Sentencia Social 161/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Plasencia, Rec. 216/2026 de 23 de abril del 2026

PRIMERO. - Alegaciones de las partes.

La actora, Doña Enma, presentó demanda ejercitando acción de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con acumulación de acción de reclamación daños y perjuicios frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, con sustento, en síntesis, en que, con la denegación del permiso retribuido que había solicitado, la Administración demandada había adoptado una conducta arbitraria y discriminatoria, vulnerando el derecho fundamental a la igualdad y a la promoción personal y a la propia imagen. Con sustento en ello, se reclamaba una indemnización de 6.000 €, por los daños y perjuicios que tal negativa había ocasionado a la trabajadora.

Por su parte, la Administración demandada se opuso por considerar que la comunicación de fecha 3 de marzo de 2026 se había producido en el contexto de una tramitación interna, habiéndose dictado por la Administración resolución expresa por la que se había autorizado a la trabajadora el permiso retribuido para el período de competición. Indicando que la mera existencia de una fase inicial de discrepancia interpretativa o de tramitación no convierte automáticamente el iter administrativo en antijurídico ni en generador de un deber de indemnizar. Por todo lo cual, faltando prueba de un daño necesario e inevitable, no procedía la indemnización.

Finalmen te, tras la práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal informó que la demanda debía de ser desestimada al no apreciarse la vulneración de derechos fundamentales, adhiriéndose a la argumentación expuesta por la parte demandada.

SEGUNDO. - Decisión.

De conformidad con el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se desprenden de la documental obrante en autos, valorada con sujeción a las reglas de la sana crítica y de distribución de la carga de la prueba plasmadas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en concreto, la plasmada en el artículo 181, apartado 2 º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que dispone: "una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

A los efectos de centrar la controversia, debemos de tomar como premisa los siguientes hechos no controvertidos y corroborados con el contenido del expediente administrativo unido al procedimiento:

1.- La actora, Doña Enma, es personal laboral fijo (Código 1017903, Educador/a), como Educadora Social del IES Albalat de Navalmoral de la Mata, habiendo iniciado su relación laboral con la demandada en fecha 1 de julio de 2010.

2.- En fecha 2 de febrero de 2026, la actora solicitó a la empleadora permiso para participar en el Campeonato de Europa, ya que había sido convocada para representar a la Real Federación Española de Tiro Olímpico formando parte del Equipo Optics Lady, en el Campeonato de Europa, durante los días 31 de mayo al 13 de junio de 2026.

3.- La actora posee la calificación como deportista extremeña de alto rendimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 81/2024, de 23 de julio, por el que se regula el deporte de Alto Rendimiento en Extremadura.

4.- Consta que en fecha 3 de marzo de 2026 se remitió por el Instituto de Enseñanza Secundaria "Albalat", de Navalmoral de la Mata, a la actora correo electrónico con el siguiente contenido: "Le comunico que dicho permiso no está recogido en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Extremadura".

5.- Con posterioridad, la Administración demandada dictó resolución de fecha 7 de abril de 2026 por la que se acordó autorizar el permiso retribuido que había sido solicitado por la trabajadora; que le fue notificada al día siguiente.

Expuesto lo anterior, debemos acoger la argumentación expuesta por la Administración demandada. Tal y como se defendió, la comunicación de fecha 3 de marzo de 2026 se concluye que se produjo en el contexto de una tramitación interna, habiéndose dictado por la Administración, una vez finalizado el expediente, resolución expresa por la que se ha autorizado a la trabajadora el permiso retribuido para el período de competición.

Que se trata de una comunicación interna y no la resolución que da respuesta a la petición de la actora resulta evidente ya no solo por el propio contenido de la misma que refleja una respuesta informal remitida por la Consejería y que no se remite directamente a la trabajadora, sino poniéndolo en relación con el contenido del expediente administrativo. Así, en sus folios 10 a 12, se advierte como en otras ocasiones la Administración dictó la resolución motivada, habiéndose resuelto en un período de tiempo incluso superior al acontecido en el presente caso (petición formulada en fecha 14 de noviembre de 2024 y resolución dictada en fecha 28 de enero de 2025).

Por todo lo cual, no habiéndose acreditado la existencia de funcionamiento antijurídico determinante de responsabilidad achacada a la Administración demandada, la demanda debe de ser desestimada.

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y pertinente aplicación,