Sentencia Social 188/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Tarragona, Rec. 624/2024 de 18 de mayo del 2026

PRIMERO. Valoración de la prueba practicada y configuración del relato fáctico.

Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, donde se han tenido en cuenta todos los informes médicos y diagnósticos que constan en el expediente administrativo, así como los aportados en el acto del juicio oral por la propia parte demandante.

No resultó discutida, finalmente, la base reguladora ni la fecha de efectos, por lo que nos remitimos a la fijada en el expediente administrativo.

Por lo que se refiere al cuadro secuelar, se ha asumido la valoración que se contiene en el dictamen propuesta de la CEI de 14 de diciembre de 2023, que se basa en el emitido por el SGAM en fecha 28 de septiembre de 2023, al considerar este juzgador, por un lado, que goza de una indubitada credibilidad y objetividad y sin que, por lo demás, se haya practicado prueba alguna que permita, siquiera intuir, alguna discrepancia esencial respecto del diagnóstico y valoración contenidos en el mismo. Del conjunto de la información médica obrante en las actuaciones cabe deducir una esencial coincidencia con el diagnóstico realizado por el SGAM, por lo que no se considera suficiente -al menos, de momento- como para variar la valoración de las limitaciones funcionales que presenta el actor y, obviamente, sin perjuicio de su posterior evolución y a efectos de un hipotético y posterior expediente de revisión.

Respecto de la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio hay que señalar cómo, al menos en su mayor parte, ya constaba unida al expediente administrativo y, por ello, ya había sido objeto de su debida valoración y consideración a estos efectos; en cualquier caso, se insiste en que, al menos a criterio de este juzgador, su contenido no permite desvirtuar las consideraciones anteriormente expuestas.

La pericial aportada como documento nº 1 de su ramo de prueba, elaborada por D. Jesús Manuel, a criterio de este juzgador, coincide en el diagnóstico con el elaborado por el SGAM, haciendo especial referencia a que la patología principal es el TDM, como hace el SGAM en su dictamen.

El resto de cuestiones referidas en el relato fáctico, además de resultar indiscutidas, se obtienen claramente de la información/documentación obrante en el expediente administrativo.

SEGUNDO. Objeto del presente procedimiento.

Impugna la parte actora la resolución del INSS de fecha 19 de diciembre de 2023 que le declaró afecto al grado de incapacidad permanente total.

Así, la parte actora solicita el reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta, por entender que las enfermedades y padecimientos que sufre la inhabilitan para el ejercicio de las tareas propias de cualquier profesión u oficio.

Conforme establece el art. 194.5 de la Ley General de Seguridad Social de 2015 (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), también en la redacción que prevé la Disposición Transitoria vigésima sexta de dicha norma, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194-3, se entenderá por incapacidad permanente absolutapara todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87 ),debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87 ),sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87 , 14-4-88 y muchas otras),debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85 );pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88 ),implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88 )y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86 , entre muchas otras),en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88 ).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87 , 6-11-87 ).En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88 , 12-4-88 ).En tal sentido, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SS. de 12/4/88 , 20/3/89 , 7/7/89 , 4/12/89 o 22/9/89 , entre otras),la que sostiene que no habrá, pues, invalidez permanente absoluta en los casos en que puedan desempeñarse trabajos sedentarios o livianos, aunque sí la habrá cuando tales quehaceres livianos sólo se puedan realizar en un afán de superación y de sobreponerse al dolor más allá de lo posible o con sacrificio, que no es heroísmo, sino la conducta del trabajador diligente y normal.

TERCERO. Determinación del grado de incapacidad permanente, en su caso, aplicable.

Aplicando la anterior doctrina al caso concreto enjuiciado, hay que concluir, como lo hace la resolución impugnada, que la capacidad laboral del demandante no está totalmente anulada, si bien sí especialmente limitada, tal y como se le reconoce con el grado de invalidez permanente que se le ha reconocido, todo ello a la vista de las limitaciones que presenta y del estado evolutivo en el que se encuentran las mismas, pero estas limitaciones no suponen, sin más, que la capacidad laboral del demandante resulte inexistente, por cuanto que existen actividades laborales, y no sólo las de carácter esencialmente livianas y sedentarias, que no exigen ese tipo de actividad, al menos de forma permanente o especialmente intensa.

Los anteriores parámetros definen, a criterio de este juzgador, debidamente la situación clínica y funcional del actor y coinciden, esencialmente y por lo demás, con la calificación y valoración realizada en su día por la CEI y el SGAM.

No podemos pasar por alto que en el dictamen de 28 de septiembre de 2023 (hecho probado 2º.3) se hace un repaso por la historia clínica de la actora, así como su evolución y estado actual, indicando: "[...] Pacient amb antecedents de episodis depressius, des de fa uns 15 anys. Sempre en relació a factors externs. No ritme endogen. Ultim relacional amb neoplàsia de mama i problemes familiars. No clínica afectiva major actualment. Evoluciona com tn distimic.

Tn depressiu major recurrent remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

Informe Neuropsicologia ITAE (26/09/2023): déficit cognitivo de perfil subcortical, caracterizado por un leve enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información y dificultades atencionales y de aprendizaje, principalmente secundarios al cuadro ansioso-depresivo de larga evolución, aunque seguramente el tratamiento de quimioterapia también ha contribuido a exacerbar las dificultades cognitivas. Desde un punto de vista estrictamente neuropsicológico, al margen de otras observaciones ajenas a nuestra especialidad, consideramos que la paciente no podría asumir con un rendimiento adecuado sus funciones laborales habituales, ya que los déficits observados podrían interferir de manera significativa.

DIAGNÒSTIC I LIMITACIONS FUNCIONALS

Dèficit cognitiu amb alentiment de la velocitat de processament, dificultats atencionals i d'aprenentatge secundari a patologia psiquiàtrica i tractament QT. Neoplàsia de mama dreta CDI T2N1M0, realitzat tractament IQ (tumorectomia + buidament axil·lar) + QT + RT, sense evidència de recidiva. Seqüeles de limfedema grau 2 ESD, que requereix tractament compressiu, i neuropatia en mans i peus. Trastorn depressiu major recurrent, remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

[...]

Observacions

IP per treballs d'alt requeriment intel·lectual [...]".

Se debe concluir, por tanto, que las limitaciones que presenta la parte actora lo son, básicamente, para un tipo de actividades concretas y que tengan los referidos requerimientos físicos.

Cabe desestimar, por tanto, la única petición contenida en la demanda y referida al reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que me confiere la Constitución, pronuncio el siguiente

PRIMERO. Valoración de la prueba practicada y configuración del relato fáctico.

Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, donde se han tenido en cuenta todos los informes médicos y diagnósticos que constan en el expediente administrativo, así como los aportados en el acto del juicio oral por la propia parte demandante.

No resultó discutida, finalmente, la base reguladora ni la fecha de efectos, por lo que nos remitimos a la fijada en el expediente administrativo.

Por lo que se refiere al cuadro secuelar, se ha asumido la valoración que se contiene en el dictamen propuesta de la CEI de 14 de diciembre de 2023, que se basa en el emitido por el SGAM en fecha 28 de septiembre de 2023, al considerar este juzgador, por un lado, que goza de una indubitada credibilidad y objetividad y sin que, por lo demás, se haya practicado prueba alguna que permita, siquiera intuir, alguna discrepancia esencial respecto del diagnóstico y valoración contenidos en el mismo. Del conjunto de la información médica obrante en las actuaciones cabe deducir una esencial coincidencia con el diagnóstico realizado por el SGAM, por lo que no se considera suficiente -al menos, de momento- como para variar la valoración de las limitaciones funcionales que presenta el actor y, obviamente, sin perjuicio de su posterior evolución y a efectos de un hipotético y posterior expediente de revisión.

Respecto de la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio hay que señalar cómo, al menos en su mayor parte, ya constaba unida al expediente administrativo y, por ello, ya había sido objeto de su debida valoración y consideración a estos efectos; en cualquier caso, se insiste en que, al menos a criterio de este juzgador, su contenido no permite desvirtuar las consideraciones anteriormente expuestas.

La pericial aportada como documento nº 1 de su ramo de prueba, elaborada por D. Jesús Manuel, a criterio de este juzgador, coincide en el diagnóstico con el elaborado por el SGAM, haciendo especial referencia a que la patología principal es el TDM, como hace el SGAM en su dictamen.

El resto de cuestiones referidas en el relato fáctico, además de resultar indiscutidas, se obtienen claramente de la información/documentación obrante en el expediente administrativo.

SEGUNDO. Objeto del presente procedimiento.

Impugna la parte actora la resolución del INSS de fecha 19 de diciembre de 2023 que le declaró afecto al grado de incapacidad permanente total.

Así, la parte actora solicita el reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta, por entender que las enfermedades y padecimientos que sufre la inhabilitan para el ejercicio de las tareas propias de cualquier profesión u oficio.

Conforme establece el art. 194.5 de la Ley General de Seguridad Social de 2015 (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), también en la redacción que prevé la Disposición Transitoria vigésima sexta de dicha norma, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194-3, se entenderá por incapacidad permanente absolutapara todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87 ),debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87 ),sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87 , 14-4-88 y muchas otras),debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85 );pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88 ),implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88 )y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86 , entre muchas otras),en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88 ).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87 , 6-11-87 ).En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88 , 12-4-88 ).En tal sentido, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SS. de 12/4/88 , 20/3/89 , 7/7/89 , 4/12/89 o 22/9/89 , entre otras),la que sostiene que no habrá, pues, invalidez permanente absoluta en los casos en que puedan desempeñarse trabajos sedentarios o livianos, aunque sí la habrá cuando tales quehaceres livianos sólo se puedan realizar en un afán de superación y de sobreponerse al dolor más allá de lo posible o con sacrificio, que no es heroísmo, sino la conducta del trabajador diligente y normal.

TERCERO. Determinación del grado de incapacidad permanente, en su caso, aplicable.

Aplicando la anterior doctrina al caso concreto enjuiciado, hay que concluir, como lo hace la resolución impugnada, que la capacidad laboral del demandante no está totalmente anulada, si bien sí especialmente limitada, tal y como se le reconoce con el grado de invalidez permanente que se le ha reconocido, todo ello a la vista de las limitaciones que presenta y del estado evolutivo en el que se encuentran las mismas, pero estas limitaciones no suponen, sin más, que la capacidad laboral del demandante resulte inexistente, por cuanto que existen actividades laborales, y no sólo las de carácter esencialmente livianas y sedentarias, que no exigen ese tipo de actividad, al menos de forma permanente o especialmente intensa.

Los anteriores parámetros definen, a criterio de este juzgador, debidamente la situación clínica y funcional del actor y coinciden, esencialmente y por lo demás, con la calificación y valoración realizada en su día por la CEI y el SGAM.

No podemos pasar por alto que en el dictamen de 28 de septiembre de 2023 (hecho probado 2º.3) se hace un repaso por la historia clínica de la actora, así como su evolución y estado actual, indicando: "[...] Pacient amb antecedents de episodis depressius, des de fa uns 15 anys. Sempre en relació a factors externs. No ritme endogen. Ultim relacional amb neoplàsia de mama i problemes familiars. No clínica afectiva major actualment. Evoluciona com tn distimic.

Tn depressiu major recurrent remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

Informe Neuropsicologia ITAE (26/09/2023): déficit cognitivo de perfil subcortical, caracterizado por un leve enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información y dificultades atencionales y de aprendizaje, principalmente secundarios al cuadro ansioso-depresivo de larga evolución, aunque seguramente el tratamiento de quimioterapia también ha contribuido a exacerbar las dificultades cognitivas. Desde un punto de vista estrictamente neuropsicológico, al margen de otras observaciones ajenas a nuestra especialidad, consideramos que la paciente no podría asumir con un rendimiento adecuado sus funciones laborales habituales, ya que los déficits observados podrían interferir de manera significativa.

DIAGNÒSTIC I LIMITACIONS FUNCIONALS

Dèficit cognitiu amb alentiment de la velocitat de processament, dificultats atencionals i d'aprenentatge secundari a patologia psiquiàtrica i tractament QT. Neoplàsia de mama dreta CDI T2N1M0, realitzat tractament IQ (tumorectomia + buidament axil·lar) + QT + RT, sense evidència de recidiva. Seqüeles de limfedema grau 2 ESD, que requereix tractament compressiu, i neuropatia en mans i peus. Trastorn depressiu major recurrent, remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

[...]

Observacions

IP per treballs d'alt requeriment intel·lectual [...]".

Se debe concluir, por tanto, que las limitaciones que presenta la parte actora lo son, básicamente, para un tipo de actividades concretas y que tengan los referidos requerimientos físicos.

Cabe desestimar, por tanto, la única petición contenida en la demanda y referida al reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que me confiere la Constitución, pronuncio el siguiente

PRIMERO. Valoración de la prueba practicada y configuración del relato fáctico.

Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, donde se han tenido en cuenta todos los informes médicos y diagnósticos que constan en el expediente administrativo, así como los aportados en el acto del juicio oral por la propia parte demandante.

No resultó discutida, finalmente, la base reguladora ni la fecha de efectos, por lo que nos remitimos a la fijada en el expediente administrativo.

Por lo que se refiere al cuadro secuelar, se ha asumido la valoración que se contiene en el dictamen propuesta de la CEI de 14 de diciembre de 2023, que se basa en el emitido por el SGAM en fecha 28 de septiembre de 2023, al considerar este juzgador, por un lado, que goza de una indubitada credibilidad y objetividad y sin que, por lo demás, se haya practicado prueba alguna que permita, siquiera intuir, alguna discrepancia esencial respecto del diagnóstico y valoración contenidos en el mismo. Del conjunto de la información médica obrante en las actuaciones cabe deducir una esencial coincidencia con el diagnóstico realizado por el SGAM, por lo que no se considera suficiente -al menos, de momento- como para variar la valoración de las limitaciones funcionales que presenta el actor y, obviamente, sin perjuicio de su posterior evolución y a efectos de un hipotético y posterior expediente de revisión.

Respecto de la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio hay que señalar cómo, al menos en su mayor parte, ya constaba unida al expediente administrativo y, por ello, ya había sido objeto de su debida valoración y consideración a estos efectos; en cualquier caso, se insiste en que, al menos a criterio de este juzgador, su contenido no permite desvirtuar las consideraciones anteriormente expuestas.

La pericial aportada como documento nº 1 de su ramo de prueba, elaborada por D. Jesús Manuel, a criterio de este juzgador, coincide en el diagnóstico con el elaborado por el SGAM, haciendo especial referencia a que la patología principal es el TDM, como hace el SGAM en su dictamen.

El resto de cuestiones referidas en el relato fáctico, además de resultar indiscutidas, se obtienen claramente de la información/documentación obrante en el expediente administrativo.

SEGUNDO. Objeto del presente procedimiento.

Impugna la parte actora la resolución del INSS de fecha 19 de diciembre de 2023 que le declaró afecto al grado de incapacidad permanente total.

Así, la parte actora solicita el reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta, por entender que las enfermedades y padecimientos que sufre la inhabilitan para el ejercicio de las tareas propias de cualquier profesión u oficio.

Conforme establece el art. 194.5 de la Ley General de Seguridad Social de 2015 (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), también en la redacción que prevé la Disposición Transitoria vigésima sexta de dicha norma, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194-3, se entenderá por incapacidad permanente absolutapara todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87 ),debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87 ),sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87 , 14-4-88 y muchas otras),debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85 );pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88 ),implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88 )y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86 , entre muchas otras),en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88 ).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87 , 6-11-87 ).En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88 , 12-4-88 ).En tal sentido, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SS. de 12/4/88 , 20/3/89 , 7/7/89 , 4/12/89 o 22/9/89 , entre otras),la que sostiene que no habrá, pues, invalidez permanente absoluta en los casos en que puedan desempeñarse trabajos sedentarios o livianos, aunque sí la habrá cuando tales quehaceres livianos sólo se puedan realizar en un afán de superación y de sobreponerse al dolor más allá de lo posible o con sacrificio, que no es heroísmo, sino la conducta del trabajador diligente y normal.

TERCERO. Determinación del grado de incapacidad permanente, en su caso, aplicable.

Aplicando la anterior doctrina al caso concreto enjuiciado, hay que concluir, como lo hace la resolución impugnada, que la capacidad laboral del demandante no está totalmente anulada, si bien sí especialmente limitada, tal y como se le reconoce con el grado de invalidez permanente que se le ha reconocido, todo ello a la vista de las limitaciones que presenta y del estado evolutivo en el que se encuentran las mismas, pero estas limitaciones no suponen, sin más, que la capacidad laboral del demandante resulte inexistente, por cuanto que existen actividades laborales, y no sólo las de carácter esencialmente livianas y sedentarias, que no exigen ese tipo de actividad, al menos de forma permanente o especialmente intensa.

Los anteriores parámetros definen, a criterio de este juzgador, debidamente la situación clínica y funcional del actor y coinciden, esencialmente y por lo demás, con la calificación y valoración realizada en su día por la CEI y el SGAM.

No podemos pasar por alto que en el dictamen de 28 de septiembre de 2023 (hecho probado 2º.3) se hace un repaso por la historia clínica de la actora, así como su evolución y estado actual, indicando: "[...] Pacient amb antecedents de episodis depressius, des de fa uns 15 anys. Sempre en relació a factors externs. No ritme endogen. Ultim relacional amb neoplàsia de mama i problemes familiars. No clínica afectiva major actualment. Evoluciona com tn distimic.

Tn depressiu major recurrent remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

Informe Neuropsicologia ITAE (26/09/2023): déficit cognitivo de perfil subcortical, caracterizado por un leve enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información y dificultades atencionales y de aprendizaje, principalmente secundarios al cuadro ansioso-depresivo de larga evolución, aunque seguramente el tratamiento de quimioterapia también ha contribuido a exacerbar las dificultades cognitivas. Desde un punto de vista estrictamente neuropsicológico, al margen de otras observaciones ajenas a nuestra especialidad, consideramos que la paciente no podría asumir con un rendimiento adecuado sus funciones laborales habituales, ya que los déficits observados podrían interferir de manera significativa.

DIAGNÒSTIC I LIMITACIONS FUNCIONALS

Dèficit cognitiu amb alentiment de la velocitat de processament, dificultats atencionals i d'aprenentatge secundari a patologia psiquiàtrica i tractament QT. Neoplàsia de mama dreta CDI T2N1M0, realitzat tractament IQ (tumorectomia + buidament axil·lar) + QT + RT, sense evidència de recidiva. Seqüeles de limfedema grau 2 ESD, que requereix tractament compressiu, i neuropatia en mans i peus. Trastorn depressiu major recurrent, remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

[...]

Observacions

IP per treballs d'alt requeriment intel·lectual [...]".

Se debe concluir, por tanto, que las limitaciones que presenta la parte actora lo son, básicamente, para un tipo de actividades concretas y que tengan los referidos requerimientos físicos.

Cabe desestimar, por tanto, la única petición contenida en la demanda y referida al reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que me confiere la Constitución, pronuncio el siguiente

PRIMERO. Valoración de la prueba practicada y configuración del relato fáctico.

Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, donde se han tenido en cuenta todos los informes médicos y diagnósticos que constan en el expediente administrativo, así como los aportados en el acto del juicio oral por la propia parte demandante.

No resultó discutida, finalmente, la base reguladora ni la fecha de efectos, por lo que nos remitimos a la fijada en el expediente administrativo.

Por lo que se refiere al cuadro secuelar, se ha asumido la valoración que se contiene en el dictamen propuesta de la CEI de 14 de diciembre de 2023, que se basa en el emitido por el SGAM en fecha 28 de septiembre de 2023, al considerar este juzgador, por un lado, que goza de una indubitada credibilidad y objetividad y sin que, por lo demás, se haya practicado prueba alguna que permita, siquiera intuir, alguna discrepancia esencial respecto del diagnóstico y valoración contenidos en el mismo. Del conjunto de la información médica obrante en las actuaciones cabe deducir una esencial coincidencia con el diagnóstico realizado por el SGAM, por lo que no se considera suficiente -al menos, de momento- como para variar la valoración de las limitaciones funcionales que presenta el actor y, obviamente, sin perjuicio de su posterior evolución y a efectos de un hipotético y posterior expediente de revisión.

Respecto de la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio hay que señalar cómo, al menos en su mayor parte, ya constaba unida al expediente administrativo y, por ello, ya había sido objeto de su debida valoración y consideración a estos efectos; en cualquier caso, se insiste en que, al menos a criterio de este juzgador, su contenido no permite desvirtuar las consideraciones anteriormente expuestas.

La pericial aportada como documento nº 1 de su ramo de prueba, elaborada por D. Jesús Manuel, a criterio de este juzgador, coincide en el diagnóstico con el elaborado por el SGAM, haciendo especial referencia a que la patología principal es el TDM, como hace el SGAM en su dictamen.

El resto de cuestiones referidas en el relato fáctico, además de resultar indiscutidas, se obtienen claramente de la información/documentación obrante en el expediente administrativo.

SEGUNDO. Objeto del presente procedimiento.

Impugna la parte actora la resolución del INSS de fecha 19 de diciembre de 2023 que le declaró afecto al grado de incapacidad permanente total.

Así, la parte actora solicita el reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta, por entender que las enfermedades y padecimientos que sufre la inhabilitan para el ejercicio de las tareas propias de cualquier profesión u oficio.

Conforme establece el art. 194.5 de la Ley General de Seguridad Social de 2015 (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), también en la redacción que prevé la Disposición Transitoria vigésima sexta de dicha norma, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las previsiones del nuevo texto del art. 194-3, se entenderá por incapacidad permanente absolutapara todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87 ),debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos ( STS 6-11-87 ),sin que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por razones objetivas de carácter médico, exclusivamente ( STS 23-3-87 , 14-4-88 y muchas otras),debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas en sí mismas ( STS 16-12-85 );pues como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS 18-1 y 25-1-88 ),implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS 25-3-88 )y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de un orden establecido y en interrelación con otros compañeros ( STS 12-7 y 30-9-86 , entre muchas otras),en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles estos mínimos de capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el empresario ( STS 21-1-88 ).

No se trata de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87 , 6-11-87 ).En consecuencia, habrá invalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS 23-3-88 , 12-4-88 ).En tal sentido, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SS. de 12/4/88 , 20/3/89 , 7/7/89 , 4/12/89 o 22/9/89 , entre otras),la que sostiene que no habrá, pues, invalidez permanente absoluta en los casos en que puedan desempeñarse trabajos sedentarios o livianos, aunque sí la habrá cuando tales quehaceres livianos sólo se puedan realizar en un afán de superación y de sobreponerse al dolor más allá de lo posible o con sacrificio, que no es heroísmo, sino la conducta del trabajador diligente y normal.

TERCERO. Determinación del grado de incapacidad permanente, en su caso, aplicable.

Aplicando la anterior doctrina al caso concreto enjuiciado, hay que concluir, como lo hace la resolución impugnada, que la capacidad laboral del demandante no está totalmente anulada, si bien sí especialmente limitada, tal y como se le reconoce con el grado de invalidez permanente que se le ha reconocido, todo ello a la vista de las limitaciones que presenta y del estado evolutivo en el que se encuentran las mismas, pero estas limitaciones no suponen, sin más, que la capacidad laboral del demandante resulte inexistente, por cuanto que existen actividades laborales, y no sólo las de carácter esencialmente livianas y sedentarias, que no exigen ese tipo de actividad, al menos de forma permanente o especialmente intensa.

Los anteriores parámetros definen, a criterio de este juzgador, debidamente la situación clínica y funcional del actor y coinciden, esencialmente y por lo demás, con la calificación y valoración realizada en su día por la CEI y el SGAM.

No podemos pasar por alto que en el dictamen de 28 de septiembre de 2023 (hecho probado 2º.3) se hace un repaso por la historia clínica de la actora, así como su evolución y estado actual, indicando: "[...] Pacient amb antecedents de episodis depressius, des de fa uns 15 anys. Sempre en relació a factors externs. No ritme endogen. Ultim relacional amb neoplàsia de mama i problemes familiars. No clínica afectiva major actualment. Evoluciona com tn distimic.

Tn depressiu major recurrent remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

Informe Neuropsicologia ITAE (26/09/2023): déficit cognitivo de perfil subcortical, caracterizado por un leve enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información y dificultades atencionales y de aprendizaje, principalmente secundarios al cuadro ansioso-depresivo de larga evolución, aunque seguramente el tratamiento de quimioterapia también ha contribuido a exacerbar las dificultades cognitivas. Desde un punto de vista estrictamente neuropsicológico, al margen de otras observaciones ajenas a nuestra especialidad, consideramos que la paciente no podría asumir con un rendimiento adecuado sus funciones laborales habituales, ya que los déficits observados podrían interferir de manera significativa.

DIAGNÒSTIC I LIMITACIONS FUNCIONALS

Dèficit cognitiu amb alentiment de la velocitat de processament, dificultats atencionals i d'aprenentatge secundari a patologia psiquiàtrica i tractament QT. Neoplàsia de mama dreta CDI T2N1M0, realitzat tractament IQ (tumorectomia + buidament axil ·lar) + QT + RT, sense evidència de recidiva. Seqüeles de limfedema grau 2 ESD, que requereix tractament compressiu, i neuropatia en mans i peus. Trastorn depressiu major recurrent, remissió parcial . Sense clínica impeditiva actual.

[...]

Observacions

IP per treballs d'alt requeriment intel·lectual [...]".

Se debe concluir, por tanto, que las limitaciones que presenta la parte actora lo son, básicamente, para un tipo de actividades concretas y que tengan los referidos requerimientos físicos.

Cabe desestimar, por tanto, la única petición contenida en la demanda y referida al reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que me confiere la Constitución, pronuncio el siguiente