Sentencia Social 161/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Coruña (A), Rec. 655/2025 de 19 de mayo del 2026

Primero:Se alega por la empresa demandante que la razón de haber abonado la indemnización después de la entrega de comunicación extintiva en la que se menciona, como causa de la misma, la "disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado" se encuentra en la recomendación de la asesoría por ser superiores los costes de abogado en el caso de impugnación de dicho despido ante los órganos judiciales, siendo que las causas por las que la trabajadora cerró antes del horario fijado el establecimiento se centraban en la imposibilidad de cuidar a su hijo por cuanto la persona que le ayudaba no podía seguir haciéndolo, conociendo tal circunstancia con posterioridad a tal extinción, sin que los indicios en que se basa la ITSS se funden en la lógica y la experiencia puesto que no existe relación alguna con el trabajador ni este se encuentra obligado a reclamar contra el despido, siendo además antieconómica la reclamación. Pone de manifiesto como los hechos contenidos en la resolución más que fruto de la constatación personal de la inspectora no son sino meras conjeturas y deducciones.

Frente a dicha pretensión la administración pública demandada alega que han quedado acreditados los hechos en los que se funda la sanción dándole a la extinción la apariencia de despido disciplinario cuando lo que existió fue una extinción de mutuo acuerdo, solicitando la confirmación de la sanción.

Segundo:La anterior relación fáctica anterior ha quedado acreditada en virtud de la prueba documental aportada por las partes, teniendo en cuenta la presunción de veracidad del acta de infracción en virtud de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 8/1988 y D.A. 4ª de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre.

Tercero:Intenta la parte combatir la resolución impugnada con el testimonio de la citada a estos autos como interesada Dª Ruth, testimonio que carece de entidad suficiente para desvirtuar los hechos contenidos en el acta de infracción. En primer lugar, por el propio interés que tiene la interesada en la propia resolución impugnada; no en vano es la prestación de desempleo por ella percibida la que fundamenta la sanción impuesta por infracción de lo dispuesto en los artículos 262 y 267.1 y 2 de la LGSS, por lo que no se puede admitir de forma acrítica tal testimonio el cual puede haber sido dado con la finalidad de satisfacer su propio interés y no narrar la realidad de lo acontecido. En segundo lugar, por cuanto no aporta una explicación mínimamente coherente, fuera de la afirmación de recepción errónea de su testimonio, de la razón por la que afirmó ante la inspectora que, en relación a la causa del cierre del establecimiento con anterioridad a la hora establecida: "Como tenía que ocuparse de su hija por las noches, no podía seguir trabajando en el pub. Les explicó la situación a los dueños y "la entendieron perfectamente"; pues si les comunicó la situación y ellos la entendieron nos encontraríamos ante una extinción de mutua acuerdo y no ante una extinción por despido disciplinario, que fue la que se produjo según las versiones de las partes; apareciendo como único motivo, causa o razón para acudir a tal figura la posibilidad de acceder a la prestación de desempleo por parte de la trabajadora. En tercer lugar, existen otros elementos que, a titulo indiciario, permiten cuestionar la realidad de tal despido disciplinario, entre los cuales ocupa un lugar no menor el hecho de falta de reclamación; y si bien es cierto que el trabajador no se encuentra obligado a impugnar el despido, no lo es menos cierto que las razones alegadas para no hacerlo son confusas y contradictorias debatiéndose entre el "no vale la pena" y el "hecho de irse voluntariamente", contradicción que no ha sido explicada por la interesada en el acto del juicio afirmando que "...el fallo era ella..."; a lo que hay que añadir que no consta documentalmente la entrega de la indemnización que se dice abonada por la empresa.

De la misma manera hemos de rechazar el argumento de la empresa que hace recaer la responsabilidad de su actuar en la asesoría de la empresa, la cual, según su propia versión, le recomendó el abono de la indemnización, no obstante encontrarse totalmente justificado, por cuanto los costes de letrado serían superiores a la indemnización a abonar, no aportando no sólo prueba directa, sino meramente indiciaria alguna, acerca de la realidad de tales hechos, fundándose el razonamiento en un juicio "ex ante" que bien pudiera ser cuestionado en cuanto a la posibilidad, ciertamente baja, de impugnación de despido sobre todo si se tiene en cuenta el propio reconocimiento de los hechos por parte de la demandante unido a la falta de justificación alguna, si realmente la causa existía, de una redacción de la carta de despido con mayores posibilidades de éxito; debiendo recordarse que la responsabilidad de la empresa no deja de existir porque se encomiende a terceros la tramitación de sus asuntos laborales.

En definitiva, partiendo de la presunción de veracidad de los hechos contenidos en el acta de infracción y, por lo tanto, encontrándonos ante una presunción "iuris tantum", la parte a quien correspondía hacerlo, esto es, la empresa no aporta prueba en contrario de entidad suficiente para cuestionar la realidad de los mismos, por lo que procede la desestimación de la demanda.

Fallo