Sentencia Social 116/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Vitoria-Gasteiz, Rec. 220/2025 de 03 de junio del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, este órgano judicial procede a explicitar el proceso de valoración de la prueba que conduce a la fijación de los hechos declarados probados.

Los hechos probados primero, segundo, cuarto, séptimo, octavo y décimo tienen, en lo esencial, la consideración de hechos conformes o no controvertidos, en tanto en cuanto resultan de alegaciones coincidentes o sustancialmente coincidentes de las partes, relativas a la existencia de la relación laboral formal de la actora con empresas del grupo Versia, su adscripción continuada al proyecto informático del Gobierno Vasco, la articulación del servicio mediante contratos administrativos sucesivos, así como la naturaleza técnica del mismo y la utilización de medios de la Administración en su ejecución.

Se trata, por tanto, de hechos que no han sido objeto de controversia sustancial en el presente proceso, vinculando al órgano judicial en los términos de los artículos 87.1 de la LRJS y 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por su parte, los hechos probados tercero, quinto, sexto y noveno resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el acto del juicio oral conforme a las reglas de la sana crítica, y en particular de la prueba documental y testifical obrante en autos.

En este sentido, el contenido funcional del equipo "EIZU Coordinación", la dinámica de trabajo diaria de la actora, su integración operativa en dicho equipo, la forma de organización funcional del servicio y el uso de los medios materiales necesarios para su ejecución, han quedado acreditados principalmente a partir de la prueba documental y testifical.

En particular, la prueba documental aportada por ambas partes, conforma la convicción judicial en lo relativo a la estructura organizativa del proyecto, funciones asignadas y marco contractual en el que se desarrolla la prestación de servicios. De otro lado, también la prueba testifical practicada, especialmente la de las testigos Genoveva y Ángela, pertenecientes ambas al Gobierno Vasco, quienes, por su directa intervención en el equipo de coordinación, ofrecieron una explicación detallada y coincidente sobre el funcionamiento del servicio, las funciones desarrolladas por la actora y su participación en la dinámica ordinaria del equipo.

Del mismo modo, también se ha ponderado la prueba testifical propuesta por la demandada LKS ( Leocadia), que permitió acreditar la existencia de la estructura empresarial de las contratistas, la gestión formal de la relación laboral por las mismas y la existencia de mecanismos de seguimiento de la actividad, habiéndose ponderado la ausencia de prueba testifical de interlocución directa con personal de Versia, de ignota constancia en autos, más allá de la cumplimentación de obligaciones formales que no conllevan ejercicio de facultades directivas ni organizativas, como es el caso de alguna formación, revisiones médicas y reporte por parte de la demandante de su registro horario.

La convicción judicial resulta, en definitiva, de una valoración conjunta y ponderada de todos los elementos de prueba, apreciándose que, aunque las partes discrepan en la interpretación jurídica de los hechos, existe un núcleo fáctico sustancialmente coincidente, habiendo quedado acreditados los extremos controvertidos mediante la prueba testifical de quienes intervinieron directamente en la prestación del servicio y la documentación aportada al proceso.

En particular, concurren aspectos fácticos no controvertidos entre las partes, que han sido asumidos como base del relato fáctico. Así, resulta pacífico que la trabajadora demandante ha venido prestando servicios en el proyecto de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco mediante sucesivas relaciones laborales con distintas empresas del grupo Versia, en el marco de una cadena de contratación derivada de licitaciones públicas igualmente no discutidas.

Igualmente, no se discute que la actora desarrollaba su actividad en el seno del proyecto ISU-EIZU, utilizando las aplicaciones informáticas propias del Gobierno Vasco y prestando servicios en coordinación con personal de dicha Administración.

SEGUNDO.-La demandante, quien ha trabajado en diversas empresas del grupo Versia y ha prestado servicios al Gobierno Vasco, argumenta que su relación laboral con estas empresas es, en realidad, una cesión ilegal, ya que realiza las mismas funciones que los funcionarios del Gobierno Vasco sin diferenciación alguna.

La demandante fue contratada inicialmente por VIEWNEXT, S.A. para trabajar en un proyecto del Gobierno Vasco y, tras la rescisión de su contrato, fue contratada por varias empresas del grupo Versia, continuando su labor en el mismo proyecto.

A lo largo de su trayectoria, ha estado integrada en el equipo de coordinación del proyecto EIZU, donde ha trabajado de manera indistinta con personal del Gobierno Vasco, bajo la dirección y control de este último.

La demandante sostiene que la empresa Versia no ejerce un control efectivo sobre su trabajo, limitándose a facturar las horas trabajadas al Gobierno Vasco, lo que evidencia la falta de una verdadera organización empresarial por parte de Versia.

La demanda se basa en la jurisprudencia que establece que la cesión ilegal de mano de obra se produce cuando los trabajadores son utilizados en servicios normales y permanentes de la empresa principal, sin que exista una diferenciación en las funciones que realizan, solicitando que se reconozca la existencia de esta cesión ilegal y que se le conceda la condición de trabajadora fija en el Gobierno Vasco, sobre la base de que su situación laboral real es con esta entidad, que es la que organiza y dirige su trabajo.

Frente a ello, la representación procesal de las empresas demandadas del grupo Versia (Versia Cyber Shield, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y Versia Digital Business, S.L.), se oponen a la demanda, argumentando que actúan como empleadoras efectivas, negando la existencia de cesión ilegal y defendiendo que la relación laboral se enmarca en un contrato lícito de asistencia técnica, donde gestionan las condiciones laborales y asumen responsabilidades como el pago de salarios y la Seguridad Social.

En particular, afirmaron haber ejercido plenamente las facultades inherentes a la relación laboral, destacando que: gestionaban vacaciones, permisos y condiciones laborales; abonaban salarios y asumían obligaciones de Seguridad Social; proporcionaban formación, vigilancia de la salud y seguimiento del trabajo; mantenían comunicación directa con la trabajadora mediante medios corporativos.

Asimismo, defendieron que la utilización de medios del cliente final respondía a la propia naturaleza del servicio técnico, siendo un elemento habitual en este tipo de contratas. En definitiva, concluyeron que no concurrían los elementos exigidos por la jurisprudencia para apreciar cesión ilegal, solicitando la desestimación de la demanda.

La representación procesal de LKS NEXT GOBTECH EUSKADI S. COOP, la empresa adjudicataria principal, se opuso a la demanda y alegó, en primer lugar, la falta de concreción de hechos imputables a su representada, señalando que ni en la demanda ni en su ampliación se describía conducta alguna constitutiva de cesión ilegal. A este respecto, indicó que su intervención comenzaba en 2022, por lo que gran parte del periodo objeto del litigio le resultaba ajeno. Asimismo, destacó que la licitación preveía expresamente la subcontratación, práctica lícita y habitual. En tal sentido, sostuvo que no intervenía en la organización del trabajo del personal subcontratado, limitándose a funciones de coordinación propias de la contrata y que carecía de poder de dirección o disciplinario sobre la trabajadora. En definitiva, negó cualquier responsabilidad en los hechos denunciados.

Por último, el Letrado del Gobierno Vasco, en representación del Gobierno Vasco y EJIE también niegan haber ejercido funciones empresariales sobre la trabajadora, argumentando que su relación es a través de contratos especializados y que la integración funcional no implica confusión de plantillas. En tal sentido, expuso que su relación se articulaba a través de EGIE, entidad encargada de la gestión informática, y que la intervención de la trabajadora respondía a la ejecución de contratos especializados de carácter tecnológico. En particular, sostuvo que la Administración no contrató directamente a la trabajadora y que no ejercía funciones de dirección ni control laboral. Además, resaltó que la actividad desarrollada era técnica y externalizable y que la trabajadora mantenía relación exclusiva con su empleadora.

Se tienen por reproducidas las alegaciones de las partes en orden a evitar reiteraciones innecesarias.

TERCERO.-Constituye el objeto del presente procedimiento determinar la verdadera naturaleza jurídica de la relación de servicios que la parte actora ha venido prestando en el ámbito del proyecto informático de gestión de recursos humanos de la Administración demandada, y, en particular, dilucidar si dicha prestación se ha desarrollado en el marco de una lícita contrata de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, o si, por el contrario, encubre una cesión ilegal de trabajadores prohibida por el artículo 43 del mismo texto legal.

A tal efecto, la controversia se centra en esclarecer si la trabajadora, formalmente vinculada mediante contrato de trabajo a empresas del grupo Versia -en un contexto de adjudicación y posterior subcontratación de servicios tecnológicos-, prestaba en realidad sus servicios bajo la dirección, organización y control efectivo de la Administración del Gobierno Vasco (o de las entidades interpuestas), integrándose en su estructura productiva en condiciones equiparables a las de su personal propio, o si, por el contrario, la empresa empleadora ejercitaba de forma real y efectiva las facultades inherentes al poder empresarial, manteniendo una organización y autonomía propias en la ejecución del servicio contratado.

En consecuencia, la resolución del litigio exige analizar, a la luz de la prueba practicada y de la doctrina jurisprudencial aplicable, la concurrencia o no de los elementos característicos de la cesión ilegal de trabajadores, tales como la efectiva asunción del poder de dirección, la aportación de medios materiales y organizativos, el grado de integración de la trabajadora en la entidad principal y la naturaleza del objeto contractual, a fin de determinar si nos hallamos ante una auténtica descentralización productiva o ante una mera puesta a disposición de mano de obra.

Expuesto lo precedente la cesión ilegal la misma viene regulada en el artículo 43 del E.T, que establece:

1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal."

Este precepto ha sido objeto de extensa jurisprudencia a fin de determinar cuándo se produce la cesión ilegal entre otras la STS de fecha 19 de enero de 1994 EDJ 1994/242 establece que si en la ejecución de los servicios no se ha puesto en juego la organización y medios propios, limitándose la actividad del contratista al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio íntegramente concebido y puesto en práctica por la empresa principal existirá cesión ilegal de trabajadores allí donde la aportación del contratista en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a continuación los elementos personales y materiales que configuran su estructura empresarial.

La Sentencia del TS de fecha 12 de diciembre del 1997 EDJ 1997/10605 establece "que el hecho de que la empresa contratista cuenta con organización e infraestructura propia no impide la concurrencia de cesión ilegal de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal no se ha puesto en juego esa organización y medios propios limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio. En el mismo sentido la sentencia del TS de 19 de enero de 1994, 21-03-1997, , 14-09-2001.

La sentencia del TS de fecha 17 de julio de 1993, señala que no puede considerase empresario a quién aunque formalmente ejerza funciones propias de éste en la gestión de personal, no controla los medios indispensables para la realización de su actividad empresarial y además resulta significativo como refleja el Inspector que la retribución de la contrata entre empresas consiste en unas tarifas por unidad de tiempo, que solo ponderan elementos característicos de la prestación de trabajo, lo que conforma que la única aportación del empresario empleador formal en este caso es la de facilitar la mano de obra y como expresa el Alto Tribunal en estos casos su interposición aparece como una vía para degradar artificialmente la condición laboral de los trabajadores cedidos que pierden así la estabilidad en el empleo al quedar vinculados su contratos de trabajo a la duración de la contrata.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2011 establece "... la contrata, cuya licitud se reconoce en el art. 42 ET ,se concreta en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal o arrendataria, que en ocasiones no es fácil diferenciar de la cesión ; dificultad que se agrava porque en la práctica se recurre a las contratas como medio formal de articular el acuerdo interpositorio de facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil reconocer en las circunstancias de cada caso el límite entre un mero suministro de trabajadores y una descentralización productiva lícita. Por ello, la doctrina judicial ha recurrido tradicionalmente a la aplicación ponderada de diversos criterios de valoración que no son excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador, pudiendo citarse, entre ellos: la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios ( sentencia 7-marzo-1988 );el ejercicio de los poderes empresariales ( sentencias 12-septiembre-1988 , 16-febrero-1989 , 17-enero-1991 y 19-enero-1994 )y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico (capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva).3.- Pero esto no significa que sólo en el caso de empresas aparentes, sin patrimonio ni estructura productiva relevantes, pueda darse la cesión . Como fenómeno interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen carecer de esa realidad empresarial . Así la sentencia de 16-febrero-1989 señalaque la cesión puede tener lugar «aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja permanentemente para la otra y bajo las órdenes de ésta» y la sentencia de 19-enero-1994 estableceque, aunque se ha acreditado que la empresa que facilita personal a otra tiene una actividad y una organización propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al «suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo» a la empresa arrendataria.

El mismo criterio se reitera en la sentencia de 12-diciembre-1997 ;y se recuerda en la STS/IV 24-noviembre-2010 (rcud 150/2010 ),la que, con cita de la STS/IV 5-diciembre-2006 (rcud 4927/2005 ),destaca que "con las sentencias de 14 de septiembre de 2001 , 17 de enero de 2002 , 16 de febrero de 2003 y 3 de octubre de 2002 la Sala ha destacado la naturaleza interpositoria que tiene toda cesión ilegal, subrayando el hecho de que la interposición cabe también en la relación establecida entre empresas reales, y que la unidad del fenómeno jurídico de la interposición hace que normalmente sea irrelevante, en relación con los efectos que debe producir, el hecho de que ambas empresas sean reales o alguna de ellas sea aparente o ficticia".4.- De ahí que la actuación empresarial en el marco de la contrata, sea un elemento esencial para la calificación, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente para eliminar la cesión si se llega a la conclusión que aquél no es más que un delegado de la empresa principal. En definitiva, para que exista cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio...".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de enero de 2011 indica ".- Como es bien sabido, la jurisprudencia de esta Sala Cuarta en la materia es extensísima y puede resumirse así. Existe cesión ilegal de trabajadores cuando la empresa que contrata al trabajador, aun siendo una empresa real y no aparente (pues si fuera aparente estaríamos en el ámbito de la determinación del verdadero empresario por aplicación del artículo 1 del ET y no en el ámbito de la cesión de trabajadores de una empresa a otra), no pone realmente en juego su organización, entendiendo por tal sus medios materiales y organizativos propios -que es lo que justifica que estemos en el campo de las contratas lícitas del artículo 42 del ET y no en el de la cesión ilícita del artículo 43 del ET -y, consiguientemente, ejerce respecto al trabajador contratado el poder de dirección y el poder disciplinario, de una manera real y efectiva. Y es bien sabido también que el hecho de que la empresa cedente, la que contrata al trabajador, sea quien le pague los salarios y quien le dé de alta en Seguridad Social no es indicativo de que la cesión ilegal no exista, pues si tal no ocurriera, simplemente el tema ni siquiera podría plantearse. Y, finalmente, tampoco es óbice para la posible existencia de la cesión ilegal el que la empresa cedente contrate también a determinados mandos intermedios que dan órdenes a los trabajadores presuntamente cedidos ilegalmente pero que, en realidad, dichos mandos intermedios reciben la órdenes de los mandos superiores de la empresa cesionaria, es decir, que ellos mismos - esos mandos intermedios- pueden ser, a su vez, trabajadores cedidos ilegalmente...".

CUARTO.-En el presente caso, partimos de que la persona trabajadora, tras diversas subrogaciones empresariales, ha estado vinculada sucesivamente a las mercantiles Versia Digital Business, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y, finalmente, Versia Cyber Shield, S.L., manteniendo en todo momento la adscripción al proyecto EIZU del Gobierno Vasco, sin solución de continuidad funcional.

Sentado lo anterior, y partiendo del relato fáctico declarado probado, adquiere especial relevancia la constatación de que el puesto de trabajo desempeñado por la actora no se encuentra incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno Vasco, extremo que no ha sido controvertido ni desvirtuado por las partes demandadas, ni acreditado mediante prueba documental alguna.

En efecto, conforme a los hechos probados, la trabajadora se integra de forma estable en el equipo "EIZU Coordinación", compuesto esencialmente por personal funcionario, siendo la única persona externa en dicho equipo en determinados periodos, sin que conste la existencia de plaza estructural equivalente ni su previsión en la RPT. Esta circunstancia resulta especialmente significativa desde la perspectiva de la ordenación del empleo público.

La Relación de Puestos de Trabajo constituye, conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada, el instrumento esencial de ordenación de los recursos humanos de la Administración, mediante el cual ésta define de forma concreta y definitiva los perfiles funcionales, condiciones retributivas, sistemas de provisión y adscripción orgánica de cada puesto. No se trata de una norma abstracta, sino de un acto administrativo de autoorganización, que opera como presupuesto de la aplicación del estatuto funcionarial al empleado público.

Desde esta perspectiva, la RPT cumple una doble función esencial: delimitar las necesidades estructurales de personal de la Administración, identificando los puestos que integran su organización ordinaria; y definir las funciones y condiciones de desempeño exigibles, dotando de cobertura jurídica a la prestación de servicios en el seno de la Administración.

De ahí que la ausencia de un determinado puesto en la RPT no pueda considerarse un dato neutro, sino un elemento revelador de que la necesidad atendida no ha sido integrada formalmente en la estructura organizativa de la Administración, pese a su carácter permanente.

Pues bien, en el caso de autos, la prueba practicada pone de manifiesto que la trabajadora desempeña funciones calificadas de ordinarias, estables y estructurales, plenamente integradas en el núcleo funcional del servicio de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco, participando en la dinámica ordinaria del equipo, en condiciones sustancialmente equivalentes a las del personal funcionario.

Sin embargo, dicha función se desarrolla extramuros de la RPT, lo que evidencia que la Administración ha optado por satisfacer una necesidad estructural mediante mecanismos de externalización y subcontratación, en lugar de proceder a su cobertura a través de los instrumentos ordinarios de ordenación de personal.

Esta disociación entre la realidad material de la prestación -función estructural integrada en la organización administrativa- y su cobertura formal -mediante contratación externa sucesiva- constituye un indicio de la existencia de un fenómeno interpositorio, en la medida en que revela que la cadena contractual no responde a la externalización de un resultado autónomo, sino a la provisión de recursos humanos necesarios para el funcionamiento ordinario del servicio.

En este sentido, no puede acogerse la tesis de las demandadas relativa al carácter meramente técnico y externalizable del servicio, pues, aun aceptando dicha naturaleza, lo determinante no es la posibilidad abstracta de la externalización, sino el modo concreto en que se ha articulado la prestación, que, como se ha indicado, evidencia la incorporación de la trabajadora a una estructura funcional propia de la Administración, sin soporte en la RPT, pero sin diferenciación material respecto del personal propio.

A partir de aquí, la valoración conjunta de los hechos probados, de la prueba practicada y de las alegaciones de las partes -que se asumen expresamente en lo sustancial en cuanto a la posición de la parte actora- conduce a concluir que nos hallamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores en su modalidad de contrata aparente o instrumental, articulada a través de una cadena de subcontratación.

En efecto, el sistema descrito en los hechos probados revela la existencia de una secuencia contractual en la que intervienen la Administración, su medio propio (EJIE), la adjudicataria principal (LKS) y diversas empresas subcontratistas, entre ellas las del grupo Versia, sin que, en la práctica, dicha estructura se traduzca en una verdadera fragmentación productiva dotada de autonomía, sino en un mecanismo de provisión de personal.

Así se desprende, en primer lugar, del carácter permanente y estructural de la prestación, que se mantiene inalterada a lo largo del tiempo pese a la sucesión de empresas empleadoras, lo que evidencia que el objeto real de la contratación no ha sido un resultado autónomo, sino la asignación continuada de una persona trabajadora a un puesto concreto de la organización administrativa.

En segundo término, resulta particularmente significativo que, si se eliminara "in mente" la intervención diaria de las empresas LKS y Versia, lo cierto, es que no se ha probado que se produciría ninguna alteración en la prestación de servicios de la trabajadora, ni en la organización del trabajo, ni en las condiciones de su ejecución.

En efecto, tal afirmación no constituye una mera construcción hipotética, sino que se sustenta en la prueba practicada, que evidencia que la dirección efectiva del trabajo se ha llevado a cabo por responsables del Gobierno Vasco, con la integración plena de la actora en el equipo funcional de la Administración y la ausencia de intervención real de las empresas empleadoras en la organización cotidiana de la prestación.

En tales condiciones, la aportación de las empresas contratistas se reduce, en lo sustancial, a la gestión meramente formal de la relación laboral (retribución, cotización, aspectos administrativos), sin que se proyecte en la ejecución del servicio su organización empresarial, lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial anteriormente extractada, constituye el núcleo definidor de la cesión ilegal.

Dicho lo anterior, no desvirtúa esta conclusión la alegación de las demandadas relativa a la existencia de estructura empresarial propia o a la formalización de contratos administrativos lícitos, pues, como ha señalado de forma constante la jurisprudencia, la existencia de una contrata válida en abstracto no excluye la cesión ilegal cuando, en el caso concreto, aquella se limita a encubrir una puesta a disposición de mano de obra.

Por último, la ausencia de cobertura del puesto en la RPT, unida a la constatación de que la prestación atiende necesidades estructurales y permanentes de la Administración, refuerza decisivamente la conclusión alcanzada, al revelar que la cadena de subcontratación ha sido utilizada para integrar de facto a la trabajadora en la organización administrativa al margen de los cauces propios de ordenación del empleo público.

En definitiva, concurre en el presente caso el fenómeno interpositorio característico del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, consistente en la utilización de una pluralidad de empresas como instrumentos formales para la cesión de la trabajadora, siendo la Administración demandada quien, en realidad, se apropia de los frutos del trabajo, organiza la prestación y ejerce las facultades empresariales esenciales.

Procede, en consecuencia, estimar la demanda y declarar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, con los efectos inherentes a dicha declaración.

Por cuanto se ha razonado, procederá estimar la demanda declarando la existencia de cesión ilegal del actor condenando solidariamente a las codemandadas a las consecuencias de tal declaración, teniendo la actora derecho a adquirir la condición de fija, en la empresa cedente o cesionaria a su elección.

QUINTO.-Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza pública de la demandada, la declaración de cesión ilegal se traduce en calificar el vínculo como indefinido no fijo, en tanto el puesto de trabajo no sea cubierto por medio de las oportunas pruebas selectivas. Otra solución supondría que la persona trabajadora consolidara, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en la plantilla incompatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas ( STS de 2-7-2020, recurso 4195/2017, y las citadas en ella). La citada doctrina es aplicable a las sociedades mercantiles estatales ( STS Pleno de 18-6-2020, recursos 1911/2018, 2005/2018 y 2811/2018).

SEXTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.1 y 191.2.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, este órgano judicial procede a explicitar el proceso de valoración de la prueba que conduce a la fijación de los hechos declarados probados.

Los hechos probados primero, segundo, cuarto, séptimo, octavo y décimo tienen, en lo esencial, la consideración de hechos conformes o no controvertidos, en tanto en cuanto resultan de alegaciones coincidentes o sustancialmente coincidentes de las partes, relativas a la existencia de la relación laboral formal de la actora con empresas del grupo Versia, su adscripción continuada al proyecto informático del Gobierno Vasco, la articulación del servicio mediante contratos administrativos sucesivos, así como la naturaleza técnica del mismo y la utilización de medios de la Administración en su ejecución.

Se trata, por tanto, de hechos que no han sido objeto de controversia sustancial en el presente proceso, vinculando al órgano judicial en los términos de los artículos 87.1 de la LRJS y 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por su parte, los hechos probados tercero, quinto, sexto y noveno resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el acto del juicio oral conforme a las reglas de la sana crítica, y en particular de la prueba documental y testifical obrante en autos.

En este sentido, el contenido funcional del equipo "EIZU Coordinación", la dinámica de trabajo diaria de la actora, su integración operativa en dicho equipo, la forma de organización funcional del servicio y el uso de los medios materiales necesarios para su ejecución, han quedado acreditados principalmente a partir de la prueba documental y testifical.

En particular, la prueba documental aportada por ambas partes, conforma la convicción judicial en lo relativo a la estructura organizativa del proyecto, funciones asignadas y marco contractual en el que se desarrolla la prestación de servicios. De otro lado, también la prueba testifical practicada, especialmente la de las testigos Genoveva y Ángela, pertenecientes ambas al Gobierno Vasco, quienes, por su directa intervención en el equipo de coordinación, ofrecieron una explicación detallada y coincidente sobre el funcionamiento del servicio, las funciones desarrolladas por la actora y su participación en la dinámica ordinaria del equipo.

Del mismo modo, también se ha ponderado la prueba testifical propuesta por la demandada LKS ( Leocadia), que permitió acreditar la existencia de la estructura empresarial de las contratistas, la gestión formal de la relación laboral por las mismas y la existencia de mecanismos de seguimiento de la actividad, habiéndose ponderado la ausencia de prueba testifical de interlocución directa con personal de Versia, de ignota constancia en autos, más allá de la cumplimentación de obligaciones formales que no conllevan ejercicio de facultades directivas ni organizativas, como es el caso de alguna formación, revisiones médicas y reporte por parte de la demandante de su registro horario.

La convicción judicial resulta, en definitiva, de una valoración conjunta y ponderada de todos los elementos de prueba, apreciándose que, aunque las partes discrepan en la interpretación jurídica de los hechos, existe un núcleo fáctico sustancialmente coincidente, habiendo quedado acreditados los extremos controvertidos mediante la prueba testifical de quienes intervinieron directamente en la prestación del servicio y la documentación aportada al proceso.

En particular, concurren aspectos fácticos no controvertidos entre las partes, que han sido asumidos como base del relato fáctico. Así, resulta pacífico que la trabajadora demandante ha venido prestando servicios en el proyecto de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco mediante sucesivas relaciones laborales con distintas empresas del grupo Versia, en el marco de una cadena de contratación derivada de licitaciones públicas igualmente no discutidas.

Igualmente, no se discute que la actora desarrollaba su actividad en el seno del proyecto ISU-EIZU, utilizando las aplicaciones informáticas propias del Gobierno Vasco y prestando servicios en coordinación con personal de dicha Administración.

SEGUNDO.-La demandante, quien ha trabajado en diversas empresas del grupo Versia y ha prestado servicios al Gobierno Vasco, argumenta que su relación laboral con estas empresas es, en realidad, una cesión ilegal, ya que realiza las mismas funciones que los funcionarios del Gobierno Vasco sin diferenciación alguna.

La demandante fue contratada inicialmente por VIEWNEXT, S.A. para trabajar en un proyecto del Gobierno Vasco y, tras la rescisión de su contrato, fue contratada por varias empresas del grupo Versia, continuando su labor en el mismo proyecto.

A lo largo de su trayectoria, ha estado integrada en el equipo de coordinación del proyecto EIZU, donde ha trabajado de manera indistinta con personal del Gobierno Vasco, bajo la dirección y control de este último.

La demandante sostiene que la empresa Versia no ejerce un control efectivo sobre su trabajo, limitándose a facturar las horas trabajadas al Gobierno Vasco, lo que evidencia la falta de una verdadera organización empresarial por parte de Versia.

La demanda se basa en la jurisprudencia que establece que la cesión ilegal de mano de obra se produce cuando los trabajadores son utilizados en servicios normales y permanentes de la empresa principal, sin que exista una diferenciación en las funciones que realizan, solicitando que se reconozca la existencia de esta cesión ilegal y que se le conceda la condición de trabajadora fija en el Gobierno Vasco, sobre la base de que su situación laboral real es con esta entidad, que es la que organiza y dirige su trabajo.

Frente a ello, la representación procesal de las empresas demandadas del grupo Versia (Versia Cyber Shield, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y Versia Digital Business, S.L.), se oponen a la demanda, argumentando que actúan como empleadoras efectivas, negando la existencia de cesión ilegal y defendiendo que la relación laboral se enmarca en un contrato lícito de asistencia técnica, donde gestionan las condiciones laborales y asumen responsabilidades como el pago de salarios y la Seguridad Social.

En particular, afirmaron haber ejercido plenamente las facultades inherentes a la relación laboral, destacando que: gestionaban vacaciones, permisos y condiciones laborales; abonaban salarios y asumían obligaciones de Seguridad Social; proporcionaban formación, vigilancia de la salud y seguimiento del trabajo; mantenían comunicación directa con la trabajadora mediante medios corporativos.

Asimismo, defendieron que la utilización de medios del cliente final respondía a la propia naturaleza del servicio técnico, siendo un elemento habitual en este tipo de contratas. En definitiva, concluyeron que no concurrían los elementos exigidos por la jurisprudencia para apreciar cesión ilegal, solicitando la desestimación de la demanda.

La representación procesal de LKS NEXT GOBTECH EUSKADI S. COOP, la empresa adjudicataria principal, se opuso a la demanda y alegó, en primer lugar, la falta de concreción de hechos imputables a su representada, señalando que ni en la demanda ni en su ampliación se describía conducta alguna constitutiva de cesión ilegal. A este respecto, indicó que su intervención comenzaba en 2022, por lo que gran parte del periodo objeto del litigio le resultaba ajeno. Asimismo, destacó que la licitación preveía expresamente la subcontratación, práctica lícita y habitual. En tal sentido, sostuvo que no intervenía en la organización del trabajo del personal subcontratado, limitándose a funciones de coordinación propias de la contrata y que carecía de poder de dirección o disciplinario sobre la trabajadora. En definitiva, negó cualquier responsabilidad en los hechos denunciados.

Por último, el Letrado del Gobierno Vasco, en representación del Gobierno Vasco y EJIE también niegan haber ejercido funciones empresariales sobre la trabajadora, argumentando que su relación es a través de contratos especializados y que la integración funcional no implica confusión de plantillas. En tal sentido, expuso que su relación se articulaba a través de EGIE, entidad encargada de la gestión informática, y que la intervención de la trabajadora respondía a la ejecución de contratos especializados de carácter tecnológico. En particular, sostuvo que la Administración no contrató directamente a la trabajadora y que no ejercía funciones de dirección ni control laboral. Además, resaltó que la actividad desarrollada era técnica y externalizable y que la trabajadora mantenía relación exclusiva con su empleadora.

Se tienen por reproducidas las alegaciones de las partes en orden a evitar reiteraciones innecesarias.

TERCERO.-Constituye el objeto del presente procedimiento determinar la verdadera naturaleza jurídica de la relación de servicios que la parte actora ha venido prestando en el ámbito del proyecto informático de gestión de recursos humanos de la Administración demandada, y, en particular, dilucidar si dicha prestación se ha desarrollado en el marco de una lícita contrata de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, o si, por el contrario, encubre una cesión ilegal de trabajadores prohibida por el artículo 43 del mismo texto legal.

A tal efecto, la controversia se centra en esclarecer si la trabajadora, formalmente vinculada mediante contrato de trabajo a empresas del grupo Versia -en un contexto de adjudicación y posterior subcontratación de servicios tecnológicos-, prestaba en realidad sus servicios bajo la dirección, organización y control efectivo de la Administración del Gobierno Vasco (o de las entidades interpuestas), integrándose en su estructura productiva en condiciones equiparables a las de su personal propio, o si, por el contrario, la empresa empleadora ejercitaba de forma real y efectiva las facultades inherentes al poder empresarial, manteniendo una organización y autonomía propias en la ejecución del servicio contratado.

En consecuencia, la resolución del litigio exige analizar, a la luz de la prueba practicada y de la doctrina jurisprudencial aplicable, la concurrencia o no de los elementos característicos de la cesión ilegal de trabajadores, tales como la efectiva asunción del poder de dirección, la aportación de medios materiales y organizativos, el grado de integración de la trabajadora en la entidad principal y la naturaleza del objeto contractual, a fin de determinar si nos hallamos ante una auténtica descentralización productiva o ante una mera puesta a disposición de mano de obra.

Expuesto lo precedente la cesión ilegal la misma viene regulada en el artículo 43 del E.T, que establece:

1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal."

Este precepto ha sido objeto de extensa jurisprudencia a fin de determinar cuándo se produce la cesión ilegal entre otras la STS de fecha 19 de enero de 1994 EDJ 1994/242 establece que si en la ejecución de los servicios no se ha puesto en juego la organización y medios propios, limitándose la actividad del contratista al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio íntegramente concebido y puesto en práctica por la empresa principal existirá cesión ilegal de trabajadores allí donde la aportación del contratista en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a continuación los elementos personales y materiales que configuran su estructura empresarial.

La Sentencia del TS de fecha 12 de diciembre del 1997 EDJ 1997/10605 establece "que el hecho de que la empresa contratista cuenta con organización e infraestructura propia no impide la concurrencia de cesión ilegal de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal no se ha puesto en juego esa organización y medios propios limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio. En el mismo sentido la sentencia del TS de 19 de enero de 1994, 21-03-1997, , 14-09-2001.

La sentencia del TS de fecha 17 de julio de 1993, señala que no puede considerase empresario a quién aunque formalmente ejerza funciones propias de éste en la gestión de personal, no controla los medios indispensables para la realización de su actividad empresarial y además resulta significativo como refleja el Inspector que la retribución de la contrata entre empresas consiste en unas tarifas por unidad de tiempo, que solo ponderan elementos característicos de la prestación de trabajo, lo que conforma que la única aportación del empresario empleador formal en este caso es la de facilitar la mano de obra y como expresa el Alto Tribunal en estos casos su interposición aparece como una vía para degradar artificialmente la condición laboral de los trabajadores cedidos que pierden así la estabilidad en el empleo al quedar vinculados su contratos de trabajo a la duración de la contrata.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2011 establece "... la contrata, cuya licitud se reconoce en el art. 42 ET ,se concreta en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal o arrendataria, que en ocasiones no es fácil diferenciar de la cesión ; dificultad que se agrava porque en la práctica se recurre a las contratas como medio formal de articular el acuerdo interpositorio de facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil reconocer en las circunstancias de cada caso el límite entre un mero suministro de trabajadores y una descentralización productiva lícita. Por ello, la doctrina judicial ha recurrido tradicionalmente a la aplicación ponderada de diversos criterios de valoración que no son excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador, pudiendo citarse, entre ellos: la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios ( sentencia 7-marzo-1988 );el ejercicio de los poderes empresariales ( sentencias 12-septiembre-1988 , 16-febrero-1989 , 17-enero-1991 y 19-enero-1994 )y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico (capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva).3.- Pero esto no significa que sólo en el caso de empresas aparentes, sin patrimonio ni estructura productiva relevantes, pueda darse la cesión . Como fenómeno interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen carecer de esa realidad empresarial . Así la sentencia de 16-febrero-1989 señalaque la cesión puede tener lugar «aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja permanentemente para la otra y bajo las órdenes de ésta» y la sentencia de 19-enero-1994 estableceque, aunque se ha acreditado que la empresa que facilita personal a otra tiene una actividad y una organización propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al «suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo» a la empresa arrendataria.

El mismo criterio se reitera en la sentencia de 12-diciembre-1997 ;y se recuerda en la STS/IV 24-noviembre-2010 (rcud 150/2010 ),la que, con cita de la STS/IV 5-diciembre-2006 (rcud 4927/2005 ),destaca que "con las sentencias de 14 de septiembre de 2001 , 17 de enero de 2002 , 16 de febrero de 2003 y 3 de octubre de 2002 la Sala ha destacado la naturaleza interpositoria que tiene toda cesión ilegal, subrayando el hecho de que la interposición cabe también en la relación establecida entre empresas reales, y que la unidad del fenómeno jurídico de la interposición hace que normalmente sea irrelevante, en relación con los efectos que debe producir, el hecho de que ambas empresas sean reales o alguna de ellas sea aparente o ficticia".4.- De ahí que la actuación empresarial en el marco de la contrata, sea un elemento esencial para la calificación, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente para eliminar la cesión si se llega a la conclusión que aquél no es más que un delegado de la empresa principal. En definitiva, para que exista cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio...".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de enero de 2011 indica ".- Como es bien sabido, la jurisprudencia de esta Sala Cuarta en la materia es extensísima y puede resumirse así. Existe cesión ilegal de trabajadores cuando la empresa que contrata al trabajador, aun siendo una empresa real y no aparente (pues si fuera aparente estaríamos en el ámbito de la determinación del verdadero empresario por aplicación del artículo 1 del ET y no en el ámbito de la cesión de trabajadores de una empresa a otra), no pone realmente en juego su organización, entendiendo por tal sus medios materiales y organizativos propios -que es lo que justifica que estemos en el campo de las contratas lícitas del artículo 42 del ET y no en el de la cesión ilícita del artículo 43 del ET -y, consiguientemente, ejerce respecto al trabajador contratado el poder de dirección y el poder disciplinario, de una manera real y efectiva. Y es bien sabido también que el hecho de que la empresa cedente, la que contrata al trabajador, sea quien le pague los salarios y quien le dé de alta en Seguridad Social no es indicativo de que la cesión ilegal no exista, pues si tal no ocurriera, simplemente el tema ni siquiera podría plantearse. Y, finalmente, tampoco es óbice para la posible existencia de la cesión ilegal el que la empresa cedente contrate también a determinados mandos intermedios que dan órdenes a los trabajadores presuntamente cedidos ilegalmente pero que, en realidad, dichos mandos intermedios reciben la órdenes de los mandos superiores de la empresa cesionaria, es decir, que ellos mismos - esos mandos intermedios- pueden ser, a su vez, trabajadores cedidos ilegalmente...".

CUARTO.-En el presente caso, partimos de que la persona trabajadora, tras diversas subrogaciones empresariales, ha estado vinculada sucesivamente a las mercantiles Versia Digital Business, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y, finalmente, Versia Cyber Shield, S.L., manteniendo en todo momento la adscripción al proyecto EIZU del Gobierno Vasco, sin solución de continuidad funcional.

Sentado lo anterior, y partiendo del relato fáctico declarado probado, adquiere especial relevancia la constatación de que el puesto de trabajo desempeñado por la actora no se encuentra incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno Vasco, extremo que no ha sido controvertido ni desvirtuado por las partes demandadas, ni acreditado mediante prueba documental alguna.

En efecto, conforme a los hechos probados, la trabajadora se integra de forma estable en el equipo "EIZU Coordinación", compuesto esencialmente por personal funcionario, siendo la única persona externa en dicho equipo en determinados periodos, sin que conste la existencia de plaza estructural equivalente ni su previsión en la RPT. Esta circunstancia resulta especialmente significativa desde la perspectiva de la ordenación del empleo público.

La Relación de Puestos de Trabajo constituye, conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada, el instrumento esencial de ordenación de los recursos humanos de la Administración, mediante el cual ésta define de forma concreta y definitiva los perfiles funcionales, condiciones retributivas, sistemas de provisión y adscripción orgánica de cada puesto. No se trata de una norma abstracta, sino de un acto administrativo de autoorganización, que opera como presupuesto de la aplicación del estatuto funcionarial al empleado público.

Desde esta perspectiva, la RPT cumple una doble función esencial: delimitar las necesidades estructurales de personal de la Administración, identificando los puestos que integran su organización ordinaria; y definir las funciones y condiciones de desempeño exigibles, dotando de cobertura jurídica a la prestación de servicios en el seno de la Administración.

De ahí que la ausencia de un determinado puesto en la RPT no pueda considerarse un dato neutro, sino un elemento revelador de que la necesidad atendida no ha sido integrada formalmente en la estructura organizativa de la Administración, pese a su carácter permanente.

Pues bien, en el caso de autos, la prueba practicada pone de manifiesto que la trabajadora desempeña funciones calificadas de ordinarias, estables y estructurales, plenamente integradas en el núcleo funcional del servicio de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco, participando en la dinámica ordinaria del equipo, en condiciones sustancialmente equivalentes a las del personal funcionario.

Sin embargo, dicha función se desarrolla extramuros de la RPT, lo que evidencia que la Administración ha optado por satisfacer una necesidad estructural mediante mecanismos de externalización y subcontratación, en lugar de proceder a su cobertura a través de los instrumentos ordinarios de ordenación de personal.

Esta disociación entre la realidad material de la prestación -función estructural integrada en la organización administrativa- y su cobertura formal -mediante contratación externa sucesiva- constituye un indicio de la existencia de un fenómeno interpositorio, en la medida en que revela que la cadena contractual no responde a la externalización de un resultado autónomo, sino a la provisión de recursos humanos necesarios para el funcionamiento ordinario del servicio.

En este sentido, no puede acogerse la tesis de las demandadas relativa al carácter meramente técnico y externalizable del servicio, pues, aun aceptando dicha naturaleza, lo determinante no es la posibilidad abstracta de la externalización, sino el modo concreto en que se ha articulado la prestación, que, como se ha indicado, evidencia la incorporación de la trabajadora a una estructura funcional propia de la Administración, sin soporte en la RPT, pero sin diferenciación material respecto del personal propio.

A partir de aquí, la valoración conjunta de los hechos probados, de la prueba practicada y de las alegaciones de las partes -que se asumen expresamente en lo sustancial en cuanto a la posición de la parte actora- conduce a concluir que nos hallamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores en su modalidad de contrata aparente o instrumental, articulada a través de una cadena de subcontratación.

En efecto, el sistema descrito en los hechos probados revela la existencia de una secuencia contractual en la que intervienen la Administración, su medio propio (EJIE), la adjudicataria principal (LKS) y diversas empresas subcontratistas, entre ellas las del grupo Versia, sin que, en la práctica, dicha estructura se traduzca en una verdadera fragmentación productiva dotada de autonomía, sino en un mecanismo de provisión de personal.

Así se desprende, en primer lugar, del carácter permanente y estructural de la prestación, que se mantiene inalterada a lo largo del tiempo pese a la sucesión de empresas empleadoras, lo que evidencia que el objeto real de la contratación no ha sido un resultado autónomo, sino la asignación continuada de una persona trabajadora a un puesto concreto de la organización administrativa.

En segundo término, resulta particularmente significativo que, si se eliminara "in mente" la intervención diaria de las empresas LKS y Versia, lo cierto, es que no se ha probado que se produciría ninguna alteración en la prestación de servicios de la trabajadora, ni en la organización del trabajo, ni en las condiciones de su ejecución.

En efecto, tal afirmación no constituye una mera construcción hipotética, sino que se sustenta en la prueba practicada, que evidencia que la dirección efectiva del trabajo se ha llevado a cabo por responsables del Gobierno Vasco, con la integración plena de la actora en el equipo funcional de la Administración y la ausencia de intervención real de las empresas empleadoras en la organización cotidiana de la prestación.

En tales condiciones, la aportación de las empresas contratistas se reduce, en lo sustancial, a la gestión meramente formal de la relación laboral (retribución, cotización, aspectos administrativos), sin que se proyecte en la ejecución del servicio su organización empresarial, lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial anteriormente extractada, constituye el núcleo definidor de la cesión ilegal.

Dicho lo anterior, no desvirtúa esta conclusión la alegación de las demandadas relativa a la existencia de estructura empresarial propia o a la formalización de contratos administrativos lícitos, pues, como ha señalado de forma constante la jurisprudencia, la existencia de una contrata válida en abstracto no excluye la cesión ilegal cuando, en el caso concreto, aquella se limita a encubrir una puesta a disposición de mano de obra.

Por último, la ausencia de cobertura del puesto en la RPT, unida a la constatación de que la prestación atiende necesidades estructurales y permanentes de la Administración, refuerza decisivamente la conclusión alcanzada, al revelar que la cadena de subcontratación ha sido utilizada para integrar de facto a la trabajadora en la organización administrativa al margen de los cauces propios de ordenación del empleo público.

En definitiva, concurre en el presente caso el fenómeno interpositorio característico del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, consistente en la utilización de una pluralidad de empresas como instrumentos formales para la cesión de la trabajadora, siendo la Administración demandada quien, en realidad, se apropia de los frutos del trabajo, organiza la prestación y ejerce las facultades empresariales esenciales.

Procede, en consecuencia, estimar la demanda y declarar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, con los efectos inherentes a dicha declaración.

Por cuanto se ha razonado, procederá estimar la demanda declarando la existencia de cesión ilegal del actor condenando solidariamente a las codemandadas a las consecuencias de tal declaración, teniendo la actora derecho a adquirir la condición de fija, en la empresa cedente o cesionaria a su elección.

QUINTO.-Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza pública de la demandada, la declaración de cesión ilegal se traduce en calificar el vínculo como indefinido no fijo, en tanto el puesto de trabajo no sea cubierto por medio de las oportunas pruebas selectivas. Otra solución supondría que la persona trabajadora consolidara, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en la plantilla incompatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas ( STS de 2-7-2020, recurso 4195/2017, y las citadas en ella). La citada doctrina es aplicable a las sociedades mercantiles estatales ( STS Pleno de 18-6-2020, recursos 1911/2018, 2005/2018 y 2811/2018).

SEXTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.1 y 191.2.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, este órgano judicial procede a explicitar el proceso de valoración de la prueba que conduce a la fijación de los hechos declarados probados.

Los hechos probados primero, segundo, cuarto, séptimo, octavo y décimo tienen, en lo esencial, la consideración de hechos conformes o no controvertidos, en tanto en cuanto resultan de alegaciones coincidentes o sustancialmente coincidentes de las partes, relativas a la existencia de la relación laboral formal de la actora con empresas del grupo Versia, su adscripción continuada al proyecto informático del Gobierno Vasco, la articulación del servicio mediante contratos administrativos sucesivos, así como la naturaleza técnica del mismo y la utilización de medios de la Administración en su ejecución.

Se trata, por tanto, de hechos que no han sido objeto de controversia sustancial en el presente proceso, vinculando al órgano judicial en los términos de los artículos 87.1 de la LRJS y 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por su parte, los hechos probados tercero, quinto, sexto y noveno resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el acto del juicio oral conforme a las reglas de la sana crítica, y en particular de la prueba documental y testifical obrante en autos.

En este sentido, el contenido funcional del equipo "EIZU Coordinación", la dinámica de trabajo diaria de la actora, su integración operativa en dicho equipo, la forma de organización funcional del servicio y el uso de los medios materiales necesarios para su ejecución, han quedado acreditados principalmente a partir de la prueba documental y testifical.

En particular, la prueba documental aportada por ambas partes, conforma la convicción judicial en lo relativo a la estructura organizativa del proyecto, funciones asignadas y marco contractual en el que se desarrolla la prestación de servicios. De otro lado, también la prueba testifical practicada, especialmente la de las testigos Genoveva y Ángela, pertenecientes ambas al Gobierno Vasco, quienes, por su directa intervención en el equipo de coordinación, ofrecieron una explicación detallada y coincidente sobre el funcionamiento del servicio, las funciones desarrolladas por la actora y su participación en la dinámica ordinaria del equipo.

Del mismo modo, también se ha ponderado la prueba testifical propuesta por la demandada LKS ( Leocadia), que permitió acreditar la existencia de la estructura empresarial de las contratistas, la gestión formal de la relación laboral por las mismas y la existencia de mecanismos de seguimiento de la actividad, habiéndose ponderado la ausencia de prueba testifical de interlocución directa con personal de Versia, de ignota constancia en autos, más allá de la cumplimentación de obligaciones formales que no conllevan ejercicio de facultades directivas ni organizativas, como es el caso de alguna formación, revisiones médicas y reporte por parte de la demandante de su registro horario.

La convicción judicial resulta, en definitiva, de una valoración conjunta y ponderada de todos los elementos de prueba, apreciándose que, aunque las partes discrepan en la interpretación jurídica de los hechos, existe un núcleo fáctico sustancialmente coincidente, habiendo quedado acreditados los extremos controvertidos mediante la prueba testifical de quienes intervinieron directamente en la prestación del servicio y la documentación aportada al proceso.

En particular, concurren aspectos fácticos no controvertidos entre las partes, que han sido asumidos como base del relato fáctico. Así, resulta pacífico que la trabajadora demandante ha venido prestando servicios en el proyecto de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco mediante sucesivas relaciones laborales con distintas empresas del grupo Versia, en el marco de una cadena de contratación derivada de licitaciones públicas igualmente no discutidas.

Igualmente, no se discute que la actora desarrollaba su actividad en el seno del proyecto ISU-EIZU, utilizando las aplicaciones informáticas propias del Gobierno Vasco y prestando servicios en coordinación con personal de dicha Administración.

SEGUNDO.-La demandante, quien ha trabajado en diversas empresas del grupo Versia y ha prestado servicios al Gobierno Vasco, argumenta que su relación laboral con estas empresas es, en realidad, una cesión ilegal, ya que realiza las mismas funciones que los funcionarios del Gobierno Vasco sin diferenciación alguna.

La demandante fue contratada inicialmente por VIEWNEXT, S.A. para trabajar en un proyecto del Gobierno Vasco y, tras la rescisión de su contrato, fue contratada por varias empresas del grupo Versia, continuando su labor en el mismo proyecto.

A lo largo de su trayectoria, ha estado integrada en el equipo de coordinación del proyecto EIZU, donde ha trabajado de manera indistinta con personal del Gobierno Vasco, bajo la dirección y control de este último.

La demandante sostiene que la empresa Versia no ejerce un control efectivo sobre su trabajo, limitándose a facturar las horas trabajadas al Gobierno Vasco, lo que evidencia la falta de una verdadera organización empresarial por parte de Versia.

La demanda se basa en la jurisprudencia que establece que la cesión ilegal de mano de obra se produce cuando los trabajadores son utilizados en servicios normales y permanentes de la empresa principal, sin que exista una diferenciación en las funciones que realizan, solicitando que se reconozca la existencia de esta cesión ilegal y que se le conceda la condición de trabajadora fija en el Gobierno Vasco, sobre la base de que su situación laboral real es con esta entidad, que es la que organiza y dirige su trabajo.

Frente a ello, la representación procesal de las empresas demandadas del grupo Versia (Versia Cyber Shield, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y Versia Digital Business, S.L.), se oponen a la demanda, argumentando que actúan como empleadoras efectivas, negando la existencia de cesión ilegal y defendiendo que la relación laboral se enmarca en un contrato lícito de asistencia técnica, donde gestionan las condiciones laborales y asumen responsabilidades como el pago de salarios y la Seguridad Social.

En particular, afirmaron haber ejercido plenamente las facultades inherentes a la relación laboral, destacando que: gestionaban vacaciones, permisos y condiciones laborales; abonaban salarios y asumían obligaciones de Seguridad Social; proporcionaban formación, vigilancia de la salud y seguimiento del trabajo; mantenían comunicación directa con la trabajadora mediante medios corporativos.

Asimismo, defendieron que la utilización de medios del cliente final respondía a la propia naturaleza del servicio técnico, siendo un elemento habitual en este tipo de contratas. En definitiva, concluyeron que no concurrían los elementos exigidos por la jurisprudencia para apreciar cesión ilegal, solicitando la desestimación de la demanda.

La representación procesal de LKS NEXT GOBTECH EUSKADI S. COOP, la empresa adjudicataria principal, se opuso a la demanda y alegó, en primer lugar, la falta de concreción de hechos imputables a su representada, señalando que ni en la demanda ni en su ampliación se describía conducta alguna constitutiva de cesión ilegal. A este respecto, indicó que su intervención comenzaba en 2022, por lo que gran parte del periodo objeto del litigio le resultaba ajeno. Asimismo, destacó que la licitación preveía expresamente la subcontratación, práctica lícita y habitual. En tal sentido, sostuvo que no intervenía en la organización del trabajo del personal subcontratado, limitándose a funciones de coordinación propias de la contrata y que carecía de poder de dirección o disciplinario sobre la trabajadora. En definitiva, negó cualquier responsabilidad en los hechos denunciados.

Por último, el Letrado del Gobierno Vasco, en representación del Gobierno Vasco y EJIE también niegan haber ejercido funciones empresariales sobre la trabajadora, argumentando que su relación es a través de contratos especializados y que la integración funcional no implica confusión de plantillas. En tal sentido, expuso que su relación se articulaba a través de EGIE, entidad encargada de la gestión informática, y que la intervención de la trabajadora respondía a la ejecución de contratos especializados de carácter tecnológico. En particular, sostuvo que la Administración no contrató directamente a la trabajadora y que no ejercía funciones de dirección ni control laboral. Además, resaltó que la actividad desarrollada era técnica y externalizable y que la trabajadora mantenía relación exclusiva con su empleadora.

Se tienen por reproducidas las alegaciones de las partes en orden a evitar reiteraciones innecesarias.

TERCERO.-Constituye el objeto del presente procedimiento determinar la verdadera naturaleza jurídica de la relación de servicios que la parte actora ha venido prestando en el ámbito del proyecto informático de gestión de recursos humanos de la Administración demandada, y, en particular, dilucidar si dicha prestación se ha desarrollado en el marco de una lícita contrata de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, o si, por el contrario, encubre una cesión ilegal de trabajadores prohibida por el artículo 43 del mismo texto legal.

A tal efecto, la controversia se centra en esclarecer si la trabajadora, formalmente vinculada mediante contrato de trabajo a empresas del grupo Versia -en un contexto de adjudicación y posterior subcontratación de servicios tecnológicos-, prestaba en realidad sus servicios bajo la dirección, organización y control efectivo de la Administración del Gobierno Vasco (o de las entidades interpuestas), integrándose en su estructura productiva en condiciones equiparables a las de su personal propio, o si, por el contrario, la empresa empleadora ejercitaba de forma real y efectiva las facultades inherentes al poder empresarial, manteniendo una organización y autonomía propias en la ejecución del servicio contratado.

En consecuencia, la resolución del litigio exige analizar, a la luz de la prueba practicada y de la doctrina jurisprudencial aplicable, la concurrencia o no de los elementos característicos de la cesión ilegal de trabajadores, tales como la efectiva asunción del poder de dirección, la aportación de medios materiales y organizativos, el grado de integración de la trabajadora en la entidad principal y la naturaleza del objeto contractual, a fin de determinar si nos hallamos ante una auténtica descentralización productiva o ante una mera puesta a disposición de mano de obra.

Expuesto lo precedente la cesión ilegal la misma viene regulada en el artículo 43 del E.T, que establece:

1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal."

Este precepto ha sido objeto de extensa jurisprudencia a fin de determinar cuándo se produce la cesión ilegal entre otras la STS de fecha 19 de enero de 1994 EDJ 1994/242 establece que si en la ejecución de los servicios no se ha puesto en juego la organización y medios propios, limitándose la actividad del contratista al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio íntegramente concebido y puesto en práctica por la empresa principal existirá cesión ilegal de trabajadores allí donde la aportación del contratista en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a continuación los elementos personales y materiales que configuran su estructura empresarial.

La Sentencia del TS de fecha 12 de diciembre del 1997 EDJ 1997/10605 establece "que el hecho de que la empresa contratista cuenta con organización e infraestructura propia no impide la concurrencia de cesión ilegal de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal no se ha puesto en juego esa organización y medios propios limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio. En el mismo sentido la sentencia del TS de 19 de enero de 1994, 21-03-1997, , 14-09-2001.

La sentencia del TS de fecha 17 de julio de 1993, señala que no puede considerase empresario a quién aunque formalmente ejerza funciones propias de éste en la gestión de personal, no controla los medios indispensables para la realización de su actividad empresarial y además resulta significativo como refleja el Inspector que la retribución de la contrata entre empresas consiste en unas tarifas por unidad de tiempo, que solo ponderan elementos característicos de la prestación de trabajo, lo que conforma que la única aportación del empresario empleador formal en este caso es la de facilitar la mano de obra y como expresa el Alto Tribunal en estos casos su interposición aparece como una vía para degradar artificialmente la condición laboral de los trabajadores cedidos que pierden así la estabilidad en el empleo al quedar vinculados su contratos de trabajo a la duración de la contrata.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2011 establece "... la contrata, cuya licitud se reconoce en el art. 42 ET ,se concreta en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal o arrendataria, que en ocasiones no es fácil diferenciar de la cesión ; dificultad que se agrava porque en la práctica se recurre a las contratas como medio formal de articular el acuerdo interpositorio de facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil reconocer en las circunstancias de cada caso el límite entre un mero suministro de trabajadores y una descentralización productiva lícita. Por ello, la doctrina judicial ha recurrido tradicionalmente a la aplicación ponderada de diversos criterios de valoración que no son excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador, pudiendo citarse, entre ellos: la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios ( sentencia 7-marzo-1988 );el ejercicio de los poderes empresariales ( sentencias 12-septiembre-1988 , 16-febrero-1989 , 17-enero-1991 y 19-enero-1994 )y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico (capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva).3.- Pero esto no significa que sólo en el caso de empresas aparentes, sin patrimonio ni estructura productiva relevantes, pueda darse la cesión . Como fenómeno interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen carecer de esa realidad empresarial . Así la sentencia de 16-febrero-1989 señalaque la cesión puede tener lugar «aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja permanentemente para la otra y bajo las órdenes de ésta» y la sentencia de 19-enero-1994 estableceque, aunque se ha acreditado que la empresa que facilita personal a otra tiene una actividad y una organización propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al «suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo» a la empresa arrendataria.

El mismo criterio se reitera en la sentencia de 12-diciembre-1997 ;y se recuerda en la STS/IV 24-noviembre-2010 (rcud 150/2010 ),la que, con cita de la STS/IV 5-diciembre-2006 (rcud 4927/2005 ),destaca que "con las sentencias de 14 de septiembre de 2001 , 17 de enero de 2002 , 16 de febrero de 2003 y 3 de octubre de 2002 la Sala ha destacado la naturaleza interpositoria que tiene toda cesión ilegal, subrayando el hecho de que la interposición cabe también en la relación establecida entre empresas reales, y que la unidad del fenómeno jurídico de la interposición hace que normalmente sea irrelevante, en relación con los efectos que debe producir, el hecho de que ambas empresas sean reales o alguna de ellas sea aparente o ficticia".4.- De ahí que la actuación empresarial en el marco de la contrata, sea un elemento esencial para la calificación, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente para eliminar la cesión si se llega a la conclusión que aquél no es más que un delegado de la empresa principal. En definitiva, para que exista cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio...".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de enero de 2011 indica ".- Como es bien sabido, la jurisprudencia de esta Sala Cuarta en la materia es extensísima y puede resumirse así. Existe cesión ilegal de trabajadores cuando la empresa que contrata al trabajador, aun siendo una empresa real y no aparente (pues si fuera aparente estaríamos en el ámbito de la determinación del verdadero empresario por aplicación del artículo 1 del ET y no en el ámbito de la cesión de trabajadores de una empresa a otra), no pone realmente en juego su organización, entendiendo por tal sus medios materiales y organizativos propios -que es lo que justifica que estemos en el campo de las contratas lícitas del artículo 42 del ET y no en el de la cesión ilícita del artículo 43 del ET -y, consiguientemente, ejerce respecto al trabajador contratado el poder de dirección y el poder disciplinario, de una manera real y efectiva. Y es bien sabido también que el hecho de que la empresa cedente, la que contrata al trabajador, sea quien le pague los salarios y quien le dé de alta en Seguridad Social no es indicativo de que la cesión ilegal no exista, pues si tal no ocurriera, simplemente el tema ni siquiera podría plantearse. Y, finalmente, tampoco es óbice para la posible existencia de la cesión ilegal el que la empresa cedente contrate también a determinados mandos intermedios que dan órdenes a los trabajadores presuntamente cedidos ilegalmente pero que, en realidad, dichos mandos intermedios reciben la órdenes de los mandos superiores de la empresa cesionaria, es decir, que ellos mismos - esos mandos intermedios- pueden ser, a su vez, trabajadores cedidos ilegalmente...".

CUARTO.-En el presente caso, partimos de que la persona trabajadora, tras diversas subrogaciones empresariales, ha estado vinculada sucesivamente a las mercantiles Versia Digital Business, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y, finalmente, Versia Cyber Shield, S.L., manteniendo en todo momento la adscripción al proyecto EIZU del Gobierno Vasco, sin solución de continuidad funcional.

Sentado lo anterior, y partiendo del relato fáctico declarado probado, adquiere especial relevancia la constatación de que el puesto de trabajo desempeñado por la actora no se encuentra incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno Vasco, extremo que no ha sido controvertido ni desvirtuado por las partes demandadas, ni acreditado mediante prueba documental alguna.

En efecto, conforme a los hechos probados, la trabajadora se integra de forma estable en el equipo "EIZU Coordinación", compuesto esencialmente por personal funcionario, siendo la única persona externa en dicho equipo en determinados periodos, sin que conste la existencia de plaza estructural equivalente ni su previsión en la RPT. Esta circunstancia resulta especialmente significativa desde la perspectiva de la ordenación del empleo público.

La Relación de Puestos de Trabajo constituye, conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada, el instrumento esencial de ordenación de los recursos humanos de la Administración, mediante el cual ésta define de forma concreta y definitiva los perfiles funcionales, condiciones retributivas, sistemas de provisión y adscripción orgánica de cada puesto. No se trata de una norma abstracta, sino de un acto administrativo de autoorganización, que opera como presupuesto de la aplicación del estatuto funcionarial al empleado público.

Desde esta perspectiva, la RPT cumple una doble función esencial: delimitar las necesidades estructurales de personal de la Administración, identificando los puestos que integran su organización ordinaria; y definir las funciones y condiciones de desempeño exigibles, dotando de cobertura jurídica a la prestación de servicios en el seno de la Administración.

De ahí que la ausencia de un determinado puesto en la RPT no pueda considerarse un dato neutro, sino un elemento revelador de que la necesidad atendida no ha sido integrada formalmente en la estructura organizativa de la Administración, pese a su carácter permanente.

Pues bien, en el caso de autos, la prueba practicada pone de manifiesto que la trabajadora desempeña funciones calificadas de ordinarias, estables y estructurales, plenamente integradas en el núcleo funcional del servicio de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco, participando en la dinámica ordinaria del equipo, en condiciones sustancialmente equivalentes a las del personal funcionario.

Sin embargo, dicha función se desarrolla extramuros de la RPT, lo que evidencia que la Administración ha optado por satisfacer una necesidad estructural mediante mecanismos de externalización y subcontratación, en lugar de proceder a su cobertura a través de los instrumentos ordinarios de ordenación de personal.

Esta disociación entre la realidad material de la prestación -función estructural integrada en la organización administrativa- y su cobertura formal -mediante contratación externa sucesiva- constituye un indicio de la existencia de un fenómeno interpositorio, en la medida en que revela que la cadena contractual no responde a la externalización de un resultado autónomo, sino a la provisión de recursos humanos necesarios para el funcionamiento ordinario del servicio.

En este sentido, no puede acogerse la tesis de las demandadas relativa al carácter meramente técnico y externalizable del servicio, pues, aun aceptando dicha naturaleza, lo determinante no es la posibilidad abstracta de la externalización, sino el modo concreto en que se ha articulado la prestación, que, como se ha indicado, evidencia la incorporación de la trabajadora a una estructura funcional propia de la Administración, sin soporte en la RPT, pero sin diferenciación material respecto del personal propio.

A partir de aquí, la valoración conjunta de los hechos probados, de la prueba practicada y de las alegaciones de las partes -que se asumen expresamente en lo sustancial en cuanto a la posición de la parte actora- conduce a concluir que nos hallamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores en su modalidad de contrata aparente o instrumental, articulada a través de una cadena de subcontratación.

En efecto, el sistema descrito en los hechos probados revela la existencia de una secuencia contractual en la que intervienen la Administración, su medio propio (EJIE), la adjudicataria principal (LKS) y diversas empresas subcontratistas, entre ellas las del grupo Versia, sin que, en la práctica, dicha estructura se traduzca en una verdadera fragmentación productiva dotada de autonomía, sino en un mecanismo de provisión de personal.

Así se desprende, en primer lugar, del carácter permanente y estructural de la prestación, que se mantiene inalterada a lo largo del tiempo pese a la sucesión de empresas empleadoras, lo que evidencia que el objeto real de la contratación no ha sido un resultado autónomo, sino la asignación continuada de una persona trabajadora a un puesto concreto de la organización administrativa.

En segundo término, resulta particularmente significativo que, si se eliminara "in mente" la intervención diaria de las empresas LKS y Versia, lo cierto, es que no se ha probado que se produciría ninguna alteración en la prestación de servicios de la trabajadora, ni en la organización del trabajo, ni en las condiciones de su ejecución.

En efecto, tal afirmación no constituye una mera construcción hipotética, sino que se sustenta en la prueba practicada, que evidencia que la dirección efectiva del trabajo se ha llevado a cabo por responsables del Gobierno Vasco, con la integración plena de la actora en el equipo funcional de la Administración y la ausencia de intervención real de las empresas empleadoras en la organización cotidiana de la prestación.

En tales condiciones, la aportación de las empresas contratistas se reduce, en lo sustancial, a la gestión meramente formal de la relación laboral (retribución, cotización, aspectos administrativos), sin que se proyecte en la ejecución del servicio su organización empresarial, lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial anteriormente extractada, constituye el núcleo definidor de la cesión ilegal.

Dicho lo anterior, no desvirtúa esta conclusión la alegación de las demandadas relativa a la existencia de estructura empresarial propia o a la formalización de contratos administrativos lícitos, pues, como ha señalado de forma constante la jurisprudencia, la existencia de una contrata válida en abstracto no excluye la cesión ilegal cuando, en el caso concreto, aquella se limita a encubrir una puesta a disposición de mano de obra.

Por último, la ausencia de cobertura del puesto en la RPT, unida a la constatación de que la prestación atiende necesidades estructurales y permanentes de la Administración, refuerza decisivamente la conclusión alcanzada, al revelar que la cadena de subcontratación ha sido utilizada para integrar de facto a la trabajadora en la organización administrativa al margen de los cauces propios de ordenación del empleo público.

En definitiva, concurre en el presente caso el fenómeno interpositorio característico del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, consistente en la utilización de una pluralidad de empresas como instrumentos formales para la cesión de la trabajadora, siendo la Administración demandada quien, en realidad, se apropia de los frutos del trabajo, organiza la prestación y ejerce las facultades empresariales esenciales.

Procede, en consecuencia, estimar la demanda y declarar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, con los efectos inherentes a dicha declaración.

Por cuanto se ha razonado, procederá estimar la demanda declarando la existencia de cesión ilegal del actor condenando solidariamente a las codemandadas a las consecuencias de tal declaración, teniendo la actora derecho a adquirir la condición de fija, en la empresa cedente o cesionaria a su elección.

QUINTO.-Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza pública de la demandada, la declaración de cesión ilegal se traduce en calificar el vínculo como indefinido no fijo, en tanto el puesto de trabajo no sea cubierto por medio de las oportunas pruebas selectivas. Otra solución supondría que la persona trabajadora consolidara, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en la plantilla incompatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas ( STS de 2-7-2020, recurso 4195/2017, y las citadas en ella). La citada doctrina es aplicable a las sociedades mercantiles estatales ( STS Pleno de 18-6-2020, recursos 1911/2018, 2005/2018 y 2811/2018).

SEXTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.1 y 191.2.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, este órgano judicial procede a explicitar el proceso de valoración de la prueba que conduce a la fijación de los hechos declarados probados.

Los hechos probados primero, segundo, cuarto, séptimo, octavo y décimo tienen, en lo esencial, la consideración de hechos conformes o no controvertidos, en tanto en cuanto resultan de alegaciones coincidentes o sustancialmente coincidentes de las partes, relativas a la existencia de la relación laboral formal de la actora con empresas del grupo Versia, su adscripción continuada al proyecto informático del Gobierno Vasco, la articulación del servicio mediante contratos administrativos sucesivos, así como la naturaleza técnica del mismo y la utilización de medios de la Administración en su ejecución.

Se trata, por tanto, de hechos que no han sido objeto de controversia sustancial en el presente proceso, vinculando al órgano judicial en los términos de los artículos 87.1 de la LRJS y 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por su parte, los hechos probados tercero, quinto, sexto y noveno resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada en el acto del juicio oral conforme a las reglas de la sana crítica, y en particular de la prueba documental y testifical obrante en autos.

En este sentido, el contenido funcional del equipo "EIZU Coordinación", la dinámica de trabajo diaria de la actora, su integración operativa en dicho equipo, la forma de organización funcional del servicio y el uso de los medios materiales necesarios para su ejecución, han quedado acreditados principalmente a partir de la prueba documental y testifical.

En particular, la prueba documental aportada por ambas partes, conforma la convicción judicial en lo relativo a la estructura organizativa del proyecto, funciones asignadas y marco contractual en el que se desarrolla la prestación de servicios. De otro lado, también la prueba testifical practicada, especialmente la de las testigos Genoveva y Ángela, pertenecientes ambas al Gobierno Vasco, quienes, por su directa intervención en el equipo de coordinación, ofrecieron una explicación detallada y coincidente sobre el funcionamiento del servicio, las funciones desarrolladas por la actora y su participación en la dinámica ordinaria del equipo.

Del mismo modo, también se ha ponderado la prueba testifical propuesta por la demandada LKS ( Leocadia), que permitió acreditar la existencia de la estructura empresarial de las contratistas, la gestión formal de la relación laboral por las mismas y la existencia de mecanismos de seguimiento de la actividad, habiéndose ponderado la ausencia de prueba testifical de interlocución directa con personal de Versia, de ignota constancia en autos, más allá de la cumplimentación de obligaciones formales que no conllevan ejercicio de facultades directivas ni organizativas, como es el caso de alguna formación, revisiones médicas y reporte por parte de la demandante de su registro horario.

La convicción judicial resulta, en definitiva, de una valoración conjunta y ponderada de todos los elementos de prueba, apreciándose que, aunque las partes discrepan en la interpretación jurídica de los hechos, existe un núcleo fáctico sustancialmente coincidente, habiendo quedado acreditados los extremos controvertidos mediante la prueba testifical de quienes intervinieron directamente en la prestación del servicio y la documentación aportada al proceso.

En particular, concurren aspectos fácticos no controvertidos entre las partes, que han sido asumidos como base del relato fáctico. Así, resulta pacífico que la trabajadora demandante ha venido prestando servicios en el proyecto de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco mediante sucesivas relaciones laborales con distintas empresas del grupo Versia, en el marco de una cadena de contratación derivada de licitaciones públicas igualmente no discutidas.

Igualmente, no se discute que la actora desarrollaba su actividad en el seno del proyecto ISU-EIZU, utilizando las aplicaciones informáticas propias del Gobierno Vasco y prestando servicios en coordinación con personal de dicha Administración.

SEGUNDO.-La demandante, quien ha trabajado en diversas empresas del grupo Versia y ha prestado servicios al Gobierno Vasco, argumenta que su relación laboral con estas empresas es, en realidad, una cesión ilegal, ya que realiza las mismas funciones que los funcionarios del Gobierno Vasco sin diferenciación alguna.

La demandante fue contratada inicialmente por VIEWNEXT, S.A. para trabajar en un proyecto del Gobierno Vasco y, tras la rescisión de su contrato, fue contratada por varias empresas del grupo Versia, continuando su labor en el mismo proyecto.

A lo largo de su trayectoria, ha estado integrada en el equipo de coordinación del proyecto EIZU, donde ha trabajado de manera indistinta con personal del Gobierno Vasco, bajo la dirección y control de este último.

La demandante sostiene que la empresa Versia no ejerce un control efectivo sobre su trabajo, limitándose a facturar las horas trabajadas al Gobierno Vasco, lo que evidencia la falta de una verdadera organización empresarial por parte de Versia.

La demanda se basa en la jurisprudencia que establece que la cesión ilegal de mano de obra se produce cuando los trabajadores son utilizados en servicios normales y permanentes de la empresa principal, sin que exista una diferenciación en las funciones que realizan, solicitando que se reconozca la existencia de esta cesión ilegal y que se le conceda la condición de trabajadora fija en el Gobierno Vasco, sobre la base de que su situación laboral real es con esta entidad, que es la que organiza y dirige su trabajo.

Frente a ello, la representación procesal de las empresas demandadas del grupo Versia (Versia Cyber Shield, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y Versia Digital Business, S.L.), se oponen a la demanda, argumentando que actúan como empleadoras efectivas, negando la existencia de cesión ilegal y defendiendo que la relación laboral se enmarca en un contrato lícito de asistencia técnica, donde gestionan las condiciones laborales y asumen responsabilidades como el pago de salarios y la Seguridad Social.

En particular, afirmaron haber ejercido plenamente las facultades inherentes a la relación laboral, destacando que: gestionaban vacaciones, permisos y condiciones laborales; abonaban salarios y asumían obligaciones de Seguridad Social; proporcionaban formación, vigilancia de la salud y seguimiento del trabajo; mantenían comunicación directa con la trabajadora mediante medios corporativos.

Asimismo, defendieron que la utilización de medios del cliente final respondía a la propia naturaleza del servicio técnico, siendo un elemento habitual en este tipo de contratas. En definitiva, concluyeron que no concurrían los elementos exigidos por la jurisprudencia para apreciar cesión ilegal, solicitando la desestimación de la demanda.

La representación procesal de LKS NEXT GOBTECH EUSKADI S. COOP, la empresa adjudicataria principal, se opuso a la demanda y alegó, en primer lugar, la falta de concreción de hechos imputables a su representada, señalando que ni en la demanda ni en su ampliación se describía conducta alguna constitutiva de cesión ilegal. A este respecto, indicó que su intervención comenzaba en 2022, por lo que gran parte del periodo objeto del litigio le resultaba ajeno. Asimismo, destacó que la licitación preveía expresamente la subcontratación, práctica lícita y habitual. En tal sentido, sostuvo que no intervenía en la organización del trabajo del personal subcontratado, limitándose a funciones de coordinación propias de la contrata y que carecía de poder de dirección o disciplinario sobre la trabajadora. En definitiva, negó cualquier responsabilidad en los hechos denunciados.

Por último, el Letrado del Gobierno Vasco, en representación del Gobierno Vasco y EJIE también niegan haber ejercido funciones empresariales sobre la trabajadora, argumentando que su relación es a través de contratos especializados y que la integración funcional no implica confusión de plantillas. En tal sentido, expuso que su relación se articulaba a través de EGIE, entidad encargada de la gestión informática, y que la intervención de la trabajadora respondía a la ejecución de contratos especializados de carácter tecnológico. En particular, sostuvo que la Administración no contrató directamente a la trabajadora y que no ejercía funciones de dirección ni control laboral. Además, resaltó que la actividad desarrollada era técnica y externalizable y que la trabajadora mantenía relación exclusiva con su empleadora.

Se tienen por reproducidas las alegaciones de las partes en orden a evitar reiteraciones innecesarias.

TERCERO.-Constituye el objeto del presente procedimiento determinar la verdadera naturaleza jurídica de la relación de servicios que la parte actora ha venido prestando en el ámbito del proyecto informático de gestión de recursos humanos de la Administración demandada, y, en particular, dilucidar si dicha prestación se ha desarrollado en el marco de una lícita contrata de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, o si, por el contrario, encubre una cesión ilegal de trabajadores prohibida por el artículo 43 del mismo texto legal.

A tal efecto, la controversia se centra en esclarecer si la trabajadora, formalmente vinculada mediante contrato de trabajo a empresas del grupo Versia -en un contexto de adjudicación y posterior subcontratación de servicios tecnológicos-, prestaba en realidad sus servicios bajo la dirección, organización y control efectivo de la Administración del Gobierno Vasco (o de las entidades interpuestas), integrándose en su estructura productiva en condiciones equiparables a las de su personal propio, o si, por el contrario, la empresa empleadora ejercitaba de forma real y efectiva las facultades inherentes al poder empresarial, manteniendo una organización y autonomía propias en la ejecución del servicio contratado.

En consecuencia, la resolución del litigio exige analizar, a la luz de la prueba practicada y de la doctrina jurisprudencial aplicable, la concurrencia o no de los elementos característicos de la cesión ilegal de trabajadores, tales como la efectiva asunción del poder de dirección, la aportación de medios materiales y organizativos, el grado de integración de la trabajadora en la entidad principal y la naturaleza del objeto contractual, a fin de determinar si nos hallamos ante una auténtica descentralización productiva o ante una mera puesta a disposición de mano de obra.

Expuesto lo precedente la cesión ilegal la misma viene regulada en el artículo 43 del E.T, que establece:

1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal."

Este precepto ha sido objeto de extensa jurisprudencia a fin de determinar cuándo se produce la cesión ilegal entre otras la STS de fecha 19 de enero de 1994 EDJ 1994/242 establece que si en la ejecución de los servicios no se ha puesto en juego la organización y medios propios, limitándose la actividad del contratista al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio íntegramente concebido y puesto en práctica por la empresa principal existirá cesión ilegal de trabajadores allí donde la aportación del contratista en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a continuación los elementos personales y materiales que configuran su estructura empresarial.

La Sentencia del TS de fecha 12 de diciembre del 1997 EDJ 1997/10605 establece "que el hecho de que la empresa contratista cuenta con organización e infraestructura propia no impide la concurrencia de cesión ilegal de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal no se ha puesto en juego esa organización y medios propios limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio. En el mismo sentido la sentencia del TS de 19 de enero de 1994, 21-03-1997, , 14-09-2001.

La sentencia del TS de fecha 17 de julio de 1993, señala que no puede considerase empresario a quién aunque formalmente ejerza funciones propias de éste en la gestión de personal, no controla los medios indispensables para la realización de su actividad empresarial y además resulta significativo como refleja el Inspector que la retribución de la contrata entre empresas consiste en unas tarifas por unidad de tiempo, que solo ponderan elementos característicos de la prestación de trabajo, lo que conforma que la única aportación del empresario empleador formal en este caso es la de facilitar la mano de obra y como expresa el Alto Tribunal en estos casos su interposición aparece como una vía para degradar artificialmente la condición laboral de los trabajadores cedidos que pierden así la estabilidad en el empleo al quedar vinculados su contratos de trabajo a la duración de la contrata.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2011 establece "... la contrata, cuya licitud se reconoce en el art. 42 ET ,se concreta en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal o arrendataria, que en ocasiones no es fácil diferenciar de la cesión ; dificultad que se agrava porque en la práctica se recurre a las contratas como medio formal de articular el acuerdo interpositorio de facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil reconocer en las circunstancias de cada caso el límite entre un mero suministro de trabajadores y una descentralización productiva lícita. Por ello, la doctrina judicial ha recurrido tradicionalmente a la aplicación ponderada de diversos criterios de valoración que no son excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador, pudiendo citarse, entre ellos: la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios ( sentencia 7-marzo-1988 );el ejercicio de los poderes empresariales ( sentencias 12-septiembre-1988 , 16-febrero-1989 , 17-enero-1991 y 19-enero-1994 )y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico (capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva).3.- Pero esto no significa que sólo en el caso de empresas aparentes, sin patrimonio ni estructura productiva relevantes, pueda darse la cesión . Como fenómeno interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen carecer de esa realidad empresarial . Así la sentencia de 16-febrero-1989 señalaque la cesión puede tener lugar «aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja permanentemente para la otra y bajo las órdenes de ésta» y la sentencia de 19-enero-1994 estableceque, aunque se ha acreditado que la empresa que facilita personal a otra tiene una actividad y una organización propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al «suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo» a la empresa arrendataria.

El mismo criterio se reitera en la sentencia de 12-diciembre-1997 ;y se recuerda en la STS/IV 24-noviembre-2010 (rcud 150/2010 ),la que, con cita de la STS/IV 5-diciembre-2006 (rcud 4927/2005 ),destaca que "con las sentencias de 14 de septiembre de 2001 , 17 de enero de 2002 , 16 de febrero de 2003 y 3 de octubre de 2002 la Sala ha destacado la naturaleza interpositoria que tiene toda cesión ilegal, subrayando el hecho de que la interposición cabe también en la relación establecida entre empresas reales, y que la unidad del fenómeno jurídico de la interposición hace que normalmente sea irrelevante, en relación con los efectos que debe producir, el hecho de que ambas empresas sean reales o alguna de ellas sea aparente o ficticia".4.- De ahí que la actuación empresarial en el marco de la contrata, sea un elemento esencial para la calificación, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente para eliminar la cesión si se llega a la conclusión que aquél no es más que un delegado de la empresa principal. En definitiva, para que exista cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio...".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de enero de 2011 indica ".- Como es bien sabido, la jurisprudencia de esta Sala Cuarta en la materia es extensísima y puede resumirse así. Existe cesión ilegal de trabajadores cuando la empresa que contrata al trabajador, aun siendo una empresa real y no aparente (pues si fuera aparente estaríamos en el ámbito de la determinación del verdadero empresario por aplicación del artículo 1 del ET y no en el ámbito de la cesión de trabajadores de una empresa a otra), no pone realmente en juego su organización, entendiendo por tal sus medios materiales y organizativos propios -que es lo que justifica que estemos en el campo de las contratas lícitas del artículo 42 del ET y no en el de la cesión ilícita del artículo 43 del ET -y, consiguientemente, ejerce respecto al trabajador contratado el poder de dirección y el poder disciplinario, de una manera real y efectiva. Y es bien sabido también que el hecho de que la empresa cedente, la que contrata al trabajador, sea quien le pague los salarios y quien le dé de alta en Seguridad Social no es indicativo de que la cesión ilegal no exista, pues si tal no ocurriera, simplemente el tema ni siquiera podría plantearse. Y, finalmente, tampoco es óbice para la posible existencia de la cesión ilegal el que la empresa cedente contrate también a determinados mandos intermedios que dan órdenes a los trabajadores presuntamente cedidos ilegalmente pero que, en realidad, dichos mandos intermedios reciben la órdenes de los mandos superiores de la empresa cesionaria, es decir, que ellos mismos - esos mandos intermedios- pueden ser, a su vez, trabajadores cedidos ilegalmente...".

CUARTO.-En el presente caso, partimos de que la persona trabajadora, tras diversas subrogaciones empresariales, ha estado vinculada sucesivamente a las mercantiles Versia Digital Business, S.L., Versia Sistemas TI, S.A. y, finalmente, Versia Cyber Shield, S.L., manteniendo en todo momento la adscripción al proyecto EIZU del Gobierno Vasco, sin solución de continuidad funcional.

Sentado lo anterior, y partiendo del relato fáctico declarado probado, adquiere especial relevancia la constatación de que el puesto de trabajo desempeñado por la actora no se encuentra incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno Vasco, extremo que no ha sido controvertido ni desvirtuado por las partes demandadas, ni acreditado mediante prueba documental alguna.

En efecto, conforme a los hechos probados, la trabajadora se integra de forma estable en el equipo "EIZU Coordinación", compuesto esencialmente por personal funcionario, siendo la única persona externa en dicho equipo en determinados periodos, sin que conste la existencia de plaza estructural equivalente ni su previsión en la RPT. Esta circunstancia resulta especialmente significativa desde la perspectiva de la ordenación del empleo público.

La Relación de Puestos de Trabajo constituye, conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada, el instrumento esencial de ordenación de los recursos humanos de la Administración, mediante el cual ésta define de forma concreta y definitiva los perfiles funcionales, condiciones retributivas, sistemas de provisión y adscripción orgánica de cada puesto. No se trata de una norma abstracta, sino de un acto administrativo de autoorganización, que opera como presupuesto de la aplicación del estatuto funcionarial al empleado público.

Desde esta perspectiva, la RPT cumple una doble función esencial: delimitar las necesidades estructurales de personal de la Administración, identificando los puestos que integran su organización ordinaria; y definir las funciones y condiciones de desempeño exigibles, dotando de cobertura jurídica a la prestación de servicios en el seno de la Administración.

De ahí que la ausencia de un determinado puesto en la RPT no pueda considerarse un dato neutro, sino un elemento revelador de que la necesidad atendida no ha sido integrada formalmente en la estructura organizativa de la Administración, pese a su carácter permanente.

Pues bien, en el caso de autos, la prueba practicada pone de manifiesto que la trabajadora desempeña funciones calificadas de ordinarias, estables y estructurales, plenamente integradas en el núcleo funcional del servicio de gestión de recursos humanos del Gobierno Vasco, participando en la dinámica ordinaria del equipo, en condiciones sustancialmente equivalentes a las del personal funcionario.

Sin embargo, dicha función se desarrolla extramuros de la RPT, lo que evidencia que la Administración ha optado por satisfacer una necesidad estructural mediante mecanismos de externalización y subcontratación, en lugar de proceder a su cobertura a través de los instrumentos ordinarios de ordenación de personal.

Esta disociación entre la realidad material de la prestación -función estructural integrada en la organización administrativa- y su cobertura formal -mediante contratación externa sucesiva- constituye un indicio de la existencia de un fenómeno interpositorio, en la medida en que revela que la cadena contractual no responde a la externalización de un resultado autónomo, sino a la provisión de recursos humanos necesarios para el funcionamiento ordinario del servicio.

En este sentido, no puede acogerse la tesis de las demandadas relativa al carácter meramente técnico y externalizable del servicio, pues, aun aceptando dicha naturaleza, lo determinante no es la posibilidad abstracta de la externalización, sino el modo concreto en que se ha articulado la prestación, que, como se ha indicado, evidencia la incorporación de la trabajadora a una estructura funcional propia de la Administración, sin soporte en la RPT, pero sin diferenciación material respecto del personal propio.

A partir de aquí, la valoración conjunta de los hechos probados, de la prueba practicada y de las alegaciones de las partes -que se asumen expresamente en lo sustancial en cuanto a la posición de la parte actora- conduce a concluir que nos hallamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores en su modalidad de contrata aparente o instrumental, articulada a través de una cadena de subcontratación.

En efecto, el sistema descrito en los hechos probados revela la existencia de una secuencia contractual en la que intervienen la Administración, su medio propio (EJIE), la adjudicataria principal (LKS) y diversas empresas subcontratistas, entre ellas las del grupo Versia, sin que, en la práctica, dicha estructura se traduzca en una verdadera fragmentación productiva dotada de autonomía, sino en un mecanismo de provisión de personal.

Así se desprende, en primer lugar, del carácter permanente y estructural de la prestación, que se mantiene inalterada a lo largo del tiempo pese a la sucesión de empresas empleadoras, lo que evidencia que el objeto real de la contratación no ha sido un resultado autónomo, sino la asignación continuada de una persona trabajadora a un puesto concreto de la organización administrativa.

En segundo término, resulta particularmente significativo que, si se eliminara "in mente" la intervención diaria de las empresas LKS y Versia, lo cierto, es que no se ha probado que se produciría ninguna alteración en la prestación de servicios de la trabajadora, ni en la organización del trabajo, ni en las condiciones de su ejecución.

En efecto, tal afirmación no constituye una mera construcción hipotética, sino que se sustenta en la prueba practicada, que evidencia que la dirección efectiva del trabajo se ha llevado a cabo por responsables del Gobierno Vasco, con la integración plena de la actora en el equipo funcional de la Administración y la ausencia de intervención real de las empresas empleadoras en la organización cotidiana de la prestación.

En tales condiciones, la aportación de las empresas contratistas se reduce, en lo sustancial, a la gestión meramente formal de la relación laboral (retribución, cotización, aspectos administrativos), sin que se proyecte en la ejecución del servicio su organización empresarial, lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial anteriormente extractada, constituye el núcleo definidor de la cesión ilegal.

Dicho lo anterior, no desvirtúa esta conclusión la alegación de las demandadas relativa a la existencia de estructura empresarial propia o a la formalización de contratos administrativos lícitos, pues, como ha señalado de forma constante la jurisprudencia, la existencia de una contrata válida en abstracto no excluye la cesión ilegal cuando, en el caso concreto, aquella se limita a encubrir una puesta a disposición de mano de obra.

Por último, la ausencia de cobertura del puesto en la RPT, unida a la constatación de que la prestación atiende necesidades estructurales y permanentes de la Administración, refuerza decisivamente la conclusión alcanzada, al revelar que la cadena de subcontratación ha sido utilizada para integrar de facto a la trabajadora en la organización administrativa al margen de los cauces propios de ordenación del empleo público.

En definitiva, concurre en el presente caso el fenómeno interpositorio característico del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, consistente en la utilización de una pluralidad de empresas como instrumentos formales para la cesión de la trabajadora, siendo la Administración demandada quien, en realidad, se apropia de los frutos del trabajo, organiza la prestación y ejerce las facultades empresariales esenciales.

Procede, en consecuencia, estimar la demanda y declarar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, con los efectos inherentes a dicha declaración.

Por cuanto se ha razonado, procederá estimar la demanda declarando la existencia de cesión ilegal del actor condenando solidariamente a las codemandadas a las consecuencias de tal declaración, teniendo la actora derecho a adquirir la condición de fija, en la empresa cedente o cesionaria a su elección.

QUINTO.-Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza pública de la demandada, la declaración de cesión ilegal se traduce en calificar el vínculo como indefinido no fijo, en tanto el puesto de trabajo no sea cubierto por medio de las oportunas pruebas selectivas. Otra solución supondría que la persona trabajadora consolidara, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en la plantilla incompatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas ( STS de 2-7-2020, recurso 4195/2017, y las citadas en ella). La citada doctrina es aplicable a las sociedades mercantiles estatales ( STS Pleno de 18-6-2020, recursos 1911/2018, 2005/2018 y 2811/2018).

SEXTO.-A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.1 y 191.2.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,