Sentencia Social 170/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Barcelona, Rec. 373/2025 de 21 de mayo del 2026

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de la libre y conjunta valoración de la prueba practicada en el acto del juicio y de la prueba indicada en cada uno de los ordinales fácticos, aplicando los principios de valoración imparcial y crítica de la prueba. En especial ha resultado acreditado de la prueba documental aportada por las partes.

SEGUNDO.-La acción que se ejercita en la demanda tiene como fin que se reconozca el derecho de la actora a percibir una pensión de incapacidad en grado de total para su profesión habitual y, subsidiariamente, en grado de parcial.

Frente a ello se opone la demandada.

TERCERO.-El sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 193 y 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre , anteriores artículos 136, 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), las secuelas impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión. Pues bien, la Jurisprudencia viene señalando reiteradamente - Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1990, y 18 y 29 de enero de 1991, entre otras-, que para la valoración de la incapacidad permanente, las lesiones y secuelas en cuanto concurren en el sujeto afectado han de ser apreciadas conjuntamente de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, si pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente. Y por lo que respecta a la declaración de la incapacidad permanente total se señala que debe partirse de los siguientes presupuestos:

A) La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral habitual de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a "una continuación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano.

D) No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o secundarias" de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que "tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro".

E) Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificada para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

Y se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra distinta, ya que dicho grado no significa sólo una disminución del rendimiento, propio de la incapacidad parcial, sino una imposibilidad de continuar trabajando en la actividad habitual, aunque le quede una aptitud residual con relevancia y trascendencia tal que no impida al trabajador concertar relación de trabajo futura según afirma la STS 02.11.78; además ha dictaminado también el Tribunal Supremo en sentencias de 18.01.88 y 30.01.89, que cada caso ha de contemplarse individualmente para calificar el grado de invalidez, pues depende de la concreta capacidad residual del sujeto concreto en un momento determinado, debiéndose tener en cuenta que la aptitud para una actividad laboral implica la posibilidad de llevar a cabo tareas con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, eficacia y rendimiento con la posibilidad de un ejercicio razonable continuado y no esporádico o intermitente de sus labores, habiéndose expresado el mismo tribunal en el sentido que hay que estar a una valoración conjunta de todos los padecimientos que sufra el actor y que hayan dejado en el secuelas de naturaleza irreversible ( STS 29.06.81).

CUARTO.-De la prueba practicada ha quedado acreditado el siguiente cuadro patológico: Lumbociatalgia bilateral de predominio izquierdo (discopatía L4-L5 con protusión discal contenida sin compromiso radicular con detección por EMG de radiculopatía S1 izquierda de carácter subagudo), cervicalgia (discoartrosis cervical C5-C7), rizartrosis muñeca izquierda y tendinopatía de hombro izquierdo. Así resulta del informe emitido por el Médico Forense tras explorar a la actora y examinar los informes médicos aportados, en coherencia con el informe aportado por el INSS. En ambos informes se concluye que la actora no presenta limitaciones funcionales que la incapaciten de forma permanente.

En relación a la lumbociatalgia bilateral, según se recoge en el informe forense, la actora refiere que no ha realizado tratamiento fisioterápico por este motivo de consulta y que no ha realizado seguimiento con clínica del dolor. Por lo que las posibilidades terapéuticas no se habrían agotado.

En cuanto a la cervicalgia que padece afirma que acude a fisioterapia y en ocasiones presenta sensación de mareo. No consta en los informes aportados que la actora haya agotado las posibilidades terapéuticas ni el fracaso de todo los tratamientos que se le puedan ofrecer.

Por último, respecto de la patología en hombro izquierdo se recoge la manifestación de que mejoró la clínica de omalgia que presentaba y que en la actualidad presenta molestias intermitentes esporádicas.

Trasladando el contexto normativo y jurisprudencial expuesto al caso que nos ocupa cabe concluir la actora no presenta limitación funcional significativa que la incapacite de forma permanente para el ejercicio de su profesión habitual sin que consten agotadas las posibilidades terapéuticas todo ello sin perjuicio de que en caso de reagudización de la sintomatología tenga que precisar de periodos de incapacidad temporal.

Por cuanto antecede, la demanda debe ser desestimada.

Vistos los preceptos legales antes citados, sus concordantes y demás de pertinente y general aplicación,

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de la libre y conjunta valoración de la prueba practicada en el acto del juicio y de la prueba indicada en cada uno de los ordinales fácticos, aplicando los principios de valoración imparcial y crítica de la prueba. En especial ha resultado acreditado de la prueba documental aportada por las partes.

SEGUNDO.-La acción que se ejercita en la demanda tiene como fin que se reconozca el derecho de la actora a percibir una pensión de incapacidad en grado de total para su profesión habitual y, subsidiariamente, en grado de parcial.

Frente a ello se opone la demandada.

TERCERO.-El sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 193 y 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre , anteriores artículos 136, 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), las secuelas impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión. Pues bien, la Jurisprudencia viene señalando reiteradamente - Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1990, y 18 y 29 de enero de 1991, entre otras-, que para la valoración de la incapacidad permanente, las lesiones y secuelas en cuanto concurren en el sujeto afectado han de ser apreciadas conjuntamente de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, si pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente. Y por lo que respecta a la declaración de la incapacidad permanente total se señala que debe partirse de los siguientes presupuestos:

A) La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral habitual de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a "una continuación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano.

D) No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o secundarias" de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que "tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro".

E) Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificada para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

Y se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra distinta, ya que dicho grado no significa sólo una disminución del rendimiento, propio de la incapacidad parcial, sino una imposibilidad de continuar trabajando en la actividad habitual, aunque le quede una aptitud residual con relevancia y trascendencia tal que no impida al trabajador concertar relación de trabajo futura según afirma la STS 02.11.78; además ha dictaminado también el Tribunal Supremo en sentencias de 18.01.88 y 30.01.89, que cada caso ha de contemplarse individualmente para calificar el grado de invalidez, pues depende de la concreta capacidad residual del sujeto concreto en un momento determinado, debiéndose tener en cuenta que la aptitud para una actividad laboral implica la posibilidad de llevar a cabo tareas con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, eficacia y rendimiento con la posibilidad de un ejercicio razonable continuado y no esporádico o intermitente de sus labores, habiéndose expresado el mismo tribunal en el sentido que hay que estar a una valoración conjunta de todos los padecimientos que sufra el actor y que hayan dejado en el secuelas de naturaleza irreversible ( STS 29.06.81).

CUARTO.-De la prueba practicada ha quedado acreditado el siguiente cuadro patológico: Lumbociatalgia bilateral de predominio izquierdo (discopatía L4-L5 con protusión discal contenida sin compromiso radicular con detección por EMG de radiculopatía S1 izquierda de carácter subagudo), cervicalgia (discoartrosis cervical C5-C7), rizartrosis muñeca izquierda y tendinopatía de hombro izquierdo. Así resulta del informe emitido por el Médico Forense tras explorar a la actora y examinar los informes médicos aportados, en coherencia con el informe aportado por el INSS. En ambos informes se concluye que la actora no presenta limitaciones funcionales que la incapaciten de forma permanente.

En relación a la lumbociatalgia bilateral, según se recoge en el informe forense, la actora refiere que no ha realizado tratamiento fisioterápico por este motivo de consulta y que no ha realizado seguimiento con clínica del dolor. Por lo que las posibilidades terapéuticas no se habrían agotado.

En cuanto a la cervicalgia que padece afirma que acude a fisioterapia y en ocasiones presenta sensación de mareo. No consta en los informes aportados que la actora haya agotado las posibilidades terapéuticas ni el fracaso de todo los tratamientos que se le puedan ofrecer.

Por último, respecto de la patología en hombro izquierdo se recoge la manifestación de que mejoró la clínica de omalgia que presentaba y que en la actualidad presenta molestias intermitentes esporádicas.

Trasladando el contexto normativo y jurisprudencial expuesto al caso que nos ocupa cabe concluir la actora no presenta limitación funcional significativa que la incapacite de forma permanente para el ejercicio de su profesión habitual sin que consten agotadas las posibilidades terapéuticas todo ello sin perjuicio de que en caso de reagudización de la sintomatología tenga que precisar de periodos de incapacidad temporal.

Por cuanto antecede, la demanda debe ser desestimada.

Vistos los preceptos legales antes citados, sus concordantes y demás de pertinente y general aplicación,

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de la libre y conjunta valoración de la prueba practicada en el acto del juicio y de la prueba indicada en cada uno de los ordinales fácticos, aplicando los principios de valoración imparcial y crítica de la prueba. En especial ha resultado acreditado de la prueba documental aportada por las partes.

SEGUNDO.-La acción que se ejercita en la demanda tiene como fin que se reconozca el derecho de la actora a percibir una pensión de incapacidad en grado de total para su profesión habitual y, subsidiariamente, en grado de parcial.

Frente a ello se opone la demandada.

TERCERO.-El sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 193 y 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre , anteriores artículos 136, 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), las secuelas impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión. Pues bien, la Jurisprudencia viene señalando reiteradamente - Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1990, y 18 y 29 de enero de 1991, entre otras-, que para la valoración de la incapacidad permanente, las lesiones y secuelas en cuanto concurren en el sujeto afectado han de ser apreciadas conjuntamente de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, si pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente. Y por lo que respecta a la declaración de la incapacidad permanente total se señala que debe partirse de los siguientes presupuestos:

A) La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral habitual de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a "una continuación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano.

D) No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o secundarias" de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que "tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro".

E) Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificada para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

Y se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra distinta, ya que dicho grado no significa sólo una disminución del rendimiento, propio de la incapacidad parcial, sino una imposibilidad de continuar trabajando en la actividad habitual, aunque le quede una aptitud residual con relevancia y trascendencia tal que no impida al trabajador concertar relación de trabajo futura según afirma la STS 02.11.78; además ha dictaminado también el Tribunal Supremo en sentencias de 18.01.88 y 30.01.89, que cada caso ha de contemplarse individualmente para calificar el grado de invalidez, pues depende de la concreta capacidad residual del sujeto concreto en un momento determinado, debiéndose tener en cuenta que la aptitud para una actividad laboral implica la posibilidad de llevar a cabo tareas con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, eficacia y rendimiento con la posibilidad de un ejercicio razonable continuado y no esporádico o intermitente de sus labores, habiéndose expresado el mismo tribunal en el sentido que hay que estar a una valoración conjunta de todos los padecimientos que sufra el actor y que hayan dejado en el secuelas de naturaleza irreversible ( STS 29.06.81).

CUARTO.-De la prueba practicada ha quedado acreditado el siguiente cuadro patológico: Lumbociatalgia bilateral de predominio izquierdo (discopatía L4-L5 con protusión discal contenida sin compromiso radicular con detección por EMG de radiculopatía S1 izquierda de carácter subagudo), cervicalgia (discoartrosis cervical C5-C7), rizartrosis muñeca izquierda y tendinopatía de hombro izquierdo. Así resulta del informe emitido por el Médico Forense tras explorar a la actora y examinar los informes médicos aportados, en coherencia con el informe aportado por el INSS. En ambos informes se concluye que la actora no presenta limitaciones funcionales que la incapaciten de forma permanente.

En relación a la lumbociatalgia bilateral, según se recoge en el informe forense, la actora refiere que no ha realizado tratamiento fisioterápico por este motivo de consulta y que no ha realizado seguimiento con clínica del dolor. Por lo que las posibilidades terapéuticas no se habrían agotado.

En cuanto a la cervicalgia que padece afirma que acude a fisioterapia y en ocasiones presenta sensación de mareo. No consta en los informes aportados que la actora haya agotado las posibilidades terapéuticas ni el fracaso de todo los tratamientos que se le puedan ofrecer.

Por último, respecto de la patología en hombro izquierdo se recoge la manifestación de que mejoró la clínica de omalgia que presentaba y que en la actualidad presenta molestias intermitentes esporádicas.

Trasladando el contexto normativo y jurisprudencial expuesto al caso que nos ocupa cabe concluir la actora no presenta limitación funcional significativa que la incapacite de forma permanente para el ejercicio de su profesión habitual sin que consten agotadas las posibilidades terapéuticas todo ello sin perjuicio de que en caso de reagudización de la sintomatología tenga que precisar de periodos de incapacidad temporal.

Por cuanto antecede, la demanda debe ser desestimada.

Vistos los preceptos legales antes citados, sus concordantes y demás de pertinente y general aplicación,

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de la libre y conjunta valoración de la prueba practicada en el acto del juicio y de la prueba indicada en cada uno de los ordinales fácticos, aplicando los principios de valoración imparcial y crítica de la prueba. En especial ha resultado acreditado de la prueba documental aportada por las partes.

SEGUNDO.-La acción que se ejercita en la demanda tiene como fin que se reconozca el derecho de la actora a percibir una pensión de incapacidad en grado de total para su profesión habitual y, subsidiariamente, en grado de parcial.

Frente a ello se opone la demandada.

TERCERO.-El sistema legal instaurado por el régimen normativo ( artículos 193 y 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre , anteriores artículos 136, 137 y siguientes de R.D-Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), y sus disposiciones complementarias), parte de la consolidación o irreversibilidad de las enfermedades y sus secuelas.

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total (IPT) para la realización del trabajo habitual (IPT), las secuelas impiden al trabajador la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual. Esta situación se califica (con el incremento del 20% en la prestación) cuando el trabajador haya cumplido los 55 años de edad, por presumirse la imposibilidad de encontrar otro empleo distinto al de su profesión. Pues bien, la Jurisprudencia viene señalando reiteradamente - Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1990, y 18 y 29 de enero de 1991, entre otras-, que para la valoración de la incapacidad permanente, las lesiones y secuelas en cuanto concurren en el sujeto afectado han de ser apreciadas conjuntamente de tal modo, que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, si pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente. Y por lo que respecta a la declaración de la incapacidad permanente total se señala que debe partirse de los siguientes presupuestos:

A) La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral habitual de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a "una continuación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano.

D) No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o secundarias" de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que "tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro".

E) Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificada para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

Y se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra distinta, ya que dicho grado no significa sólo una disminución del rendimiento, propio de la incapacidad parcial, sino una imposibilidad de continuar trabajando en la actividad habitual, aunque le quede una aptitud residual con relevancia y trascendencia tal que no impida al trabajador concertar relación de trabajo futura según afirma la STS 02.11.78; además ha dictaminado también el Tribunal Supremo en sentencias de 18.01.88 y 30.01.89, que cada caso ha de contemplarse individualmente para calificar el grado de invalidez, pues depende de la concreta capacidad residual del sujeto concreto en un momento determinado, debiéndose tener en cuenta que la aptitud para una actividad laboral implica la posibilidad de llevar a cabo tareas con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, eficacia y rendimiento con la posibilidad de un ejercicio razonable continuado y no esporádico o intermitente de sus labores, habiéndose expresado el mismo tribunal en el sentido que hay que estar a una valoración conjunta de todos los padecimientos que sufra el actor y que hayan dejado en el secuelas de naturaleza irreversible ( STS 29.06.81).

CUARTO.-De la prueba practicada ha quedado acreditado el siguiente cuadro patológico: Lumbociatalgia bilateral de predominio izquierdo (discopatía L4-L5 con protusión discal contenida sin compromiso radicular con detección por EMG de radiculopatía S1 izquierda de carácter subagudo), cervicalgia (discoartrosis cervical C5-C7), rizartrosis muñeca izquierda y tendinopatía de hombro izquierdo. Así resulta del informe emitido por el Médico Forense tras explorar a la actora y examinar los informes médicos aportados, en coherencia con el informe aportado por el INSS. En ambos informes se concluye que la actora no presenta limitaciones funcionales que la incapaciten de forma permanente.

En relación a la lumbociatalgia bilateral, según se recoge en el informe forense, la actora refiere que no ha realizado tratamiento fisioterápico por este motivo de consulta y que no ha realizado seguimiento con clínica del dolor. Por lo que las posibilidades terapéuticas no se habrían agotado.

En cuanto a la cervicalgia que padece afirma que acude a fisioterapia y en ocasiones presenta sensación de mareo. No consta en los informes aportados que la actora haya agotado las posibilidades terapéuticas ni el fracaso de todo los tratamientos que se le puedan ofrecer.

Por último, respecto de la patología en hombro izquierdo se recoge la manifestación de que mejoró la clínica de omalgia que presentaba y que en la actualidad presenta molestias intermitentes esporádicas.

Trasladando el contexto normativo y jurisprudencial expuesto al caso que nos ocupa cabe concluir la actora no presenta limitación funcional significativa que la incapacite de forma permanente para el ejercicio de su profesión habitual sin que consten agotadas las posibilidades terapéuticas todo ello sin perjuicio de que en caso de reagudización de la sintomatología tenga que precisar de periodos de incapacidad temporal.

Por cuanto antecede, la demanda debe ser desestimada.

Vistos los preceptos legales antes citados, sus concordantes y demás de pertinente y general aplicación,