Sentencia Social 136/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Murcia, Rec. 368/2024 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS este órgano judicial debe explicitar el razonamiento probatorio.

La precedente declaración de hechos probados, conforme exige el art. 97-2 de la LRJS, viene determinada tanto por la no controversia sobre los mismos, e igualmente acreditados por la documental obrante en juicio que fundamentalmente se referencia en los distintos ordinales, todo ello valorado en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, en especial el expediente administrativo aportado, conforme a lo prevenido en el art. 143 y art. 151.8 de la LRJS.

SEGUNDO.- sobre la extensión y delimitación de la litis.

La parte actora, La empresa demandada ha sido sancionada, al considerarla responsable de una falta [muy grave/grave/leve] prevista en el art. 12.1 b y 12.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Sostiene la parte actora, esencialmente, que la resolución fuese revocada , en virtud de prescripción (cuestión que ya fue resuelta en sala, conforme a datos cronológicos aportado por las partes y que ya no se mantuvo en conclusiones), y subsidiariamente quedase sin efecto, a cuyo fin articula diversos motivos, partiendo de imputar error en cuanto que se parte por la ITSS de que los trabajadores eran peones agrícolas cuando se trata de peones de almacen; y sucintamente, alegar la falta de intencionalidad, falta de fraude, haber cumplido advertencias previas, la modesta cifra de negocio e inexistencia de trabajadores afectados, inexistencia de cantidades defraudadas, nula peligrosidad de la actividad, carácter transitorio de los riesgos, carencia de gravedad de daños, existencia de medidas de protección e intachable conducta del empleador. Finalmente interesaba una "recalificación" de la infracción como leve (ex art. 11, apartados 4 y 5), con sanción de 40 euros, sin perjuicio de indicar "subsidiariamente una sanción grave en cuantía inferior de su grado mínimo por importe de 2046 euros".

Por la Administración demandada, se interesa la confirmación de la resolución impugnada, tanto por la exactitud de los hechos contemplados en la misma, derivada de la presunción de veracidad del acta originaria, como por haber sido los mimos debidamente calificados, cumpliendo los requisitos de legalidad sancionadora y tipicidad, así como debidamente sancionados, teniendo en cuenta los criterios de graduación legalmente establecidos.

TERCERO.- Sobre la presunción de veracidad

a) alcance de la presunción

La presunción de certeza del acta de infracción confeccionada por la Inspección de Trabajo hace referencia a que su valor y fuerza probatoria viene referida a aquellos hechos que, por su objetividad, son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por otros medios de prueba consignados en la propia acta, es decir a las circunstancias del caso y a los datos que han servido para su elaboración, no a las apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas, y constituyen en definitiva una presunción iuris tantum, que desplaza a quien perjudica la carga de probar que aquéllos no se ajustan a la realidad de los hechos.

b) reconocimiento legal

- El art. 23 de la Ley 23/2015, Ordenadora de sistema de inspección de trabajo y seguridad social consagra dicha presunción cuando establece que:

"Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables. No se verá afectada la presunción de certeza a que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios durante el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella, en los términos que se establezcan reglamentariamente".

- El art. 53 LISOS dispone:

"1. Las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reflejarán:

a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o Subinspector de Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta, destacando los relevantes a efectos de la determinación y tipificación de la infracción y de la graduación de la sanción.

En el caso de actas extendidas en el marco de actuaciones administrativas automatizadas, los hechos constitutivos de la infracción cometida».

b) La infracción que se impute, con expresión del precepto vulnerado.

c) La calificación de la infracción, en su caso la graduación de la sanción, la propuesta de sanción y su cuantificación.

d) En los supuestos en que exista posible responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal.

2. Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

3. Las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social y las actas de infracción en dicha materia, cuando se refieran a los mismos hechos, se practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se tramitarán conforme al procedimiento establecido en la correspondiente normativa.

4. En los documentos de inicio de expedientes sancionadores por las entidades gestoras o servicios correspondientes de las Comunidades Autónomas, se comunicarán a los interesados los hechos u omisiones que se les imputen, la infracción presuntamente cometida, su calificación y la sanción propuesta, con expresión del plazo para que puedan formular alegaciones.

5. Cuando el acta de infracción se practique como consecuencia de informe emitido por los funcionarios técnicos a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ,se incorporará a su texto el relato de hechos del correspondiente informe así como los demás datos relevantes de éste, con el carácter señalado en el artículo 9.3 de la citada ley .

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social recabará de los funcionarios públicos referidos la subsanación de sus informes cuando considere que el relato de hechos contenido es insuficiente a efectos sancionadores, procediendo a su archivo si no se subsanase en término de 15 días y sin perjuicio de nuevas comprobaciones".

- El artículo 151.8, párrafo segundo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( L.R.J.S .) vuelve a reproducir dicha presunción.

c) la actividad del demandante.

En definitiva, dado que nos encontramos ante una presunción iuris tantum, corresponde al actor combatirla, proponiendo prueba adecuada y suficiente que permita enervar dicha presunción.

CUARTO.- la respuesta al caso sometido a decisión.

1-En el supuesto de autos la parte demandante no ha cumplido con la carga probatoria correspondiente que permita rebatir los hechos contenidos en el acta que sirve de base para la imposición de la sanción. Todo ello sin perjuicio de su calificación jurídica.

2-En todo caso si bien es cierto que en un párrafo del acta se habla de peon agrícola, lo que queda claro es que el inspector actuante viene refiriéndose en el resto de la propia acta a peones de almacen hortofrutícula, y que la visita se gira a la propia nave/almacen, y se compara la actividad de movimiento y manipulación de envasado y colocación de cajas. Por tanto, no puede quedar destruida la presunción de veracidad de un simple error mecanográfico que resulta evidente del contenido de la propia acta, tanto por referencias expresas a peones de almacen, como intrísecas a la actividad observada y analizada.

3- Sin perjuicio de lo que después se dirá, es necesario advertir en cuanto a los motivos alegados en demanda para atacar la sanción (sucintamente enumerados en el FD SEGUNDO), los mismos resultan de total generalidad, y vaguedad, además de duplicidades y reiteraciones que desdibujan incluso el sentido mismo de la oposición a la sanción, resultando innecesarios (v.gr. volumen de negocio sin datos ni como puede afectar al acta y resolución, falta de actividad peligrosa, para a continuación señalar que los riesgos son transitorios, lo que no solo contradice lo anterior sino que además ni siquiera determina esa "transitoriedad" y como afectaría a la garantía de salud empresarial, al igual que la falta de animo fraudulento, o inexistencia de cantidad defraudada).

Del mismo modo, la petición subsidiaria de "recalificación" resulta confusa, puesto que llega a mantener la sanción de 2046 euros.

4- A los fines de la garantía de salud, como obligación empresarial, el régimen jurídico del reconocimiento médico se construye de forma sistemática a partir de tres bloques normativos:

a ) Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( LPRL)

? Art. 22 LPRL: regla general de voluntariedad

? Excepciones (obligatorios) cuando:

1) Sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud.

2) Sea necesario verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él o para terceros.

3) Esté establecido por una norma específica respecto de riesgos concretos (ej. enfermedades profesionales).

b ) LGSS ( art. 243 y concordantes)

? Se refiere a los sistemas de detección, prevención y control de enfermedades profesionales.

? Refuerza la obligatoriedad del control médico en trabajos con riesgo de EP, especialmente a efectos de protección colectiva y acceso a prestaciones.

? No contiene por sí solo una sanción disciplinaria, pero fundamenta la obligación preventiva.

c ) Estatuto de los Trabajadores, para el caso de no atender a la convocatoria a reconocimientos médicos obligatorios, resulta relevante el contenido de los artículos:

? Art. 54.2 d ) ET: transgresión de la buena fe contractual.

? Art. 54.2 b ) ET: indisciplina o desobediencia grave.

5-En todo caso, hay que señalar que es doctrina reiterada que la negativa no puede sancionarse si el reconocimiento no es obligatorio. La excepción a lo anterior vendría en casos de trabajos con riesgo de enfermedades profesionales y concurren los siguientes elementos:

1) Actividad con riesgo cierto y específico de enfermedad profesional.

2) Reconocimiento médico:

? Obligatorio por norma (legal, reglamentaria o convencional).

? Proporcionado, limitado y respetuoso con la intimidad.

3. Información previa adecuada al trabajador, advertencia e incluso otras sanciones previas al despido

En ese caso, en definitiva, la negativa injustificada sí puede constituir incumplimiento laboral.

6- Conforme a la delimitación del objeto del procedimiento, es cuestión discutida si la empresa puede ser sancionada conforme al art. 22 de la Ley 31/1995 (LPRL) incluso aunque el trabajador haya renunciado al reconocimiento médico, si concurría un supuesto legal de obligatoriedad y la empresa no actuó correctamente.

- ya hemos indicado como el art. 22 prevé supuestos de obligatoriedad. La obligación no desaparece por la mera renuncia del trabajador cuando se da alguna de estas excepciones.

- Ahora bien, la renuncia del trabajador no exonera a la empresa si el reconocimiento era obligatorio. La empresa no puede ampararse en la renuncia del trabajador; tiene un deber activo de garantizar la vigilancia de la salud; y debe adoptar medidas alternativas si el trabajador se niega.

- La renuncia no desplaza la responsabilidad preventiva del empresario ( art. 14 LPRL) .

7- La empresa puede ser sancionada ( LISOS, art. 12.2 o 12.15) si existía un riesgo de enfermedad profesional (es decir, una actividad incluida en el RD 1299/2006; y un riesgo específico conocido (sílice, amianto, agentes químicos, biológicos, etc.). Elementos que concurren en el presente caso, con los diagnósticos del STC y síndrome de manguito rotador (ordinal SEGUNDO de HHPP) que afectaron a 3 trabajadoras. Además, ya se ha indicado que estaríamos ante un supuesto en los que el reconocimiento era obligatorio ( art. 243 LGSS y ser imprescindible para la prevención)

Lo que se observa es que en 2017 la empresa se limitó a aceptar la renuncia, sin insistir formalmente; sin informar por escrito de las consecuencias; o sin valorar cambio de puesto, adaptación o suspensión. Es más, únicamente después de la visita de la ITSS es cuando acudieron al reconocimiento.

7- Finalmente, queda claro que en el puesto de envasadora y de peón de almacen, la evaluación de riesgos contempla los provocados por movimientos repetitivos, manejo manual de cargas y posturas forzadas. Si bien la actora alegó en juicio (aunque sin prueba especifica) que existen transpaletas para el movimiento de palets y cajas, resulta que dicha circunstancia no enervaría tampoco la falta de estudios ergonómicos para tareas repetitivas, con movimientos de carga y cajas (manipulación manual de cargas, contempladas en el RD 487/1997), incluso superando el máximo de altura previsto en el plan de 160 cm, para llegar a alturas de 200 cm, como indicaba el acta y anexo fotográfico

Por todo lo anterior, debe desestimarse la demanda, apreciando efectivamente la concurrencia de conductas tipificadas como faltas graves, y sancionadas debidamente graduadas, confirmando la resolución impugnada

CUARTO.- Información de Recursos.A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no y, en su caso, los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición.

En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución es firme y que contra ella NO puedeinterponerse recurso de suplicación al ser la sanción impugnada inferior a 18.000 euros ( art. 191.3.g de la LRJS)

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación procede dictar el siguiente