Sentencia Social 207/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Gijón, Rec. 470/2025 de 12 de mayo del 2026

PRIMERO.-La resolución administrativa impugnada impone una sanción al demandante por haber incurrido en connivencia con la trabajadora demandada para la obtención indebida de prestación por desempleo para mayores de 52 años.

Partiendo de la presunción de certeza de los hechos reflejados en las actas de la Inspección de Trabajo, respecto de los hechos que en ella se reflejan, no cabe olvidarse que la comisión de este tipo de infracciones suele producirse solapadamente, siendo disfrazada la connivencia de una cierta apariencia de legalidad bajo la cual se oculta la verdadera intención de quienes así actúan, y que dado la dificultad de obtener prueba directa de la comisión de este tipo de infracciones, que se producen de manera solapada, se estima suficiente una prueba indiciaria o de presunciones siempre que el resultado al que se llegue se obtenga conforme a las reglas del criterio humano y partiendo siempre de unos hechos demostrados.

En nuestro caso se llega a la conclusión de que Juan Carlos y Rosario concertaron sus voluntades con un fin ilícito para que Dña. Rosario obtuviera indebidamente una prestación por desempleo, creando apariencia de unas condiciones objetivas legalmente establecidas para acceder a las prestaciones, y así formalizaron un contrato temporal durante un periodo de tres meses, de febrero a abril de 2024, para con ello situar a Dña. Rosario, de forma fraudulenta, en situación de obtener la prestación por desempleo y acceder al subsidio de mayores de 52 años, que de otro modo, no le hubiera correspondido.

Así, Dña. Rosario, que fue autónoma desde el 01-04-1996 hasta el 31-01-2024, al día siguiente de cesar en el RETA, el 01-02-2024, es contratada por el actor, hasta que es despedida a los 90 días, justamente el tiempo necesario para que la trabajadora pudiera acceder al subsidio de mayores de 52 años al cual no hubiese podido acceder desde su cese en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

El actor nunca tuvo trabajadores por cuenta ajena y siempre prestó servicios de asesoría él mismo, no obstante, consideró que necesitaba que alguien le ayudara con los nuevos clientes traspasados de EUROGÉS y por eso se decidió a contratar a Dña. Rosario durante 3 meses para que le ayudara. Las nóminas no se abonaron por transferencia bancaria, sino en efectivo según indican.

Finalizada la relación laboral con Dña. Rosario el 30-04-2024, el actor trabajó él solo, gestionando la cartera completa de sus clientes, hasta que del 11-09-2024 al 30-09-2024, contrata a un trabajador a tiempo parcial; recordemos que a Dña. Rosario la había contratado durante 3 meses a jornada completa, situación que no se ha vuelto a repetir en la empresa de Juan Carlos con ningún otro trabajador.

Todas estas circunstancias llaman poderosamente la atención y resultan sospechosas. Cierto que no se cuestiona la relación laboral entre el empresario y la trabajadora, y parece inferirse una prestación efectiva de servicios. No obstante, hay serios indicios que conducen a considerar la existencia de una connivencia entre empresario y trabajadora para el acceso de esta última al subsidio por desempleo para mayores de 52 años que sería la única motivación que condujo a la existencia de la relación laboral. Tales indicios son, el periodo durante el que se contrata a l Dña. Rosario, 90 días, que coincide con el período mínimo de cotización en el Régimen General (90 días, esto es, 3 meses) que se necesita para acceder al subsidio por desempleo para mayores de 52 años de acuerdo con lo previsto en el artículo 274 párrafos 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

De otro lado, que de las tres trabajadores procedentes de EUROGES se contrata a la única que por su situación tras el cese (era autónoma), no podía tener acceso a prestaciones por desempleo.

Y por último y más destacado, que el salario de los tres meses se ha abonado en efectivo, no existiendo justificantes de la existencia de estos pagos salvo las nóminas firmadas, que no son trazables, pues no se refieren a reintegros de una cuenta en particular, "indicando el actor que ya tenía algo de dinero en efectivo anterior, y además varios clientes, sobre todo de hostelería, me pagan en metálico, y entre esto y que mi mujer tiene una administración de lotería y maneja bastante efectivo, he ido tirando y pudiéndole abonar por partes las nóminas a Rosario."

Tal explicación no resulta plausible, y parece apuntar a una limitación en los recursos económicos disponibles que no concuerda con la necesidad de la contratación realizada, la primera que consta en toda la vida de la empresa, ni es coherente con el abono de la compra de cartera de clientes mediante un mecanismo perfectamente localizable y trazable como es una transferencia bancaria. Cierto que en septiembre se contrata a una persona a tiempo parcial, si bien es una contratación posterior a la incoación del procedimiento sancionador.

En definitiva, el demandante verifica por primera vez en su historia laboral la contratación de una persona por cuenta ajena, a la que abona un elevado salario en efectivo, de forma que no puede contrastarse, ni resulta coherente con su proceder en el resto de la operación de adquisición de compra de cartera, resultando ser la única persona de la mercantil cesante que no podía acceder a la prestación por desempleo, y a la que se la contrata justamente por el tiempo mínimo imprescindible para acceder a la misma.

Sentado lo anterior, no puede sino compartirse las conclusiones efectuadas en el acta, sin que el demandante haya logrado desvirtuar tales hechos, evidenciándose el fraude de ley a que hace referencia el art. 6.4 del Código Civil que resulta acreditado, y así a partir del material probatorio obrante en autos y de los datos objetivos anteriormente indicados, se infiere la concurrencia de una connivencia o fraude para acceder a la prestación por desempleo, por lo que se confirma la resolución administrativa recurrida, debiendo desestimarse la demanda.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación.