Sentencia Social 195/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 24 de Barcelona, Rec. 990/2024 de 22 de junio del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados han sido deducidos tras el examen del expediente administrativo sin que los mismos hayan sido controvertidos reduciéndose la litis a una cuestión meramente jurídica y, en particular, sin el actor tiene derecho a percibir la indemnización por daños y perjuicios solicitada.

SEGUNDO.-El demandante presentó demanda contra el INSS, solicitando que se le aplicase el incremento porcentual previsto en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social correspondiente a su pensión de jubilación.

Con anterioridad al acto de la vista, el INSS reconoció al actor dicho incremento, manteniendo el demandante su pretensión de indemnización por daños y perjuicios en cuantía de 1.800 euros.

TERCERO.-La parte actora pretende que se fije una indemnización por importe de 1.800 euros, y ello por tener que acudir a la vía judicial para el reconocimiento del complemento de maternidad, a diferencia de las mujeres, y ello por aplicación de la STS de 15/11/2023 en cumplimiento de la STJUE de 14/09/2023. En la referida sentencia se trata la cuestión de si el actor tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo al denegarse por el INSS al demandante (progenitor varón) el complemento de maternidad del artículo 60 LGSS una vez que el TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) ya había establecido que la denegación de dicho complemento al varón suponía una discriminación por razón de sexo y que la normativa que lo regulaba era, por tanto, contraria al derecho de la Unión.

La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 735/2025, de 16 de julio, recurso 3146/2024 ( ROJ: STS 3740/2025 - ECLI:ES:TS:2025:3740 ) concluye que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación en el transcurso del plazo de prescripción. Este derecho a la compensación también surge cuando la causa de la desestimación es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los 5 años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía la jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley.

CUARTO.-Pues bien, habida cuenta de la anterior doctrina, la cuestión controvertida en el presente supuesto no radica en la existencia abstracta del derecho a la indemnización en supuestos de denegación del complemento, sino en determinar si, atendidas las concretas circunstancias del caso, puede afirmarse que el actor se vio efectivamente obligado a acudir válidamente a la vía jurisdiccional para el reconocimiento de su derecho.

A este respecto, consta que el actor formuló solicitud en fecha 22 de febrero de 2024, disponiendo la entidad gestora de un plazo de noventa días hábiles para resolver, que finalizaba el día 4 de julio de 2024.

Ciertamente, del examen de las actuaciones resulta que entre la fecha de presentación de la reclamación previa y la fecha de vencimiento del plazo de noventa días hábiles de que disponía la entidad gestora para resolver la solicitud inicial existía una diferencia temporal mínima, de apenas unos días. Ahora bien, dicha circunstancia no puede valorarse de forma aislada ni conducir automáticamente a la pérdida del derecho indemnizatorio reconocido por la jurisprudencia.

Y es que la finalidad de la indemnización reconocida por la doctrina del Tribunal Supremo no radica en sancionar irregularidades meramente formales en la tramitación administrativa, sino en compensar el perjuicio derivado de la necesidad de acudir a la vía judicial para obtener el reconocimiento de un derecho que debió ser reconocido por la entidad gestora.

En el presente supuesto, el actor formuló la correspondiente solicitud administrativa, presentó reclamación previa y, ante la falta de reconocimiento de su derecho, interpuso la demanda rectora de las presentes actuaciones, siendo únicamente con posterioridad cuando el INSS procedió a reconocer el complemento interesado mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2024.

Por lo tanto, aun cuando pudiera apreciarse una mínima anticipación en la formulación de la reclamación previa respecto del agotamiento del plazo para resolver la solicitud inicial, dicha circunstancia carece de entidad suficiente para alterar la conclusión de que el demandante se vio obligado a acudir a la vía jurisdiccional para obtener el reconocimiento de un derecho que finalmente fue reconocido por la propia entidad gestora.

En consecuencia, concurren los presupuestos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el reconocimiento de la indemnización interesada, que procede fijar en la cuantía de 1.800 euros.

QUINTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados han sido deducidos tras el examen del expediente administrativo sin que los mismos hayan sido controvertidos reduciéndose la litis a una cuestión meramente jurídica y, en particular, sin el actor tiene derecho a percibir la indemnización por daños y perjuicios solicitada.

SEGUNDO.-El demandante presentó demanda contra el INSS, solicitando que se le aplicase el incremento porcentual previsto en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social correspondiente a su pensión de jubilación.

Con anterioridad al acto de la vista, el INSS reconoció al actor dicho incremento, manteniendo el demandante su pretensión de indemnización por daños y perjuicios en cuantía de 1.800 euros.

TERCERO.-La parte actora pretende que se fije una indemnización por importe de 1.800 euros, y ello por tener que acudir a la vía judicial para el reconocimiento del complemento de maternidad, a diferencia de las mujeres, y ello por aplicación de la STS de 15/11/2023 en cumplimiento de la STJUE de 14/09/2023. En la referida sentencia se trata la cuestión de si el actor tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo al denegarse por el INSS al demandante (progenitor varón) el complemento de maternidad del artículo 60 LGSS una vez que el TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) ya había establecido que la denegación de dicho complemento al varón suponía una discriminación por razón de sexo y que la normativa que lo regulaba era, por tanto, contraria al derecho de la Unión.

La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 735/2025, de 16 de julio, recurso 3146/2024 ( ROJ: STS 3740/2025 - ECLI:ES:TS:2025:3740 ) concluye que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación en el transcurso del plazo de prescripción. Este derecho a la compensación también surge cuando la causa de la desestimación es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los 5 años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía la jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley.

CUARTO.-Pues bien, habida cuenta de la anterior doctrina, la cuestión controvertida en el presente supuesto no radica en la existencia abstracta del derecho a la indemnización en supuestos de denegación del complemento, sino en determinar si, atendidas las concretas circunstancias del caso, puede afirmarse que el actor se vio efectivamente obligado a acudir válidamente a la vía jurisdiccional para el reconocimiento de su derecho.

A este respecto, consta que el actor formuló solicitud en fecha 22 de febrero de 2024, disponiendo la entidad gestora de un plazo de noventa días hábiles para resolver, que finalizaba el día 4 de julio de 2024.

Ciertamente, del examen de las actuaciones resulta que entre la fecha de presentación de la reclamación previa y la fecha de vencimiento del plazo de noventa días hábiles de que disponía la entidad gestora para resolver la solicitud inicial existía una diferencia temporal mínima, de apenas unos días. Ahora bien, dicha circunstancia no puede valorarse de forma aislada ni conducir automáticamente a la pérdida del derecho indemnizatorio reconocido por la jurisprudencia.

Y es que la finalidad de la indemnización reconocida por la doctrina del Tribunal Supremo no radica en sancionar irregularidades meramente formales en la tramitación administrativa, sino en compensar el perjuicio derivado de la necesidad de acudir a la vía judicial para obtener el reconocimiento de un derecho que debió ser reconocido por la entidad gestora.

En el presente supuesto, el actor formuló la correspondiente solicitud administrativa, presentó reclamación previa y, ante la falta de reconocimiento de su derecho, interpuso la demanda rectora de las presentes actuaciones, siendo únicamente con posterioridad cuando el INSS procedió a reconocer el complemento interesado mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2024.

Por lo tanto, aun cuando pudiera apreciarse una mínima anticipación en la formulación de la reclamación previa respecto del agotamiento del plazo para resolver la solicitud inicial, dicha circunstancia carece de entidad suficiente para alterar la conclusión de que el demandante se vio obligado a acudir a la vía jurisdiccional para obtener el reconocimiento de un derecho que finalmente fue reconocido por la propia entidad gestora.

En consecuencia, concurren los presupuestos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el reconocimiento de la indemnización interesada, que procede fijar en la cuantía de 1.800 euros.

QUINTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados han sido deducidos tras el examen del expediente administrativo sin que los mismos hayan sido controvertidos reduciéndose la litis a una cuestión meramente jurídica y, en particular, sin el actor tiene derecho a percibir la indemnización por daños y perjuicios solicitada.

SEGUNDO.-El demandante presentó demanda contra el INSS, solicitando que se le aplicase el incremento porcentual previsto en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social correspondiente a su pensión de jubilación.

Con anterioridad al acto de la vista, el INSS reconoció al actor dicho incremento, manteniendo el demandante su pretensión de indemnización por daños y perjuicios en cuantía de 1.800 euros.

TERCERO.-La parte actora pretende que se fije una indemnización por importe de 1.800 euros, y ello por tener que acudir a la vía judicial para el reconocimiento del complemento de maternidad, a diferencia de las mujeres, y ello por aplicación de la STS de 15/11/2023 en cumplimiento de la STJUE de 14/09/2023. En la referida sentencia se trata la cuestión de si el actor tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo al denegarse por el INSS al demandante (progenitor varón) el complemento de maternidad del artículo 60 LGSS una vez que el TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) ya había establecido que la denegación de dicho complemento al varón suponía una discriminación por razón de sexo y que la normativa que lo regulaba era, por tanto, contraria al derecho de la Unión.

La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 735/2025, de 16 de julio, recurso 3146/2024 ( ROJ: STS 3740/2025 - ECLI:ES:TS:2025:3740 ) concluye que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación en el transcurso del plazo de prescripción. Este derecho a la compensación también surge cuando la causa de la desestimación es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los 5 años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía la jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley.

CUARTO.-Pues bien, habida cuenta de la anterior doctrina, la cuestión controvertida en el presente supuesto no radica en la existencia abstracta del derecho a la indemnización en supuestos de denegación del complemento, sino en determinar si, atendidas las concretas circunstancias del caso, puede afirmarse que el actor se vio efectivamente obligado a acudir válidamente a la vía jurisdiccional para el reconocimiento de su derecho.

A este respecto, consta que el actor formuló solicitud en fecha 22 de febrero de 2024, disponiendo la entidad gestora de un plazo de noventa días hábiles para resolver, que finalizaba el día 4 de julio de 2024.

Ciertamente, del examen de las actuaciones resulta que entre la fecha de presentación de la reclamación previa y la fecha de vencimiento del plazo de noventa días hábiles de que disponía la entidad gestora para resolver la solicitud inicial existía una diferencia temporal mínima, de apenas unos días. Ahora bien, dicha circunstancia no puede valorarse de forma aislada ni conducir automáticamente a la pérdida del derecho indemnizatorio reconocido por la jurisprudencia.

Y es que la finalidad de la indemnización reconocida por la doctrina del Tribunal Supremo no radica en sancionar irregularidades meramente formales en la tramitación administrativa, sino en compensar el perjuicio derivado de la necesidad de acudir a la vía judicial para obtener el reconocimiento de un derecho que debió ser reconocido por la entidad gestora.

En el presente supuesto, el actor formuló la correspondiente solicitud administrativa, presentó reclamación previa y, ante la falta de reconocimiento de su derecho, interpuso la demanda rectora de las presentes actuaciones, siendo únicamente con posterioridad cuando el INSS procedió a reconocer el complemento interesado mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2024.

Por lo tanto, aun cuando pudiera apreciarse una mínima anticipación en la formulación de la reclamación previa respecto del agotamiento del plazo para resolver la solicitud inicial, dicha circunstancia carece de entidad suficiente para alterar la conclusión de que el demandante se vio obligado a acudir a la vía jurisdiccional para obtener el reconocimiento de un derecho que finalmente fue reconocido por la propia entidad gestora.

En consecuencia, concurren los presupuestos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el reconocimiento de la indemnización interesada, que procede fijar en la cuantía de 1.800 euros.

QUINTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados han sido deducidos tras el examen del expediente administrativo sin que los mismos hayan sido controvertidos reduciéndose la litis a una cuestión meramente jurídica y, en particular, sin el actor tiene derecho a percibir la indemnización por daños y perjuicios solicitada.

SEGUNDO.-El demandante presentó demanda contra el INSS, solicitando que se le aplicase el incremento porcentual previsto en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social correspondiente a su pensión de jubilación.

Con anterioridad al acto de la vista, el INSS reconoció al actor dicho incremento, manteniendo el demandante su pretensión de indemnización por daños y perjuicios en cuantía de 1.800 euros.

TERCERO.-La parte actora pretende que se fije una indemnización por importe de 1.800 euros, y ello por tener que acudir a la vía judicial para el reconocimiento del complemento de maternidad, a diferencia de las mujeres, y ello por aplicación de la STS de 15/11/2023 en cumplimiento de la STJUE de 14/09/2023. En la referida sentencia se trata la cuestión de si el actor tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo al denegarse por el INSS al demandante (progenitor varón) el complemento de maternidad del artículo 60 LGSS una vez que el TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) ya había establecido que la denegación de dicho complemento al varón suponía una discriminación por razón de sexo y que la normativa que lo regulaba era, por tanto, contraria al derecho de la Unión.

La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 735/2025, de 16 de julio, recurso 3146/2024 ( ROJ: STS 3740/2025 - ECLI:ES:TS:2025:3740 ) concluye que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación en el transcurso del plazo de prescripción. Este derecho a la compensación también surge cuando la causa de la desestimación es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los 5 años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía la jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley.

CUARTO.-Pues bien, habida cuenta de la anterior doctrina, la cuestión controvertida en el presente supuesto no radica en la existencia abstracta del derecho a la indemnización en supuestos de denegación del complemento, sino en determinar si, atendidas las concretas circunstancias del caso, puede afirmarse que el actor se vio efectivamente obligado a acudir válidamente a la vía jurisdiccional para el reconocimiento de su derecho.

A este respecto, consta que el actor formuló solicitud en fecha 22 de febrero de 2024, disponiendo la entidad gestora de un plazo de noventa días hábiles para resolver, que finalizaba el día 4 de julio de 2024.

Ciertamente, del examen de las actuaciones resulta que entre la fecha de presentación de la reclamación previa y la fecha de vencimiento del plazo de noventa días hábiles de que disponía la entidad gestora para resolver la solicitud inicial existía una diferencia temporal mínima, de apenas unos días. Ahora bien, dicha circunstancia no puede valorarse de forma aislada ni conducir automáticamente a la pérdida del derecho indemnizatorio reconocido por la jurisprudencia.

Y es que la finalidad de la indemnización reconocida por la doctrina del Tribunal Supremo no radica en sancionar irregularidades meramente formales en la tramitación administrativa, sino en compensar el perjuicio derivado de la necesidad de acudir a la vía judicial para obtener el reconocimiento de un derecho que debió ser reconocido por la entidad gestora.

En el presente supuesto, el actor formuló la correspondiente solicitud administrativa, presentó reclamación previa y, ante la falta de reconocimiento de su derecho, interpuso la demanda rectora de las presentes actuaciones, siendo únicamente con posterioridad cuando el INSS procedió a reconocer el complemento interesado mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2024.

Por lo tanto, aun cuando pudiera apreciarse una mínima anticipación en la formulación de la reclamación previa respecto del agotamiento del plazo para resolver la solicitud inicial, dicha circunstancia carece de entidad suficiente para alterar la conclusión de que el demandante se vio obligado a acudir a la vía jurisdiccional para obtener el reconocimiento de un derecho que finalmente fue reconocido por la propia entidad gestora.

En consecuencia, concurren los presupuestos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el reconocimiento de la indemnización interesada, que procede fijar en la cuantía de 1.800 euros.

QUINTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ( art. 191 de la L.R.J.S. ).

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.