 trabajó en el turno de noche, se encontraba en el chalet NUM000 y desde esa casa no podía saber lo que sucedía en el chalet NUM001; y D. Higinio no recordaba los incidentes de los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2023.

Así las cosas, este comportamiento de Dña. Lidia los días 10 y 28 de febrero de 2023 y 1 de marzo de 2023 revisten la gravedad suficiente para ser encuadrable, respectivamente, en el artículo 79. l) y 78.b) del Convenio Colectivo, pues implica una falta de respeto y profesionalidad hacia sus compañeros, generando un conflicto de lealtades entre los menores y una diferenciación de trato entre los mismos. A mayor abundamiento, el artículo 81 prevé una sanción para las faltas graves de suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día hasta un año y para las faltas muy graves de incluso el despido disciplinario o la suspensión de empleo y sueldo de hasta seis años, por lo que en ningún caso las sanciones impuestas por el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES pueden considerarse desproporcionadas.

En consecuencia, habiéndose acreditado la comisión por la actora de las conductas constitutivas de infracción, y resultando las sanciones impuestas acordes a su tipificación, la demanda ha de ser desestimada.

NOVENO.- Indemnización por daño moral.

Al no declararse la nulidad de las sanciones impuestas a Dña. Lidia por vulneración de derechos fundamentales, dado que como se acaba de exponer no se estima que haya existido vulneración alguna, no procede otorgar ninguna indemnización por daños morales.

DECIMO.- Recursos.

Contra esta Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ( art. 115.3 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Valoración de los hechos probados.

El artículo 97.2 LRJS dispone que: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Así las cosas, en el presente caso los hechos que se han declarado probados resultan del análisis del conjunto de la prueba practicada conforme a las normas de la sana crítica; y ello principalmente, según resulta de los documentos aportados por las partes, que no fueron impugnados, y deben hacer prueba plena en el proceso, así como de la declaración testifical de Dña. Tomasa, Dña. Inés y D. Victor Manuel.

SEGUNDO.- Planteamiento.

Impugna la demandante, con fundamento en el artículo 114 de la LRJS, la sanción de suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuesta por Resolución de la Directora del INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES de fecha 25 de octubre de 2024 y la sanción de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia impuesta por Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de fecha 28 de octubre de 2024, defendiendo que dichas sanciones son nulas por vulnerar la garantía de indemnidad, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la integridad física y moral, interesando una indemnización de 30.000 euros por daños morales; y subsidiariamente improcedentes, concurriendo las excepciones de cosa juzgada y caducidad, y defendiendo que los hechos imputados no son ciertos, siendo las sanciones, en todo caso, desproporcionadas.

La empresa demandada, por su parte, interesa la desestimación de la demanda, defendiendo que no existe vulneración de derechos fundamentales, interesando la desestimación de las excepciones invocadas, considerando que los hechos imputados en las Resoluciones sancionadoras son ciertos, y entendiendo las sanciones impugnadas como ajustadas a derecho y proporcionadas.

TERCERO.- Normativa aplicable.

La normativa aplicable al presente procedimiento se contiene, principalmente, en los artículos 114 y 115 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que disponen:

"Artículo 114. Impugnación de sanciones.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios".

"Artículo 115. Contenido de la sentencia.

1. La sentencia contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

a) Confirmar la sanción, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, así como su entidad, valorada según la graduación de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o éstos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción.

c) Revocarla en parte, con análogo pronunciamiento de condena económica por el período de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave. En este caso, el juez podrá autorizar la imposición, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a notificación de sentencia firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, y la decisión empresarial será revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, por medio del incidente de ejecución de dicha sentencia previsto en el artículo 238.

d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando éstos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108 . También será nula la sanción cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior serán nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabrá recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente".

Igualmente, debe señalarse la regulación contenida en el Estatuto de los Trabajadores. Así, su artículo 58 preceptúa:

"1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber".

CUARTO.- Las peculiaridades del poder disciplinario.

En ausencia de norma legal, las peculiaridades del poder disciplinario se han venido delimitando a través de la doctrina y Jurisprudencia de los tribunales, que señalan, que además de las restricciones impuestas a su ejercicio en las reglamentaciones o en la negociación colectiva, aquél debe respetar los principios generales de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, non bis in ídem y presunción de inocencia.

En este sentido, la Sentencia del TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia nº 462/2023, de 16 de junio de 2023, Rec. 327/2023, establece que:

"El examen del recurso exige efectuar las siguientes consideraciones en torno a las facultades sancionadoras empresariales.

El poder sancionador o disciplinario empresarial se encuentra regulado en el artículo 58 ET . Constituye una especie de autotutela que permite al empresario imponer, de forma unilateral, sanciones sin necesidad de acudir a los Tribunales, aunque las mismas serán siempre revisables ante la jurisdicción competente.

Según ha reconocido la doctrina constitucional, la regulación legal de este poder responde al hecho de que el empresario tiene atribuido un poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a instancias judiciales para su imposición y efectividad. De forma correlativa, el trabajador ostenta el derecho a instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la decisión empresarial ( STC 206/1987 ).

El poder disciplinario debe respetar los principios de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, sin que sea posible imponer sanciones distintas a las fijadas en disposiciones legales o en convenios colectivos. La sujeción a tales principios deriva del hecho de que el poder disciplinario no es ilimitado, sino que, por el contrario, debe respetar los principios generales propios de la naturaleza punitiva de la sanción.

El principio de tipicidad y el de legalidad determinan que no sea posible imponer sanciones diferentes a las fijadas en las disposiciones legales o convencionales que regulan la potestad sancionadora.

Por ello, es necesario que se justifique no solo la conducta cuya comisión se imputa sino además dicha conducta ha de estar tipificada como infracción y ha de ser merecedora de la sanción impuesta (en este sentido destaca, entre otras, la STS 8-10-1988 ).

También rige el principio "non bis in idem" que implica que cualquier incumplimiento laboral, una vez sancionado, no pueda dar lugar a una sanción posterior, con la salvedad de las reincidencias que pueden determinar agravantes de determinadas conductas ( SSTS de 17-10-1984 , 8-10-1988 o 15-12-1994 , entre otras). Además, están prohibidas ciertas sanciones como la reducción de las vacaciones o de los derechos de descanso o la multa de haber ( art. 58.3 ET ) y existen otros principios que rigen el poder sancionador como la prohibición de discriminación, pues solo es posible un trato diferenciado -pero nunca discriminatorio-, cuando existan razones objetivas que lo justifiquen. Es posible, sin embargo, admitir la imposición de sanciones distintas por hechos similares, cuando existan circunstancias personales que así lo justifiquen ( STS 5-2-1985 , SSTC 34/1984 o 21/1992 , entre otras).

Rige también el principio de presunción de inocencia, pero con un alcance restrictivo y claramente diferenciado del propio del ámbito penal, que no exime al empresario de la carga de acreditar la imputación ( STS 9-3-1994 , STC 27/1993 , entre otras)".

QUINTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter principal. Vulneración de derechos fundamentales.

Tratándose de la tutela de actos lesivos de derechos fundamentales y en cuanto a las reglas de distribución de la carga de la prueba, tiene establecido el Tribunal Constitucional ( SSTC 87/2004 entre otras), que aportado por el Trabajador un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, recae sobre esta parte la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales así como que aquellas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989, de 22 de Junio)-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador ( SSTC 38/1981, de 23 de Noviembre, y 136/1996, de 23 de Julio, por ejemplo). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental ( SSTC 197/1990, de 29 de Noviembre; 136/1996, de 23 de Julio). En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios ( SSTC 90/1997, de 6 de Mayo, y 29/2002, de 11 de Febrero).

En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993 y 38/2005, entre otras), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 24.1 CE y art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores) .

Expuesto lo anterior, estima esta Juzgadora que la parte actora no ha aportado indicios sólidos de que se haya procedido a sancionarla como consecuencia de la previa presentación de dos demandas, cinco años antes, impugnando otras sanciones pues no existe interconexión entre uno y otro momento, obedeciendo a comportamientos cronológicos distintos, que motivaron que la empresa ejerciera su poder de dirección y sancionador en tres actuaciones diferentes, no siendo indicio suficiente que la anteriores sanciones de dieciocho meses y un mes y un día de suspensión de empleo y sueldo fueran revocadas por Sentencias de fecha 24 de octubre de 2019 y 4 de febrero de 2021, dictadas, respectivamente, por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santander (PO nº 459/2019) y Juzgado de lo Social nº 1 de Santander (PO nº 409/2019), pues ello sería tanto como negar en la práctica el derecho del empresario a sancionar comportamientos posteriores.

Respecto a la alegada vulneración del derecho a la presión de inocencia, incidiendo en la incoación del expediente disciplinario sin más prueba que la mera declaración de una menor, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia nº 30/1992, de 18 de marzo, estableció de manera contundente que: "Debe partirse del alcance específico y en cierto modo restrictivo que el derecho de presunción de inocencia tiene en el ámbito laboral, pues su campo de aplicación natural es el proceso penal (y, por extensión, el procedimiento administrativo sancionador) y, si bien en un primer momento este Tribunal entendió aplicable tal derecho a dicha clase de procesos en tanto en cuanto la jurisdicción laboral ha venido y viene sosteniéndolo, posteriormente ha rectificado y es hoy doctrina uniforme el considerar aplicable la presunción de inocencia exclusivamente en el ámbito del proceso penal".

En consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia no tiene cabida en el orden jurisdiccional social, lo que ya sería suficiente para desestimar la vulneración alegada, pero es que, a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que, tal y como resulta del relato de hechos probados, en el caso que nos ocupa se ha realizado una escrupulosa tramitación del procedimiento disciplinario que ha garantizado todos los derechos que protegen a la expedientada y, en especial, el de la presunción de inocencia, pues se le ha notificado puntualmente cada una de las resoluciones dictadas y se le ha dado traslado no solo para formular alegaciones sino también para proponer prueba, que ha sido admitida en su integridad, con la única excepción de la prueba documental que no guardaba relación con la causa al referirse a hechos posteriores en el tiempo.

Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a la integridad física y moral, el artículo 83 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria prevé que, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la resolución final que pudiera recaer, podrá decretar cautelarmente la suspensión de empleo del trabajador por un plazo máximo de seis meses. En consecuencia, la parte demandada no ha actuado sino en cumplimento de o que prevé el Convenio aplicable, por lo que no puede apreciarse vulneración del derecho a la integridad física y moral.

En base a lo anteriormente expuesto, procede la desestimación de la acción ejercitada con carácter principal.

SEXTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter subsidiario. Cosa Juzgada.

Con carácter subsidiario, sostiene la parte actora que las sanciones deben ser declaradas improcedentes, o dejadas sin efecto, por concurrir cosa juzgada, por la caducidad del expediente, por defecto de tipificación de los hechos y por la falsedad de los hechos imputados.

Pues bien, antes de entrar en el fondo se debe analizar la excepción de cosa juzgada.

Así, el instituto de la cosa juzgada se encuentra regulado en el artículo 222.1 de la LEC, que dispone que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

Su fundamento se encuentra en la seguridad jurídica evitando continuos procesos sobre la misma cuestión entre las mismas partes, no solo en función de lo que en el primer proceso se haya deducido sino, también, lo que se hubiera podido deducir.

Los requisitos para apreciar el efecto de cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, son la identidad de sujetos, objeto y causa de pedir. Esta triple identidad supone:

a) que entre el proceso ya resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero exista identidad de sujetos, de litigantes, identidad subjetiva contemplada en el art. 222.3 LEC cuando dice que la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. Montero[2] identifica este requisito con la calidad jurídica del interviniente en el primer proceso pues lo que importa es la titularidad de la relación jurídica, no la identidad física sino la jurídica, salvo en los casos exceptuados por la ley (i) herederos o causahabientes de las partes (ii) sujetos titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley (casos de legitimación procesal extraordinaria -sustitución- u ordinaria -asociaciones de consumidores-, y en los casos de la ley de forma taxativa extienda los efectos de la sentencia a terceros, como en el caso de la impugnación de acuerdos sociales, en que se extiende a los socios).

Con carácter especifico, el art 222.3 LEC hace extensiva la cosa juzgada material «erga omnes», a partir de la inscripción o anotación en el Registro Civil, respecto de las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad.

b) que entre el litigio ya resuelto y el nuevo, exista identidad de objeto litigioso. Así, el art. 222.1 LEC hace referencia a la identidad de objeto del proceso en que aquélla se produjo, lo cual ha debido quedar claramente determinado en la demanda o reconvención.

Por objeto del proceso no hay que entender únicamente lo que ha sido objeto del debate jurídico, sino también forman parte del contenido de la cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, las excepciones materiales y los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la relación jurídica debatida en del proceso no alegados por el demandado que pudieron ser alegados. Así, la STS 629/13 de 28 de octubre Roj: STS 5188/2013 - ECLI:ES:TS:2013:5188, indica que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del demandado ( SSTS 28-2-91 y 30-7-96) postulados en gran medida incorporados explícitamente al art. 400 de la LEC.

El art. 400 LEC impone la necesidad de alegar los hechos, fundamentos o títulos jurídicos en que pueda fundarse lo que se pide en la demanda, sin poder reservarse su alegación para un proceso ulterior. Se pretende que el demandante haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida, de forma que a efectos de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste, lo que la STS 189/11, de 30 marzo, Roj: STS 2227/2011 - ECLI:ES:TS:2011:2227, interpreta exigiendo que ante la existencia de dos demandas, las causas de pedir alegadas en ellas sean diferentes (bien por sus elementos fácticos, es decir, diferentes hechos, bien por sus elementos normativos, es decir, distintos fundamentos o títulos jurídicos), y que habiendo podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, haya quedado reservada para el proceso ulterior - "resulten conocidos o puedan invocarse"-, y por lo tanto se trata de haber pedido lo mismo en las dos demandas. En definitiva, no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda.

Según la doctrina del T. Supremo expuesta en la Sentencia citada nº 629/13 de 28 de octubre, que se remite a la nº 309/09, de 21 de mayo, no sólo se trata de incluir dentro de la excepción de cosa juzgada aquellas alegaciones que se realizaron en el Juicio Cambiario, sino aquellas que no se alegaron pudiendo haberlo hecho, por lo que no pueden volver a repetirse en un procedimiento ordinario posterior. Así, el art. 827.3 LEC otorga efectos de cosa juzgada a la sentencia firme que se dicte en el juicio cambiario tras la oposición del demandado, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente, regla que confirma la jurisprudencia de la Sala 1ª del T.Supremo a propósito del art. 1479 de la LEC de 1881

c) Entre los requisitos para que tenga lugar ese efecto negativo de la cosa juzgada, se encuentra el referido a la identidad de la causa de pedir, esto es, del conjunto de hechos jurídicamente relevantes a los que la norma aplicable vincula el efecto jurídico que se pretende, hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, es decir, que entre el litigio ya resuelto y el nuevo exista identidad de la causa de pedir en el sentido del art. 222.2 LEC según el cual la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 LEC, considerando hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora.

La STS nº 539/14 de 14 de enero de 2015, Roj: STS 125/2015 - ECLI:ES:TS:2015:125, se refiere a la causa de pedir como hechos constitutivos con relevancia jurídica que sirvan de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal.

En definitiva, en el ámbito social, la excepción de cosa juzgada, en su efecto negativo, impide que un asunto ya resuelto por sentencia firme pueda ser juzgado nuevamente. Esto significa que si existe una sentencia firme que ha resuelto una cuestión específica, no se puede volver a plantear el mismo asunto en otro proceso judicial, tanto si se trata de una demanda como de una reconvención.

Y de la aplicación de la anterior doctrina al caso que nos ocupa cabe concluir que si bien el Juzgado de lo Social nº 1 de Santander, mediante Sentencia nº 143/2024, de fecha 3 de abril de 2024, dictada en el ámbito de su Procedimiento de Impugnación de Sanciones nº 793/2023, anuló las sanciones de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia y suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuestas a la actora por los mismos hechos debatidos en el presente procedimiento, lo cierto es que el defecto de forma -en concreto, la falta de información al comité de empresa- fue el causante del primer pronunciamiento de anulación, por lo que la imputación no fue enjuiciada en cuanto al fondo, quedando imprejuzgada en el Fallo. A mayor abundamiento, si en el anterior procedimiento el Expediente disciplinario era defectuoso por carencia de requisitos formales, la consecuencia es que en dicho expediente no puede estimarse imputado ningún hecho susceptible de ser enjuiciado.

En consecuencia, no se han sancionado dos veces los mismo hechos y no hay causa juzgada sobre la causa de la imposición de las sanciones.

SEPTIMO.- La caducidad del Expediente Disciplinario.

Alega la parte actora la caducidad del Expediente, señalando que el Expediente Disciplinario se inició por Resolución del Director del ICASS de fecha 29 de abril de 2024 y las Resoluciones sancionadoras se dictaron en fecha 25 y 28 de octubre de 2024, notificándose a la actora el 7 de noviembre de 2024, superando, en consecuencia, la tramitación del expediente el plazo de seis meses establecido en el artículo 84.4 del Convenio Colectivo de aplicación ("Desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la resolución del mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado").

Así las cosas, antes de resolver sobre la excepción alegada debe ponerse de relieve que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la recepción efectiva de los actos de comunicación y, especialmente, de las notificaciones, es un deber o, al menos, una carga del interesado o su representante, que se incardina en la necesaria buena fe que ha de presidir las relaciones entre la Administración pública y los ciudadanos ( STS 14-10-92). Como consecuencia de ello, no es posible invocar defectos en la práctica de dichos actos por parte de que quien ha obstaculizado su efectividad ( STS 5-4-89). A su vez que las notificaciones se han de practicar preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (en este sentido LPAC art. 14).

Expuesto lo anterior, dispone el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 que: "El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes"y añade su apartado 4 que: "Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado".

De acuerdo al artículo 43.3 del mismo Texto Legal, "Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única"

En este sentido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TS, nº 1320/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, Rec. 4886/2020, fija como doctrina que en las notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de la Administración de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única, pues debe distinguirse entre "notificación" a efectos de que el acto despliegue todos sus efectos, entre ellos el de abrir los plazos para la impugnación en vía administrativa o judicial y el "intento de notificación" a los efectos de entender por resuelto el procedimiento dentro de plazo.

En consecuencia, desprendiéndose del Documento nº 4 de los aportados por la parte demandada mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2025 que las resoluciones sancionadoras fueron puestas a disposición de la trabajadora en la sede electrónica en fecha 28 de octubre de 2024, cabe concluir que la actuación sancionadora no ha caducado, pues no puede quedar en manos de su destinatario decidir cuando la abre.

En definitiva, la segunda excepción planteada por la parte actora también ha de ser desestimada.

OCTAVO.- Resolución del caso.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha expuesto a lo largo de la presente resolución, se imputa a la parte actora, en primer lugar, la comisión de dos faltas graves, tipificadas como tal en el artículo 79.l) del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria ("Serán faltas graves: La grave perturbación del servicio),perturbación que la Resolución circunscribe a no respetar la actora las sanciones impuestas a los menores por otros compañeros educadores y permitir un comportamiento inadecuado de esos menores en el centro; y, en segundo lugar, la comisión de una falta muy grave, tipificada como tal en el artículo 78.b) del Convenio de aplicación ("Serán faltas muy graves: Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo"),discriminación que la resolución sancionadora concreta en el acoso sufrido por la menor Adelaida, que debido a su edad y especial vulnerabilidad, por encontrarse en un proceso de protección de menores, sufre en mayor medida esta situación injustificada, máxime cuando procede de un técnico sociosanitario que se encuentra en situación de poder sobre ella y debe protegerla.

Expuesto lo anterior, conviene comenzar poniendo de relieve que, no existe ningún defecto de forma en las resoluciones litigiosas pues la comunicación se hizo por escrito y conteniendo una exposición precisa y bastante para conocer los hechos e incumplimiento contractual imputado.

Por otro lado, el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES ha acreditado, como le incumbía, tanto la perturbación del servicio como el acoso ejercido sobre la menor Adelaida. Así, la testigo Dña. Tomasa, Directora del Centro, afirmó en el acto de la vista que el día 2 de marzo de 2023, la menor Adelaida pidió hablar con ella, preguntándole muy afectada si la iba a sancionar por lo que había hecho a la auxiliar la noche anterior. La testigo continuó relatando que durante la noche del día 1 de marzo de 2023 la actora había dicho a la menor que a partir de entonces iba a hacer todo sola como represalia por delatarla por las fiestas, llegando a darle toques en el hombro a lo que ésta respondió dándole un manotazo, marchándose la actora con los otros menores mientras ella se quedaba con el vigilante de seguridad y otro auxiliar. Dña. Tomasa también manifestó que a raíz del testimonio de la menor decidió investigar los hechos, no sólo por lo sucedido la noche del día 1 de marzo de 2023 sino también por lo acaecido en fechas anteriores, por lo que habló con otros educadores y visualizó las grabaciones de las cámaras de seguridad. A pesar de que las grabaciones de las cámaras de seguridad no fueron reproducidas en el acto de la vista al haber sido destruidas por error, lo cierto es que la testigo Dña. Cecilia ofreció una descripción detallada de lo que vio en las imágenes y así, en relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, manifestó que observó como la demandante tocaba en el hombro a Adelaida a modo de provocación y ésta le propinaba un manotazo y le retiraba la mano, llegando a calificar la escena como "un abuso de poder de la auxiliar hacia la niña" y "una humillación de una menor que se encuentra desvalida"; en relación a los hechos del día 10 de febrero de 2023, la testigo relató que vio como un grupo de menores que había sido sancionado por introducir tabaco en el centro y que a las 22:00 horas tenían que estar en su habitación sin poder salir, al llegar el turno de noche salen todos de sus habitaciones y se reúnen en el hall alrededor de la actora, permaneciendo con ella en situación distendida, hasta que entra el vigilante de seguridad y los niños se meten en sus habitaciones hasta que se éste se marcha y vuelven a salir, al igual que hacen minutos más tarde ante la llegada de otro auxiliar; y respecto de los hechos del día 28 de febrero de 2023, observa que cuando se marcha el turno de tarde, siendo las 22:13 horas, la actora se lleva a un grupo de menores de la casa de ocio a la casa de las habitaciones, separando a Adelaida sin justificación alguna, permaneciendo con ellos en el hall más allá de las 22:30 horas a la que tienen que acostarse.

Así las cosas, la versión de los hechos ofrecida por la Directora del Centro fue corroborada en el acto de la vista por Dña. Inés y D. Victor Manuel. La primera manifestó que a pesar de que el día 10 de febrero de 2023, cuando finalizó su turno a las 22:00 horas, los niños sancionados ya estaban en sus habitaciones, posteriormente los vio a través de una ventana de la casa de ocio en el hall y más tarde, desde fuera, los volvió a ver salir al hall. En relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, afirmó que aunque no estuvo presente, al día siguiente tuvo que llevar a Adelaida al instituto en furgoneta, aprovechando ésta el trayecto para contarle que la demandante llegó y se llevó a sus niños favoritos a la otra casa, y que cuando estaban todos juntos, la actora la insultaba junto a otros dos compañeros, a los que llamaba "los amargados". Por su parte, el segundo afirmó que el día 1 de marzo de 2023 se encontraba en su cuarto cuando fue alertado por la auxiliar de turno para que acudiera a la casa, encontrándose, a su llegada a la menor Adelaida alteraba, manifestando que "la maltrataban", y que mientras la actora se llevó a los otros menores para ir acostándolos, él acompañado por otro auxiliar llevó a la menor a la casa 2 e intentó traquilizarla.

Se otorga preferencia a estas declaraciones testificales frente a las propuestas por la parte actora pues tal y como Dña. Adela reconoció en el acto de la vista, aunque el 10 de febrero de 2023 trabajó en el turno de noche, se encontraba en el chalet NUM000 y desde esa casa no podía saber lo que sucedía en el chalet NUM001; y D. Higinio no recordaba los incidentes de los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2023.

Así las cosas, este comportamiento de Dña. Lidia los días 10 y 28 de febrero de 2023 y 1 de marzo de 2023 revisten la gravedad suficiente para ser encuadrable, respectivamente, en el artículo 79. l) y 78.b) del Convenio Colectivo, pues implica una falta de respeto y profesionalidad hacia sus compañeros, generando un conflicto de lealtades entre los menores y una diferenciación de trato entre los mismos. A mayor abundamiento, el artículo 81 prevé una sanción para las faltas graves de suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día hasta un año y para las faltas muy graves de incluso el despido disciplinario o la suspensión de empleo y sueldo de hasta seis años, por lo que en ningún caso las sanciones impuestas por el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES pueden considerarse desproporcionadas.

En consecuencia, habiéndose acreditado la comisión por la actora de las conductas constitutivas de infracción, y resultando las sanciones impuestas acordes a su tipificación, la demanda ha de ser desestimada.

NOVENO.- Indemnización por daño moral.

Al no declararse la nulidad de las sanciones impuestas a Dña. Lidia por vulneración de derechos fundamentales, dado que como se acaba de exponer no se estima que haya existido vulneración alguna, no procede otorgar ninguna indemnización por daños morales.

DECIMO.- Recursos.

Contra esta Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ( art. 115.3 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Valoración de los hechos probados.

El artículo 97.2 LRJS dispone que: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Así las cosas, en el presente caso los hechos que se han declarado probados resultan del análisis del conjunto de la prueba practicada conforme a las normas de la sana crítica; y ello principalmente, según resulta de los documentos aportados por las partes, que no fueron impugnados, y deben hacer prueba plena en el proceso, así como de la declaración testifical de Dña. Tomasa, Dña. Inés y D. Victor Manuel.

SEGUNDO.- Planteamiento.

Impugna la demandante, con fundamento en el artículo 114 de la LRJS, la sanción de suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuesta por Resolución de la Directora del INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES de fecha 25 de octubre de 2024 y la sanción de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia impuesta por Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de fecha 28 de octubre de 2024, defendiendo que dichas sanciones son nulas por vulnerar la garantía de indemnidad, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la integridad física y moral, interesando una indemnización de 30.000 euros por daños morales; y subsidiariamente improcedentes, concurriendo las excepciones de cosa juzgada y caducidad, y defendiendo que los hechos imputados no son ciertos, siendo las sanciones, en todo caso, desproporcionadas.

La empresa demandada, por su parte, interesa la desestimación de la demanda, defendiendo que no existe vulneración de derechos fundamentales, interesando la desestimación de las excepciones invocadas, considerando que los hechos imputados en las Resoluciones sancionadoras son ciertos, y entendiendo las sanciones impugnadas como ajustadas a derecho y proporcionadas.

TERCERO.- Normativa aplicable.

La normativa aplicable al presente procedimiento se contiene, principalmente, en los artículos 114 y 115 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que disponen:

"Artículo 114. Impugnación de sanciones.

1. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta mediante demanda, que habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103.

2. En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido.

3. Corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador, y su entidad, sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposición a la demanda que los alegados en su momento para justificar la sanción. Las alegaciones, pruebas y conclusiones deberán ser realizadas por las partes en el orden establecido para los despidos disciplinarios".

"Artículo 115. Contenido de la sentencia.

1. La sentencia contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes:

a) Confirmar la sanción, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las exigencias de forma y la realidad del incumplimiento imputado al trabajador, así como su entidad, valorada según la graduación de faltas y sanciones prevista en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

b) Revocarla totalmente, cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al trabajador o éstos no sean constitutivos de falta, condenando al empresario al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción.

c) Revocarla en parte, con análogo pronunciamiento de condena económica por el período de exceso en su caso, cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, de no haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave. En este caso, el juez podrá autorizar la imposición, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a notificación de sentencia firme, de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, y la decisión empresarial será revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, por medio del incidente de ejecución de dicha sentencia previsto en el artículo 238.

d) Declararla nula, si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, o cuando éstos presenten defectos de tal gravedad que no permitan alcanzar la finalidad para la que fueron requeridos, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108 . También será nula la sanción cuando consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior serán nulas las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato, sin dar audiencia a los delegados sindicales.

3. Contra las sentencias dictadas en estos procesos no cabrá recurso alguno, salvo en los casos de sanciones por faltas muy graves, apreciadas judicialmente".

Igualmente, debe señalarse la regulación contenida en el Estatuto de los Trabajadores. Así, su artículo 58 preceptúa:

"1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber".

CUARTO.- Las peculiaridades del poder disciplinario.

En ausencia de norma legal, las peculiaridades del poder disciplinario se han venido delimitando a través de la doctrina y Jurisprudencia de los tribunales, que señalan, que además de las restricciones impuestas a su ejercicio en las reglamentaciones o en la negociación colectiva, aquél debe respetar los principios generales de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, non bis in ídem y presunción de inocencia.

En este sentido, la Sentencia del TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia nº 462/2023, de 16 de junio de 2023, Rec. 327/2023, establece que:

"El examen del recurso exige efectuar las siguientes consideraciones en torno a las facultades sancionadoras empresariales.

El poder sancionador o disciplinario empresarial se encuentra regulado en el artículo 58 ET . Constituye una especie de autotutela que permite al empresario imponer, de forma unilateral, sanciones sin necesidad de acudir a los Tribunales, aunque las mismas serán siempre revisables ante la jurisdicción competente.

Según ha reconocido la doctrina constitucional, la regulación legal de este poder responde al hecho de que el empresario tiene atribuido un poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a instancias judiciales para su imposición y efectividad. De forma correlativa, el trabajador ostenta el derecho a instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la decisión empresarial ( STC 206/1987 ).

El poder disciplinario debe respetar los principios de tipicidad de la falta y legalidad en la sanción, sin que sea posible imponer sanciones distintas a las fijadas en disposiciones legales o en convenios colectivos. La sujeción a tales principios deriva del hecho de que el poder disciplinario no es ilimitado, sino que, por el contrario, debe respetar los principios generales propios de la naturaleza punitiva de la sanción.

El principio de tipicidad y el de legalidad determinan que no sea posible imponer sanciones diferentes a las fijadas en las disposiciones legales o convencionales que regulan la potestad sancionadora.

Por ello, es necesario que se justifique no solo la conducta cuya comisión se imputa sino además dicha conducta ha de estar tipificada como infracción y ha de ser merecedora de la sanción impuesta (en este sentido destaca, entre otras, la STS 8-10-1988 ).

También rige el principio "non bis in idem" que implica que cualquier incumplimiento laboral, una vez sancionado, no pueda dar lugar a una sanción posterior, con la salvedad de las reincidencias que pueden determinar agravantes de determinadas conductas ( SSTS de 17-10-1984 , 8-10-1988 o 15-12-1994 , entre otras). Además, están prohibidas ciertas sanciones como la reducción de las vacaciones o de los derechos de descanso o la multa de haber ( art. 58.3 ET ) y existen otros principios que rigen el poder sancionador como la prohibición de discriminación, pues solo es posible un trato diferenciado -pero nunca discriminatorio-, cuando existan razones objetivas que lo justifiquen. Es posible, sin embargo, admitir la imposición de sanciones distintas por hechos similares, cuando existan circunstancias personales que así lo justifiquen ( STS 5-2-1985 , SSTC 34/1984 o 21/1992 , entre otras).

Rige también el principio de presunción de inocencia, pero con un alcance restrictivo y claramente diferenciado del propio del ámbito penal, que no exime al empresario de la carga de acreditar la imputación ( STS 9-3-1994 , STC 27/1993 , entre otras)".

QUINTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter principal. Vulneración de derechos fundamentales.

Tratándose de la tutela de actos lesivos de derechos fundamentales y en cuanto a las reglas de distribución de la carga de la prueba, tiene establecido el Tribunal Constitucional ( SSTC 87/2004 entre otras), que aportado por el Trabajador un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, recae sobre esta parte la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales así como que aquellas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989, de 22 de Junio)-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador ( SSTC 38/1981, de 23 de Noviembre, y 136/1996, de 23 de Julio, por ejemplo). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental ( SSTC 197/1990, de 29 de Noviembre; 136/1996, de 23 de Julio). En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios ( SSTC 90/1997, de 6 de Mayo, y 29/2002, de 11 de Febrero).

En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993 y 38/2005, entre otras), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 24.1 CE y art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores) .

Expuesto lo anterior, estima esta Juzgadora que la parte actora no ha aportado indicios sólidos de que se haya procedido a sancionarla como consecuencia de la previa presentación de dos demandas, cinco años antes, impugnando otras sanciones pues no existe interconexión entre uno y otro momento, obedeciendo a comportamientos cronológicos distintos, que motivaron que la empresa ejerciera su poder de dirección y sancionador en tres actuaciones diferentes, no siendo indicio suficiente que la anteriores sanciones de dieciocho meses y un mes y un día de suspensión de empleo y sueldo fueran revocadas por Sentencias de fecha 24 de octubre de 2019 y 4 de febrero de 2021, dictadas, respectivamente, por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santander (PO nº 459/2019) y Juzgado de lo Social nº 1 de Santander (PO nº 409/2019), pues ello sería tanto como negar en la práctica el derecho del empresario a sancionar comportamientos posteriores.

Respecto a la alegada vulneración del derecho a la presión de inocencia, incidiendo en la incoación del expediente disciplinario sin más prueba que la mera declaración de una menor, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia nº 30/1992, de 18 de marzo, estableció de manera contundente que: "Debe partirse del alcance específico y en cierto modo restrictivo que el derecho de presunción de inocencia tiene en el ámbito laboral, pues su campo de aplicación natural es el proceso penal (y, por extensión, el procedimiento administrativo sancionador) y, si bien en un primer momento este Tribunal entendió aplicable tal derecho a dicha clase de procesos en tanto en cuanto la jurisdicción laboral ha venido y viene sosteniéndolo, posteriormente ha rectificado y es hoy doctrina uniforme el considerar aplicable la presunción de inocencia exclusivamente en el ámbito del proceso penal".

En consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia no tiene cabida en el orden jurisdiccional social, lo que ya sería suficiente para desestimar la vulneración alegada, pero es que, a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que, tal y como resulta del relato de hechos probados, en el caso que nos ocupa se ha realizado una escrupulosa tramitación del procedimiento disciplinario que ha garantizado todos los derechos que protegen a la expedientada y, en especial, el de la presunción de inocencia, pues se le ha notificado puntualmente cada una de las resoluciones dictadas y se le ha dado traslado no solo para formular alegaciones sino también para proponer prueba, que ha sido admitida en su integridad, con la única excepción de la prueba documental que no guardaba relación con la causa al referirse a hechos posteriores en el tiempo.

Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a la integridad física y moral, el artículo 83 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria prevé que, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la resolución final que pudiera recaer, podrá decretar cautelarmente la suspensión de empleo del trabajador por un plazo máximo de seis meses. En consecuencia, la parte demandada no ha actuado sino en cumplimento de o que prevé el Convenio aplicable, por lo que no puede apreciarse vulneración del derecho a la integridad física y moral.

En base a lo anteriormente expuesto, procede la desestimación de la acción ejercitada con carácter principal.

SEXTO.- Análisis de la acción ejercitada con carácter subsidiario. Cosa Juzgada.

Con carácter subsidiario, sostiene la parte actora que las sanciones deben ser declaradas improcedentes, o dejadas sin efecto, por concurrir cosa juzgada, por la caducidad del expediente, por defecto de tipificación de los hechos y por la falsedad de los hechos imputados.

Pues bien, antes de entrar en el fondo se debe analizar la excepción de cosa juzgada.

Así, el instituto de la cosa juzgada se encuentra regulado en el artículo 222.1 de la LEC, que dispone que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

Su fundamento se encuentra en la seguridad jurídica evitando continuos procesos sobre la misma cuestión entre las mismas partes, no solo en función de lo que en el primer proceso se haya deducido sino, también, lo que se hubiera podido deducir.

Los requisitos para apreciar el efecto de cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, son la identidad de sujetos, objeto y causa de pedir. Esta triple identidad supone:

a) que entre el proceso ya resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero exista identidad de sujetos, de litigantes, identidad subjetiva contemplada en el art. 222.3 LEC cuando dice que la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. Montero[2] identifica este requisito con la calidad jurídica del interviniente en el primer proceso pues lo que importa es la titularidad de la relación jurídica, no la identidad física sino la jurídica, salvo en los casos exceptuados por la ley (i) herederos o causahabientes de las partes (ii) sujetos titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley (casos de legitimación procesal extraordinaria -sustitución- u ordinaria -asociaciones de consumidores-, y en los casos de la ley de forma taxativa extienda los efectos de la sentencia a terceros, como en el caso de la impugnación de acuerdos sociales, en que se extiende a los socios).

Con carácter especifico, el art 222.3 LEC hace extensiva la cosa juzgada material «erga omnes», a partir de la inscripción o anotación en el Registro Civil, respecto de las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad.

b) que entre el litigio ya resuelto y el nuevo, exista identidad de objeto litigioso. Así, el art. 222.1 LEC hace referencia a la identidad de objeto del proceso en que aquélla se produjo, lo cual ha debido quedar claramente determinado en la demanda o reconvención.

Por objeto del proceso no hay que entender únicamente lo que ha sido objeto del debate jurídico, sino también forman parte del contenido de la cosa juzgada material en su sentido negativo o excluyente, las excepciones materiales y los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la relación jurídica debatida en del proceso no alegados por el demandado que pudieron ser alegados. Así, la STS 629/13 de 28 de octubre Roj: STS 5188/2013 - ECLI:ES:TS:2013:5188, indica que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del demandado ( SSTS 28-2-91 y 30-7-96) postulados en gran medida incorporados explícitamente al art. 400 de la LEC.

El art. 400 LEC impone la necesidad de alegar los hechos, fundamentos o títulos jurídicos en que pueda fundarse lo que se pide en la demanda, sin poder reservarse su alegación para un proceso ulterior. Se pretende que el demandante haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida, de forma que a efectos de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste, lo que la STS 189/11, de 30 marzo, Roj: STS 2227/2011 - ECLI:ES:TS:2011:2227, interpreta exigiendo que ante la existencia de dos demandas, las causas de pedir alegadas en ellas sean diferentes (bien por sus elementos fácticos, es decir, diferentes hechos, bien por sus elementos normativos, es decir, distintos fundamentos o títulos jurídicos), y que habiendo podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, haya quedado reservada para el proceso ulterior - "resulten conocidos o puedan invocarse"-, y por lo tanto se trata de haber pedido lo mismo en las dos demandas. En definitiva, no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda.

Según la doctrina del T. Supremo expuesta en la Sentencia citada nº 629/13 de 28 de octubre, que se remite a la nº 309/09, de 21 de mayo, no sólo se trata de incluir dentro de la excepción de cosa juzgada aquellas alegaciones que se realizaron en el Juicio Cambiario, sino aquellas que no se alegaron pudiendo haberlo hecho, por lo que no pueden volver a repetirse en un procedimiento ordinario posterior. Así, el art. 827.3 LEC otorga efectos de cosa juzgada a la sentencia firme que se dicte en el juicio cambiario tras la oposición del demandado, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente, regla que confirma la jurisprudencia de la Sala 1ª del T.Supremo a propósito del art. 1479 de la LEC de 1881

c) Entre los requisitos para que tenga lugar ese efecto negativo de la cosa juzgada, se encuentra el referido a la identidad de la causa de pedir, esto es, del conjunto de hechos jurídicamente relevantes a los que la norma aplicable vincula el efecto jurídico que se pretende, hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, es decir, que entre el litigio ya resuelto y el nuevo exista identidad de la causa de pedir en el sentido del art. 222.2 LEC según el cual la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 LEC, considerando hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora.

La STS nº 539/14 de 14 de enero de 2015, Roj: STS 125/2015 - ECLI:ES:TS:2015:125, se refiere a la causa de pedir como hechos constitutivos con relevancia jurídica que sirvan de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal.

En definitiva, en el ámbito social, la excepción de cosa juzgada, en su efecto negativo, impide que un asunto ya resuelto por sentencia firme pueda ser juzgado nuevamente. Esto significa que si existe una sentencia firme que ha resuelto una cuestión específica, no se puede volver a plantear el mismo asunto en otro proceso judicial, tanto si se trata de una demanda como de una reconvención.

Y de la aplicación de la anterior doctrina al caso que nos ocupa cabe concluir que si bien el Juzgado de lo Social nº 1 de Santander, mediante Sentencia nº 143/2024, de fecha 3 de abril de 2024, dictada en el ámbito de su Procedimiento de Impugnación de Sanciones nº 793/2023, anuló las sanciones de traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia y suspensión de empleo y sueldo de ocho meses de duración impuestas a la actora por los mismos hechos debatidos en el presente procedimiento, lo cierto es que el defecto de forma -en concreto, la falta de información al comité de empresa- fue el causante del primer pronunciamiento de anulación, por lo que la imputación no fue enjuiciada en cuanto al fondo, quedando imprejuzgada en el Fallo. A mayor abundamiento, si en el anterior procedimiento el Expediente disciplinario era defectuoso por carencia de requisitos formales, la consecuencia es que en dicho expediente no puede estimarse imputado ningún hecho susceptible de ser enjuiciado.

En consecuencia, no se han sancionado dos veces los mismo hechos y no hay causa juzgada sobre la causa de la imposición de las sanciones.

SEPTIMO.- La caducidad del Expediente Disciplinario.

Alega la parte actora la caducidad del Expediente, señalando que el Expediente Disciplinario se inició por Resolución del Director del ICASS de fecha 29 de abril de 2024 y las Resoluciones sancionadoras se dictaron en fecha 25 y 28 de octubre de 2024, notificándose a la actora el 7 de noviembre de 2024, superando, en consecuencia, la tramitación del expediente el plazo de seis meses establecido en el artículo 84.4 del Convenio Colectivo de aplicación ("Desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la resolución del mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado").

Así las cosas, antes de resolver sobre la excepción alegada debe ponerse de relieve que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la recepción efectiva de los actos de comunicación y, especialmente, de las notificaciones, es un deber o, al menos, una carga del interesado o su representante, que se incardina en la necesaria buena fe que ha de presidir las relaciones entre la Administración pública y los ciudadanos ( STS 14-10-92). Como consecuencia de ello, no es posible invocar defectos en la práctica de dichos actos por parte de que quien ha obstaculizado su efectividad ( STS 5-4-89). A su vez que las notificaciones se han de practicar preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (en este sentido LPAC art. 14).

Expuesto lo anterior, dispone el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 que: "El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes"y añade su apartado 4 que: "Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado".

De acuerdo al artículo 43.3 del mismo Texto Legal, "Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única"

En este sentido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TS, nº 1320/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, Rec. 4886/2020, fija como doctrina que en las notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de la Administración de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única, pues debe distinguirse entre "notificación" a efectos de que el acto despliegue todos sus efectos, entre ellos el de abrir los plazos para la impugnación en vía administrativa o judicial y el "intento de notificación" a los efectos de entender por resuelto el procedimiento dentro de plazo.

En consecuencia, desprendiéndose del Documento nº 4 de los aportados por la parte demandada mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2025 que las resoluciones sancionadoras fueron puestas a disposición de la trabajadora en la sede electrónica en fecha 28 de octubre de 2024, cabe concluir que la actuación sancionadora no ha caducado, pues no puede quedar en manos de su destinatario decidir cuando la abre.

En definitiva, la segunda excepción planteada por la parte actora también ha de ser desestimada.

OCTAVO.- Resolución del caso.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha expuesto a lo largo de la presente resolución, se imputa a la parte actora, en primer lugar, la comisión de dos faltas graves, tipificadas como tal en el artículo 79.l) del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria ("Serán faltas graves: La grave perturbación del servicio),perturbación que la Resolución circunscribe a no respetar la actora las sanciones impuestas a los menores por otros compañeros educadores y permitir un comportamiento inadecuado de esos menores en el centro; y, en segundo lugar, la comisión de una falta muy grave, tipificada como tal en el artículo 78.b) del Convenio de aplicación ("Serán faltas muy graves: Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo"),discriminación que la resolución sancionadora concreta en el acoso sufrido por la menor Adelaida, que debido a su edad y especial vulnerabilidad, por encontrarse en un proceso de protección de menores, sufre en mayor medida esta situación injustificada, máxime cuando procede de un técnico sociosanitario que se encuentra en situación de poder sobre ella y debe protegerla.

Expuesto lo anterior, conviene comenzar poniendo de relieve que, no existe ningún defecto de forma en las resoluciones litigiosas pues la comunicación se hizo por escrito y conteniendo una exposición precisa y bastante para conocer los hechos e incumplimiento contractual imputado.

Por otro lado, el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES ha acreditado, como le incumbía, tanto la perturbación del servicio como el acoso ejercido sobre la menor Adelaida. Así, la testigo Dña. Tomasa, Directora del Centro, afirmó en el acto de la vista que el día 2 de marzo de 2023, la menor Adelaida pidió hablar con ella, preguntándole muy afectada si la iba a sancionar por lo que había hecho a la auxiliar la noche anterior. La testigo continuó relatando que durante la noche del día 1 de marzo de 2023 la actora había dicho a la menor que a partir de entonces iba a hacer todo sola como represalia por delatarla por las fiestas, llegando a darle toques en el hombro a lo que ésta respondió dándole un manotazo, marchándose la actora con los otros menores mientras ella se quedaba con el vigilante de seguridad y otro auxiliar. Dña. Tomasa también manifestó que a raíz del testimonio de la menor decidió investigar los hechos, no sólo por lo sucedido la noche del día 1 de marzo de 2023 sino también por lo acaecido en fechas anteriores, por lo que habló con otros educadores y visualizó las grabaciones de las cámaras de seguridad. A pesar de que las grabaciones de las cámaras de seguridad no fueron reproducidas en el acto de la vista al haber sido destruidas por error, lo cierto es que la testigo Dña. Cecilia ofreció una descripción detallada de lo que vio en las imágenes y así, en relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, manifestó que observó como la demandante tocaba en el hombro a Adelaida a modo de provocación y ésta le propinaba un manotazo y le retiraba la mano, llegando a calificar la escena como "un abuso de poder de la auxiliar hacia la niña" y "una humillación de una menor que se encuentra desvalida"; en relación a los hechos del día 10 de febrero de 2023, la testigo relató que vio como un grupo de menores que había sido sancionado por introducir tabaco en el centro y que a las 22:00 horas tenían que estar en su habitación sin poder salir, al llegar el turno de noche salen todos de sus habitaciones y se reúnen en el hall alrededor de la actora, permaneciendo con ella en situación distendida, hasta que entra el vigilante de seguridad y los niños se meten en sus habitaciones hasta que se éste se marcha y vuelven a salir, al igual que hacen minutos más tarde ante la llegada de otro auxiliar; y respecto de los hechos del día 28 de febrero de 2023, observa que cuando se marcha el turno de tarde, siendo las 22:13 horas, la actora se lleva a un grupo de menores de la casa de ocio a la casa de las habitaciones, separando a Adelaida sin justificación alguna, permaneciendo con ellos en el hall más allá de las 22:30 horas a la que tienen que acostarse.

Así las cosas, la versión de los hechos ofrecida por la Directora del Centro fue corroborada en el acto de la vista por Dña. Inés y D. Victor Manuel. La primera manifestó que a pesar de que el día 10 de febrero de 2023, cuando finalizó su turno a las 22:00 horas, los niños sancionados ya estaban en sus habitaciones, posteriormente los vio a través de una ventana de la casa de ocio en el hall y más tarde, desde fuera, los volvió a ver salir al hall. En relación a los hechos del día 1 de marzo de 2023, afirmó que aunque no estuvo presente, al día siguiente tuvo que llevar a Adelaida al instituto en furgoneta, aprovechando ésta el trayecto para contarle que la demandante llegó y se llevó a sus niños favoritos a la otra casa, y que cuando estaban todos juntos, la actora la insultaba junto a otros dos compañeros, a los que llamaba "los amargados". Por su parte, el segundo afirmó que el día 1 de marzo de 2023 se encontraba en su cuarto cuando fue alertado por la auxiliar de turno para que acudiera a la casa, encontrándose, a su llegada a la menor Adelaida alteraba, manifestando que "la maltrataban", y que mientras la actora se llevó a los otros menores para ir acostándolos, él acompañado por otro auxiliar llevó a la menor a la casa 2 e intentó traquilizarla.

Se otorga preferencia a estas declaraciones testificales frente a las propuestas por la parte actora pues tal y como Dña. Adela reconoció en el acto de la vista, aunque el 10 de febrero de 2023 trabajó en el turno de noche, se encontraba en el chalet NUM000 y desde esa casa no podía saber lo que sucedía en el chalet NUM001; y D. Higinio no recordaba los incidentes de los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2023.

Así las cosas, este comportamiento de Dña. Lidia los días 10 y 28 de febrero de 2023 y 1 de marzo de 2023 revisten la gravedad suficiente para ser encuadrable, respectivamente, en el artículo 79. l) y 78.b) del Convenio Colectivo, pues implica una falta de respeto y profesionalidad hacia sus compañeros, generando un conflicto de lealtades entre los menores y una diferenciación de trato entre los mismos. A mayor abundamiento, el artículo 81 prevé una sanción para las faltas graves de suspensión de empleo y sueldo de un mes y un día hasta un año y para las faltas muy graves de incluso el despido disciplinario o la suspensión de empleo y sueldo de hasta seis años, por lo que en ningún caso las sanciones impuestas por el INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES pueden considerarse desproporcionadas.

En consecuencia, habiéndose acreditado la comisión por la actora de las conductas constitutivas de infracción, y resultando las sanciones impuestas acordes a su tipificación, la demanda ha de ser desestimada.

NOVENO.- Indemnización por daño moral.

Al no declararse la nulidad de las sanciones impuestas a Dña. Lidia por vulneración de derechos fundamentales, dado que como se acaba de exponer no se estima que haya existido vulneración alguna, no procede otorgar ninguna indemnización por daños morales.

DECIMO.- Recursos.

Contra esta Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ( art. 115.3 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.