Sentencia Social 146/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Albacete, Rec. 26/2025 de 13 de mayo del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados como probados se han obtenido de la prueba aportada con la demanda, así como de la practicada y aportada en el acto de juicio oral (documental), en especial, lo obrante en el expediente administrativo.

SEGUNDO.-En el supuesto de la presente litis, de dos distintas serían las naturalezas jurídicas de los motivos alegados por la representación letrada de la mercantil actora para combatir el contenido de la Resolución recurrida: en primer lugar, de índole formal, y, en segundo, de naturaleza material.

Respecto de la consideración principal referida al incumplimiento formal, la parte actora interesa la nulidad de la Resolución que puso fin a la vía administrativa al no haberse dado el trámite de audiencia previa a la mercantil previsto en el artículo 18.3 y 4 del Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, lo que, a juicio de la demandante, le genera indefensión.

En su respuesta, es necesario tener en cuenta la literalidad y condicionamiento de dicho trámite de audiencia establecido en el citado apartado 4, que determina que: "4. Cuando de las diligencias practicadas se desprenda la invocación o concurrencia de hechos distintos a los reseñados en el acta, el órgano instructor, antes de emitir su propuesta de resolución, dará audiencia al supuesto responsable por término de ocho días con vista de lo actuado. Realizado el trámite de audiencia, el sujeto responsable podrá formular nuevas alegaciones por término de otros tres días, a cuyo término quedará visto para la propuesta de resolución".Por consiguiente, dicho repetido trámite de audiencia se activaría como derecho del sujeto objeto de sanción cuando "de las diligencias practicadas se desprenda la invocación o concurrencia de hechos distintos a los reseñados en el acta". Premisa principal la subrayada que no concurre en el presente caso, no equivaliendo la misma a la mera exposición o ampliación explicativa de los mismos hechos reseñados en el Acta de Infracción por parte de la propia ITSS contenidos en el informe ampliatorio aportado en respuesta a las alegaciones formuladas por la empresa. La mera valoración jurídica de los mismos hechos, aún utilizados otros argumentos de refuerzo de idéntica conclusión en la misma calificación jurídica de los mismos, no provoca que concurra vulneración del procedimiento ni, por tanto, que deba conferirse otro trámite de audiencia al interesado (S.T.S.J. de las Islas Canarias de 18 de enero de 2.008; S.T.S.J. de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 23 de marzo de 2.026; y S.T.S.J. de Castilla y León/Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 23 de marzo de 2.006 [Rec. 68/2004]; S.T.S.J. de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 31 de enero de 2.006 [Rec. 2965/2002]).

Y ello además cuando, en cualquier caso, en modo alguno ha ocasionado indefensión a dicha parte, la cual ha tenido a su disposición tanto en fase administrativa como,, en última instancia, en sede judicial todos los medios de defensa a su alcance, proponiendo las pruebas que ha estimado por oportunas y presentando los razonamientos y fundamentos jurídicos que ha tenido por conveniente en sostenimiento de su causa. Ha de tenerse en cuenta que no toda infracción de las normas procesales produce indefensión, pues, como señala constante doctrina jurisprudencial, sólo ha de ser tenida como tal aquella actuación que provoca de facto que el interesado se viera privado injustificadamente de la oportunidad de defender su respectiva posición procesal, acarreándole tal irregularidad un efectivo menoscabo de sus derechos o intereses, pues la indefensión padecida ha de ser material. Es decir, debe tratarse de un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa y no de una mera irregularidad procesal formal, con consecuencias tan sólo potenciales o abstractas, siendo tan sólo admisible la situación que coarte, obstaculice o haga imposible la defensa de los derechos del sujeto afectado en el ámbito del proceso ( Sentencias del Tribunal Constitucional 86/1997, de 22 de abril; 118/1997, de 23 de junio; o 26/1999, de 8 de marzo), por cuanto "la indefensión no puede equipararse a cualquier infracción o vulneración de normas procesales ... sino solamente con aquella situación en la que el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección jurisdiccional"( Sentencias del Tribunal Constitucional 70/1984, de 11 de junio; 155/1988, de 22 de julio; y 41/1989, de 16 de febrero).

Por todo ello, procede la desestimación del citado motivo de defensa.

TERCERO.-Por lo que respecta a la solicitud de declaración de improcedencia de la sanción impuesta por inexistencia de responsabilidad empresarial y por falta de concurrencia de los hechos que conforman el tipo objetivo de la infracción administrativa contenida en el artículo 12.8 de la L.I.S.O.S., lo primero que cabe destacar es que el demandante ha expresado idénticos motivos y argumentos ya referidos en el fase administrativa previa, siendo los mismos debidamente contestados, con la extensión, claridad y precisión debida en rechazo de los mismos, sin que a este juzgador le quepa otra opción que manifestar su conformidad y reiteración con los expuestos.

Es necesario recordar que la totalidad de los hechos referidos en el Acta de Infracción emitida por la Inspección de Trabajo gozan de la presunción de certeza que deriva de lo expuesto en el artículo 53 de la L.I.S.O.S., en relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, y con el artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( L.R.J.S.), si bien dicha presunción, al ser iuris tantum,puede ser combatida, admitiendo prueba en contrario, pero en el caso de que la prueba propuesta por la parte interesada fuera tan débil o ineficaz para alcanzar el fin pretendido de acreditar lo que con ella se pretende, habría de considerarse veraces los hechos protegidos por tal presunción de veracidad.

En este sentido, son hechos directamente constatados por la ITSS y así declarados en el Acta de Infracción -sin que los mismos hayan sido desvirtuados por prueba suficiente alguna aportada a las actuaciones por la empresa, lo que motiva la aplicación de la certeza de los hechos- que los trabajadores D. Justo y D. Leovigildo no disponían de formación en materia de seguridad y salud laboral, ni en materia preventiva y específica de su puesto de trabajo en el momento de la visita inspectora, y que los trabajadores Dª. Mariana y D. Bernabe no habían recibido la totalidad de información y de la formación establecida como necesaria en materia preventiva y específica de su puesto de trabajo en idéntico momento.

De igual forma se ha constatado por la Inspección que la empresa no ha cumplido en tiempo y forma las obligaciones legales que tiene como empleadora de los citados trabajadores en materia de vigilancia de la salud de sus trabajadores, sin que conste la realización de examen de salud posterior al 26 de mayo de 2.022 de los trabajadores Dª. Mariana, D. Justo y D. Leovigildo, habiéndose aportado la renuncia al examen de salud preceptivo de D. Bernabe, de D. Justo y de D. Leovigildo si bien en fecha posterior a la visita de la Inspección.

En definitiva, estando debidamente acreditados los hechos patronales objeto de sanción, estando los mismos adecuadamente incardinados como actuaciones sancionables en las normas citadas ( artículos 14, 19 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; artículo 37.3.b) del R.D. 39/1997 y artículo 243.1 de la Ley General de la Seguridad Social), con exacta adecuación a los tipos legales de referencia contenidos en los apartados 8 ("8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente")y 2 ("2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados")del artículo 12 ("Infraccionesgraves") de la L.I.S.O.S ., con adecuada implementación de la sanción prevista en la misma (artículo 40.2. b: "2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán: ... b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros;..."),siéndole aplicado en su grado mínimo tramo inferior -lo que impide cualquier concurrencia de desproporcionalidad en su aplicación-, procede la íntegra confirmación de la Resolución recurrida y la desestimación de demanda presentada.

CUARTO.-Se advertirá a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación,conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en la lectura que del mismo realiza la S.T.S. de 12 de noviembre de 2.019 (Rec. 529/2017).

Vistoslos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,