Sentencia Social 257/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Ciudad Real, Rec. 1144/2024 de 27 de abril del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS este órgano judicial debe explicitar el razonamiento probatorio, el cual se deduce del análisis de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica, habiéndose acreditado por la prueba practicada en el acto del juicio oral, con especial mención a la prueba documental aportada a instancia de ambas partes, así como los que no son objeto de afirmación fáctica de las partes ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC).

SEGUNDO.-La parte actora ejercita acción de modificación sustancial de las condiciones de trabajo al amparo del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, interesando la declaración de nulidad, y subsidiariamente de injustificación, de la decisión empresarial comunicada en fecha 4/11/2024, y acumula acción de declaración de vulneración de derechos fundamentales con la consiguiente solicitud de indemnización de daños.

Sostiene que la empresa ha procedido a una modificación sustancial de sus funciones al asignarle de forma permanente tareas propias de Bombero Forestal Conductor, pese a ostentar la categoría de Bombero Forestal Jefe de Unidad, sin concurrencia de causa justificativa ni cumplimiento de los requisitos formales exigidos. Afirma que dicha medida carece de carácter temporal, excede de los límites de la movilidad funcional y responde a una actuación arbitraria vinculada a su previa actividad sindical, interesando asimismo la correspondiente indemnización.

Por su parte, la empresa demandada se opone íntegramente a la demanda y articula, con carácter previo, las excepciones de carencia sobrevenida de objeto y caducidad.

La primera, por entender que no se sostiene un interés jurídicamente tutelable en la pretensión ejercitada.

Alegó la excepción de caducidad de la acción, al considerar que la decisión empresarial fue notificada el día 4 de noviembre de 2024, iniciándose el cómputo el día siguiente, por lo que la presentación de la demanda el día 3 de diciembre de 2024 se habría producido fuera del plazo legalmente establecido.

En cuanto al fondo, negó que la decisión empresarial constituya una modificación sustancial de condiciones de trabajo, afirmando que el actor se encuentra adscrito desde el año 2017 a una plaza de Bombero Forestal Conductor, dentro de su condición de trabajador reubicado, manteniendo determinadas condiciones salariales superiores por dicha circunstancia, pero sin que ello implique el reconocimiento de funciones distintas a las inherentes a su puesto efectivo.

Sostiene que las funciones desarrolladas por el actor se corresponden con su especialidad profesional y con lo previsto en el convenio colectivo, variando en función de los periodos de prevención y extinción, sin que exista alteración sustancial de sus condiciones de trabajo. Añade que la asignación de funciones responde a la organización ordinaria del servicio y no a una decisión unilateral de modificación.

Niega igualmente la existencia de vulneración de derechos fundamentales, rechazando cualquier actuación empresarial de carácter represaliador vinculada a la previa actividad sindical del actor, y cuestiona la procedencia de las indemnizaciones solicitadas por daños morales y por lesión de derechos fundamentales, al no haber quedado acreditados los presupuestos que las justificarían.

La parte actora se opuso a la excepción de caducidad alegada por la demandada, sosteniendo que la comunicación empresarial tuvo lugar el día 4 de noviembre de 2024 a través de un mensaje remitido a su teléfono personal en horario vespertino, lo que, a su juicio, determina que el cómputo del plazo de veinte días hábiles deba iniciarse el día siguiente. Añade que, en todo caso, la demanda presentada el día 3 de diciembre de 2024 lo fue dentro del denominado "día de gracia", antes de las 15:00 horas, por lo que la acción debe reputarse ejercitada en plazo.

Igualmente se opuso a la excepción de carencia sobrevenida de objeto, al entender que subsiste un interés real y actual en la pretensión, en cuanto la empresa mantiene una situación de desempeño de funciones inferiores a las correspondientes a su categoría.

TERCERO.-La acción ejercitada se encuentra sujeta al plazo de caducidad de veinte días hábiles previsto en los arts. 59.4 del Estatuto de los Trabajadores y 138 LRJS, cuyo cómputo se inicia desde la efectiva exteriorización de la decisión empresarial. La empresa comunica al actor por escrito, fehacientemente, la modificación alegada el 4/11/2024, por tanto, comienza a computarse el plazo al día siguiente, 5/11/2024.

El plazo de veinte días hábiles finalizaba el 2/12/2024, sin embargo, la demanda se presenta el día 3/12/2024 antes de las 15 horas.

Cabe destacar que la presentación de la demanda se rige por las normas procesales, siendo de aplicación el art. 45.1 LRJS, que permite su interposición hasta las quince horas del día hábil siguiente al vencimiento del plazo, criterio reiterado por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras, en sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha de 5 de septiembre de 2025 (ECLI:ES:TSJCLM:2025:1897) y del TSJ de Andalucía de 25 de febrero de 2021 ( ECLI:ES:TSJAND:2021:1368).

En consecuencia, presentada la demanda el día siguiente hábil antes de las 15:00 horas, la acción ha de reputarse ejercitada en plazo.

En cuanto a la excepción de carencia sobrevenida de objeto alegada por la parte demandada, la misma no puede ser acogida.

En efecto, no consta acreditado que la empresa haya procedido a modificar o dejar sin efecto la situación que constituye el objeto del presente litigio en los términos interesados por la parte actora, ni que se haya producido una satisfacción extraprocesal de la pretensión ejercitada. Por tanto, subsiste la controversia en relación con las funciones efectivamente desempeñadas por el trabajador, lo que evidencia la persistencia de un interés legítimo y actual en la obtención de un pronunciamiento judicial.

En consecuencia, la excepción debe ser desestimada, sin perjuicio de lo que resulte del examen de fondo sobre la existencia o no de la modificación sustancial denunciada.

CUARTO.-El art. 41 ET enumera un listado de condiciones que son susceptibles de producir modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. No se trata de una lista cerrada, sino abierta, siendo su enumeración meramente ejemplificativa y no exhaustiva, ya que en el mismo precepto se precisa que tendrán la consideración de modificaciones sustanciales las que afecten a dichas materias, entre otras. Por modificación sustancial hay que entender aquella de tal naturaleza que altere o transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas las previstas en la lista ad exemplum del artículo 41.2 ET, pasando a ser otras distintas de un modo notorio. Debido a la ausencia de una regla que explicite cuándo una modificación es sustancial, el adjetivo implica un concepto jurídico indeterminado que habrá de ser valorado en cada caso concreto.

La jurisprudencia de la Sala 4ª, desde antiguo, ha venido señalando que el mencionado listado no incorpora todas las modificaciones que pueden ser sustanciales ni tampoco atribuye el carácter de sustancial a toda modificación que afecte a alguna de las condiciones listadas. En definitiva, la aplicación del artículo 41 ET no está referida al hecho de que la condición sea sustancial, sino a la necesidad de que sea sustancial la modificación, ello dependerá de la intensidad del cambio producido y de su proyección temporal. Es decir, la calificación de sustancial debe aplicarse a la modificación y no a la condición de trabajo.

De acuerdo con el apartado 3 del art. 41 ET: "La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la rescisión de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.

Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales que establece el apartado 2 para las modificaciones colectivas, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto".

CUARTO.-Entrando ya a valorar el fondo del asunto, la controversia se centra en determinar si la asignación al actor, tras su reincorporación al servicio efectivo, de funciones propias de bombero forestal conductor en periodo de prevención constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y todo ello anudado a una vulneración de su derecho fundamental a la libertad sindical.

Debe precisarse, en primer término, que la controversia parece proyectarse, exclusivamente, sobre el periodo de prevención, no cuestionándose alteración alguna en el periodo de extinción, en el que el actor continúa desarrollando las funciones que le son propias sin variación relevante.

De los hechos declarados probados resulta que el actor, desde su incorporación a la empresa prestó servicios como capataz en prevención y responsable de retén en extinción.

En fecha 1 de mayo de 2008 suscribió acuerdo con la empresa en virtud del cual, como consecuencia de la reorganización del dispositivo de prevención y extinción de incendios de Castilla-La Mancha, pasó a la condición de trabajador reubicado, siendo destinado durante el periodo de extinción a la realización de funciones de vigilante forestal móvil en la patrulla de Puertollano, de inferior categoría, manteniendo no obstante a efectos retributivos la categoría de responsable de retén, sin merma salarial ni perjuicio para su promoción profesional.

Como tal reubicado, participó en un proceso de provisión de puestos para reubicados en el año 2017, optando voluntariamente por una plaza correspondiente a la que hoy es categoría de bombero forestal conductor, que es la que constituye su adscripción profesional efectiva.

De ello se desprende que, el hecho de que, con carácter previo, hubiera ostentado la categoría de jefe de unidad, y que continúe percibiendo retribuciones vinculadas a dicha categoría, no determina por sí mismo la subsistencia de tal clasificación profesional ni el derecho a desempeñar funciones inherentes a la misma, sino que es un derecho adquirido por su condición de reubicado.

La categoría profesional viene determinada por la adscripción efectiva derivada del proceso de provisión de puestos y no por la mera pervivencia de determinadas condiciones retributivas, que pueden obedecer a situaciones transitorias o de garantía salarial sin incidencia en el contenido funcional del puesto.

El acuerdo homologado judicialmente en 2022 reconoce al actor el percibo de un complemento económico vinculado al artículo 63 del convenio colectivo, en relación con la antigua categoría de responsable de retén/capataz. Ahora bien, dicho reconocimiento tiene carácter estrictamente retributivo, se condiciona expresamente al mantenimiento de las circunstancias que lo justifican, y no comporta, en modo alguno, la consolidación de funciones ni la adscripción definitiva a una categoría superior.

Se trata, por tanto, de una medida de naturaleza económica, desligada del régimen de clasificación profesional, sin que pueda extraerse de la misma derecho alguno al mantenimiento de determinadas funciones.

Para apreciar la existencia de modificación sustancial o alteración funcional relevante resulta imprescindible la acreditación de una situación previa consolidada que sirva de término de comparación.

Sin embargo, en el presente supuesto no consta acreditado el concreto periodo en que el actor habría desempeñado funciones de jefe de unidad en periodo de prevención, la continuidad, habitualidad o consolidación de dicho desempeño, y lo más importante, ni siquiera la delimitación temporal de su situación de liberado sindical, circunstancia que determina el periodo a comparar, pues es durante la ostentación de dicha representación cuando no ha prestado servicios en periodo de prevención.

Ni la demanda, ni siquiera la testifical, permiten con precisión dichos parámetros, esenciales para la resolución del asunto. De hecho, los testigos desconocían que el actor, en el año 2017, había solicitado la plaza de bombero forestal conductor de Piedrabuena, a la que se encontraba adscrito.

Corresponde al actor la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, en particular el desempeño efectivo y consolidado de funciones superiores, y la existencia de una alteración relevante respecto de dicha situación previa.

No habiendo quedado acreditados tales extremos, no puede prosperar la pretensión ejercitada, conforme a las reglas generales sobre distribución de la carga de la prueba, que imponen a quien afirma un derecho la acreditación de los presupuestos fácticos de los que deriva

Por otro lado, la alegación de represalia por la previa condición de liberado sindical carece de sustento indiciario suficiente.

La mera reincorporación al servicio activo tras el cese en funciones sindicales y la consiguiente asignación de tareas acordes a las necesidades organizativas, y a su adscripción laboral voluntaria, no constituye, por sí sola, indicio de vulneración de derechos fundamentales.

En ausencia de indicios razonables, no procede la inversión de la carga probatoria ni puede apreciarse lesión alguna en este ámbito.

En conclusión, no se acredita modificación sustancial, alteración de la clasificación profesional, ni vulneración de derechos fundamentales, por tanto, la demanda ha de ser desestimada.

QUINTO.-Frente a esta sentencia cabe recurso conforme a lo dispuesto en el art. 191 al haberse acumulado acción de vulneración de derechos fundamentales.

En virtud de lo expuesto,