Sentencia Social 86/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Valladolid, Rec. 912/2024 de 18 de marzo del 2026

PRIMERO.-A los efectos del artículo 97.2 LRJS se hace constar que los hechos probados se fundan en el expediente administrativo aportado a este procedimiento por la Administración demandada y en la documental aportada por la empresa a su ramo de prueba: en concreto, los hechos cuarto, quinto, séptimo y octavo se fundan en los contenidos en el Acta de Infracción, comprobados por la Inspección de Trabajo y que se tienen por probados a los efectos del presente procedimiento con base en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, conforme al cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados".Los hechos probados sexto, noveno y décimo resultan de la documental de la empresa en los acontecimientos que se indican y el quinto, sexto y noveno se fundan asimismo en la valoración conforme a las reglas de la sana crítica de la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio.

SEG UNDO.-La empresa sancionada impugna a través del presente procedimiento la Resolución sancionatoria de 15 de julio de 2021, confirmada por la de 29 de julio de 2024, que acordaron imponerle sanción administrativa por supuesta infracción muy grave por importe de 15.000 euros, apreciando su responsabilidad en el proceso electoral de referencia. Con base en el Acta de Infracción emitida el 18 de mayo de 2021, Las Resoluciones impugnadas han apreciado la comisión de la falta tipificada en el artículo 8.7 LISOS, el cual tipifica como sanción muy grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas "La transgresión de los deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las normas reguladoras de los procesos electorales a representantes de los trabajadores";asimismo, la sanción se ha graduado en grado mínimo ( arts. 39 y 40 del mismo texto legal) pero no por la cuantía mínima, al apreciar circunstancias agravantes (la evidente intencionalidad del sujeto infractora y el número de trabajadores afectados -más de diez-). La empresa demandante solicita la anulación de la sanción impuesta y, subsidiariamente, la minoración de la misma a la mínima por importe de 7.501 euros, pretensiones ambas a las que se opone la Administración demandada, manteniendo la corrección de la sanción.

TERCERO.-Las Resoluciones impugnadas, a partir de los hechos constatados por el Acta de Infracción, han entendido que la conducta de la empresa infringe los artículos 4.1 g), 67 y 74 del Estatuto de los Trabajadores, sin mayores precisiones sobre cuál de las conductas imputadas se corresponden con dichos preceptos para poder apreciar la infracción tipificada en el artículo 8.7 LISOS que acabamos de transcribir. El primero de ellos recoge como derecho de los trabajadores el consistente en "Información, consulta y participación en la empresa",no constando en los hechos recogidos por la Inspección ni en los que aquí se han considerado probado en qué medida se habría podido infringir por la empresa tal derecho y, entendido como participación en el proceso electoral, nada consta sobre si todos o alguno de tales trabajadores dejó de participar en dicho proceso por actuaciones de la empresa.

CUARTO.-El segundo de los preceptos citados regula la promoción de elecciones y el mandato electoral, sin que se concrete en relación a cuál de todos los mandatos la empresa habría transgredido sus deberes de colaboración. De los hechos declarados probados resulta que ningún problema existió en la promoción del proceso electoral, debidamente registrada por el sindicato CCOO; por otra parte, si estamos a la entrega del mismo en el centro de trabajo, lo único que se acredita es que al mismo acudió una persona de dicho sindicato el 1 de marzo de 2021 y que las trabajadoras de administración se negaron a firmar el recibí correspondiente porque no se encontraba presente nadie de la empresa. Circunstancia que en nada afecta al proceso electoral puesto que, como ya se indicó en el propio Acta de Infracción, el preaviso estaba ya tramitado y la empresa se dio por enterada de todas formas.

QUINTO.-Se quiere hacer valer como conducta infractora el hecho de que varios trabajadores firmasen un documento modelo marcando la opción "No deseo que se realicen elecciones sindicales", incluyendo la Inspección valoraciones subjetivas sobre la consideración de dichos documentos limitando la libertad de los trabajadores para participar o no en el proceso. De los hechos declarados probados se desprende que aquéllos respondieron al requerimiento de la empresa efectuado en la creencia de que la promoción de elecciones sindicales sólo podía hacerse por acuerdo mayoritario, como indicó en el WhatsApp creado con todos los trabajadores el 2 de marzo de 2021 (hecho probado sexto), y por ello los aportó en su impugnación al preaviso, pero de ello nada se deduce sobre una indebida injerencia de la demandante en la voluntad de los firmantes ni del resto, tampoco que incidiese después en su participación en el proceso electoral (una de las testigos manifiesta por lo demás que firmó el documento porque ella misma entendía que existían irregularidades), de modo que tampoco por estos hechos es posible apreciar una conducta sancionable.

SEXTO.-Entienden asimismo las Resoluciones impugnadas que la empresa habría incurrido en la falta imputada al haber impugnado el preaviso y no comparecer después al acto correspondiente ante el árbitro ni aportarle el censo que aquél requirió, conclusión que no podemos acoger. La demandante estaba legitimada para iniciar el procedimiento arbitral que considerase, como igualmente para abandonarlo si finalmente ponderó otras razones, lo que ningún efecto jurídico tuvo ya que ni el proceso electoral se interrumpió por ello ni afectó al cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en dicho proceso; en este sentido, el hecho de que no aportase al árbitro el censo solicitado no puede hacerse equivalente a no aportarlo al proceso electoral, no constando en el Acta de Infracción ni una sola conducta de la que deducir que la empresa no cumplió con las obligaciones del artículo 67 ET . Tampoco del artículo 74 ET (que regula las funciones de la mesa electoral), ya que ningún incumplimiento se ha objetivado en relación a la facilitación del censo o la comunicación a los trabajadores interesados de su condición de parte de la mesa electoral, obligaciones cumplidas por la empresa (hecho probado noveno) y que confirma la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio y de la que se concluye la inexistencia de impedimentos por parte de la demandante en ningún momento del proceso electoral. De hecho, sólo se aprecia una incidencia relativa al voto de un trabajador, a partir de la cual se impugnó el proceso por parte de otro sindicato y finalmente se anuló el mismo (laudo de 9 de abril de 2021) por causas del todo ajenas a la demandante.

SÉPTIMO.-Las Resoluciones impugnadas hacen valer, también con base en el Acta de Infracción, la coincidencia del proceso electoral con una serie de extinciones de contratos de trabajo posteriores, apreciaciones que ni siquiera pueden valorarse como incluidas en la transgresión de los deberes materiales de colaboración en el proceso electoral imputada a la empresa. Nada consta ni se acredita sobre la vulneración de derechos individuales de los trabajadores relacionados en el Acta ni sobre su vinculación sobre el proceso electoral, menos aún que alguno de ellos hubiera impugnado la decisión extintiva o que hubiera recaído resolución judicial apreciando por tal causa la nulidad de aquellas decisiones, no procediendo acoger como conducta sancionable genérica la mera sugerencia discrecional que se establece por las Resoluciones impugnadas a partir del Acta de Infracción.

OCTAVO.-Con base en las razones expuestas no es posible alcanzar convicción judicial acerca de que la demandante haya incurrido en la sanción que se le imputa, por lo que procede estimar la pretensión principal, dejando sin efecto las Resoluciones impugnadas y la sanción administrativa impuesta, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al reintegro de la cantidad de 15.000 euros para el caso de que la empresa hubiera hecho efectiva la sanción dejada sin efecto.

NOVENO.-Contra la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación, conforme al artículo 191.3 g ) LGSS, al no superar la cuantía litigiosa objeto de la resolución impugnada la cantidad de dieciocho mil euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me confiere el art. 117 de la Constitución y 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

PRIMERO.-A los efectos del artículo 97.2 LRJS se hace constar que los hechos probados se fundan en el expediente administrativo aportado a este procedimiento por la Administración demandada y en la documental aportada por la empresa a su ramo de prueba: en concreto, los hechos cuarto, quinto, séptimo y octavo se fundan en los contenidos en el Acta de Infracción, comprobados por la Inspección de Trabajo y que se tienen por probados a los efectos del presente procedimiento con base en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, conforme al cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados".Los hechos probados sexto, noveno y décimo resultan de la documental de la empresa en los acontecimientos que se indican y el quinto, sexto y noveno se fundan asimismo en la valoración conforme a las reglas de la sana crítica de la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio.

SEG UNDO.-La empresa sancionada impugna a través del presente procedimiento la Resolución sancionatoria de 15 de julio de 2021, confirmada por la de 29 de julio de 2024, que acordaron imponerle sanción administrativa por supuesta infracción muy grave por importe de 15.000 euros, apreciando su responsabilidad en el proceso electoral de referencia. Con base en el Acta de Infracción emitida el 18 de mayo de 2021, Las Resoluciones impugnadas han apreciado la comisión de la falta tipificada en el artículo 8.7 LISOS, el cual tipifica como sanción muy grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas "La transgresión de los deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las normas reguladoras de los procesos electorales a representantes de los trabajadores";asimismo, la sanción se ha graduado en grado mínimo ( arts. 39 y 40 del mismo texto legal) pero no por la cuantía mínima, al apreciar circunstancias agravantes (la evidente intencionalidad del sujeto infractora y el número de trabajadores afectados -más de diez-). La empresa demandante solicita la anulación de la sanción impuesta y, subsidiariamente, la minoración de la misma a la mínima por importe de 7.501 euros, pretensiones ambas a las que se opone la Administración demandada, manteniendo la corrección de la sanción.

TERCERO.-Las Resoluciones impugnadas, a partir de los hechos constatados por el Acta de Infracción, han entendido que la conducta de la empresa infringe los artículos 4.1 g), 67 y 74 del Estatuto de los Trabajadores, sin mayores precisiones sobre cuál de las conductas imputadas se corresponden con dichos preceptos para poder apreciar la infracción tipificada en el artículo 8.7 LISOS que acabamos de transcribir. El primero de ellos recoge como derecho de los trabajadores el consistente en "Información, consulta y participación en la empresa",no constando en los hechos recogidos por la Inspección ni en los que aquí se han considerado probado en qué medida se habría podido infringir por la empresa tal derecho y, entendido como participación en el proceso electoral, nada consta sobre si todos o alguno de tales trabajadores dejó de participar en dicho proceso por actuaciones de la empresa.

CUARTO.-El segundo de los preceptos citados regula la promoción de elecciones y el mandato electoral, sin que se concrete en relación a cuál de todos los mandatos la empresa habría transgredido sus deberes de colaboración. De los hechos declarados probados resulta que ningún problema existió en la promoción del proceso electoral, debidamente registrada por el sindicato CCOO; por otra parte, si estamos a la entrega del mismo en el centro de trabajo, lo único que se acredita es que al mismo acudió una persona de dicho sindicato el 1 de marzo de 2021 y que las trabajadoras de administración se negaron a firmar el recibí correspondiente porque no se encontraba presente nadie de la empresa. Circunstancia que en nada afecta al proceso electoral puesto que, como ya se indicó en el propio Acta de Infracción, el preaviso estaba ya tramitado y la empresa se dio por enterada de todas formas.

QUINTO.-Se quiere hacer valer como conducta infractora el hecho de que varios trabajadores firmasen un documento modelo marcando la opción "No deseo que se realicen elecciones sindicales", incluyendo la Inspección valoraciones subjetivas sobre la consideración de dichos documentos limitando la libertad de los trabajadores para participar o no en el proceso. De los hechos declarados probados se desprende que aquéllos respondieron al requerimiento de la empresa efectuado en la creencia de que la promoción de elecciones sindicales sólo podía hacerse por acuerdo mayoritario, como indicó en el WhatsApp creado con todos los trabajadores el 2 de marzo de 2021 (hecho probado sexto), y por ello los aportó en su impugnación al preaviso, pero de ello nada se deduce sobre una indebida injerencia de la demandante en la voluntad de los firmantes ni del resto, tampoco que incidiese después en su participación en el proceso electoral (una de las testigos manifiesta por lo demás que firmó el documento porque ella misma entendía que existían irregularidades), de modo que tampoco por estos hechos es posible apreciar una conducta sancionable.

SEXTO.-Entienden asimismo las Resoluciones impugnadas que la empresa habría incurrido en la falta imputada al haber impugnado el preaviso y no comparecer después al acto correspondiente ante el árbitro ni aportarle el censo que aquél requirió, conclusión que no podemos acoger. La demandante estaba legitimada para iniciar el procedimiento arbitral que considerase, como igualmente para abandonarlo si finalmente ponderó otras razones, lo que ningún efecto jurídico tuvo ya que ni el proceso electoral se interrumpió por ello ni afectó al cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en dicho proceso; en este sentido, el hecho de que no aportase al árbitro el censo solicitado no puede hacerse equivalente a no aportarlo al proceso electoral, no constando en el Acta de Infracción ni una sola conducta de la que deducir que la empresa no cumplió con las obligaciones del artículo 67 ET . Tampoco del artículo 74 ET (que regula las funciones de la mesa electoral), ya que ningún incumplimiento se ha objetivado en relación a la facilitación del censo o la comunicación a los trabajadores interesados de su condición de parte de la mesa electoral, obligaciones cumplidas por la empresa (hecho probado noveno) y que confirma la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio y de la que se concluye la inexistencia de impedimentos por parte de la demandante en ningún momento del proceso electoral. De hecho, sólo se aprecia una incidencia relativa al voto de un trabajador, a partir de la cual se impugnó el proceso por parte de otro sindicato y finalmente se anuló el mismo (laudo de 9 de abril de 2021) por causas del todo ajenas a la demandante.

