Sentencia Social 168/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 27 de Barcelona, Rec. 1068/2024 de 12 de mayo del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica. Concretamente constan en la prueba documental aportada en especial del expediente administrativo, informes y pruebas médicas, así como resoluciones del INSS y demás documental médica aportada por la parte actora en el acto de la vista.

SEGUNDO.-La parte actora solicita que se le declare en situación de incapacidad permanente absoluta y no solo IPT para su profesión habitual de cajera reponedora en supermercado y ello en especial ante la mayor limitación funcional que afecta a la parte actora.

El INSS-TGSS se opone a la pretensión actora, no apreciando mayor limitación funcional que la ya valorada con anterioridad.

Con carácter general en los litigios sobre invalidez permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

TERCERO.-Las lesiones que padece la parte actora y que resultan de la valoración conjunta de los informes médicos obrantes en autos no tienen en el presente momento la virtualidad y relevancia suficiente para impedirle realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad, no acreditando mayores lesiones de las tenidas en cuenta al declararse el grado de IPTotal que justificaran el grado de IPAbsoluta.

Debe señalarse que contamos con un informe del SGAM de fecha 11 de diciembre de 2023 que señala que procede continuar la it por una duración aproximada de 90 días. El CEI otorga una ipt revisable a partir de 1 de octubre de 2024.

La parte actora aporta únicamente un nuevo informe de 8 de enero de 2026 de psiquiatría en la que se recoge que la paciente en la última visita "funciones de síntesis sin alteraciones, funciones de relación comprometidas con tendencia al aislamiento y a la irritabilidad principalmente con el esposo, con buena relación respecto a su condición. Pensamiento sin alteraciones en la velocidad ni el curso, contenido con ideas con ideas de minusvalía, no expresa delirios, no refiere ideas de muerte ni ideación suicida activas, quejumbrosa por múltiples molestias físicas y limitaciones funcionales no alteraciones de las sensopercepción, afecto anhedónico y aplanado, tono hipotímico. Conducta motora hipobúlica con bradiquinesia hábitos higiénico ocupacional lúdicos comprometidos con mal patrón del sueño y de la alimentación." Es decir, de dicho informe no se infiere una limitación funcional de la paciente. No consta internamientos de la paciente ni asistencia a urgencias, ni limitación superior a la ya reconocida por el SGAM.

Los informes médicos aportados por la parte actora no contradicen las conclusiones del SGAM que por lo demás no constató lesiones de carácter permanente entendiendo que debería continuar en situación de it. Por su parte el CEI declaró la ipt con carácter revisable.

En cuanto a la fibromialgia no se aportan nuevos informes por la actora para poder pronunciarse sobre la limitación funcional pretendida.

No se discuten las lesiones si no su limitación funcional, la actora ha sido declarada en situación de ipt siendo su profesión habitual de cajera reponedora, siendo que en el momento de la declaración de ipt por parte del INSS se consideró por éste que no podía llevar a cabo dicha profesión si bien especificó que ello sería revisable.

Entiendo que la actora no acredita mayor limitación que en la que en su día fue reconocida con carácter revisable y que en todo caso, le resta capacidad residual para el ejercicio de actividades laborales más livianas que las propias de cajera reponedora. Debe primar el reconocimiento y las conclusiones del médico evaluador del SGAM/CEI que como ente público está dotado de mayor objetividad e imparcialidad sin que sus conclusiones se hayan visto discutidas por informe de especialista de la sanidad pública.

En consecuencia, valorando el cuadro lesivo de la parte actora actual debe entenderse que las lesiones de la parte actora no pueden fundamentar una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo no acreditando mayor cuadro lesivo ni mayor limitación funcional que la recogida por el INSS en su resolución, por lo que procede la desestimación de la demanda.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica. Concretamente constan en la prueba documental aportada en especial del expediente administrativo, informes y pruebas médicas, así como resoluciones del INSS y demás documental médica aportada por la parte actora en el acto de la vista.

SEGUNDO.-La parte actora solicita que se le declare en situación de incapacidad permanente absoluta y no solo IPT para su profesión habitual de cajera reponedora en supermercado y ello en especial ante la mayor limitación funcional que afecta a la parte actora.

El INSS-TGSS se opone a la pretensión actora, no apreciando mayor limitación funcional que la ya valorada con anterioridad.

Con carácter general en los litigios sobre invalidez permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

TERCERO.-Las lesiones que padece la parte actora y que resultan de la valoración conjunta de los informes médicos obrantes en autos no tienen en el presente momento la virtualidad y relevancia suficiente para impedirle realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad, no acreditando mayores lesiones de las tenidas en cuenta al declararse el grado de IPTotal que justificaran el grado de IPAbsoluta.

Debe señalarse que contamos con un informe del SGAM de fecha 11 de diciembre de 2023 que señala que procede continuar la it por una duración aproximada de 90 días. El CEI otorga una ipt revisable a partir de 1 de octubre de 2024.

La parte actora aporta únicamente un nuevo informe de 8 de enero de 2026 de psiquiatría en la que se recoge que la paciente en la última visita "funciones de síntesis sin alteraciones, funciones de relación comprometidas con tendencia al aislamiento y a la irritabilidad principalmente con el esposo, con buena relación respecto a su condición. Pensamiento sin alteraciones en la velocidad ni el curso, contenido con ideas con ideas de minusvalía, no expresa delirios, no refiere ideas de muerte ni ideación suicida activas, quejumbrosa por múltiples molestias físicas y limitaciones funcionales no alteraciones de las sensopercepción, afecto anhedónico y aplanado, tono hipotímico. Conducta motora hipobúlica con bradiquinesia hábitos higiénico ocupacional lúdicos comprometidos con mal patrón del sueño y de la alimentación." Es decir, de dicho informe no se infiere una limitación funcional de la paciente. No consta internamientos de la paciente ni asistencia a urgencias, ni limitación superior a la ya reconocida por el SGAM.

Los informes médicos aportados por la parte actora no contradicen las conclusiones del SGAM que por lo demás no constató lesiones de carácter permanente entendiendo que debería continuar en situación de it. Por su parte el CEI declaró la ipt con carácter revisable.

En cuanto a la fibromialgia no se aportan nuevos informes por la actora para poder pronunciarse sobre la limitación funcional pretendida.

No se discuten las lesiones si no su limitación funcional, la actora ha sido declarada en situación de ipt siendo su profesión habitual de cajera reponedora, siendo que en el momento de la declaración de ipt por parte del INSS se consideró por éste que no podía llevar a cabo dicha profesión si bien especificó que ello sería revisable.

Entiendo que la actora no acredita mayor limitación que en la que en su día fue reconocida con carácter revisable y que en todo caso, le resta capacidad residual para el ejercicio de actividades laborales más livianas que las propias de cajera reponedora. Debe primar el reconocimiento y las conclusiones del médico evaluador del SGAM/CEI que como ente público está dotado de mayor objetividad e imparcialidad sin que sus conclusiones se hayan visto discutidas por informe de especialista de la sanidad pública.

En consecuencia, valorando el cuadro lesivo de la parte actora actual debe entenderse que las lesiones de la parte actora no pueden fundamentar una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo no acreditando mayor cuadro lesivo ni mayor limitación funcional que la recogida por el INSS en su resolución, por lo que procede la desestimación de la demanda.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica. Concretamente constan en la prueba documental aportada en especial del expediente administrativo, informes y pruebas médicas, así como resoluciones del INSS y demás documental médica aportada por la parte actora en el acto de la vista.

SEGUNDO.-La parte actora solicita que se le declare en situación de incapacidad permanente absoluta y no solo IPT para su profesión habitual de cajera reponedora en supermercado y ello en especial ante la mayor limitación funcional que afecta a la parte actora.

El INSS-TGSS se opone a la pretensión actora, no apreciando mayor limitación funcional que la ya valorada con anterioridad.

Con carácter general en los litigios sobre invalidez permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

TERCERO.-Las lesiones que padece la parte actora y que resultan de la valoración conjunta de los informes médicos obrantes en autos no tienen en el presente momento la virtualidad y relevancia suficiente para impedirle realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad, no acreditando mayores lesiones de las tenidas en cuenta al declararse el grado de IPTotal que justificaran el grado de IPAbsoluta.

Debe señalarse que contamos con un informe del SGAM de fecha 11 de diciembre de 2023 que señala que procede continuar la it por una duración aproximada de 90 días. El CEI otorga una ipt revisable a partir de 1 de octubre de 2024.

La parte actora aporta únicamente un nuevo informe de 8 de enero de 2026 de psiquiatría en la que se recoge que la paciente en la última visita "funciones de síntesis sin alteraciones, funciones de relación comprometidas con tendencia al aislamiento y a la irritabilidad principalmente con el esposo, con buena relación respecto a su condición. Pensamiento sin alteraciones en la velocidad ni el curso, contenido con ideas con ideas de minusvalía, no expresa delirios, no refiere ideas de muerte ni ideación suicida activas, quejumbrosa por múltiples molestias físicas y limitaciones funcionales no alteraciones de las sensopercepción, afecto anhedónico y aplanado, tono hipotímico. Conducta motora hipobúlica con bradiquinesia hábitos higiénico ocupacional lúdicos comprometidos con mal patrón del sueño y de la alimentación." Es decir, de dicho informe no se infiere una limitación funcional de la paciente. No consta internamientos de la paciente ni asistencia a urgencias, ni limitación superior a la ya reconocida por el SGAM.

Los informes médicos aportados por la parte actora no contradicen las conclusiones del SGAM que por lo demás no constató lesiones de carácter permanente entendiendo que debería continuar en situación de it. Por su parte el CEI declaró la ipt con carácter revisable.

En cuanto a la fibromialgia no se aportan nuevos informes por la actora para poder pronunciarse sobre la limitación funcional pretendida.

No se discuten las lesiones si no su limitación funcional, la actora ha sido declarada en situación de ipt siendo su profesión habitual de cajera reponedora, siendo que en el momento de la declaración de ipt por parte del INSS se consideró por éste que no podía llevar a cabo dicha profesión si bien especificó que ello sería revisable.

Entiendo que la actora no acredita mayor limitación que en la que en su día fue reconocida con carácter revisable y que en todo caso, le resta capacidad residual para el ejercicio de actividades laborales más livianas que las propias de cajera reponedora. Debe primar el reconocimiento y las conclusiones del médico evaluador del SGAM/CEI que como ente público está dotado de mayor objetividad e imparcialidad sin que sus conclusiones se hayan visto discutidas por informe de especialista de la sanidad pública.

En consecuencia, valorando el cuadro lesivo de la parte actora actual debe entenderse que las lesiones de la parte actora no pueden fundamentar una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo no acreditando mayor cuadro lesivo ni mayor limitación funcional que la recogida por el INSS en su resolución, por lo que procede la desestimación de la demanda.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan demostrados al examinar el material probatorio, según las reglas de la sana crítica. Concretamente constan en la prueba documental aportada en especial del expediente administrativo, informes y pruebas médicas, así como resoluciones del INSS y demás documental médica aportada por la parte actora en el acto de la vista.

SEGUNDO.-La parte actora solicita que se le declare en situación de incapacidad permanente absoluta y no solo IPT para su profesión habitual de cajera reponedora en supermercado y ello en especial ante la mayor limitación funcional que afecta a la parte actora.

El INSS-TGSS se opone a la pretensión actora, no apreciando mayor limitación funcional que la ya valorada con anterioridad.

Con carácter general en los litigios sobre invalidez permanente (modalidad contributiva) por disconformidad entre las partes sobre si procede o no el reconocimiento de tal situación o del grado a establecer, el sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas. De esta forma, el régimen legal descansa sobre la valoración de las secuelas y su proyección invalidante respecto a la capacidad residual laboral del trabajador. Resultan pues, indiferentes, las dolencias que aquejan al trabajador, siendo lo verdaderamente trascendente las secuelas que acredite, esto es, las limitaciones orgánico-funcionales que éstas producen, sean psíquicas o físicas. De esta suerte, el precepto citado clasifica dicha invalidez en cuatro grados de incapacidad permanente (a los que habría que sumar, como una variante inferior en la escala, las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo se producen cuando la contingencia se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional).

Tales grados son los siguientes:

a) La incapacidad permanente parcial (IPP), que responde a la situación en la que el menoscabo laboral de las secuelas supera el 33% del rendimiento normal para su profesión habitual, pero sin llegar a impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

b) La incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), en la que las secuelas tienen mayor proyección invalidante, pues impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión.

c) La incapacidad permanente absoluta (IPA), que cubre la situación del trabajador en la que esas limitaciones orgánico-funcionales le impiden realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad.

d) La gran invalidez, que procede cuando el trabajador no puede realizar, por sí mismo, los actos más esenciales de su vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos, necesitando para ello la ayuda de un tercero.

TERCERO.-Las lesiones que padece la parte actora y que resultan de la valoración conjunta de los informes médicos obrantes en autos no tienen en el presente momento la virtualidad y relevancia suficiente para impedirle realizar cualquier labor retributiva con un mínimo de rendimiento y profesionalidad, no acreditando mayores lesiones de las tenidas en cuenta al declararse el grado de IPTotal que justificaran el grado de IPAbsoluta.

Debe señalarse que contamos con un informe del SGAM de fecha 11 de diciembre de 2023 que señala que procede continuar la it por una duración aproximada de 90 días. El CEI otorga una ipt revisable a partir de 1 de octubre de 2024.

La parte actora aporta únicamente un nuevo informe de 8 de enero de 2026 de psiquiatría en la que se recoge que la paciente en la última visita "funciones de síntesis sin alteraciones, funciones de relación comprometidas con tendencia al aislamiento y a la irritabilidad principalmente con el esposo, con buena relación respecto a su condición. Pensamiento sin alteraciones en la velocidad ni el curso, contenido con ideas con ideas de minusvalía, no expresa delirios, no refiere ideas de muerte ni ideación suicida activas, quejumbrosa por múltiples molestias físicas y limitaciones funcionales no alteraciones de las sensopercepción, afecto anhedónico y aplanado, tono hipotímico. Conducta motora hipobúlica con bradiquinesia hábitos higiénico ocupacional lúdicos comprometidos con mal patrón del sueño y de la alimentación." Es decir, de dicho informe no se infiere una limitación funcional de la paciente. No consta internamientos de la paciente ni asistencia a urgencias, ni limitación superior a la ya reconocida por el SGAM.

Los informes médicos aportados por la parte actora no contradicen las conclusiones del SGAM que por lo demás no constató lesiones de carácter permanente entendiendo que debería continuar en situación de it. Por su parte el CEI declaró la ipt con carácter revisable.

En cuanto a la fibromialgia no se aportan nuevos informes por la actora para poder pronunciarse sobre la limitación funcional pretendida.

No se discuten las lesiones si no su limitación funcional, la actora ha sido declarada en situación de ipt siendo su profesión habitual de cajera reponedora, siendo que en el momento de la declaración de ipt por parte del INSS se consideró por éste que no podía llevar a cabo dicha profesión si bien especificó que ello sería revisable.

Entiendo que la actora no acredita mayor limitación que en la que en su día fue reconocida con carácter revisable y que en todo caso, le resta capacidad residual para el ejercicio de actividades laborales más livianas que las propias de cajera reponedora. Debe primar el reconocimiento y las conclusiones del médico evaluador del SGAM/CEI que como ente público está dotado de mayor objetividad e imparcialidad sin que sus conclusiones se hayan visto discutidas por informe de especialista de la sanidad pública.

En consecuencia, valorando el cuadro lesivo de la parte actora actual debe entenderse que las lesiones de la parte actora no pueden fundamentar una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo no acreditando mayor cuadro lesivo ni mayor limitación funcional que la recogida por el INSS en su resolución, por lo que procede la desestimación de la demanda.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.