Sentencia Social 243/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 22 de Barcelona, Rec. 605/2025 de 02 de julio del 2026

1.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: documental obrante en autos.

2.-La cuestión controvertida consiste en determinar si la resolución del INSS de 31 de mayo de 2023 podía revisar de oficio la resolución de 26 de julio de 2021 y modificar la fecha de efectos económicos del recargo de prestaciones, fijándola en el 17 de enero de 2020 en lugar del 14 de enero de 2021.

La empresa demandante sostiene que la revisión no es ajustada a derecho. Alega que no existía un error material, de hecho o aritmético que permitiera acudir a la vía del artículo 146.2 LRJS, sino una modificación sustancial de la fecha de efectos económicos del recargo. Añade que la fecha inicialmente fijada, 14 de enero de 2021, era correcta conforme a la doctrina jurisprudencial que limita la retroacción de efectos a los tres meses anteriores a la solicitud o iniciación del expediente de recargo.

El INSS y la TGSS se oponen a la demanda, remitiéndose a la actuación administrativa y a la procedencia de la fecha fijada por el INSS.

D. Jose María interesa la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución administrativa impugnada.

3.-El INSS se ha basado en el art. 146.2 de la LRJS para revisar su propia resolución de 26 de julio de 2021, en cuanto a la fecha de efectos económicos del recargo, alegando la «rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario».

Así el art. 146 LRJS establece que:

«1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

(...).».

En parecido sentido cabría citar el art. 55 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social que en sus apartados 2 y 3 señala que:

«2. Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal, tarifación, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario.

3. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá rectificar, en cualquier momento, los errores materiales o de hecho y los aritméticos de los actos regulados en este Reglamento.».

No se considera que en el presente caso concurra un error material o de hecho que permitiera al INSS acudir a la vía excepcional del artículo 146.2 LRJS.

La resolución inicial de 26 de julio de 2021 fijó la fecha de efectos económicos del recargo en el 14 de enero de 2021. Para ello tomó como referencia la propuesta de recargo formulada por la Inspección de Trabajo el 14 de abril de 2021 y aplicó la retroacción de tres meses prevista en el artículo 53 LGSS. Por tanto, no se trataba de una resolución que omitiera la fecha de efectos, ni de una operación aritmética equivocada, ni de un error material.

La resolución de revisión de 31 de mayo de 2023 va más allá al sustituir el criterio seguido en la resolución inicial. La fecha inicialmente tomada como referencia (la propuesta de recargo de la Inspección de Trabajo de 14 de abril de 2021) es modificada por otra distinta (la denuncia presentada por el trabajador ante la Inspección el 17 de abril de 2020), fijándose por ello los efectos económicos del recargo en el 17 de enero de 2020. Esa rectificación no es meramente material, sino que afecta al alcance económico del recargo y exige una nueva valoración jurídica sobre cuál debe ser la fecha relevante para aplicar la regla de retroacción.

A estos efectos resulta útil, siquiera por analogía, la doctrina sobre los límites de la aclaración y rectificación de resoluciones judiciales. La STS de 23 de julio de 2025, rcud 2852/2024, recuerda que la rectificación de errores materiales no puede convertirse en una vía para modificar el sentido de la resolución ni para sustituir la fundamentación jurídica por otra distinta. La corrección de errores permite subsanar equivocaciones patentes, pero no revisar el razonamiento seguido ni alterar de forma sustancial lo decidido.

En el ámbito de la revisión de actos administrativos de Seguridad Social cabe citar la STSJ de Cataluña de 27 de octubre de 2022, rec. 3813/2022. Dicha resolución declaró que la excepción del artículo 146.2 LRJS debe interpretarse de forma limitada y que, cuando la entidad gestora pretende revisar en perjuicio de un administrado una resolución anterior, solo puede prescindir de la demanda judicial si concurre un verdadero error material, de hecho o aritmético, o una omisión o inexactitud en las declaraciones del beneficiario. En otro caso, la revisión debe articularse mediante el cauce del artículo 146.1 LRJS.

En el presente caso, la revisión acordada por el INSS perjudica claramente a la empresa, al adelantar en casi un año la fecha de efectos económicos del recargo. La resolución de 31 de mayo de 2023 no identifica una errata evidente ni una equivocación material patente, sino que revisa una valoración jurídica relativa a la fecha de efectos. Por ello, la modificación no podía realizarse mediante la vía del artículo 146.2 LRJS.

Procede, por tanto, estimar la demanda y dejar sin efecto la resolución de 4 de junio de 2024, así como la resolución de 31 de mayo de 2023 en cuanto modificó la fecha de efectos económicos del recargo, quedando subsistente en este extremo la fecha fijada en la resolución de 26 de julio de 2021.

En atención a lo expuesto,

1.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: documental obrante en autos.

2.-La cuestión controvertida consiste en determinar si la resolución del INSS de 31 de mayo de 2023 podía revisar de oficio la resolución de 26 de julio de 2021 y modificar la fecha de efectos económicos del recargo de prestaciones, fijándola en el 17 de enero de 2020 en lugar del 14 de enero de 2021.

La empresa demandante sostiene que la revisión no es ajustada a derecho. Alega que no existía un error material, de hecho o aritmético que permitiera acudir a la vía del artículo 146.2 LRJS, sino una modificación sustancial de la fecha de efectos económicos del recargo. Añade que la fecha inicialmente fijada, 14 de enero de 2021, era correcta conforme a la doctrina jurisprudencial que limita la retroacción de efectos a los tres meses anteriores a la solicitud o iniciación del expediente de recargo.

El INSS y la TGSS se oponen a la demanda, remitiéndose a la actuación administrativa y a la procedencia de la fecha fijada por el INSS.

D. Jose María interesa la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución administrativa impugnada.

3.-El INSS se ha basado en el art. 146.2 de la LRJS para revisar su propia resolución de 26 de julio de 2021, en cuanto a la fecha de efectos económicos del recargo, alegando la «rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario».

Así el art. 146 LRJS establece que:

«1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

(...).».

En parecido sentido cabría citar el art. 55 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social que en sus apartados 2 y 3 señala que:

«2. Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal, tarifación, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario.

3. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá rectificar, en cualquier momento, los errores materiales o de hecho y los aritméticos de los actos regulados en este Reglamento.».

No se considera que en el presente caso concurra un error material o de hecho que permitiera al INSS acudir a la vía excepcional del artículo 146.2 LRJS.

La resolución inicial de 26 de julio de 2021 fijó la fecha de efectos económicos del recargo en el 14 de enero de 2021. Para ello tomó como referencia la propuesta de recargo formulada por la Inspección de Trabajo el 14 de abril de 2021 y aplicó la retroacción de tres meses prevista en el artículo 53 LGSS. Por tanto, no se trataba de una resolución que omitiera la fecha de efectos, ni de una operación aritmética equivocada, ni de un error material.

La resolución de revisión de 31 de mayo de 2023 va más allá al sustituir el criterio seguido en la resolución inicial. La fecha inicialmente tomada como referencia (la propuesta de recargo de la Inspección de Trabajo de 14 de abril de 2021) es modificada por otra distinta (la denuncia presentada por el trabajador ante la Inspección el 17 de abril de 2020), fijándose por ello los efectos económicos del recargo en el 17 de enero de 2020. Esa rectificación no es meramente material, sino que afecta al alcance económico del recargo y exige una nueva valoración jurídica sobre cuál debe ser la fecha relevante para aplicar la regla de retroacción.

A estos efectos resulta útil, siquiera por analogía, la doctrina sobre los límites de la aclaración y rectificación de resoluciones judiciales. La STS de 23 de julio de 2025, rcud 2852/2024, recuerda que la rectificación de errores materiales no puede convertirse en una vía para modificar el sentido de la resolución ni para sustituir la fundamentación jurídica por otra distinta. La corrección de errores permite subsanar equivocaciones patentes, pero no revisar el razonamiento seguido ni alterar de forma sustancial lo decidido.

En el ámbito de la revisión de actos administrativos de Seguridad Social cabe citar la STSJ de Cataluña de 27 de octubre de 2022, rec. 3813/2022. Dicha resolución declaró que la excepción del artículo 146.2 LRJS debe interpretarse de forma limitada y que, cuando la entidad gestora pretende revisar en perjuicio de un administrado una resolución anterior, solo puede prescindir de la demanda judicial si concurre un verdadero error material, de hecho o aritmético, o una omisión o inexactitud en las declaraciones del beneficiario. En otro caso, la revisión debe articularse mediante el cauce del artículo 146.1 LRJS.

En el presente caso, la revisión acordada por el INSS perjudica claramente a la empresa, al adelantar en casi un año la fecha de efectos económicos del recargo. La resolución de 31 de mayo de 2023 no identifica una errata evidente ni una equivocación material patente, sino que revisa una valoración jurídica relativa a la fecha de efectos. Por ello, la modificación no podía realizarse mediante la vía del artículo 146.2 LRJS.

Procede, por tanto, estimar la demanda y dejar sin efecto la resolución de 4 de junio de 2024, así como la resolución de 31 de mayo de 2023 en cuanto modificó la fecha de efectos económicos del recargo, quedando subsistente en este extremo la fecha fijada en la resolución de 26 de julio de 2021.

En atención a lo expuesto,

1.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: documental obrante en autos.

2.-La cuestión controvertida consiste en determinar si la resolución del INSS de 31 de mayo de 2023 podía revisar de oficio la resolución de 26 de julio de 2021 y modificar la fecha de efectos económicos del recargo de prestaciones, fijándola en el 17 de enero de 2020 en lugar del 14 de enero de 2021.

La empresa demandante sostiene que la revisión no es ajustada a derecho. Alega que no existía un error material, de hecho o aritmético que permitiera acudir a la vía del artículo 146.2 LRJS, sino una modificación sustancial de la fecha de efectos económicos del recargo. Añade que la fecha inicialmente fijada, 14 de enero de 2021, era correcta conforme a la doctrina jurisprudencial que limita la retroacción de efectos a los tres meses anteriores a la solicitud o iniciación del expediente de recargo.

El INSS y la TGSS se oponen a la demanda, remitiéndose a la actuación administrativa y a la procedencia de la fecha fijada por el INSS.

D. Jose María interesa la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución administrativa impugnada.

3.-El INSS se ha basado en el art. 146.2 de la LRJS para revisar su propia resolución de 26 de julio de 2021, en cuanto a la fecha de efectos económicos del recargo, alegando la «rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario».

Así el art. 146 LRJS establece que:

«1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

(...).».

En parecido sentido cabría citar el art. 55 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social que en sus apartados 2 y 3 señala que:

«2. Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal, tarifación, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario.

3. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá rectificar, en cualquier momento, los errores materiales o de hecho y los aritméticos de los actos regulados en este Reglamento.».

No se considera que en el presente caso concurra un error material o de hecho que permitiera al INSS acudir a la vía excepcional del artículo 146.2 LRJS.

La resolución inicial de 26 de julio de 2021 fijó la fecha de efectos económicos del recargo en el 14 de enero de 2021. Para ello tomó como referencia la propuesta de recargo formulada por la Inspección de Trabajo el 14 de abril de 2021 y aplicó la retroacción de tres meses prevista en el artículo 53 LGSS. Por tanto, no se trataba de una resolución que omitiera la fecha de efectos, ni de una operación aritmética equivocada, ni de un error material.

La resolución de revisión de 31 de mayo de 2023 va más allá al sustituir el criterio seguido en la resolución inicial. La fecha inicialmente tomada como referencia (la propuesta de recargo de la Inspección de Trabajo de 14 de abril de 2021) es modificada por otra distinta (la denuncia presentada por el trabajador ante la Inspección el 17 de abril de 2020), fijándose por ello los efectos económicos del recargo en el 17 de enero de 2020. Esa rectificación no es meramente material, sino que afecta al alcance económico del recargo y exige una nueva valoración jurídica sobre cuál debe ser la fecha relevante para aplicar la regla de retroacción.

A estos efectos resulta útil, siquiera por analogía, la doctrina sobre los límites de la aclaración y rectificación de resoluciones judiciales. La STS de 23 de julio de 2025, rcud 2852/2024, recuerda que la rectificación de errores materiales no puede convertirse en una vía para modificar el sentido de la resolución ni para sustituir la fundamentación jurídica por otra distinta. La corrección de errores permite subsanar equivocaciones patentes, pero no revisar el razonamiento seguido ni alterar de forma sustancial lo decidido.

En el ámbito de la revisión de actos administrativos de Seguridad Social cabe citar la STSJ de Cataluña de 27 de octubre de 2022, rec. 3813/2022. Dicha resolución declaró que la excepción del artículo 146.2 LRJS debe interpretarse de forma limitada y que, cuando la entidad gestora pretende revisar en perjuicio de un administrado una resolución anterior, solo puede prescindir de la demanda judicial si concurre un verdadero error material, de hecho o aritmético, o una omisión o inexactitud en las declaraciones del beneficiario. En otro caso, la revisión debe articularse mediante el cauce del artículo 146.1 LRJS.

En el presente caso, la revisión acordada por el INSS perjudica claramente a la empresa, al adelantar en casi un año la fecha de efectos económicos del recargo. La resolución de 31 de mayo de 2023 no identifica una errata evidente ni una equivocación material patente, sino que revisa una valoración jurídica relativa a la fecha de efectos. Por ello, la modificación no podía realizarse mediante la vía del artículo 146.2 LRJS.

Procede, por tanto, estimar la demanda y dejar sin efecto la resolución de 4 de junio de 2024, así como la resolución de 31 de mayo de 2023 en cuanto modificó la fecha de efectos económicos del recargo, quedando subsistente en este extremo la fecha fijada en la resolución de 26 de julio de 2021.

En atención a lo expuesto,

1.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de los siguientes medios de prueba: documental obrante en autos.

2.-La cuestión controvertida consiste en determinar si la resolución del INSS de 31 de mayo de 2023 podía revisar de oficio la resolución de 26 de julio de 2021 y modificar la fecha de efectos económicos del recargo de prestaciones, fijándola en el 17 de enero de 2020 en lugar del 14 de enero de 2021.

La empresa demandante sostiene que la revisión no es ajustada a derecho. Alega que no existía un error material, de hecho o aritmético que permitiera acudir a la vía del artículo 146.2 LRJS, sino una modificación sustancial de la fecha de efectos económicos del recargo. Añade que la fecha inicialmente fijada, 14 de enero de 2021, era correcta conforme a la doctrina jurisprudencial que limita la retroacción de efectos a los tres meses anteriores a la solicitud o iniciación del expediente de recargo.

El INSS y la TGSS se oponen a la demanda, remitiéndose a la actuación administrativa y a la procedencia de la fecha fijada por el INSS.

D. Jose María interesa la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución administrativa impugnada.

3.-El INSS se ha basado en el art. 146.2 de la LRJS para revisar su propia resolución de 26 de julio de 2021, en cuanto a la fecha de efectos económicos del recargo, alegando la «rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario».

Así el art. 146 LRJS establece que:

«1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

(...).».

En parecido sentido cabría citar el art. 55 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social que en sus apartados 2 y 3 señala que:

«2. Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal, tarifación, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario.

3. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá rectificar, en cualquier momento, los errores materiales o de hecho y los aritméticos de los actos regulados en este Reglamento.».

No se considera que en el presente caso concurra un error material o de hecho que permitiera al INSS acudir a la vía excepcional del artículo 146.2 LRJS.

La resolución inicial de 26 de julio de 2021 fijó la fecha de efectos económicos del recargo en el 14 de enero de 2021. Para ello tomó como referencia la propuesta de recargo formulada por la Inspección de Trabajo el 14 de abril de 2021 y aplicó la retroacción de tres meses prevista en el artículo 53 LGSS. Por tanto, no se trataba de una resolución que omitiera la fecha de efectos, ni de una operación aritmética equivocada, ni de un error material.

La resolución de revisión de 31 de mayo de 2023 va más allá al sustituir el criterio seguido en la resolución inicial. La fecha inicialmente tomada como referencia (la propuesta de recargo de la Inspección de Trabajo de 14 de abril de 2021) es modificada por otra distinta (la denuncia presentada por el trabajador ante la Inspección el 17 de abril de 2020), fijándose por ello los efectos económicos del recargo en el 17 de enero de 2020. Esa rectificación no es meramente material, sino que afecta al alcance económico del recargo y exige una nueva valoración jurídica sobre cuál debe ser la fecha relevante para aplicar la regla de retroacción.

A estos efectos resulta útil, siquiera por analogía, la doctrina sobre los límites de la aclaración y rectificación de resoluciones judiciales. La STS de 23 de julio de 2025, rcud 2852/2024, recuerda que la rectificación de errores materiales no puede convertirse en una vía para modificar el sentido de la resolución ni para sustituir la fundamentación jurídica por otra distinta. La corrección de errores permite subsanar equivocaciones patentes, pero no revisar el razonamiento seguido ni alterar de forma sustancial lo decidido.

En el ámbito de la revisión de actos administrativos de Seguridad Social cabe citar la STSJ de Cataluña de 27 de octubre de 2022, rec. 3813/2022. Dicha resolución declaró que la excepción del artículo 146.2 LRJS debe interpretarse de forma limitada y que, cuando la entidad gestora pretende revisar en perjuicio de un administrado una resolución anterior, solo puede prescindir de la demanda judicial si concurre un verdadero error material, de hecho o aritmético, o una omisión o inexactitud en las declaraciones del beneficiario. En otro caso, la revisión debe articularse mediante el cauce del artículo 146.1 LRJS.

En el presente caso, la revisión acordada por el INSS perjudica claramente a la empresa, al adelantar en casi un año la fecha de efectos económicos del recargo. La resolución de 31 de mayo de 2023 no identifica una errata evidente ni una equivocación material patente, sino que revisa una valoración jurídica relativa a la fecha de efectos. Por ello, la modificación no podía realizarse mediante la vía del artículo 146.2 LRJS.

Procede, por tanto, estimar la demanda y dejar sin efecto la resolución de 4 de junio de 2024, así como la resolución de 31 de mayo de 2023 en cuanto modificó la fecha de efectos económicos del recargo, quedando subsistente en este extremo la fecha fijada en la resolución de 26 de julio de 2021.

En atención a lo expuesto,