Sentencia Social 132/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Santander, Rec. 338/2025 de 07 de mayo del 2026

PRIMERO.- Planteamiento.

D. Francisco impugna la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 3 de diciembre de 2024, que denegó la Pensión de Incapacidad Permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, y la Resolución de fecha 17 de marzo de 2025 que desestimó la reclamación previa en vía administrativa, argumentando que las patologías que presenta anulan su capacidad para realizar las tareas propias de su actividad laboral.

Frente a tal pretensión se alza la parte demandada, la cual, sin impugnar las dolencias postuladas en la Demanda, discute las limitaciones que provocan en la capacidad laboral del actor.

No obstante lo anterior, el INSS indica que, en caso de estimación de la demanda, la base reguladora para la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común ascendería a la cantidad de 926,71 € mensuales, con fecha de efectos económicos al cese de la actividad; siendo la profesión habitual de D. Francisco la de conductor camión autónomo.

SEGUNDO.- Normativa aplicable.

El artículo 193.1 del Texto Refundido de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, cuya entrada en vigor se produjo el 2 de enero de 2016, establece que:

"La incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de la persona incapacitada, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El requisito de haber estado sometido previamente al tratamiento prescrito podrá no ser exigible en aquellos supuestos en los que, atendiendo a las características de la patología de la persona trabajadora, el estadio de la enfermedad, su previsible evolución, y la gravedad de las reducciones anatómicas y funcionales, estas queden suficientemente objetivadas y sean previsiblemente definitivas.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación".

De conformidad con el artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194. "5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión y oficio"; "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión, y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia ( STS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87), y sin que pueda comportar el sometimiento a una continuación de sufrimiento en el trabajo cotidiano. La incapacidad es total si las tareas básicas del oficio habitual no se pueden seguir realizando con un mínimo de seguridad y eficacia, o si hacerlas generara una situación de sufrimiento o penosidad ( STSJ de Cantabria, Social, de 20 de enero de 2011, con cita de la STS de 21 de mayo de 1979).

Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

TERCERO.- Aplicación al caso concreto. Valoración de la prueba.

El artículo 97.2 LRJS dispone que: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Así las cosas, en el presente los hechos probados primero, segundo y octavo no han resultado controvertidos, resultando, en todo caso, del Expediente Administrativo.

En cuanto al hecho probado tercero, cuadro médico, el mismo deriva del Informe de la UMEVI, que se acoge por razones de imparcialidad y por resultar congruente con los informes médicos obrantes en autos.

Finalmente, los hechos probados cuarto a séptimo derivan de la documentación médica que acompaña a la demanda y de la aportada en el acto de la vista por la parte actora.

Y atendiendo, en concreto, al hecho probado tercero, se puede comprobar como D. Francisco presenta como patología principal lumbago con ciática. En fecha 9 de septiembre de 2024 se practicó Resonancia Magnética de columna lumbar con el siguiente resultado: "Cambios degenerativos moderados en los cuatro primeros discos lumbares, con moderada estenosis foraminal izquierda L4-L5 y edema óseo degenerativo en el margen posterolateral izquierdo del disco L4-L5". Habiendo sido sometido a infiltración epidural lumbar (x2) e infiltración músculo piramidal derecho, con nula respuesta al tratamiento, el actor se encuentra en Lista de Espera Quirúrgica para someterse a una descomprensión radicular L4 derecha.

En cuanto a su concreta afectación funcional, de la exploración física practicada por el médico evaluador, resultan los siguientes datos: marcha autónoma con ligera claudicación; tolera la sedestación, tolera el decúbito; Lassegue + dcho a 40º, izq a 50º con bragard +; reflejos osteotendinosos a nivel de rótula presentes, más débil el derecho; molestias a la palpación de espinosas lumbares; dolor a la movilización del tronco, al realizar una flexión anterior del tronco llega con la punta de los dedos a la altura de las rodillas; realiza puntillas y talones, refiriendo dolor en Rendón de Aquiles derecho; y dolor a la palpación en zona superior de inserción de Tendón Aquileo derecho.

Así las cosas, tal y como se desprende de la Sentencia nº 11/2026, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 9 de enero de 2026, Rec. 837/2025: "La Sala, tratándose de patologías osteoarticulares, exige que sean generalizadas o de intensidad que claramente exceda del grado moderado para declarar el grado de incapacidad total [ STSJ de Cantabria de 31-1-2025 (rec. 979/2024 ), entre otras muchas].

El dato que solemos considerar para determinar tal extremo es la afectación radicular objetivada [ SSTSJ Cantabria 18 de septiembre de 2020 (rec. 418/2020 ) y 5 de febrero de 2021 (rec. 770/2020 ), entre otras]. Ahora bien, este único dato no habilita al reconocimiento de un determinado grado de incapacidad, sino que es necesario tener en cuenta que el examen de la capacidad residual exige que se valoren los concretos límites o déficits funcionales objetivados, en función de las características y requerimientos propios de la profesión que desempeña. Estos datos han de ponerse en relación con la repercusión funcional que conste justificada en cada caso y la concreta incidencia que tenga en el desempeño de la profesión habitual [ SSTSJ de Cantabria 12-4-2024 (rec. 167/2024 ), con cita de las previas de fecha 11-12-2013 , 3-10-2013 , 4-6-2012 , 31-5-2012 o 14-5-2012 , entre otras], sin olvidar que, como indicamos en la STSJ Cantabria 22-9-2015 (rec. 418/2015 ), el reconocimiento o denegación de una incapacidad no es una materia susceptible de ser estandarizada.

De este modo, más que a enfermedades debemos atender a las concretas limitaciones funcionales que se producen para cada enfermo, que, lógicamente, pueden ser de diversa trascendencia e intensidad [ STS 12-2-2013 (rec. 3713/2011 )]. Por ello, como también indicamos en nuestra previa STSJ Cantabria 22 de abril de 2013 (rec. 118/2013 ), siempre con carácter meramente orientativo, para el reconocimiento de una prestación como la que aquí se debate, es posible considerar otros extremos al margen de los datos aislados de compresión radicular y la incidencia que tienen en el desempeño de profesiones que implican esfuerzos y sobrecargas posturales.

Por último, es necesario recordar que la valoración de la capacidad ha de efectuarse teniendo en cuenta que la incapacidad permanente total se refiere a los supuestos en los que la capacidad de la persona trabajadora resulta incompatible con el desarrollo de todas o de las principales funciones de su profesión habitual, lo que determina que la profesión que desempeñe presenta un carácter esencial y determinante en la calificación jurídica, siendo así que unas mismas lesiones, como se ha dicho, pueden ser constitutivas o no de la referida incapacidad, en función de las tareas que requiera la profesión que el trabajador desempeñe ( SSTS de 26-6-1991 , 12-6-1986 o 24-7-1986 ), de modo que no cabe acudir a operaciones de valoración del grado de incapacidad preestablecidas, sino que debe analizarse la incidencia del conjunto de lesiones que componen el cuadro residual en el desarrollo de la concreta actividad desempeñada por el mismo".

De la aplicación de la anterior doctrina al caso que nos ocupa resulta que nos encontramos ante conductor autónomo de camión con una patología degenerativa lumbar, sin constancia objetiva de afectación neurológica y/o radicular, y con una disminución moderada del rango de movilidad. En este contexto, entiende esta Juzgadora que el actor no se encuentra afecto del grado de incapacidad permanente solicitado, pues puede realizar con los mínimos exigibles en la jurisprudencia las fundamentales funciones que conlleva su profesión como conductor de camión, ya que, sin desconocer las dolencias lumbares que padece, éstas son de grado moderado. La profesión de conductor de camión no requiere de deambulación y bipedestación prolongadas, siendo una profesión que se desarrolla fundamentalmente en posición de sedestación. Y si bien es cierto que su patología lumbar puede resultar incompatible con prolongados estados de sedestación, tratándose de un autónomo existen posibilidades efectuar mayores descansos o de adaptación del puesto a horarios o rutas menos prolongadas. En consecuencia, el grado de su enfermedad no le hace acreedor de la incapacidad permanente total, sin perjuicio de que pueda limitar al trabajador en periodos de reagudización sintomática. A mayor abundamiento, esta patología no es definitiva, encontrándose el actor en Lista de Espera Quirúrgica.

Finalmente, señalar que aunque, tal y como se desprende del relato de hechos probados, D. Francisco sufre otras dolencias tales como cardiopatía isquémica crónica y apneas obstructivas durante el sueño, las mismas no combaten la anterior decisión, pues lo cierto es que la situación coronaria del actor tras el Infarto Agudo de Miocardio es estable, y en cuanto a la patología neumológica, aunque en el Informe aportado por la parte actora se describe como severa, no ha quedado acreditado que la misma le provoque somnolencia que permita determinar la incompatibilidad de la misma con el desempeño de su profesión habitual ni que pueda determinar riesgo propio o ajeno; y respecto de la dolencia psíquica, carece de la gravedad suficiente y no hay evidencia de cronicidad.

En base a lo anteriormente expuesto, la demanda ha de ser desestimada.

CUARTO.- Recursos.

La presente sentencia es recurrible en suplicación, de acuerdo con lo preceptuado en el art.191.1 LRJS: Son recurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo cuando la presente Ley disponga lo contrario; y el art. 191.3.c) LRJS: Procederá en todo caso la suplicación: (...) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, así como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.