Sentencia Social 97/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Valladolid, Rec. 382/2025 de 18 de marzo del 2026

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LPL, se hace constar que la convicción judicial sobre los hechos probados se ha obtenido a partir de la prueba documental practicada y testifical, valorados con arreglo a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC y 151.8 LRJS.

SEGUNDO.-Atendiendo a la demanda rectora del proceso, el objeto litigioso se encauza a través del ejercicio de la acción prevista en el art. 137 LRJS, cuál es que se reconozca con carácter principal el encuadramiento en el grupo profesional B, nivel 1 del Área 1 y subsidiariamente, en grupo profesional B, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 1 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 3 del Área 1 de los previstos en el convenio colectivo de aplicación, con la correlativa condena al pago de las diferencias retributivas durante el periodo reclamado que asciende a la suma de 3.463,26€, 1.645,36€, 456,08€, 213,02€, 80,40€ respectivamente, y ello sobre la base de que, en virtud de las funciones desempeñadas por el/la actor/a en la empresa debería estar integrado en dicha categoría toda vez que desempeña tareas de supervisión y vela por la consecución de los objetivos perseguidos con autonomía, amplia experiencia, iniciativa.

Frente a lo anterior, la empresa demandada se opone a las pretensiones deducidas de adverso invocando la firma de un acuerdo transaccional y los efectos derivados del mismos, así como la existencia de un sistema de clasificación profesional determinado encontrándose la demandante perfectamente encuadrada según las previsiones del Convenio, realizando funciones puramente administrativas siempre bajo supervisión, si bien con la autonomía propia de la experiencia y buen hacer que la avalan.

Por tanto, el objeto de discusión se centra en determinar si procede el reconocimiento al actor/a de categoría superior por venir desempeñando las funciones propias de dicha categoría, siendo que en su contrato tiene fijada la categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO perteneciente al Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1 y, subsidiariamente, la reclamación de cantidad sobre diferencias retributivas por realizar funciones de superior categoría.

TERCERO.-En relación con la validez y efectos del acuerdo transaccional suscrito entre las partes el 220/12/2024.

En este sentido se ha pronunciado con cita de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se la STC 183/2000, de 10 Jul., FJ 4 (y con anterioridad la STC 91/2000, de 30 Ene., FJ 15), recordando "que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en supuestos diversos del ahora enjuiciado, ha declarado que la renuncia al ejercicio de los derechos fundamentales, cuando es posible, ha de ser expresa y formulada en términos inequívocos".

De acuerdo con el artículo 1809 del Código Civil "La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado."

En primer lugar y atendiendo a los términos del acuerdo reproducidos en el hecho probado SEXTO de la presente resolución, se puede afirmar que nos hallamos ante una transacción regulada en los artículos 1809 y siguientes del Código Civil (CC). Y claro está, que para que el acuerdo sea válido han de concurrir los requisitos de consentimiento, objeto y causa en los términos del artículo 1261 del CC, y que según el artículo 1817 del mismo texto, la transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1.265, es decir que, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

En el presente caso, el/la actor/a no ha alegado en su demanda ni posteriormente en el juicio, que concurra vicio en el consentimiento, siendo a él/ella a quien corresponde la carga probatoria de los hechos constitutivos de su acción, aunque en puridad, ni siquiera interesa la nulidad o anulación del acuerdo alcanzado.

Cabe recordar que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, ( artículo 1258 CC) y que serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (1278 CC) , no siendo en consecuencia necesaria su ratificación posterior ante el SMAC para que vinculen al suscribiente.

De otro lado, para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se produzca para evitar o poner fin a una controversia [...], sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que comprenden derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia" (Referidas -en concreto- a finiquito en despido, SSTS 21/07/09 -rcud 1.067/08 -; 19/10/10 -rcud 270/10 -; 11/11/10 -rcud 1.163/10 -; 22/03/11 -rcud 804/10 -; y 14/06/11 -rcud 3.298/10 -).

Conforme a la doctrina expuesta, en el presente caso, los términos del acuerdo son claros, no precisan de interpretación añadida, debiendo resaltar que el/la trabajador/a ha percibido las cantidades entregadas consecuencia del mismo, desistiendo de las demandas individuales interpuestas contra la empresa y reconociendo expresamente que el Área de actividad 1 Grupo Profesional D Nivel 1 del Convenio colectivo es el que ha regido la relación laboral entre las partes. Es cierto que el acuerdo se rubrico en diciembre de 2024 y la presente demanda se interpone en marzo de 2025, sin embargo, constando el proceso de IT del trabajador/a desde el 4 de febrero, y no habiéndose acreditado la existencia de ningúna modificación sustancial, se considera aplicable.

CUARTO.-No obstante lo anterior, atendiendo al objeto de la controversia antes determinado, en cuanto a la normativa de aplicación,debe tenerse en cuenta lo siguiente: en primer lugar, el artículo 22.1 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, prevé que "Mediante la negociación colectiva, o en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales".

El aludido precepto atribuye la fijación del sistema de clasificación profesional a la negociación colectiva, esto es, a los convenios colectivos, y en defecto de ellos, a los acuerdos entre empresa y trabajador, de tal forma que, existiendo un sistema pautado de ascenso a un grupo profesional superior, previsto convencionalmente, el mismo debe cumplirse con todo rigor.

Por su parte, el artículo 39.2, segundo párrafo, del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de movilidad funcional, prevé que "En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes".

El apartado 3 de dicho precepto señala: "3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional".

Por otro lado, y en relación a la normativa convencional, debe partirse del sistema de clasificación profesional contemplado en el art. 15 del Convenio de aplicación que se divide en Áreas, grupos y niveles, resultado de aplicación para resolver el presente caso los siguientes:

Áreas de Actividad:

? Área 1.Actividades de gestión y administración de medios y procesos, y actividades de administración interna. Actividades que se encuentran entre alguna de las siguientes:

- Actividades de administración interna.Se incluyen las actividades de administración que se prestan de manera interna colaborando con las áreas funcionales de la empresa. Comprende, entre otras, las actividades de apoyo corporativo, en general, que sin limitación pudieran implicar, soporte de gestión, administración, administración de personal, recursos humanos, control de gestión, finanzas, compras, comunicación y marketing, y labores de mantenimiento del edificio, transporte y otras tareas auxiliares. Se incluyen también todas las tareas administrativas de soporte al desarrollo de negocio, en concreto la elaboración de la documentación administrativa y/o presentación de certificados que requiere la presentación de la oferta.

- Actividades de administración externa.Actividades administrativas y/o de soporte administrativo necesarias para la realización, gestión y ejecución de funciones, operaciones y/o procesos de negocio a favor de terceros. En esta área se incluyen los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) conocido en castellano como «Externalización de Procesos de Negocio» tales como: los servicios de contabilidad, administración, administración de personal, recursos humanos, servicios de back office y de atención al cliente, jurídicos, elaboración de la documentación administrativa para dar soporte al desarrollo de negocio, ventas, comunicación y marketing, envío, logística y aprovisionamiento.

Grupos profesionales y niveles:Los grupos B, C, D y E se dividen en niveles cada uno en base a las funciones, aptitudes y experiencia dentro de cada grupo indicado.

? Grupo B:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas con el análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del sector, línea, área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media-alta.

? Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. Demuestra iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Nivel 2.Personas con el perfil profesional adecuado, con poca experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Actúa con autonomía en la ejecución de sus tareas. Aplica iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Grupo C:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media.

? Nivel 1.Cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 2.Poseen los conocimientos necesarios y experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas que realiza con iniciativa, pero bajo cierta supervisión. Puede impartir formación técnica. Es autónomo en la ejecución técnica de sus labores. Y requiere poca supervisión en los procesos. Proponen mejoras en los procesos que se le asignan. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 3.Poseen los conocimientos necesarios y cuenta con poca experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas, que desarrolla con cierta iniciativa, pero bajo supervisión. Demuestra autonomía en la ejecución técnica de sus labores. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

Todos los anteriores grupos, áreas y niveles son los que la parte demandante insta a su reconocimiento con carácter principal y subsidiario, siendo el Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1conforme al que el/la actor/a viene siendo retribuido incluye a: Personas que, ejecutan los procesos administrativos y técnico-operativos, con un grado de complejidad medio, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Puede supervisar tareas de personas a su cargo. Desarrollan sus funciones con autonomía limitada.

Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Realiza tareas de complejidad media y con poca supervisión. Propone mejoras en los procesos que se le asignan, pero sin contar con capacidad de decisión.

Pues bien, la prueba practicada ha permitido considerar acreditado que el/la trabajador/a demandante se encuentra debidamente encuadrada en el grupo profesional D, Nivel 1, área 1 que tiene reconocido y conforme a la cual se la retribuye y ello toda vez que respecto del grupo profesional B, niveles 1 y 2, del Area 1 interesado por la parte actora se requiere autonomía en la ejecución de tareas, iniciativa en las tareas asignadas y supervisión y asignación de tareas a personas a su cargo y si bien el/la trabajador/a demandante pueda tener cierta autonomía en la realización de las tareas derivada de su larga experiencia y buen hacer que no ha sido negado en ningún momento, sino más bien ensalzado, sin embargo, no consta acreditado que tenga personal a su cargo ni que supervise o asigne tareas a otros empleados.

En relación con el grupo profesional C, Niveles 1, 2 y 3 del área 1, también interesados, debe descartarse el nivel 1 pues como se ha dicho antes no resulta acreditada la iniciativa y autonomía más allá de la derivada de su amplia experiencia, no teniendo personal a su cargo y respecto de los niveles 2 y 3, deben descartarse igualmente por idénticas razones, requiriendo además la proposición de mejoras en proyectos, lo que tampoco ha sido acreditado en modo alguno.

Frente a lo anterior, el organigrama aportado por la parte demandante (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), no supone el desempeño de una categoría superior, prueba de ello es que conforme a la interpretación que pretende del mismo la parte actora, una de las gestoras estaría por debajo del resto de su misma categoría incluida la actora. Así mismo, el correo electrónico aportado (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), donde se encomienda a la demandante y otros empleados, la formación de un nuevo gestor, pudiera determinar en principio el encuadramiento de la actora en el GP C, Nivel 2, sin embargo nuevamente debe reiterarse la falta de acreditación respecto a la supervisión de las tareas de personal a su cargo del que carece, requiriéndose además la proposición de mejoras en proyectos asignados, que tampoco se acredita que realice. Finalmente, la no incorporación al denominado "pull" a la actora tampoco implica que desarrolle funciones de superior categoría a la reconocida, de un lado, porque ninguna prueba existe de ello y, de otro, porque dicha distribución responde a las especificidades del departamento de mantenimiento no comunes a las restantes divisiones de la empresa como así explico el testigo que depuso en el acto del juicio.

En definitiva, la prueba desplegada no avala que el/la demandante disponga de iniciativa y autonomía, contando siempre con la supervisión del gerente o de los gestores, sin que conste que en modo alguno organice el trabajo o emita ordenes o supervise el trabajo de otros, no teniendo personal a su cargo, todo lo cual determina la desestimación de la demanda.

QUINTO.-El régimen de impugnacióncorrespondiente al ejercicio conjunto de estas acciones está previsto en el art. 191.2 de la LRJS, según el cual "no procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a ... d) Procesos de clasificación profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 137". A su vez, este precepto dispone que "a la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación", que debe sobrepasar los 3.000 €, según el art. 191.2.g) de la LRJS.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LPL, se hace constar que la convicción judicial sobre los hechos probados se ha obtenido a partir de la prueba documental practicada y testifical, valorados con arreglo a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC y 151.8 LRJS.

SEGUNDO.-Atendiendo a la demanda rectora del proceso, el objeto litigioso se encauza a través del ejercicio de la acción prevista en el art. 137 LRJS, cuál es que se reconozca con carácter principal el encuadramiento en el grupo profesional B, nivel 1 del Área 1 y subsidiariamente, en grupo profesional B, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 1 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 3 del Área 1 de los previstos en el convenio colectivo de aplicación, con la correlativa condena al pago de las diferencias retributivas durante el periodo reclamado que asciende a la suma de 3.463,26€, 1.645,36€, 456,08€, 213,02€, 80,40€ respectivamente, y ello sobre la base de que, en virtud de las funciones desempeñadas por el/la actor/a en la empresa debería estar integrado en dicha categoría toda vez que desempeña tareas de supervisión y vela por la consecución de los objetivos perseguidos con autonomía, amplia experiencia, iniciativa.

Frente a lo anterior, la empresa demandada se opone a las pretensiones deducidas de adverso invocando la firma de un acuerdo transaccional y los efectos derivados del mismos, así como la existencia de un sistema de clasificación profesional determinado encontrándose la demandante perfectamente encuadrada según las previsiones del Convenio, realizando funciones puramente administrativas siempre bajo supervisión, si bien con la autonomía propia de la experiencia y buen hacer que la avalan.

Por tanto, el objeto de discusión se centra en determinar si procede el reconocimiento al actor/a de categoría superior por venir desempeñando las funciones propias de dicha categoría, siendo que en su contrato tiene fijada la categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO perteneciente al Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1 y, subsidiariamente, la reclamación de cantidad sobre diferencias retributivas por realizar funciones de superior categoría.

TERCERO.-En relación con la validez y efectos del acuerdo transaccional suscrito entre las partes el 220/12/2024.

En este sentido se ha pronunciado con cita de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se la STC 183/2000, de 10 Jul., FJ 4 (y con anterioridad la STC 91/2000, de 30 Ene., FJ 15), recordando "que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en supuestos diversos del ahora enjuiciado, ha declarado que la renuncia al ejercicio de los derechos fundamentales, cuando es posible, ha de ser expresa y formulada en términos inequívocos".

De acuerdo con el artículo 1809 del Código Civil "La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado."

En primer lugar y atendiendo a los términos del acuerdo reproducidos en el hecho probado SEXTO de la presente resolución, se puede afirmar que nos hallamos ante una transacción regulada en los artículos 1809 y siguientes del Código Civil (CC). Y claro está, que para que el acuerdo sea válido han de concurrir los requisitos de consentimiento, objeto y causa en los términos del artículo 1261 del CC, y que según el artículo 1817 del mismo texto, la transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1.265, es decir que, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

En el presente caso, el/la actor/a no ha alegado en su demanda ni posteriormente en el juicio, que concurra vicio en el consentimiento, siendo a él/ella a quien corresponde la carga probatoria de los hechos constitutivos de su acción, aunque en puridad, ni siquiera interesa la nulidad o anulación del acuerdo alcanzado.

Cabe recordar que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, ( artículo 1258 CC) y que serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (1278 CC) , no siendo en consecuencia necesaria su ratificación posterior ante el SMAC para que vinculen al suscribiente.

De otro lado, para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se produzca para evitar o poner fin a una controversia [...], sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que comprenden derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia" (Referidas -en concreto- a finiquito en despido, SSTS 21/07/09 -rcud 1.067/08 -; 19/10/10 -rcud 270/10 -; 11/11/10 -rcud 1.163/10 -; 22/03/11 -rcud 804/10 -; y 14/06/11 -rcud 3.298/10 -).

Conforme a la doctrina expuesta, en el presente caso, los términos del acuerdo son claros, no precisan de interpretación añadida, debiendo resaltar que el/la trabajador/a ha percibido las cantidades entregadas consecuencia del mismo, desistiendo de las demandas individuales interpuestas contra la empresa y reconociendo expresamente que el Área de actividad 1 Grupo Profesional D Nivel 1 del Convenio colectivo es el que ha regido la relación laboral entre las partes. Es cierto que el acuerdo se rubrico en diciembre de 2024 y la presente demanda se interpone en marzo de 2025, sin embargo, constando el proceso de IT del trabajador/a desde el 4 de febrero, y no habiéndose acreditado la existencia de ningúna modificación sustancial, se considera aplicable.

CUARTO.-No obstante lo anterior, atendiendo al objeto de la controversia antes determinado, en cuanto a la normativa de aplicación,debe tenerse en cuenta lo siguiente: en primer lugar, el artículo 22.1 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, prevé que "Mediante la negociación colectiva, o en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales".

El aludido precepto atribuye la fijación del sistema de clasificación profesional a la negociación colectiva, esto es, a los convenios colectivos, y en defecto de ellos, a los acuerdos entre empresa y trabajador, de tal forma que, existiendo un sistema pautado de ascenso a un grupo profesional superior, previsto convencionalmente, el mismo debe cumplirse con todo rigor.

Por su parte, el artículo 39.2, segundo párrafo, del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de movilidad funcional, prevé que "En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes".

El apartado 3 de dicho precepto señala: "3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional".

Por otro lado, y en relación a la normativa convencional, debe partirse del sistema de clasificación profesional contemplado en el art. 15 del Convenio de aplicación que se divide en Áreas, grupos y niveles, resultado de aplicación para resolver el presente caso los siguientes:

Áreas de Actividad:

? Área 1.Actividades de gestión y administración de medios y procesos, y actividades de administración interna. Actividades que se encuentran entre alguna de las siguientes:

- Actividades de administración interna.Se incluyen las actividades de administración que se prestan de manera interna colaborando con las áreas funcionales de la empresa. Comprende, entre otras, las actividades de apoyo corporativo, en general, que sin limitación pudieran implicar, soporte de gestión, administración, administración de personal, recursos humanos, control de gestión, finanzas, compras, comunicación y marketing, y labores de mantenimiento del edificio, transporte y otras tareas auxiliares. Se incluyen también todas las tareas administrativas de soporte al desarrollo de negocio, en concreto la elaboración de la documentación administrativa y/o presentación de certificados que requiere la presentación de la oferta.

- Actividades de administración externa.Actividades administrativas y/o de soporte administrativo necesarias para la realización, gestión y ejecución de funciones, operaciones y/o procesos de negocio a favor de terceros. En esta área se incluyen los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) conocido en castellano como «Externalización de Procesos de Negocio» tales como: los servicios de contabilidad, administración, administración de personal, recursos humanos, servicios de back office y de atención al cliente, jurídicos, elaboración de la documentación administrativa para dar soporte al desarrollo de negocio, ventas, comunicación y marketing, envío, logística y aprovisionamiento.

Grupos profesionales y niveles:Los grupos B, C, D y E se dividen en niveles cada uno en base a las funciones, aptitudes y experiencia dentro de cada grupo indicado.

? Grupo B:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas con el análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del sector, línea, área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media-alta.

? Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. Demuestra iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Nivel 2.Personas con el perfil profesional adecuado, con poca experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Actúa con autonomía en la ejecución de sus tareas. Aplica iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Grupo C:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media.

? Nivel 1.Cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 2.Poseen los conocimientos necesarios y experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas que realiza con iniciativa, pero bajo cierta supervisión. Puede impartir formación técnica. Es autónomo en la ejecución técnica de sus labores. Y requiere poca supervisión en los procesos. Proponen mejoras en los procesos que se le asignan. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 3.Poseen los conocimientos necesarios y cuenta con poca experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas, que desarrolla con cierta iniciativa, pero bajo supervisión. Demuestra autonomía en la ejecución técnica de sus labores. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

Todos los anteriores grupos, áreas y niveles son los que la parte demandante insta a su reconocimiento con carácter principal y subsidiario, siendo el Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1conforme al que el/la actor/a viene siendo retribuido incluye a: Personas que, ejecutan los procesos administrativos y técnico-operativos, con un grado de complejidad medio, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Puede supervisar tareas de personas a su cargo. Desarrollan sus funciones con autonomía limitada.

Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Realiza tareas de complejidad media y con poca supervisión. Propone mejoras en los procesos que se le asignan, pero sin contar con capacidad de decisión.

Pues bien, la prueba practicada ha permitido considerar acreditado que el/la trabajador/a demandante se encuentra debidamente encuadrada en el grupo profesional D, Nivel 1, área 1 que tiene reconocido y conforme a la cual se la retribuye y ello toda vez que respecto del grupo profesional B, niveles 1 y 2, del Area 1 interesado por la parte actora se requiere autonomía en la ejecución de tareas, iniciativa en las tareas asignadas y supervisión y asignación de tareas a personas a su cargo y si bien el/la trabajador/a demandante pueda tener cierta autonomía en la realización de las tareas derivada de su larga experiencia y buen hacer que no ha sido negado en ningún momento, sino más bien ensalzado, sin embargo, no consta acreditado que tenga personal a su cargo ni que supervise o asigne tareas a otros empleados.

En relación con el grupo profesional C, Niveles 1, 2 y 3 del área 1, también interesados, debe descartarse el nivel 1 pues como se ha dicho antes no resulta acreditada la iniciativa y autonomía más allá de la derivada de su amplia experiencia, no teniendo personal a su cargo y respecto de los niveles 2 y 3, deben descartarse igualmente por idénticas razones, requiriendo además la proposición de mejoras en proyectos, lo que tampoco ha sido acreditado en modo alguno.

Frente a lo anterior, el organigrama aportado por la parte demandante (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), no supone el desempeño de una categoría superior, prueba de ello es que conforme a la interpretación que pretende del mismo la parte actora, una de las gestoras estaría por debajo del resto de su misma categoría incluida la actora. Así mismo, el correo electrónico aportado (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), donde se encomienda a la demandante y otros empleados, la formación de un nuevo gestor, pudiera determinar en principio el encuadramiento de la actora en el GP C, Nivel 2, sin embargo nuevamente debe reiterarse la falta de acreditación respecto a la supervisión de las tareas de personal a su cargo del que carece, requiriéndose además la proposición de mejoras en proyectos asignados, que tampoco se acredita que realice. Finalmente, la no incorporación al denominado "pull" a la actora tampoco implica que desarrolle funciones de superior categoría a la reconocida, de un lado, porque ninguna prueba existe de ello y, de otro, porque dicha distribución responde a las especificidades del departamento de mantenimiento no comunes a las restantes divisiones de la empresa como así explico el testigo que depuso en el acto del juicio.

En definitiva, la prueba desplegada no avala que el/la demandante disponga de iniciativa y autonomía, contando siempre con la supervisión del gerente o de los gestores, sin que conste que en modo alguno organice el trabajo o emita ordenes o supervise el trabajo de otros, no teniendo personal a su cargo, todo lo cual determina la desestimación de la demanda.

QUINTO.-El régimen de impugnacióncorrespondiente al ejercicio conjunto de estas acciones está previsto en el art. 191.2 de la LRJS, según el cual "no procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a ... d) Procesos de clasificación profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 137". A su vez, este precepto dispone que "a la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación", que debe sobrepasar los 3.000 €, según el art. 191.2.g) de la LRJS.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LPL, se hace constar que la convicción judicial sobre los hechos probados se ha obtenido a partir de la prueba documental practicada y testifical, valorados con arreglo a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC y 151.8 LRJS.

SEGUNDO.-Atendiendo a la demanda rectora del proceso, el objeto litigioso se encauza a través del ejercicio de la acción prevista en el art. 137 LRJS, cuál es que se reconozca con carácter principal el encuadramiento en el grupo profesional B, nivel 1 del Área 1 y subsidiariamente, en grupo profesional B, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 1 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 3 del Área 1 de los previstos en el convenio colectivo de aplicación, con la correlativa condena al pago de las diferencias retributivas durante el periodo reclamado que asciende a la suma de 3.463,26€, 1.645,36€, 456,08€, 213,02€, 80,40€ respectivamente, y ello sobre la base de que, en virtud de las funciones desempeñadas por el/la actor/a en la empresa debería estar integrado en dicha categoría toda vez que desempeña tareas de supervisión y vela por la consecución de los objetivos perseguidos con autonomía, amplia experiencia, iniciativa.

Frente a lo anterior, la empresa demandada se opone a las pretensiones deducidas de adverso invocando la firma de un acuerdo transaccional y los efectos derivados del mismos, así como la existencia de un sistema de clasificación profesional determinado encontrándose la demandante perfectamente encuadrada según las previsiones del Convenio, realizando funciones puramente administrativas siempre bajo supervisión, si bien con la autonomía propia de la experiencia y buen hacer que la avalan.

Por tanto, el objeto de discusión se centra en determinar si procede el reconocimiento al actor/a de categoría superior por venir desempeñando las funciones propias de dicha categoría, siendo que en su contrato tiene fijada la categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO perteneciente al Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1 y, subsidiariamente, la reclamación de cantidad sobre diferencias retributivas por realizar funciones de superior categoría.

TERCERO.-En relación con la validez y efectos del acuerdo transaccional suscrito entre las partes el 220/12/2024.

En este sentido se ha pronunciado con cita de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se la STC 183/2000, de 10 Jul., FJ 4 (y con anterioridad la STC 91/2000, de 30 Ene., FJ 15), recordando "que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en supuestos diversos del ahora enjuiciado, ha declarado que la renuncia al ejercicio de los derechos fundamentales, cuando es posible, ha de ser expresa y formulada en términos inequívocos".

De acuerdo con el artículo 1809 del Código Civil "La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado."

En primer lugar y atendiendo a los términos del acuerdo reproducidos en el hecho probado SEXTO de la presente resolución, se puede afirmar que nos hallamos ante una transacción regulada en los artículos 1809 y siguientes del Código Civil (CC). Y claro está, que para que el acuerdo sea válido han de concurrir los requisitos de consentimiento, objeto y causa en los términos del artículo 1261 del CC, y que según el artículo 1817 del mismo texto, la transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1.265, es decir que, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

En el presente caso, el/la actor/a no ha alegado en su demanda ni posteriormente en el juicio, que concurra vicio en el consentimiento, siendo a él/ella a quien corresponde la carga probatoria de los hechos constitutivos de su acción, aunque en puridad, ni siquiera interesa la nulidad o anulación del acuerdo alcanzado.

Cabe recordar que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, ( artículo 1258 CC) y que serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (1278 CC) , no siendo en consecuencia necesaria su ratificación posterior ante el SMAC para que vinculen al suscribiente.

De otro lado, para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se produzca para evitar o poner fin a una controversia [...], sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que comprenden derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia" (Referidas -en concreto- a finiquito en despido, SSTS 21/07/09 -rcud 1.067/08 -; 19/10/10 -rcud 270/10 -; 11/11/10 -rcud 1.163/10 -; 22/03/11 -rcud 804/10 -; y 14/06/11 -rcud 3.298/10 -).

Conforme a la doctrina expuesta, en el presente caso, los términos del acuerdo son claros, no precisan de interpretación añadida, debiendo resaltar que el/la trabajador/a ha percibido las cantidades entregadas consecuencia del mismo, desistiendo de las demandas individuales interpuestas contra la empresa y reconociendo expresamente que el Área de actividad 1 Grupo Profesional D Nivel 1 del Convenio colectivo es el que ha regido la relación laboral entre las partes. Es cierto que el acuerdo se rubrico en diciembre de 2024 y la presente demanda se interpone en marzo de 2025, sin embargo, constando el proceso de IT del trabajador/a desde el 4 de febrero, y no habiéndose acreditado la existencia de ningúna modificación sustancial, se considera aplicable.

CUARTO.-No obstante lo anterior, atendiendo al objeto de la controversia antes determinado, en cuanto a la normativa de aplicación,debe tenerse en cuenta lo siguiente: en primer lugar, el artículo 22.1 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, prevé que "Mediante la negociación colectiva, o en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales".

El aludido precepto atribuye la fijación del sistema de clasificación profesional a la negociación colectiva, esto es, a los convenios colectivos, y en defecto de ellos, a los acuerdos entre empresa y trabajador, de tal forma que, existiendo un sistema pautado de ascenso a un grupo profesional superior, previsto convencionalmente, el mismo debe cumplirse con todo rigor.

Por su parte, el artículo 39.2, segundo párrafo, del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de movilidad funcional, prevé que "En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes".

El apartado 3 de dicho precepto señala: "3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional".

Por otro lado, y en relación a la normativa convencional, debe partirse del sistema de clasificación profesional contemplado en el art. 15 del Convenio de aplicación que se divide en Áreas, grupos y niveles, resultado de aplicación para resolver el presente caso los siguientes:

Áreas de Actividad:

? Área 1.Actividades de gestión y administración de medios y procesos, y actividades de administración interna. Actividades que se encuentran entre alguna de las siguientes:

- Actividades de administración interna.Se incluyen las actividades de administración que se prestan de manera interna colaborando con las áreas funcionales de la empresa. Comprende, entre otras, las actividades de apoyo corporativo, en general, que sin limitación pudieran implicar, soporte de gestión, administración, administración de personal, recursos humanos, control de gestión, finanzas, compras, comunicación y marketing, y labores de mantenimiento del edificio, transporte y otras tareas auxiliares. Se incluyen también todas las tareas administrativas de soporte al desarrollo de negocio, en concreto la elaboración de la documentación administrativa y/o presentación de certificados que requiere la presentación de la oferta.

- Actividades de administración externa.Actividades administrativas y/o de soporte administrativo necesarias para la realización, gestión y ejecución de funciones, operaciones y/o procesos de negocio a favor de terceros. En esta área se incluyen los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) conocido en castellano como «Externalización de Procesos de Negocio» tales como: los servicios de contabilidad, administración, administración de personal, recursos humanos, servicios de back office y de atención al cliente, jurídicos, elaboración de la documentación administrativa para dar soporte al desarrollo de negocio, ventas, comunicación y marketing, envío, logística y aprovisionamiento.

Grupos profesionales y niveles:Los grupos B, C, D y E se dividen en niveles cada uno en base a las funciones, aptitudes y experiencia dentro de cada grupo indicado.

? Grupo B:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas con el análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del sector, línea, área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media-alta.

? Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. Demuestra iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Nivel 2.Personas con el perfil profesional adecuado, con poca experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Actúa con autonomía en la ejecución de sus tareas. Aplica iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Grupo C:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media.

? Nivel 1.Cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 2.Poseen los conocimientos necesarios y experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas que realiza con iniciativa, pero bajo cierta supervisión. Puede impartir formación técnica. Es autónomo en la ejecución técnica de sus labores. Y requiere poca supervisión en los procesos. Proponen mejoras en los procesos que se le asignan. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 3.Poseen los conocimientos necesarios y cuenta con poca experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas, que desarrolla con cierta iniciativa, pero bajo supervisión. Demuestra autonomía en la ejecución técnica de sus labores. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

Todos los anteriores grupos, áreas y niveles son los que la parte demandante insta a su reconocimiento con carácter principal y subsidiario, siendo el Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1conforme al que el/la actor/a viene siendo retribuido incluye a: Personas que, ejecutan los procesos administrativos y técnico-operativos, con un grado de complejidad medio, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Puede supervisar tareas de personas a su cargo. Desarrollan sus funciones con autonomía limitada.

Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Realiza tareas de complejidad media y con poca supervisión. Propone mejoras en los procesos que se le asignan, pero sin contar con capacidad de decisión.

Pues bien, la prueba practicada ha permitido considerar acreditado que el/la trabajador/a demandante se encuentra debidamente encuadrada en el grupo profesional D, Nivel 1, área 1 que tiene reconocido y conforme a la cual se la retribuye y ello toda vez que respecto del grupo profesional B, niveles 1 y 2, del Area 1 interesado por la parte actora se requiere autonomía en la ejecución de tareas, iniciativa en las tareas asignadas y supervisión y asignación de tareas a personas a su cargo y si bien el/la trabajador/a demandante pueda tener cierta autonomía en la realización de las tareas derivada de su larga experiencia y buen hacer que no ha sido negado en ningún momento, sino más bien ensalzado, sin embargo, no consta acreditado que tenga personal a su cargo ni que supervise o asigne tareas a otros empleados.

En relación con el grupo profesional C, Niveles 1, 2 y 3 del área 1, también interesados, debe descartarse el nivel 1 pues como se ha dicho antes no resulta acreditada la iniciativa y autonomía más allá de la derivada de su amplia experiencia, no teniendo personal a su cargo y respecto de los niveles 2 y 3, deben descartarse igualmente por idénticas razones, requiriendo además la proposición de mejoras en proyectos, lo que tampoco ha sido acreditado en modo alguno.

Frente a lo anterior, el organigrama aportado por la parte demandante (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), no supone el desempeño de una categoría superior, prueba de ello es que conforme a la interpretación que pretende del mismo la parte actora, una de las gestoras estaría por debajo del resto de su misma categoría incluida la actora. Así mismo, el correo electrónico aportado (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), donde se encomienda a la demandante y otros empleados, la formación de un nuevo gestor, pudiera determinar en principio el encuadramiento de la actora en el GP C, Nivel 2, sin embargo nuevamente debe reiterarse la falta de acreditación respecto a la supervisión de las tareas de personal a su cargo del que carece, requiriéndose además la proposición de mejoras en proyectos asignados, que tampoco se acredita que realice. Finalmente, la no incorporación al denominado "pull" a la actora tampoco implica que desarrolle funciones de superior categoría a la reconocida, de un lado, porque ninguna prueba existe de ello y, de otro, porque dicha distribución responde a las especificidades del departamento de mantenimiento no comunes a las restantes divisiones de la empresa como así explico el testigo que depuso en el acto del juicio.

En definitiva, la prueba desplegada no avala que el/la demandante disponga de iniciativa y autonomía, contando siempre con la supervisión del gerente o de los gestores, sin que conste que en modo alguno organice el trabajo o emita ordenes o supervise el trabajo de otros, no teniendo personal a su cargo, todo lo cual determina la desestimación de la demanda.

QUINTO.-El régimen de impugnacióncorrespondiente al ejercicio conjunto de estas acciones está previsto en el art. 191.2 de la LRJS, según el cual "no procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a ... d) Procesos de clasificación profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 137". A su vez, este precepto dispone que "a la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación", que debe sobrepasar los 3.000 €, según el art. 191.2.g) de la LRJS.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LPL, se hace constar que la convicción judicial sobre los hechos probados se ha obtenido a partir de la prueba documental practicada y testifical, valorados con arreglo a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC y 151.8 LRJS.

SEGUNDO.-Atendiendo a la demanda rectora del proceso, el objeto litigioso se encauza a través del ejercicio de la acción prevista en el art. 137 LRJS, cuál es que se reconozca con carácter principal el encuadramiento en el grupo profesional B, nivel 1 del Área 1 y subsidiariamente, en grupo profesional B, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 1 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 2 del Área 1, o grupo profesional C, nivel 3 del Área 1 de los previstos en el convenio colectivo de aplicación, con la correlativa condena al pago de las diferencias retributivas durante el periodo reclamado que asciende a la suma de 3.463,26€, 1.645,36€, 456,08€, 213,02€, 80,40€ respectivamente, y ello sobre la base de que, en virtud de las funciones desempeñadas por el/la actor/a en la empresa debería estar integrado en dicha categoría toda vez que desempeña tareas de supervisión y vela por la consecución de los objetivos perseguidos con autonomía, amplia experiencia, iniciativa.

Frente a lo anterior, la empresa demandada se opone a las pretensiones deducidas de adverso invocando la firma de un acuerdo transaccional y los efectos derivados del mismos, así como la existencia de un sistema de clasificación profesional determinado encontrándose la demandante perfectamente encuadrada según las previsiones del Convenio, realizando funciones puramente administrativas siempre bajo supervisión, si bien con la autonomía propia de la experiencia y buen hacer que la avalan.

Por tanto, el objeto de discusión se centra en determinar si procede el reconocimiento al actor/a de categoría superior por venir desempeñando las funciones propias de dicha categoría, siendo que en su contrato tiene fijada la categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO perteneciente al Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1 y, subsidiariamente, la reclamación de cantidad sobre diferencias retributivas por realizar funciones de superior categoría.

TERCERO.-En relación con la validez y efectos del acuerdo transaccional suscrito entre las partes el 220/12/2024.

En este sentido se ha pronunciado con cita de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se la STC 183/2000, de 10 Jul., FJ 4 (y con anterioridad la STC 91/2000, de 30 Ene., FJ 15), recordando "que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en supuestos diversos del ahora enjuiciado, ha declarado que la renuncia al ejercicio de los derechos fundamentales, cuando es posible, ha de ser expresa y formulada en términos inequívocos".

De acuerdo con el artículo 1809 del Código Civil "La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado."

En primer lugar y atendiendo a los términos del acuerdo reproducidos en el hecho probado SEXTO de la presente resolución, se puede afirmar que nos hallamos ante una transacción regulada en los artículos 1809 y siguientes del Código Civil (CC). Y claro está, que para que el acuerdo sea válido han de concurrir los requisitos de consentimiento, objeto y causa en los términos del artículo 1261 del CC, y que según el artículo 1817 del mismo texto, la transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1.265, es decir que, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

En el presente caso, el/la actor/a no ha alegado en su demanda ni posteriormente en el juicio, que concurra vicio en el consentimiento, siendo a él/ella a quien corresponde la carga probatoria de los hechos constitutivos de su acción, aunque en puridad, ni siquiera interesa la nulidad o anulación del acuerdo alcanzado.

Cabe recordar que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, ( artículo 1258 CC) y que serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (1278 CC) , no siendo en consecuencia necesaria su ratificación posterior ante el SMAC para que vinculen al suscribiente.

De otro lado, para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se produzca para evitar o poner fin a una controversia [...], sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que comprenden derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia" (Referidas -en concreto- a finiquito en despido, SSTS 21/07/09 -rcud 1.067/08 -; 19/10/10 -rcud 270/10 -; 11/11/10 -rcud 1.163/10 -; 22/03/11 -rcud 804/10 -; y 14/06/11 -rcud 3.298/10 -).

Conforme a la doctrina expuesta, en el presente caso, los términos del acuerdo son claros, no precisan de interpretación añadida, debiendo resaltar que el/la trabajador/a ha percibido las cantidades entregadas consecuencia del mismo, desistiendo de las demandas individuales interpuestas contra la empresa y reconociendo expresamente que el Área de actividad 1 Grupo Profesional D Nivel 1 del Convenio colectivo es el que ha regido la relación laboral entre las partes. Es cierto que el acuerdo se rubrico en diciembre de 2024 y la presente demanda se interpone en marzo de 2025, sin embargo, constando el proceso de IT del trabajador/a desde el 4 de febrero, y no habiéndose acreditado la existencia de ningúna modificación sustancial, se considera aplicable.

CUARTO.-No obstante lo anterior, atendiendo al objeto de la controversia antes determinado, en cuanto a la normativa de aplicación,debe tenerse en cuenta lo siguiente: en primer lugar, el artículo 22.1 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, prevé que "Mediante la negociación colectiva, o en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales".

El aludido precepto atribuye la fijación del sistema de clasificación profesional a la negociación colectiva, esto es, a los convenios colectivos, y en defecto de ellos, a los acuerdos entre empresa y trabajador, de tal forma que, existiendo un sistema pautado de ascenso a un grupo profesional superior, previsto convencionalmente, el mismo debe cumplirse con todo rigor.

Por su parte, el artículo 39.2, segundo párrafo, del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de movilidad funcional, prevé que "En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes".

El apartado 3 de dicho precepto señala: "3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional".

Por otro lado, y en relación a la normativa convencional, debe partirse del sistema de clasificación profesional contemplado en el art. 15 del Convenio de aplicación que se divide en Áreas, grupos y niveles, resultado de aplicación para resolver el presente caso los siguientes:

Áreas de Actividad:

? Área 1.Actividades de gestión y administración de medios y procesos, y actividades de administración interna. Actividades que se encuentran entre alguna de las siguientes:

- Actividades de administración interna.Se incluyen las actividades de administración que se prestan de manera interna colaborando con las áreas funcionales de la empresa. Comprende, entre otras, las actividades de apoyo corporativo, en general, que sin limitación pudieran implicar, soporte de gestión, administración, administración de personal, recursos humanos, control de gestión, finanzas, compras, comunicación y marketing, y labores de mantenimiento del edificio, transporte y otras tareas auxiliares. Se incluyen también todas las tareas administrativas de soporte al desarrollo de negocio, en concreto la elaboración de la documentación administrativa y/o presentación de certificados que requiere la presentación de la oferta.

- Actividades de administración externa.Actividades administrativas y/o de soporte administrativo necesarias para la realización, gestión y ejecución de funciones, operaciones y/o procesos de negocio a favor de terceros. En esta área se incluyen los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) conocido en castellano como «Externalización de Procesos de Negocio» tales como: los servicios de contabilidad, administración, administración de personal, recursos humanos, servicios de back office y de atención al cliente, jurídicos, elaboración de la documentación administrativa para dar soporte al desarrollo de negocio, ventas, comunicación y marketing, envío, logística y aprovisionamiento.

Grupos profesionales y niveles:Los grupos B, C, D y E se dividen en niveles cada uno en base a las funciones, aptitudes y experiencia dentro de cada grupo indicado.

? Grupo B:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas con el análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del sector, línea, área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media-alta.

? Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. Demuestra iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Nivel 2.Personas con el perfil profesional adecuado, con poca experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Actúa con autonomía en la ejecución de sus tareas. Aplica iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

? Grupo C:Pertenecen a este grupo profesional las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media.

? Nivel 1.Cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 2.Poseen los conocimientos necesarios y experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas que realiza con iniciativa, pero bajo cierta supervisión. Puede impartir formación técnica. Es autónomo en la ejecución técnica de sus labores. Y requiere poca supervisión en los procesos. Proponen mejoras en los procesos que se le asignan. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

? Nivel 3.Poseen los conocimientos necesarios y cuenta con poca experiencia profesional en las tareas del grupo. Tiene conocimientos de las tareas administrativas o técnicas, que desarrolla con cierta iniciativa, pero bajo supervisión. Demuestra autonomía en la ejecución técnica de sus labores. Puede supervisar tareas de personas a su cargo.

Todos los anteriores grupos, áreas y niveles son los que la parte demandante insta a su reconocimiento con carácter principal y subsidiario, siendo el Área 1, Grupo Profesional D, Nivel 1conforme al que el/la actor/a viene siendo retribuido incluye a: Personas que, ejecutan los procesos administrativos y técnico-operativos, con un grado de complejidad medio, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Puede supervisar tareas de personas a su cargo. Desarrollan sus funciones con autonomía limitada.

Nivel 1.Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Realiza tareas de complejidad media y con poca supervisión. Propone mejoras en los procesos que se le asignan, pero sin contar con capacidad de decisión.

Pues bien, la prueba practicada ha permitido considerar acreditado que el/la trabajador/a demandante se encuentra debidamente encuadrada en el grupo profesional D, Nivel 1, área 1 que tiene reconocido y conforme a la cual se la retribuye y ello toda vez que respecto del grupo profesional B, niveles 1 y 2, del Area 1 interesado por la parte actora se requiere autonomía en la ejecución de tareas, iniciativa en las tareas asignadas y supervisión y asignación de tareas a personas a su cargo y si bien el/la trabajador/a demandante pueda tener cierta autonomía en la realización de las tareas derivada de su larga experiencia y buen hacer que no ha sido negado en ningún momento, sino más bien ensalzado, sin embargo, no consta acreditado que tenga personal a su cargo ni que supervise o asigne tareas a otros empleados.

En relación con el grupo profesional C, Niveles 1, 2 y 3 del área 1, también interesados, debe descartarse el nivel 1 pues como se ha dicho antes no resulta acreditada la iniciativa y autonomía más allá de la derivada de su amplia experiencia, no teniendo personal a su cargo y respecto de los niveles 2 y 3, deben descartarse igualmente por idénticas razones, requiriendo además la proposición de mejoras en proyectos, lo que tampoco ha sido acreditado en modo alguno.

Frente a lo anterior, el organigrama aportado por la parte demandante (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), no supone el desempeño de una categoría superior, prueba de ello es que conforme a la interpretación que pretende del mismo la parte actora, una de las gestoras estaría por debajo del resto de su misma categoría incluida la actora. Así mismo, el correo electrónico aportado (obrante al acontecimiento nº 46 del expediente electrónico), donde se encomienda a la demandante y otros empleados, la formación de un nuevo gestor, pudiera determinar en principio el encuadramiento de la actora en el GP C, Nivel 2, sin embargo nuevamente debe reiterarse la falta de acreditación respecto a la supervisión de las tareas de personal a su cargo del que carece, requiriéndose además la proposición de mejoras en proyectos asignados, que tampoco se acredita que realice. Finalmente, la no incorporación al denominado "pull" a la actora tampoco implica que desarrolle funciones de superior categoría a la reconocida, de un lado, porque ninguna prueba existe de ello y, de otro, porque dicha distribución responde a las especificidades del departamento de mantenimiento no comunes a las restantes divisiones de la empresa como así explico el testigo que depuso en el acto del juicio.

En definitiva, la prueba desplegada no avala que el/la demandante disponga de iniciativa y autonomía, contando siempre con la supervisión del gerente o de los gestores, sin que conste que en modo alguno organice el trabajo o emita ordenes o supervise el trabajo de otros, no teniendo personal a su cargo, todo lo cual determina la desestimación de la demanda.

QUINTO.-El régimen de impugnacióncorrespondiente al ejercicio conjunto de estas acciones está previsto en el art. 191.2 de la LRJS, según el cual "no procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a ... d) Procesos de clasificación profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 137". A su vez, este precepto dispone que "a la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación", que debe sobrepasar los 3.000 €, según el art. 191.2.g) de la LRJS.

En atención a lo expuesto,