Sentencia Social 322/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Ciudad Real, Rec. 876/2025 de 17 de junio del 2026

PRIMERO.-Conforme al artículo 97.2 de la LRJS, esta juzgadora debe valorar la prueba practicada con arreglo a las reglas de la sana crítica, habiéndose considerado, a tal efecto, la documentación obrante en autos, con especial atención al contenido del expediente administrativo y del acta de infracción emitida por la Inspección de Trabajo, que goza de presunción de veracidad en cuanto a los hechos constatados directamente por la funcionaria actuante, salvo prueba en contrario suficientemente acreditada.

SEGUNDO.-La mercantil demandante interesa la nulidad de la resolución de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real de 28 de enero de 2025, así como de la resolución dictada en alzada el 26 de octubre de 2025, por las que se confirmó el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con ocasión del accidente laboral sufrido por el trabajador Amadeo el día 21 de abril de 2023.

Sostiene, en síntesis, que el accidente tuvo su origen exclusivo en la actuación del trabajador accidentado, quien, pese a disponer de formación, información preventiva, equipos de protección individual y medios adecuados para la ejecución de la tarea encomendada, decidió voluntariamente realizar la operación sujetando la pieza metálica con la mano mientras utilizaba el taladro, desatendiendo las instrucciones expresamente impartidas por su superior inmediato. Afirma igualmente que el trabajador disponía de guantes de protección y de elementos de fijación de la pieza, tales como mordazas, cuya utilización era conocida y habitual, por lo que la producción del accidente obedeció a una conducta imprudente y ajena a cualquier incumplimiento empresarial de las obligaciones preventivas.

Añade que la Administración no practicó la prueba testifical interesada durante la tramitación del procedimiento sancionador, lo que le habría ocasionado indefensión, insistiendo en que la declaración del trabajador que acompañaba a sus alegaciones acreditaba que el accidentado había sido advertido previamente de la necesidad de utilizar los medios de protección y sujeción disponibles.

La Administración demandada se opone a la demanda y solicita la íntegra confirmación de las resoluciones impugnadas. Mantiene que la investigación practicada puso de manifiesto la inexistencia de una protección eficaz frente al riesgo que finalmente se materializó, destacando la ausencia de acreditación suficiente de la formación preventiva específica recibida por el trabajador respecto de la utilización del equipo de trabajo empleado en el accidente y del procedimiento seguro para la realización de la tarea ejecutada. Sostiene igualmente que la conducta seguida por el trabajador se desarrolló en el marco de la prestación laboral encomendada y bajo la supervisión de un trabajador de categoría superior, sin que la eventual imprudencia del accidentado excluya por sí sola la responsabilidad empresarial cuando concurren incumplimientos preventivos previos. Respecto a la nulidad por vulneración del derecho defensa se remitió a lo reflejado en la resolución administrativa.

El trabajador, personado, solicitó la confirmación de la resolución recurrida adhiriéndose a lo manifestado por la administración demandada.

TERCERO.-La parte actora sostiene, con carácter prioritario, que la resolución impugnada incurre en causa de nulidad por vulneración de su derecho de defensa al haberse inadmitido la prueba testifical interesada durante la tramitación del expediente sancionador, con infracción de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ( de aplicación supletoria a las actuaciones y procedimientos sancionadores en el orden social, por establecerlo así la Disposición Adicional Primera.2.c) del mismo texto legal, habiendo quedado derogado el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015).

El artículo 77 de la citada norma establece: "1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada...".

No existe un incondicional derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud del cual el presunto responsable tenga la facultad de exigir la práctica de cualesquiera medios de prueba que estime conveniente, pues atribuye solo el derecho a la admisión y práctica de aquellas que sean pertinentes, por su relevancia para el adecuado esclarecimiento de los hechos imputados y la determinación de la conducta infractora.

Al respecto, cabe referir que la doctrina jurisprudencial dimanante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de la que es fiel reflejo la sentencia de 30 de junio de 2011, indica que el Instructor de un expediente sancionador podría denegar la práctica de pruebas cuando los hechos estén debidamente acreditados y no exista contradicción, de modo que cabe considerar innecesarias y prescindibles aquellas pruebas propuestas por el presunto responsable cuando el conjunto de pruebas de cargo acumuladas durante la instrucción del procedimiento hace posible afirmar que la resolución sancionadora se ha dictado en virtud de pruebas concluyentes, sin que nada permita pensar que las pruebas omitidas o rechazadas pudieran haber conducido a un resultado diferente.

Asimismo, cabe poner de relieve que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, que garantiza el artículo 24.2 de la Constitución Española, en referencia a los procesos judiciales, se proyecta también como garantía esencial de los procedimientos administrativos sancionadores, lo que comporta que el Instructor de un expediente sancionador no pueda rechazar la práctica de aquellas pruebas que se revelen realmente indispensables para poder realizar un juicio ponderado sobre la existencia de la conducta infractora.

Resulta conocida, por reiterada, la doctrina jurisprudencial, sobre todo habida en sede Contencioso-Administrativa, según la cual la denegación de prueba en el procedimiento administrativo no determina per se la nulidad de la resolución que finalmente se dicte, pues es preciso que dicha denegación haya generado una indefensión real y efectiva a la parte que la invoca, ya que solo así se produce una lesión en el derecho de defensa y la quiebra de las garantías reconocidas en el artículo 24 de la Constitución.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala III) de 2 de junio de 2015, recurso núm. 297/2013, declara lo siguiente: "El presunto responsable de una infracción administrativa tiene derecho a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes, y la Administración debe practicar cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades, siendo adecuadas las pruebas que están dirigidas a la determinación, comprobación y establecimiento de los hechos que han motivado la investigación y la incoación del expediente sancionador.

La jurisprudencia considera que la apreciación de tal adecuación corresponde al órgano instructor, ( STS de 4 de marzo de 1997 y SS de la Audiencia Nacional de 16 de enero de 2008 y 2 de julio de 2009), que debe motivar adecuadamente su denegación, ya que la ausencia de motivación podrá ser causa de nulidad por vulnerar el art. 24 de la CE, pero sólo si generara indefensión. Así se ha manifestado el Tribunal Constitucional (sentencia 79/2002), para quien no basta la ausencia de motivación o una interpretación arbitraria sobre la adecuación de la prueba, sino que es preciso que la ausencia de prueba se haya traducido en una efectiva indefensión. La estimación de la nulidad precisa que se acredite que la resolución pudiera haber sido otra si la prueba se hubiese admitido o si admitida se hubiera practicado. En resumen y tal y como expone el Tribunal Constitucional en sentencia más reciente ( STC 258/2007, de 18 de diciembre), para considerar si ha existido o no indefensión deberá verificarse "si la prueba es decisiva en términos de defensa".

También la sentencia de 8 de Enero de 2012 (recurso 6469/2012) recuerda que "... según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, las situaciones de indefensión han de valorarse según las circunstancias de cada caso, y no nacen de la sola y simple infracción de las normas procedimentales sino cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con perjuicio real y efectivo para los intereses afectados, no protegiéndose situaciones de simple indefensión formal, sino aquellos supuestos de indefensión material en los que se haya podido razonablemente causar un perjuicio al recurrente, lo que difícilmente se produce por la propia existencia de este proceso contencioso administrativo en el que la parte ha podido esgrimir cuantas razones de fondo ha tenido por convenientes para combatir el acto impugnado (véase, por todas, la STC 35/1989)".

En tal sentido, la jurisprudencia viene señalando que no toda irregularidad procedimental comporta lesión del derecho de defensa constitucionalmente garantizado, sino únicamente aquella que prive al interesado de la posibilidad real y efectiva de alegar y acreditar los hechos relevantes para la defensa de sus derechos e intereses.

Partiendo de tales premisas, no puede apreciarse en el presente supuesto la indefensión material invocada.

La prueba cuya práctica solicitó la empresa consistía en la declaración testifical del trabajador Marco Antonio. Sin embargo, dicho trabajador ya había sido entrevistado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante las actuaciones inspectoras, constando incorporadas al expediente las manifestaciones efectuadas en ese momento y habiendo sido expresamente valoradas por la Administración al adoptar la resolución sancionadora.

Lo que posteriormente interesó la empresa no era tanto la reiteración de aquella declaración cuanto la ratificación de una declaración jurada elaborada con posterioridad a la actuación inspectora, en la que se incorporaban extremos que no habían sido puestos de manifiesto durante la investigación desarrollada por la Inspección. En consecuencia, la denegación de la nueva comparecencia no privó a la empresa de hacer valer la versión del citado trabajador, que ya obraba en el expediente y había sido tomada en consideración.

Por otra parte, la resolución impugnada no descansa exclusivamente en la valoración de las manifestaciones del trabajador accidentado o de su compañero, sino en el conjunto de las actuaciones practicadas durante la investigación del accidente. Así, fueron igualmente tenidas en cuenta las declaraciones del trabajador accidentado y del propietario de la vivienda donde se realizaban los trabajos, así como la documentación recabada por la Inspección.

Especial relevancia presenta el hecho de que durante la actuación inspectora la empresa no aportara documentación acreditativa de la entrega de equipos de protección individual ni justificara haber proporcionado al trabajador formación e información específica sobre los riesgos de la tarea que estaba ejecutando. Si bien constaba una evaluación de riesgos, la misma contemplaba expresamente la necesidad de formar e informar a los trabajadores respecto de tales riesgos, sin que se acreditara el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones preventivas. Del mismo modo, aunque existía un manual de instrucciones del equipo utilizado, tampoco quedó acreditado que hubiera sido entregado al trabajador ni que éste hubiera recibido información acerca de su contenido.

La documentación dirigida a acreditar tales extremos fue aportada con posterioridad, una vez iniciado el procedimiento sancionador, sin que hubiera sido exhibida durante la actuación inspectora pese a haber sido requerida. De ahí que la convicción alcanzada por la Administración no viniera determinada por la concreta declaración cuya práctica se interesaba, sino por la ausencia de acreditación suficiente de obligaciones preventivas esenciales cuya prueba incumbía a la empresa.

Por ello, aun en la hipótesis de que la declaración testifical solicitada hubiera sido practicada en los términos pretendidos por la demandante, no cabe apreciar que la misma resultara decisiva en términos de defensa ni que pudiera razonablemente haber determinado una resolución distinta de la finalmente adoptada.

En consecuencia, no concurre la situación de indefensión material exigida por la jurisprudencia constitucional y ordinaria para declarar la nulidad de la actuación administrativa, por lo que esté motivo de impugnación debe ser desestimado.

CUARTO.-Entrando ya en el examen de fondo de la controversia, la cuestión litigiosa consiste en determinar si la conducta imputada a la empresa constituye una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales en los términos recogidos en el acta de infracción.

No se discute que el accidente se produjo cuando el trabajador accidentado procedía a agrandar los orificios de una pieza metálica mediante la utilización de un taladro, sujetando aquella con la mano izquierda mientras accionaba la herramienta con la derecha, momento en el que la broca se enganchó en la pieza y provocó un giro brusco de ésta, ocasionándole la amputación de la falange distal del dedo índice de la mano izquierda.

Tampoco resulta controvertido que la colocación del soporte de un calefactor exterior no formaba parte inicialmente de los trabajos contratados por la empresa, surgiendo dicha actuación a petición del propietario de la vivienda. Ahora bien, las discrepancias existentes acerca de quién adoptó la decisión de ejecutar dicha tarea, si fue o no comunicada al empresario y cuáles fueron las concretas instrucciones impartidas para su realización carecen de relevancia decisiva para resolver la presente controversia, pues incluso partiendo de la versión más favorable a la demandante, la prueba practicada no permite desvirtuar los incumplimientos preventivos apreciados por la Inspección de Trabajo.

En efecto, el accidente trae causa inmediata de una ejecución incorrecta de la operación realizada, al sujetar el trabajador manualmente la pieza metálica mientras efectuaba el taladrado, sin utilizar un sistema adecuado de fijación. Así lo reflejan tanto el informe de investigación del accidente como la restante documentación incorporada al expediente administrativo. Sin embargo, la constatación de dicha actuación no permite atribuir exclusivamente al trabajador la producción del siniestro.

La cuestión esencial no radica en determinar si la operación fue ejecutada incorrectamente, extremo que resulta acreditado, sino si la empresa cumplió previamente con sus obligaciones de formación, información y dotación preventiva respecto de los riesgos inherentes a dicha tarea. Y sobre este particular la prueba practicada no permite alcanzar tal conclusión.

Durante las actuaciones inspectoras la empresa no aportó documentación acreditativa de haber facilitado al trabajador formación preventiva específica ni información suficiente acerca de los riesgos derivados de la utilización del equipo de trabajo implicado en el accidente. Tampoco acreditó entonces la entrega de equipos de protección individual ni la efectiva transmisión de las instrucciones de seguridad contenidas en el manual del fabricante, pese a que la propia evaluación de riesgos contemplaba expresamente la necesidad de formar e informar a los trabajadores y de observar las instrucciones de utilización del equipo.

Es cierto que con posterioridad, tanto en vía administrativa como en este procedimiento, la empresa ha aportado diversa documentación dirigida a acreditar el cumplimiento de tales obligaciones. Sin embargo, dicha documentación no fue exhibida durante la investigación inspectora inmediatamente posterior al accidente y, además, su eficacia probatoria aparece seriamente debilitada por las circunstancias concurrentes. Así, el trabajador accidentado negó haber firmado o recibido parte de la documentación aportada, mientras que la entidad Quirón Prevención manifestó que determinados documentos relativos a la entrega de EPIS y a la información preventiva, pese a incorporar su logotipo, no correspondían a sus formatos ni formaban parte de la documentación elaborada por dicho servicio de prevención.

Tampoco la prueba testifical permite concluir que el trabajador conociera efectivamente el procedimiento seguro para la realización de la tarea. Aunque el trabajador Marco Antonio manifestó haberle indicado que utilizara guantes y medios de sujeción, tal extremo no aparece corroborado por ningún otro elemento objetivo de prueba, de hecho, en su primera declaración ante la ITSS únicamente mencionó los guantes. Del mismo modo, tampoco ha quedado acreditado que la operación desarrollada constituyera una tarea habitual dentro de las funciones ordinarias desempeñadas por el trabajador accidentado ni que éste hubiera recibido formación previa específica sobre la forma segura de ejecutar trabajos de taladrado sobre piezas metálicas de las características de la utilizada el día de los hechos.

En consecuencia, aun cuando la mecánica del accidente evidencia una actuación incorrecta por parte del trabajador, no ha quedado acreditado que dicha actuación se produjera desoyendo instrucciones preventivas previamente recibidas ni que el empresario hubiera cumplido de forma efectiva sus obligaciones de formación, información y prevención respecto de los riesgos concurrentes.

Por ello, valorada conjuntamente la prueba practicada, no ha resultado desvirtuada la presunción de certeza de los hechos constatados por la Inspección de Trabajo respecto de las deficiencias preventivas apreciadas, procediendo confirmar la resolución sancionadora impugnada.

QUINTO.-De conformidad con el artículo 191.2 LRJS, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJCLM.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo