Sentencia Social 66/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Palma de Mallorca, Rec. 464/2025 de 08 de mayo del 2026

PRIMERO. - Valoración de la prueba

En cumplimiento de lo exigido en el art. 97,2 LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de una valoración global del conjunto de la prueba, de acuerdo con los principios de la sana e imparcial crítica.

El Hecho Primero no es controvertido, constando el contrato de trabajo (documental demanda, doc. 11 ramo empresa), nómina del escrito de demanda.

El Hecho Segundo consta en el doc.10 de la demandada.

El Hecho Tercero resulta de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Palma de 14/09/2017, y de la fotocopia del libro de familia aportado junto con la solicitud de conciliación presentada ante la empresa (doc. 3 empresa).

El Hecho Cuarto no se discute, constando en el contrato el convenio de aplicación.

El Hecho Quinto se deriva de los documentos 3 y 4 de la empresa.

El Hecho Sexto dimana del documento 5 del ramo de la demandada.

El Hecho Séptimo se colige de los documentos 13 y 14 de la demandada.

El Hecho Octavo consta en el documento 15 de la demandada.

El Hecho Noveno dimana del documento 12 del ramo de la demandada.

El Hecho Décimo deriva de los documentos 6-9, 1-2 del ramo de la demandada.

El Hecho Décimo Primero no es controvertido.

El Hecho Décimo Segundo consta en el documento 4 de la demanda.

SEGUNDO.- Objeto del litigio

La parte actora solicita una concreción de jornada por cuidado de su hija nacida el NUM000/2017. Alega su deseo de poder descansar los fines de semana para el cuidado de la misma. Sostiene la ausencia de un verdadero proceso de negociación, siendo que el precepto convencional del artículo 21.2, es decir, la rueda para el disfrute los domingos entre las trabajadoras, se ha puesto en marcha después de la petición de la actora. Asimismo, mantiene la pretensión indemnizatoria por el incumplimiento de la demandada.

La parte demandada se opone a la pretensión deducida de contrario. Sostiene que, aunque la contestación escrita fuera sucintamente motivada, en todo momento se comunicaron las razones de la denegación a la actora ofertando la entrada al turno rotario con el resto de empleados que tenían derecho a adaptación de jornada conforme a la disposición convencional. Se afirma el incremento de salidas los domingos que motiva una mayor necesidad organizativa de camareras de piso prestando servicios. En todo caso, se estima que no ha existido un comportamiento que motive la imposición de la indemnización al haber ofrecido propuestas alternativas.

El Ministerio Fiscal no apreció trato discriminatorio interesando la desestimación de la pretensión de indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

TERCERO.- Sobre la conciliación familiar

El actual 34.8 el Estatuto de los Trabajadores establece un nuevo derecho de conciliación, condicionado a la razonabilidad y proporcionalidad de la adaptación solicitada y atendidas las necesidades organizativas o productivas de la empresa. En términos absolutos, cualquier medida tendente a hacer efectivo el derecho a la conciliación resultaría razonable, salvo que obedeciera al mero capricho o a un ejercicio abusivo del derecho no susceptible de tutela. Sin embargo, no se trata de un derecho subjetivo absoluto, sino condicionado. Cabiendo atender a parámetros de proporcionalidad, en su pugna con el derecho de libertad de empresa, organización y dirección empresarial, también de proyección constitucional, y sin despreciar derechos de terceros que pudieran verse afectados, cuya incolumidad ha de garantizarse salvo que deban ceder ante derechos de preferente protección. Y en esta pugna, se ha de descender al caso concreto a los efectos de dilucidar si el sacrificio que comporta la efectividad de los derechos conciliatorios se encuentra justificado.

Este axioma ha de cohonestarse con el principio general igualmente reiterado por la jurisprudencia por el que no existe una libre configuración de la jornada de trabajo por parte de la persona trabajadora ( ROJ: STS 4494/2008), ni un derecho de modificación unilateral, sino el derecho a iniciar una negociación de buena fe que deberá ser aceptada por el empresario con la finalidad de alcanzar un acuerdo conciliatorio, planteando cambios con efecto útil para el interés de cuidado, en el ámbito de unos límites intrínsecos que se identificarían con un uso abusivo o injustificado del derecho tanto desde el punto de vista del sujeto causante como desde la perspectiva temporal ante una necesidad colmada, y unos límites extrínsecos, ante la imposibilidad de exigir a la empresa aquello que sea irrazonable o desproporcionado, tanto desde un punto de vista organizativo como de acopio y disposición de recursos materiales y personales, siguiendo la máxima de la inexigibilidad de las obligaciones de imposible cumplimiento.

El art. 34.8 ET configura ahora un sistema de adaptación en el que prevalece la necesidad de que la solución sea paccionada, estableciendo como último remedio la solución judicial al problema planteado en la empresa. Así, la norma parte de la base de la necesidad de que sea la negociación colectiva la que establezca "los términos de su ejercicio". En su ausencia, que es justo aquí el caso, la "empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión".

La doctrina del Tribunal Supremo ha entendido que el procedimiento negociador es un trámite imperativo y esencial dirigido a garantizar el derecho. Por ello ante el incumplimiento empresarial de la apertura del proceso negociador, su omisión tiene consecuencias jurídicas en orden a la aceptación de las medidas para el caso que medie impugnación judicial. La sentencia debe acoger la solicitud de adaptación en los términos interesados, salvo que el órgano judicial aprecie que dicha solicitud resulta manifiestamente irrazonable o desproporcionada ( ROJ: STS 4316/2025).

El artículo 34.8 del ET vincula la hipotética modificación de la jornada de trabajo a que la adaptación solicitada por la persona trabajadora sea razonable y proporcionada en relación con sus necesidades de conciliación y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. La norma exige ponderar los intereses de ambas partes, con la finalidad de llegar a una solución de consenso, haciéndose eco así de la doctrina constitucional al respecto, de la que resulta buena muestra una STC 26/2011 de 14 marzo, que, a propósito del ejercicio de un derecho íntimamente ligado a la efectiva conciliación de su vida familiar y laboral, indicó que "ello obligaba en el presente caso a valorar las concretas circunstancias personales y familiares que concurrían en el trabajador demandante, así como la organización del régimen de trabajo de la residencia de educación especial en la que prestaba servicios, para ponderar si la negativa empresarial a su pretensión de trabajar en horario nocturno constituía o no un obstáculo injustificado para la compatibilidad de su vida familiar y profesional".

La dimensión constitucional de las medidas normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de las circunstancias personales ( art. 14 CE), como desde la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la infancia ( art. 39 CE), debe prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar.

CUARTO.- De las circunstancias aplicables al caso

En la casuística presente no queda acreditada la concurrencia del trámite imperativo que es el procedimiento negociador. La mercantil demandada aduce ser consciente de la vaguedad de la respuesta dada, pero que, no obstante, ello no puede resultar óbice para entender verificado este presupuesto pues a la trabajadora se le ofrecieron alternativas y se le explicaron, aunque fuera verbalmente, los motivos de la denegación. La cuestión del pleito que se ventila es que, conforme a los Hechos Probados, dicha motivación sobre las causas objetivas y las alternativas ofrecidas fueron temporalmente posteriores en el tiempo. Es decir, la norma nuclear a estos efectos, el artículo 34.8 ET, dispone que, en ausencia de acuerdo de negociación colectiva, la empresa, ante la solicitud de la persona trabajadora, abrirá un proceso de negociación con esta que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo. Es decir, se concibe como un trámite sujeto a los principios de celeridad que posee como correlato lógico una suerte de efecto de silencio positivo para el caso de que no se emita respuesta por la empresa.

El procedimiento negociador ex legeno puede formalmente dilatarse en el tiempo (sin perjuicio de los acercamientos de posturas que voluntariamente quieran desarrollar la partes en cualquier momento). Por consiguiente, no resulta cabal entender que posponer su realización a un instante posterior en el tiempo resulte válido a los efectos del artículo transcrito y la doctrina del Tribunal Supremo en materia de las consecuencias del incumplimiento de este periodo. En consecuencia, una denegación genérica sin mayor trámite no puede entenderse como válida, y ello aunque con posterioridad haya tenido lugar la negociación preceptiva, pues ello podría utilizarse fraudulentamente para salvaguardar a la empresa del reconocimiento que podría constituir su silencio inicial.

En cuestiones de fondo, la actora sostiene su pretensión en el cuidado de su hija menor nacida el NUM000 de 2017. Dicha parte cumple con la carga de la prueba que recae sobre la misma, es decir, la carga de acreditar las circunstancias que permiten calificar la petición de razonable, de acuerdo al espíritu de la norma, y proporcionada, en relación con sus necesidades de conciliación. La actora acredita la custodia de la menor en virtud de Sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Palma y la contingencia de que el periodo solicitado, los fines de semana, recae sobre días no lectivos de la menor; siendo éste un hecho de notoriedad generalizada (ex art 281.4 LEC).

Se sostiene por la demandada la existencia de un informe de cargas de trabajo realizado en marzo de 2025 que motiva la imposibilidad de que libre la actora los domingos ante la elevada carga de trabajo que ello supone y la dificultad para repartir dicha carga entre las camareras de piso en plantilla. Dicho informe es traído a colación por la testigo propuesta por la demandada, empero, dicho informe no ha sido aportado en autos. Ello comporta que, si bien el testimonio de la testigo resulte válido, no puedan tenerse por acreditadas las concretas circunstancias que del mismo dimanan al no haber sido sujeto a los principios de inmediación y contradicción procesal. La carga de la prueba de la existencia de causa organizativa recae sobre la empresa (ex art 217 LEC) , en la medida que se trata de un hecho impeditivo del derecho de la actora. En su lugar, consta en autos una previsión de ocupación mensual del hotel de los meses de abril a agosto de 2025 (fechado el 29/08/2025, documento 12 ramo demandada) si bien se desconoce si dicho documento contiene las estadísticas reales de ocupación durante el periodo expuesto o resulta ser una proyección.

En cualquier caso, de dichas estadísticas no se colige necesariamente la premisa aducida por la demandada. Durante el periodo estival (finales de junio, julio y agosto) no se aprecia un número particularmente elevado de salidas los domingos en relación con el resto de los días. No siendo generalmente el domingo el día con mayor número de salidas de la semana. En los meses de abril y mayo sí que existe, con carácter general, un mayor número de salidas los domingos y lunes. Empero no se ha puesto en relación este dato con la plantilla existente que ostenta la categoría profesional de la actora; habida cuenta el dato acreditado que una trabajadora con dicha categoría y con la condición consolidada de librar los domingos, se hallaba en excedencia durante el año 2025. A mayores, en el escrito denegando la propuesta se alude en términos genéricos a la alta ocupación del hotel, sin embargo el hotel, de conformidad con la citada estadística empresarial, muestra altos índice de ocupación durante todo el periodo.

Correlativamente, la empresa sostiene la enorme dificultad que le supone prescindir los domingos de una trabajadora con la categoría de camarera de pisos ante el notable incremento de salidas de huéspedes dicho día y la consiguiente necesidad de limpiar y preparar dichas habitaciones. Sin embargo, una de las propuestas ofrecidas por la empresa para que la trabajadora pudiera descansar sábado y domingo era realizar funciones en cocina. Por consiguiente, se aprecia una contradicción lógica en el razonamiento de la empresa (que no ha sido matizada). La denegación del derecho se fundamenta en la necesidad de trabajadores los domingos realizando funciones de la categoría propia de la actora, pero, simultáneamente, si la actora hubiera aceptado dicha modificación dispondrían de una camarera de piso menos para organizar el servicio.

Se opone también por la empresa el respeto a lo pactado por el Convenio de aplicación (art 21) y la consiguiente obligatoriedad de establecer un turno rotatorio en caso de existir varias personas que ostenten derecho preferencial a disfrutar del descanso en sábados y domingos. De la práctica de la prueba se colige que la empresa no venía aplicando el contenido de dicho artículo ni se basó inicialmente en el mismo para denegar la solicitud de la actora. Al contrario, no es hasta mayo de 2025 que en las conversaciones de WhatsApp aportadas (doc. 5 demandada) se aprecia el inicio de la organización de dicha rueda (corroborado por la testigo Dª Adela). El primer calendario de la rueda aportado data de junio 2025. Del mismo modo, no consta de la prueba practicada que sea hasta agosto de 2025 (mediante el acta de la reunión aportada doc. 15 de la demandada) que se constata el número total de trabajadores que, en ejercicio de su derecho de conciliación, desean hacer uso del descanso los domingos sin preferencia de la actora. En consecuencia, no puede a posteriori la empresa aducir el cumplimiento de la norma convencional que, en el momento de la solicitud, no estaba siendo aplicada por la mercantil. Ello por resultar una vulneración de la ínclita doctrina de los actos propios.

La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad del «venire contra factum proprium»,significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio. Tal apotegma ha sido construido sobre la base de la buena fe y del art. 7 Código Civil ( SSTC 67/1984, de 7/Junio ; 73/1988, de 21/Abril ; y 198/1988, de 24/Octubre) y se concreta en proclamar la vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y a la imposibilidad de adoptar después un comportamiento que contradiga aquélla; conducta vinculante que ha de expresarse en actos concluyentes e indubitados que causen estado(definiendo inalterablemente la situación jurídica) por su carácter trascendental, por constituir convención o por ir encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, de manera que el principio de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubiesen creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( ROJ: STS 4557/2017).

En suma, la pretensión de la actora resulta razonable y proporcionada entre las necesidades de la persona trabajadora para con las necesidades organizativas o productivas acreditadas de la empresa; razón por la cual procede la estimación de la acción principal de la demanda.

QUINTO.- Reclamación de cantidad

El artículo 139.1 LRJS prevé expresamente la posibilidad de acumular a la demandada de conciliación familiar la acción de daños y perjuicios causados al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida. Correlativamente, se preceptúa que el empresario podrá exonerarse si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador. Es decir, en la regulación legal parece subyacer una regla general por la cual la negativa empresarial injustificada debe ser objeto de indemnización por daño moral, por lo que, de manera consustancial, si existieron esfuerzos empresariales por intentar acomodar las pretensiones del trabajador, no procederá indemnización alguna.

Así, el TSJ de Madrid ha reconocido esta tipología de indemnizaciones en los casos en que no se había cumplido de ningún modo con el proceso de negociación previsto para adaptaciones de jornada, ni se había motivado la suspensión de la solicitud lo que constituye una vulneración del derecho a la conciliación y del derecho a no ser discriminada conforme a la ley ( ROJ: STSJ M 11262/2025).

En el presente caso no se verifica el citado presupuesto habilitante. La empresa, sin perjuicio de lo manifestado con anterioridad, no ha desplegado un comportamiento discriminatorio frente a la actora en base a su petición; es decir, le ofrece entrar con posterioridad en la rotación para el disfrute de los domingos en igualdad de condiciones al resto de trabajadores con menores a su cargo, así como la posibilidad de cambio de puesto de trabajo con modificación de las condiciones salariales. Del mismo modo, aun denegando el derecho, de las conversaciones de WhatsApp aportadas se desprende una comunicación continua para adaptar la jornada de trabajo de la actora por su superiora jerárquica ante distintas contingencias (asistencia a ginecólogo, días personales...).

En consecuencia, la estimación del derecho de la actora a la conciliación familiar no comporta necesariamente el derecho a la percepción de la indemnización por daños, sin que se haya verificado ese plus de antijuricidad en la conducta empresarial que amerite la imposición de condena de la cantidad reclamada.

SEXTO.- Costas

Se alega por la actora que para el caso de estimación de la demanda se impongan a la empresa el pago de los honorarios de la parte actora. Cabe advertir que en la jurisdicción social no aplica el criterio de vencimiento objetivo en materia de costas por la cual se imponga el pago de los gastos procesales a la parte que pierde el litigio, es decir, a quien ve rechazadas todas sus pretensiones. En su lugar, motivadamente se podrá imponer una multa al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación, así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad. También motivadamente se puede imponer una multa cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación (incluso, parece, si hubiera asistido al acto de conciliación). No estando en ninguno de dichos supuestos no procede condena alguna a este respecto.

SÉPTIMO.- Recurso

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que contra la presente resolución procede la interposición de recurso de suplicación en virtud del artículo 139.1.b) LRJS en conexión con el artículo 191.2.g) LRJS. Es decir, la cuantía reclamada exceda del límite que permite el acceso al recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación