Sentencia Social 155/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Pamplona/Iruña, Rec. 1201/2024 de 22 de mayo del 2026

PRIMERO.- Prueba.El artículo 97.2 de la LRJS dispone que el órgano judicial debe razonar los hechos considerados probados y los argumentos sobre los que basa tal conclusión.

El hecho probado primero no es objeto de controversia.

El hecho probado segundo se desprende del documento número 7 y 8 del índice electrónico (partes de baja e informe médico).

El hecho probado tercero trae causa del documento número 7 y 8 del índice electrónico (partes de baja e informe médico).

El hecho probado cuarto se justifica en el documento número 10 del índice electrónico (parte de baja) y en el documento número 11 (solicitud a Medicina Nuclear por el Servicio de rehabilitación).

El hecho probado quinto se ampara en el documento número 12 del índice electrónico (parte de baja).

El hecho probado sexto no es objeto de controversia.

El hecho probado séptimo viene corroborado con el expediente administrativo (documento número 99 del índice electrónico); concretamente con la resolución de 31 de julio de 2024 (folio 8 del citado expediente), el informe propuesta (folio 9), así como el informe de síntesis (folios 21 a 23).

El hecho probado octavo se acredita con la reclamación previa (folios 114 a 123 del expediente administrativo, obrante como documento número 99 del índice electrónico) y la resolución que la desestima (folio 127).

El hecho probado noveno se justifica en la totalidad de los informes médicos aportados, los del Servicio Navarro de Salud y los de entidades de ámbito privado, así como los informes médicos elaborados por Mutua, del informe de inspección médica (documento número 90 del índice electrónico), el informe pericial, documento número 123 del índice electrónico, en el informe de síntesis y en las periciales practicadas en el acto del juicio, tanto de la perito Doctora Palmira como Doctora Adela.

El hecho probado décimo se funda en la Guia de Valoración Profesional del INSS, aportada por la parte demandante a las actuaciones (documento número 116 del índice electrónico).

El hecho probado undécimo no es objeto de controversia.

SEGUNDO.- Posiciones de las partes.

En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante una acción dirigida al reconocimiento como contingencia profesional de las incapacidades temporales iniciadas el 8 de marzo de 2021 y el 10 de enero de 2023,así como a obtener el reconocimiento de la incapacidad permanente total por entender que la patología que presenta le impide para el ejercicio de su profesión habitual,operario, interesando que, además, se declare que dicha incapacidad es derivada de accidente de trabajo y, subsidiariamente, de enfermedad común.

La Letrada de Mutua Universal se opuso a dicha petición, entendiendo que el cuadro clínico de la parte actora no le impide el ejercicio de su profesión habitual, no limitándole para la misma. Asimismo, interesó que, de reconocerse la incapacidad, sea considerada derivada de enfermedad común.

En términos semejantes se pronunció la Letrada de Mutua Fremap, haciendo hincapié en que se dio de alta en agosto de 2019 por curación/mejoría, sin que se impugnara dicha alta, siendo más de un año después cuando se produjo la siguiente incapacidad temporal; no habiendo relación entre el accidente de trabajo y dichas bajas. En cuanto a la incapacidad permanente, defendió que no ha lugar al no haber reducciones anatómicas o funcionales que impidan el desarrollo de la actividad profesional.

El Letrado de Mutua Fraternidad se adhirió a lo manifestado por las citadas Letradas, manteniendo que se trata de contingencia común, habiéndose roto el nexo causal con el accidente de trabajo ante el tiempo transcurrido y la ausencia de patología.

Finalmente, la representación Letrada del INSS se opuso a la demanda, alegando que ni la incapacidad temporal de 8 de marzo de 2021, ni la de 10 de enero de 2023 derivan del accidente de trabajo de 2019, siendo contingencias comunes. En lo que respecta a la incapacidad permanente, se opuso a la misma, defendiendo que la exploración es normal, no habiendo limitaciones que justifiquen o amparen la imposibilidad del ejercicio de su actividad laboral habitual.

La empresa no se personó en las actuaciones, no compareciendo al acto del juicio.

TERCERO.- Contingencia. Accidente de trabajo.

El artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ,dispone que: "1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación".

Por tanto, como dispone el Tribunal Supremo, lo determinante es el nexo causal entre la lesión corporal y el trabajo.

El citado artículo 156 en su apartado segundo establece una presunción de accidente de trabajorespecto de "las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo";siendo una presunción iuris tantum que, por tanto, admite prueba en contrario.

El Tribunal Supremo en sentencias como de 22 de septiembre de 1986 , 7 de marzo de 1987 y 29 de septiembre de 1988 ,establece que ha de calificarse como accidente laboral aquel en que de alguna manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causante, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre la actividad profesional y el padecimiento, excepto cuando hayan ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación, esto es, la presunción cede únicamente ante la prueba cierta y convincente de que el trabajo no ha sido elemento decisivo en la producción o desencadenamiento del daño corporal sufrido.

En el presente caso, se parte como hecho no controvertido que el 16 de julio de 2019 el demandante sufrió un accidente de trabajo al caérsele un amortiguador al pie derecho. La controversia surge en determinar si la baja de 8 de marzo de 2021 y la baja de 10 de enero de 2023 traen causa de dicho accidente de trabajo, como defiende el actor o, en cambio, son ajenas al mismo, como mantienen las mutuas demandadas y el INSS.

A la vista de la prueba practicada debe concluirse que dichas incapacidades temporales no obedecen a contingencia profesional, no siendo su causa el accidente de trabajo de 16 de julio de 2019.

Se llega a la conclusión dispuesta en el párrafo anterior ante el devenir de los acontecimientos, existiendo una clara desconexión temporal. Así, el 6 de agosto de 2019 se dio el alta por curación o mejoría al demandante, no habiendo ninguna asistencia sanitaria hasta abril de 2020, más de seis meses después del alta. Es más, el demandante continuó prestando servicios, sin necesitar baja laboral, hasta más de un año y medio después, 8 de marzo de 2021. Por lo que no se cumple el requisito temporal, no habiendo una continuidad de la clínica de la que se pueda desprender que la incapacidad temporal deriva del accidente de trabajo.

A mayor abundamiento, ha de tenerse en cuenta que no hay una patología que justifique la clínica, siendo lo único que ocasiona la baja la existencia de dolor, la cual refirió el propio demandante haber superado cuando se produjo el alta de 6 de agosto de 2019; circunstancia que, además, se evidencia con la ausencia de asistencia sanitaria durante varios meses y la continuidad con su vida laboral durante más de un año.

En dicho sentido se pronunció la Doctora Adela, quien explicó que el accidente de trabajo ocasionó una lesión leve, no habiendo lesión ósea alguna, apareciendo un año después una nueva clínica, con un dolor que no había en el alta. Tal afirmación se ratifica en los informes médicos, pues en el informe médico de Fremap (documento número 5 adjuntado a la demanda), dispone: "El paciente refiere mejoría, ya sin dolor".

Por todo ello, no ha lugar a declarar las incapacidades temporales de 8 de marzo de 2021 y de 10 de enero de 2023 como contingencias profesionales, debiendo declararse como contingencias comunes.

CUARTO. - Incapacidad permanente.

De acuerdo con el artículo 193 de la LGSS ,la incapacidad permanente es aquella "situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo".

La incapacidad permanente total para su profesión habitual se conceptúa como aquélla que inhabilita al trabajador para el desempeño de todas o de las fundamentales tareas de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra.El grado de incapacidad permanente exige la valoración no sólo de las lesiones y limitaciones que presenta el trabajador, sino, y fundamentalmente, de la incidencia de éstas en su profesión, esto es, la puesta en relación de los déficits funcionales que aquejan al trabajador con los requerimientos de índole física y/o psíquica que entraña el desempeño de su profesión.

Por tanto, en la incapacidad permanente total se ha de comprobar si el trabajador objetivamente muestra limitaciones orgánicas y/o funcionales por razón de lesión o enfermedad concreta y valorar las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo,teniendo en cuenta que para cualquier tipo de profesión es necesaria la asistencia diaria o habitual, la permanencia durante la jornada laboral, reunir las condiciones para iniciar y consumar las tareas a un ritmo aceptable y con un esfuerzo normal para obtener un rendimiento razonable, con diligencia, profesionalidad y con cierto grado de atención dentro de una organización determinada, con posibilidades reales de integrarse en el entorno, sin riesgos para sí ni para terceros y de manera que sea compatible con la salud considerada a título individual, en evitación de que el trabajo pueda ser la causa de agravamiento de una salud de alguna manera mermada o comprometida.

La jurisprudencia es reiterada a la hora de valorar la incapacidad permanente total, exigiendo los siguientes requisitos (entre otras sentencias el Tribunal Supremo de 24 de julio de 1986 ):

? La valoración de la incapacidad permanente debe hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador,y en concreto, a las limitaciones que provocan, pues son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

? Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareasque constituyen el núcleo esencial de la concreta profesión.

? La aptitud para el desempeño de la actividad laboral de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia sin que el desempeño de las mismas genere riesgos adicionales o superpuestos a los normales de un oficio o sometimiento a una situación de sufrimiento en el trabajo cotidiano.

? Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo sino aquella que el trabajador esté cualificado para desempeñar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional.

QUINTO.- Valoración de la prueba. Caso concreto.

En el caso que nos ocupa, queda acreditado que el trabajador en la actualidad presenta un cuadro clínico de:

? Dolor crónico en cara interna tobillo derecho.

? Discopatía leve.

De dicho cuadro clínico, solamente se podría considerar limitante la relativa al dolor crónico en cara interna del tobillo derecho.

De las pruebas practicadas en el acto del juicio se desprende que la entidad gestora ha valorado correctamente las lesiones y padecimientos que afectan al demandante, las cuales, en su estado evolutivo actual no le impiden realizar el desempeño del núcleo esencial de su profesión habitual, operario.

Lo dicho en el párrafo anterior se desprende, fundamentalmente, de los informes del servicio Navarro de Salud, de los cuales no se evidencian limitaciones que impidan el ejercicio de su profesión habitual.En todos ellos se menciona la existencia de dolor en el pie e incluso que se extiende por la pierna, pero en ningún se describen limitaciones, ni se restringen actividades que puedan determinar una imposibilidad del ejercicio de la profesión.

No se obvia por la presente juzgadora que los mencionados informes hacen constantes referencias al dolor, siendo incluso tratado en la Unidad del Dolor, y que la profesión del actor requiere de bipedestación estática, pero, no es menos cierto, que en ningún informe se contempla una limitación de tales características, no mencionándose en los mismos ninguna actividad o acción que no se recomiende al demandante.

A mayor abundamiento, ha de tenerse en cuenta que no se objetiva patología alguna, tal y como se desprende de las pruebas médicas llevadas a cabo, reconociendo la perito Doctora Palmira que el dolor en el pie es referido, sin que haya patología objetivada alguna que lo justifique.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que el informe de síntesis concluye que la marcha es normal, sin que se evidencien limitaciones de fuerza o de movilidad, lo cual se corrobora con los informes médicos del servicio Navarro de Salud, no habiendo tampoco un tratamiento farmacológico del que se desprenda un dolor altamente limitante a los efectos de una incapacidad permanente.

De conformidad con lo expuesto, se estima que las patologías que actualmente padece el demandante y que han sido objeto de este procedimiento, las cuales derivan de contingencia común, globalmente consideradas, en su estado evolutivo actual, no son tributarias de la prestación de incapacidad permanente,sin perjuicio de que en caso de que se produzca un empeoramiento en la situación del actor se deba instar un nuevo procedimiento o, en su caso, que en las fases agudas se acuda a los correspondientes procesos de incapacidad temporal, circunstancias que conducen a la desestimación de la demanda.

SEXTO- Impugnación. Frente a esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación de acuerdo con lo establecido en el artículo 190.3 c) LRJS.

Y vistos, además de los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicación,