Sentencia Social 51/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Segovia, Rec. 64/2026 de 20 de marzo del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social , (LRJS) se hace constar que los hechos probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba documental practicada con arreglo a las reglas establecidas en los arts. 319, 326 y 37k6 LEC, con especial relevancia de los medios especificados en los respectivos ordinales.

Además, hay que tener presente que conforme al art. 96.1 LRJS, en aquellos procesos en los que se invoque la vulneración de Derechos Fundamentales, en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación o la vulneración de cualquier otro derecho fundamental, corresponderá al demandado acreditar y aportar una justificación objetiva y razonable , suficientemente probada, de las medidas adoptadas, Es decir, primero la parte actora ha de aportar un indicio fundado, y solo tras la aportación del mismo, se produce la inversión de la carga probatoria, como así ha venido reiterando la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.

En el caso de autos, el indicio que alega y aporta la parte es la existencia de una papeleta de conciliación presentada el mismo día en que se produce la reincorporación de Dª Andrea y la vuelta a su jornada parcial de tarde previa de la demandante, todo ello el 7 de octubre. Pues bien, lo cierto es que resulta materialmente imposible que el 7 de octubre la empresa tuviera conocimiento de la presentación de la Papeleta de Conciliación, toda vez que entre la presentación y la notificación siempre hay unos días de diferencia. Por tanto, debe rechazarse que tal hecho resulta un indicio fundado válido, para que pudiera operar la alteración de la carga de la prueba prevista en el art. 96.1 LRJS, como informó el Ministerio Fiscal, cuyo criterio compartimos.

SEGUNDO.-Rechazada la existencia de vulneración de Derechos Fundamentales, debemos abordar si nos encontramos o no ante una modificación sustancial de jornada y salario como pretende la actora y niega la demandada, siendo evidente y palmario que en ningún caso se han seguido los cauce formales del art. 41.1 ET, por lo que, de existir la modificación la misma resultaría injustificada por defectos formales, conforme a lo dispuesto en el art. 138 LRJS.

TERCERO.-Si analizamos la secuencia de hechos, nuestra conclusión es que no se ha producido la modificación denunciada, por cuanto la vuelta de la demandante a su jornada, horario y salario previos al mes de enero de 2025 se han producido por la simple aplicación de los mecanismos legales.

En primer lugar y hasta la suscripción del contrato en junio, lo cierto es que la ampliación de la jornada, horario y salario, se ha realizado a través del mecanismo del pacto de horas complementarias, regulado en el art. 12.5 ET, dichas horas no se puede entender que se consoliden y pasen a formar parte de la jornada exigible por el trabajador. Ningún vicio o defecto se ha alegado en la demanda sobre el acuerdo de horas complementarias, por lo que debe rechazarse que la demandante pueda tener derecho a su consolidación perpetua.

En segundo lugar, y respecto del contrato temporal para la sustitución de persona trabajadora respecto de Dª Andrea, mientras durase la situación de incapacidad temporal, tampoco se ha alegado en la demanda que tal contrato sea fraudulento, esté viciado o incurra en una renuncia de derechos, máxime cuando tras su finalización por causa prevista según el art. 15.3 ET, se ha vuelto a reintegrar a la demandante en su jornada, horario y salario previo. Se ha tratado, pues, de novación modificativa temporal ( arts. 1.203 y 1.204 CC). Cuando finalizó dicha novación modificativa por la causa lícita expresada en el contrato al reincorporarse Dª Andrea, el efecto jurídico subsiguiente es que se recupera la obligación laboral en sus términos previos y pactados, esto es un contrato a tiempo parcial de 20 horas, para prestar servicios en recepción en horario de tarde de lunes a viernes.

Por lo tanto, no apreciamos que la actora tuviera derecho alguno a permanecer a jornada completa y percibiendo el salario correspondiente a la misma, por lo que no cabe hablar de que la empresa haya modificado unilateralmente las condiciones de jornada, horario y salario de la actora que exige el art 41 ET, sino que, simplemente, tras las novaciones temporales modificativas de los pactos de horas complementarias y sustitución durante la baja de Dª Andrea, recuperan su vigencia las condiciones previas pactadas entre las partes.

CUARTO.-En función de lo expuesto, debemos desestimar la demanda y absolver a la demandada de cuantas pretensiones en su contra se formulan.

QUINTO.-Contra la presente Sentencia no cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 138 y 191 LRJS respecto de la modificación sustancial ser individual, aunque si sobre la posible vulneración de Derechos Fundamentales.

Vistas las demás normas legales de general y particular aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre de S.M. EL REY,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social , (LRJS) se hace constar que los hechos probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba documental practicada con arreglo a las reglas establecidas en los arts. 319, 326 y 37k6 LEC, con especial relevancia de los medios especificados en los respectivos ordinales.

Además, hay que tener presente que conforme al art. 96.1 LRJS, en aquellos procesos en los que se invoque la vulneración de Derechos Fundamentales, en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación o la vulneración de cualquier otro derecho fundamental, corresponderá al demandado acreditar y aportar una justificación objetiva y razonable , suficientemente probada, de las medidas adoptadas, Es decir, primero la parte actora ha de aportar un indicio fundado, y solo tras la aportación del mismo, se produce la inversión de la carga probatoria, como así ha venido reiterando la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.

En el caso de autos, el indicio que alega y aporta la parte es la existencia de una papeleta de conciliación presentada el mismo día en que se produce la reincorporación de Dª Andrea y la vuelta a su jornada parcial de tarde previa de la demandante, todo ello el 7 de octubre. Pues bien, lo cierto es que resulta materialmente imposible que el 7 de octubre la empresa tuviera conocimiento de la presentación de la Papeleta de Conciliación, toda vez que entre la presentación y la notificación siempre hay unos días de diferencia. Por tanto, debe rechazarse que tal hecho resulta un indicio fundado válido, para que pudiera operar la alteración de la carga de la prueba prevista en el art. 96.1 LRJS, como informó el Ministerio Fiscal, cuyo criterio compartimos.

SEGUNDO.-Rechazada la existencia de vulneración de Derechos Fundamentales, debemos abordar si nos encontramos o no ante una modificación sustancial de jornada y salario como pretende la actora y niega la demandada, siendo evidente y palmario que en ningún caso se han seguido los cauce formales del art. 41.1 ET, por lo que, de existir la modificación la misma resultaría injustificada por defectos formales, conforme a lo dispuesto en el art. 138 LRJS.

TERCERO.-Si analizamos la secuencia de hechos, nuestra conclusión es que no se ha producido la modificación denunciada, por cuanto la vuelta de la demandante a su jornada, horario y salario previos al mes de enero de 2025 se han producido por la simple aplicación de los mecanismos legales.

En primer lugar y hasta la suscripción del contrato en junio, lo cierto es que la ampliación de la jornada, horario y salario, se ha realizado a través del mecanismo del pacto de horas complementarias, regulado en el art. 12.5 ET, dichas horas no se puede entender que se consoliden y pasen a formar parte de la jornada exigible por el trabajador. Ningún vicio o defecto se ha alegado en la demanda sobre el acuerdo de horas complementarias, por lo que debe rechazarse que la demandante pueda tener derecho a su consolidación perpetua.

En segundo lugar, y respecto del contrato temporal para la sustitución de persona trabajadora respecto de Dª Andrea, mientras durase la situación de incapacidad temporal, tampoco se ha alegado en la demanda que tal contrato sea fraudulento, esté viciado o incurra en una renuncia de derechos, máxime cuando tras su finalización por causa prevista según el art. 15.3 ET, se ha vuelto a reintegrar a la demandante en su jornada, horario y salario previo. Se ha tratado, pues, de novación modificativa temporal ( arts. 1.203 y 1.204 CC). Cuando finalizó dicha novación modificativa por la causa lícita expresada en el contrato al reincorporarse Dª Andrea, el efecto jurídico subsiguiente es que se recupera la obligación laboral en sus términos previos y pactados, esto es un contrato a tiempo parcial de 20 horas, para prestar servicios en recepción en horario de tarde de lunes a viernes.

Por lo tanto, no apreciamos que la actora tuviera derecho alguno a permanecer a jornada completa y percibiendo el salario correspondiente a la misma, por lo que no cabe hablar de que la empresa haya modificado unilateralmente las condiciones de jornada, horario y salario de la actora que exige el art 41 ET, sino que, simplemente, tras las novaciones temporales modificativas de los pactos de horas complementarias y sustitución durante la baja de Dª Andrea, recuperan su vigencia las condiciones previas pactadas entre las partes.

CUARTO.-En función de lo expuesto, debemos desestimar la demanda y absolver a la demandada de cuantas pretensiones en su contra se formulan.

QUINTO.-Contra la presente Sentencia no cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 138 y 191 LRJS respecto de la modificación sustancial ser individual, aunque si sobre la posible vulneración de Derechos Fundamentales.

Vistas las demás normas legales de general y particular aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre de S.M. EL REY,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social , (LRJS) se hace constar que los hechos probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba documental practicada con arreglo a las reglas establecidas en los arts. 319, 326 y 37k6 LEC, con especial relevancia de los medios especificados en los respectivos ordinales.

Además, hay que tener presente que conforme al art. 96.1 LRJS, en aquellos procesos en los que se invoque la vulneración de Derechos Fundamentales, en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación o la vulneración de cualquier otro derecho fundamental, corresponderá al demandado acreditar y aportar una justificación objetiva y razonable , suficientemente probada, de las medidas adoptadas, Es decir, primero la parte actora ha de aportar un indicio fundado, y solo tras la aportación del mismo, se produce la inversión de la carga probatoria, como así ha venido reiterando la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.

En el caso de autos, el indicio que alega y aporta la parte es la existencia de una papeleta de conciliación presentada el mismo día en que se produce la reincorporación de Dª Andrea y la vuelta a su jornada parcial de tarde previa de la demandante, todo ello el 7 de octubre. Pues bien, lo cierto es que resulta materialmente imposible que el 7 de octubre la empresa tuviera conocimiento de la presentación de la Papeleta de Conciliación, toda vez que entre la presentación y la notificación siempre hay unos días de diferencia. Por tanto, debe rechazarse que tal hecho resulta un indicio fundado válido, para que pudiera operar la alteración de la carga de la prueba prevista en el art. 96.1 LRJS, como informó el Ministerio Fiscal, cuyo criterio compartimos.

SEGUNDO.-Rechazada la existencia de vulneración de Derechos Fundamentales, debemos abordar si nos encontramos o no ante una modificación sustancial de jornada y salario como pretende la actora y niega la demandada, siendo evidente y palmario que en ningún caso se han seguido los cauce formales del art. 41.1 ET, por lo que, de existir la modificación la misma resultaría injustificada por defectos formales, conforme a lo dispuesto en el art. 138 LRJS.

TERCERO.-Si analizamos la secuencia de hechos, nuestra conclusión es que no se ha producido la modificación denunciada, por cuanto la vuelta de la demandante a su jornada, horario y salario previos al mes de enero de 2025 se han producido por la simple aplicación de los mecanismos legales.

En primer lugar y hasta la suscripción del contrato en junio, lo cierto es que la ampliación de la jornada, horario y salario, se ha realizado a través del mecanismo del pacto de horas complementarias, regulado en el art. 12.5 ET, dichas horas no se puede entender que se consoliden y pasen a formar parte de la jornada exigible por el trabajador. Ningún vicio o defecto se ha alegado en la demanda sobre el acuerdo de horas complementarias, por lo que debe rechazarse que la demandante pueda tener derecho a su consolidación perpetua.

En segundo lugar, y respecto del contrato temporal para la sustitución de persona trabajadora respecto de Dª Andrea, mientras durase la situación de incapacidad temporal, tampoco se ha alegado en la demanda que tal contrato sea fraudulento, esté viciado o incurra en una renuncia de derechos, máxime cuando tras su finalización por causa prevista según el art. 15.3 ET, se ha vuelto a reintegrar a la demandante en su jornada, horario y salario previo. Se ha tratado, pues, de novación modificativa temporal ( arts. 1.203 y 1.204 CC). Cuando finalizó dicha novación modificativa por la causa lícita expresada en el contrato al reincorporarse Dª Andrea, el efecto jurídico subsiguiente es que se recupera la obligación laboral en sus términos previos y pactados, esto es un contrato a tiempo parcial de 20 horas, para prestar servicios en recepción en horario de tarde de lunes a viernes.

Por lo tanto, no apreciamos que la actora tuviera derecho alguno a permanecer a jornada completa y percibiendo el salario correspondiente a la misma, por lo que no cabe hablar de que la empresa haya modificado unilateralmente las condiciones de jornada, horario y salario de la actora que exige el art 41 ET, sino que, simplemente, tras las novaciones temporales modificativas de los pactos de horas complementarias y sustitución durante la baja de Dª Andrea, recuperan su vigencia las condiciones previas pactadas entre las partes.

CUARTO.-En función de lo expuesto, debemos desestimar la demanda y absolver a la demandada de cuantas pretensiones en su contra se formulan.

QUINTO.-Contra la presente Sentencia no cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 138 y 191 LRJS respecto de la modificación sustancial ser individual, aunque si sobre la posible vulneración de Derechos Fundamentales.

Vistas las demás normas legales de general y particular aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre de S.M. EL REY,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social , (LRJS) se hace constar que los hechos probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba documental practicada con arreglo a las reglas establecidas en los arts. 319, 326 y 37k6 LEC, con especial relevancia de los medios especificados en los respectivos ordinales.

Además, hay que tener presente que conforme al art. 96.1 LRJS, en aquellos procesos en los que se invoque la vulneración de Derechos Fundamentales, en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación o la vulneración de cualquier otro derecho fundamental, corresponderá al demandado acreditar y aportar una justificación objetiva y razonable , suficientemente probada, de las medidas adoptadas, Es decir, primero la parte actora ha de aportar un indicio fundado, y solo tras la aportación del mismo, se produce la inversión de la carga probatoria, como así ha venido reiterando la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.

En el caso de autos, el indicio que alega y aporta la parte es la existencia de una papeleta de conciliación presentada el mismo día en que se produce la reincorporación de Dª Andrea y la vuelta a su jornada parcial de tarde previa de la demandante, todo ello el 7 de octubre. Pues bien, lo cierto es que resulta materialmente imposible que el 7 de octubre la empresa tuviera conocimiento de la presentación de la Papeleta de Conciliación, toda vez que entre la presentación y la notificación siempre hay unos días de diferencia. Por tanto, debe rechazarse que tal hecho resulta un indicio fundado válido, para que pudiera operar la alteración de la carga de la prueba prevista en el art. 96.1 LRJS, como informó el Ministerio Fiscal, cuyo criterio compartimos.

SEGUNDO.-Rechazada la existencia de vulneración de Derechos Fundamentales, debemos abordar si nos encontramos o no ante una modificación sustancial de jornada y salario como pretende la actora y niega la demandada, siendo evidente y palmario que en ningún caso se han seguido los cauce formales del art. 41.1 ET, por lo que, de existir la modificación la misma resultaría injustificada por defectos formales, conforme a lo dispuesto en el art. 138 LRJS.

TERCERO.-Si analizamos la secuencia de hechos, nuestra conclusión es que no se ha producido la modificación denunciada, por cuanto la vuelta de la demandante a su jornada, horario y salario previos al mes de enero de 2025 se han producido por la simple aplicación de los mecanismos legales.

En primer lugar y hasta la suscripción del contrato en junio, lo cierto es que la ampliación de la jornada, horario y salario, se ha realizado a través del mecanismo del pacto de horas complementarias, regulado en el art. 12.5 ET, dichas horas no se puede entender que se consoliden y pasen a formar parte de la jornada exigible por el trabajador. Ningún vicio o defecto se ha alegado en la demanda sobre el acuerdo de horas complementarias, por lo que debe rechazarse que la demandante pueda tener derecho a su consolidación perpetua.

En segundo lugar, y respecto del contrato temporal para la sustitución de persona trabajadora respecto de Dª Andrea, mientras durase la situación de incapacidad temporal, tampoco se ha alegado en la demanda que tal contrato sea fraudulento, esté viciado o incurra en una renuncia de derechos, máxime cuando tras su finalización por causa prevista según el art. 15.3 ET, se ha vuelto a reintegrar a la demandante en su jornada, horario y salario previo. Se ha tratado, pues, de novación modificativa temporal ( arts. 1.203 y 1.204 CC). Cuando finalizó dicha novación modificativa por la causa lícita expresada en el contrato al reincorporarse Dª Andrea, el efecto jurídico subsiguiente es que se recupera la obligación laboral en sus términos previos y pactados, esto es un contrato a tiempo parcial de 20 horas, para prestar servicios en recepción en horario de tarde de lunes a viernes.

Por lo tanto, no apreciamos que la actora tuviera derecho alguno a permanecer a jornada completa y percibiendo el salario correspondiente a la misma, por lo que no cabe hablar de que la empresa haya modificado unilateralmente las condiciones de jornada, horario y salario de la actora que exige el art 41 ET, sino que, simplemente, tras las novaciones temporales modificativas de los pactos de horas complementarias y sustitución durante la baja de Dª Andrea, recuperan su vigencia las condiciones previas pactadas entre las partes.

CUARTO.-En función de lo expuesto, debemos desestimar la demanda y absolver a la demandada de cuantas pretensiones en su contra se formulan.

QUINTO.-Contra la presente Sentencia no cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 138 y 191 LRJS respecto de la modificación sustancial ser individual, aunque si sobre la posible vulneración de Derechos Fundamentales.

Vistas las demás normas legales de general y particular aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre de S.M. EL REY,