SÉPTIMO.-Las Resoluciones impugnadas hacen valer, también con base en el Acta de Infracción, la coincidencia del proceso electoral con una serie de extinciones de contratos de trabajo posteriores, apreciaciones que ni siquiera pueden valorarse como incluidas en la transgresión de los deberes materiales de colaboración en el proceso electoral imputada a la empresa. Nada consta ni se acredita sobre la vulneración de derechos individuales de los trabajadores relacionados en el Acta ni sobre su vinculación sobre el proceso electoral, menos aún que alguno de ellos hubiera impugnado la decisión extintiva o que hubiera recaído resolución judicial apreciando por tal causa la nulidad de aquellas decisiones, no procediendo acoger como conducta sancionable genérica la mera sugerencia discrecional que se establece por las Resoluciones impugnadas a partir del Acta de Infracción.

OCTAVO.-Con base en las razones expuestas no es posible alcanzar convicción judicial acerca de que la demandante haya incurrido en la sanción que se le imputa, por lo que procede estimar la pretensión principal, dejando sin efecto las Resoluciones impugnadas y la sanción administrativa impuesta, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al reintegro de la cantidad de 15.000 euros para el caso de que la empresa hubiera hecho efectiva la sanción dejada sin efecto.

NOVENO.-Contra la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación, conforme al artículo 191.3 g ) LGSS, al no superar la cuantía litigiosa objeto de la resolución impugnada la cantidad de dieciocho mil euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me confiere el art. 117 de la Constitución y 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

PRIMERO.-A los efectos del artículo 97.2 LRJS se hace constar que los hechos probados se fundan en el expediente administrativo aportado a este procedimiento por la Administración demandada y en la documental aportada por la empresa a su ramo de prueba: en concreto, los hechos cuarto, quinto, séptimo y octavo se fundan en los contenidos en el Acta de Infracción, comprobados por la Inspección de Trabajo y que se tienen por probados a los efectos del presente procedimiento con base en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, conforme al cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados".Los hechos probados sexto, noveno y décimo resultan de la documental de la empresa en los acontecimientos que se indican y el quinto, sexto y noveno se fundan asimismo en la valoración conforme a las reglas de la sana crítica de la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio.

SEG UNDO.-La empresa sancionada impugna a través del presente procedimiento la Resolución sancionatoria de 15 de julio de 2021, confirmada por la de 29 de julio de 2024, que acordaron imponerle sanción administrativa por supuesta infracción muy grave por importe de 15.000 euros, apreciando su responsabilidad en el proceso electoral de referencia. Con base en el Acta de Infracción emitida el 18 de mayo de 2021, Las Resoluciones impugnadas han apreciado la comisión de la falta tipificada en el artículo 8.7 LISOS, el cual tipifica como sanción muy grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas "La transgresión de los deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las normas reguladoras de los procesos electorales a representantes de los trabajadores";asimismo, la sanción se ha graduado en grado mínimo ( arts. 39 y 40 del mismo texto legal) pero no por la cuantía mínima, al apreciar circunstancias agravantes (la evidente intencionalidad del sujeto infractora y el número de trabajadores afectados -más de diez-). La empresa demandante solicita la anulación de la sanción impuesta y, subsidiariamente, la minoración de la misma a la mínima por importe de 7.501 euros, pretensiones ambas a las que se opone la Administración demandada, manteniendo la corrección de la sanción.

TERCERO.-Las Resoluciones impugnadas, a partir de los hechos constatados por el Acta de Infracción, han entendido que la conducta de la empresa infringe los artículos 4.1 g), 67 y 74 del Estatuto de los Trabajadores, sin mayores precisiones sobre cuál de las conductas imputadas se corresponden con dichos preceptos para poder apreciar la infracción tipificada en el artículo 8.7 LISOS que acabamos de transcribir. El primero de ellos recoge como derecho de los trabajadores el consistente en "Información, consulta y participación en la empresa",no constando en los hechos recogidos por la Inspección ni en los que aquí se han considerado probado en qué medida se habría podido infringir por la empresa tal derecho y, entendido como participación en el proceso electoral, nada consta sobre si todos o alguno de tales trabajadores dejó de participar en dicho proceso por actuaciones de la empresa.

CUARTO.-El segundo de los preceptos citados regula la promoción de elecciones y el mandato electoral, sin que se concrete en relación a cuál de todos los mandatos la empresa habría transgredido sus deberes de colaboración. De los hechos declarados probados resulta que ningún problema existió en la promoción del proceso electoral, debidamente registrada por el sindicato CCOO; por otra parte, si estamos a la entrega del mismo en el centro de trabajo, lo único que se acredita es que al mismo acudió una persona de dicho sindicato el 1 de marzo de 2021 y que las trabajadoras de administración se negaron a firmar el recibí correspondiente porque no se encontraba presente nadie de la empresa. Circunstancia que en nada afecta al proceso electoral puesto que, como ya se indicó en el propio Acta de Infracción, el preaviso estaba ya tramitado y la empresa se dio por enterada de todas formas.

QUINTO.-Se quiere hacer valer como conducta infractora el hecho de que varios trabajadores firmasen un documento modelo marcando la opción "No deseo que se realicen elecciones sindicales", incluyendo la Inspección valoraciones subjetivas sobre la consideración de dichos documentos limitando la libertad de los trabajadores para participar o no en el proceso. De los hechos declarados probados se desprende que aquéllos respondieron al requerimiento de la empresa efectuado en la creencia de que la promoción de elecciones sindicales sólo podía hacerse por acuerdo mayoritario, como indicó en el WhatsApp creado con todos los trabajadores el 2 de marzo de 2021 (hecho probado sexto), y por ello los aportó en su impugnación al preaviso, pero de ello nada se deduce sobre una indebida injerencia de la demandante en la voluntad de los firmantes ni del resto, tampoco que incidiese después en su participación en el proceso electoral (una de las testigos manifiesta por lo demás que firmó el documento porque ella misma entendía que existían irregularidades), de modo que tampoco por estos hechos es posible apreciar una conducta sancionable.

SEXTO.-Entienden asimismo las Resoluciones impugnadas que la empresa habría incurrido en la falta imputada al haber impugnado el preaviso y no comparecer después al acto correspondiente ante el árbitro ni aportarle el censo que aquél requirió, conclusión que no podemos acoger. La demandante estaba legitimada para iniciar el procedimiento arbitral que considerase, como igualmente para abandonarlo si finalmente ponderó otras razones, lo que ningún efecto jurídico tuvo ya que ni el proceso electoral se interrumpió por ello ni afectó al cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en dicho proceso; en este sentido, el hecho de que no aportase al árbitro el censo solicitado no puede hacerse equivalente a no aportarlo al proceso electoral, no constando en el Acta de Infracción ni una sola conducta de la que deducir que la empresa no cumplió con las obligaciones del artículo 67 ET . Tampoco del artículo 74 ET (que regula las funciones de la mesa electoral), ya que ningún incumplimiento se ha objetivado en relación a la facilitación del censo o la comunicación a los trabajadores interesados de su condición de parte de la mesa electoral, obligaciones cumplidas por la empresa (hecho probado noveno) y que confirma la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio y de la que se concluye la inexistencia de impedimentos por parte de la demandante en ningún momento del proceso electoral. De hecho, sólo se aprecia una incidencia relativa al voto de un trabajador, a partir de la cual se impugnó el proceso por parte de otro sindicato y finalmente se anuló el mismo (laudo de 9 de abril de 2021) por causas del todo ajenas a la demandante.

SÉPTIMO.-Las Resoluciones impugnadas hacen valer, también con base en el Acta de Infracción, la coincidencia del proceso electoral con una serie de extinciones de contratos de trabajo posteriores, apreciaciones que ni siquiera pueden valorarse como incluidas en la transgresión de los deberes materiales de colaboración en el proceso electoral imputada a la empresa. Nada consta ni se acredita sobre la vulneración de derechos individuales de los trabajadores relacionados en el Acta ni sobre su vinculación sobre el proceso electoral, menos aún que alguno de ellos hubiera impugnado la decisión extintiva o que hubiera recaído resolución judicial apreciando por tal causa la nulidad de aquellas decisiones, no procediendo acoger como conducta sancionable genérica la mera sugerencia discrecional que se establece por las Resoluciones impugnadas a partir del Acta de Infracción.

OCTAVO.-Con base en las razones expuestas no es posible alcanzar convicción judicial acerca de que la demandante haya incurrido en la sanción que se le imputa, por lo que procede estimar la pretensión principal, dejando sin efecto las Resoluciones impugnadas y la sanción administrativa impuesta, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al reintegro de la cantidad de 15.000 euros para el caso de que la empresa hubiera hecho efectiva la sanción dejada sin efecto.

NOVENO.-Contra la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación, conforme al artículo 191.3 g ) LGSS, al no superar la cuantía litigiosa objeto de la resolución impugnada la cantidad de dieciocho mil euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me confiere el art. 117 de la Constitución y 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

PRIMERO.-A los efectos del artículo 97.2 LRJS se hace constar que los hechos probados se fundan en el expediente administrativo aportado a este procedimiento por la Administración demandada y en la documental aportada por la empresa a su ramo de prueba: en concreto, los hechos cuarto, quinto, séptimo y octavo se fundan en los contenidos en el Acta de Infracción, comprobados por la Inspección de Trabajo y que se tienen por probados a los efectos del presente procedimiento con base en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, conforme al cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados".Los hechos probados sexto, noveno y décimo resultan de la documental de la empresa en los acontecimientos que se indican y el quinto, sexto y noveno se fundan asimismo en la valoración conforme a las reglas de la sana crítica de la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio.

SEG UNDO.-La empresa sancionada impugna a través del presente procedimiento la Resolución sancionatoria de 15 de julio de 2021, confirmada por la de 29 de julio de 2024, que acordaron imponerle sanción administrativa por supuesta infracción muy grave por importe de 15.000 euros, apreciando su responsabilidad en el proceso electoral de referencia. Con base en el Acta de Infracción emitida el 18 de mayo de 2021, Las Resoluciones impugnadas han apreciado la comisión de la falta tipificada en el artículo 8.7 LISOS, el cual tipifica como sanción muy grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas "La transgresión de los deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las normas reguladoras de los procesos electorales a representantes de los trabajadores";asimismo, la sanción se ha graduado en grado mínimo ( arts. 39 y 40 del mismo texto legal) pero no por la cuantía mínima, al apreciar circunstancias agravantes (la evidente intencionalidad del sujeto infractora y el número de trabajadores afectados -más de diez-). La empresa demandante solicita la anulación de la sanción impuesta y, subsidiariamente, la minoración de la misma a la mínima por importe de 7.501 euros, pretensiones ambas a las que se opone la Administración demandada, manteniendo la corrección de la sanción.

TERCERO.-Las Resoluciones impugnadas, a partir de los hechos constatados por el Acta de Infracción, han entendido que la conducta de la empresa infringe los artículos 4.1 g), 67 y 74 del Estatuto de los Trabajadores, sin mayores precisiones sobre cuál de las conductas imputadas se corresponden con dichos preceptos para poder apreciar la infracción tipificada en el artículo 8.7 LISOS que acabamos de transcribir. El primero de ellos recoge como derecho de los trabajadores el consistente en "Información, consulta y participación en la empresa",no constando en los hechos recogidos por la Inspección ni en los que aquí se han considerado probado en qué medida se habría podido infringir por la empresa tal derecho y, entendido como participación en el proceso electoral, nada consta sobre si todos o alguno de tales trabajadores dejó de participar en dicho proceso por actuaciones de la empresa.

CUARTO.-El segundo de los preceptos citados regula la promoción de elecciones y el mandato electoral, sin que se concrete en relación a cuál de todos los mandatos la empresa habría transgredido sus deberes de colaboración. De los hechos declarados probados resulta que ningún problema existió en la promoción del proceso electoral, debidamente registrada por el sindicato CCOO; por otra parte, si estamos a la entrega del mismo en el centro de trabajo, lo único que se acredita es que al mismo acudió una persona de dicho sindicato el 1 de marzo de 2021 y que las trabajadoras de administración se negaron a firmar el recibí correspondiente porque no se encontraba presente nadie de la empresa. Circunstancia que en nada afecta al proceso electoral puesto que, como ya se indicó en el propio Acta de Infracción, el preaviso estaba ya tramitado y la empresa se dio por enterada de todas formas.

QUINTO.-Se quiere hacer valer como conducta infractora el hecho de que varios trabajadores firmasen un documento modelo marcando la opción "No deseo que se realicen elecciones sindicales", incluyendo la Inspección valoraciones subjetivas sobre la consideración de dichos documentos limitando la libertad de los trabajadores para participar o no en el proceso. De los hechos declarados probados se desprende que aquéllos respondieron al requerimiento de la empresa efectuado en la creencia de que la promoción de elecciones sindicales sólo podía hacerse por acuerdo mayoritario, como indicó en el WhatsApp creado con todos los trabajadores el 2 de marzo de 2021 (hecho probado sexto), y por ello los aportó en su impugnación al preaviso, pero de ello nada se deduce sobre una indebida injerencia de la demandante en la voluntad de los firmantes ni del resto, tampoco que incidiese después en su participación en el proceso electoral (una de las testigos manifiesta por lo demás que firmó el documento porque ella misma entendía que existían irregularidades), de modo que tampoco por estos hechos es posible apreciar una conducta sancionable.

SEXTO.-Entienden asimismo las Resoluciones impugnadas que la empresa habría incurrido en la falta imputada al haber impugnado el preaviso y no comparecer después al acto correspondiente ante el árbitro ni aportarle el censo que aquél requirió, conclusión que no podemos acoger. La demandante estaba legitimada para iniciar el procedimiento arbitral que considerase, como igualmente para abandonarlo si finalmente ponderó otras razones, lo que ningún efecto jurídico tuvo ya que ni el proceso electoral se interrumpió por ello ni afectó al cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en dicho proceso; en este sentido, el hecho de que no aportase al árbitro el censo solicitado no puede hacerse equivalente a no aportarlo al proceso electoral, no constando en el Acta de Infracción ni una sola conducta de la que deducir que la empresa no cumplió con las obligaciones del artículo 67 ET . Tampoco del artículo 74 ET (que regula las funciones de la mesa electoral), ya que ningún incumplimiento se ha objetivado en relación a la facilitación del censo o la comunicación a los trabajadores interesados de su condición de parte de la mesa electoral, obligaciones cumplidas por la empresa (hecho probado noveno) y que confirma la testifical sometida a contradicción en el acto de juicio y de la que se concluye la inexistencia de impedimentos por parte de la demandante en ningún momento del proceso electoral. De hecho, sólo se aprecia una incidencia relativa al voto de un trabajador, a partir de la cual se impugnó el proceso por parte de otro sindicato y finalmente se anuló el mismo (laudo de 9 de abril de 2021) por causas del todo ajenas a la demandante.

SÉPTIMO.-Las Resoluciones impugnadas hacen valer, también con base en el Acta de Infracción, la coincidencia del proceso electoral con una serie de extinciones de contratos de trabajo posteriores, apreciaciones que ni siquiera pueden valorarse como incluidas en la transgresión de los deberes materiales de colaboración en el proceso electoral imputada a la empresa. Nada consta ni se acredita sobre la vulneración de derechos individuales de los trabajadores relacionados en el Acta ni sobre su vinculación sobre el proceso electoral, menos aún que alguno de ellos hubiera impugnado la decisión extintiva o que hubiera recaído resolución judicial apreciando por tal causa la nulidad de aquellas decisiones, no procediendo acoger como conducta sancionable genérica la mera sugerencia discrecional que se establece por las Resoluciones impugnadas a partir del Acta de Infracción.

OCTAVO.-Con base en las razones expuestas no es posible alcanzar convicción judicial acerca de que la demandante haya incurrido en la sanción que se le imputa, por lo que procede estimar la pretensión principal, dejando sin efecto las Resoluciones impugnadas y la sanción administrativa impuesta, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y al reintegro de la cantidad de 15.000 euros para el caso de que la empresa hubiera hecho efectiva la sanción dejada sin efecto.

NOVENO.-Contra la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación, conforme al artículo 191.3 g ) LGSS, al no superar la cuantía litigiosa objeto de la resolución impugnada la cantidad de dieciocho mil euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me confiere el art. 117 de la Constitución y 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial,