Sentencia Social 136/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 6 de Barcelona, Rec. 255/2024 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos resultan de la prueba practicada en juicio, y en particular de la documental, sin que exista a su respecto controversia alguna separando a las partes una polémica estrictamente jurídica.

SEGUNDO.-Teniendo en cuenta el desistimiento de la pretensión principal ejercitada en la demanda, únicamente queda pendiente de resolver la cuestión relativa a la procedencia e importe en su caso de la indemnización solicitada por la parte demandante, de 1.800 euros por una discriminación de sexo con base a la STJUE de 12/12/2019 (C-450/18), STJUE 14/09/2023 (C-113-22) y STS de 15/11/2023 (Rec. 5547/2022).

Sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, lo solicitado es una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, acción cuyo ejercicio está exento, no sólo de la interposición de reclamación previa, sino incluso del agotamiento de la vía administrativa, según los artículos 69 y 70 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , luego no puede constituirse en obstáculo del éxito de la pretensión la falta de inclusión de la misma en un trámite administrativo previo que no era preceptivo.

En segundo lugar porque tiene dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia número 355/1993, de 29 noviembre ,que "la reclamación previa obedece a razonables finalidades de protección, al poner en conocimiento de la Administración el contenido y fundamento de la pretensión, dándole la oportunidad de resolver directamente el litigio evitando así la vía judicial; agregando que se justifica en tanto en cuanto permite cumplir tales objetivos, pero que cuando sus finalidades han quedado materialmente satisfechas, fundar en la inobservancia del trámite preprocesal la negativa a dictar un pronunciamiento sobre el fondo pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, como agrega la sentencia número 69/1990, de 5 abril, del mismo Tribunal , se ha de atender a un criterio teleológico, es decir, a una razonable ponderación del medio en que consiste el requisito y el fin que con él se persigue, evitando la preponderancia de lo que es sólo instrumento con mengua de la finalidad última de la función jurisdiccional. Por tanto, debe entenderse que en el presente caso, en el que la entidad gestora tuvo la oportunidad de conocer la solicitud de derecho a la indemnización solicitada y a reconocerla, con suficiente antelación a la fecha del juicio, se ha colmado la finalidad perseguida por el legislador con la reclamación previa, que por lo demás hoy día ya no es perceptiva para tal clase de pretensiones"

En cuanto al fondo del asunto, nos hallamos ante una cuestión que ya ha sido abordada y resuelta en unificación de doctrina por la Sala IV del Tribunal Supremo, concretamente en Sentencia de Pleno, núm.735/2025, de 16 de julio, dictada en recurso núm.3146/2024 ,en la que se considera procedente la indemnización reclamada, y, en síntesis, se razona que tal compensación (1.800 €) procede siempre que la denegación del INSS sea posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 y se haya interpuesto demanda judicial, y que la norma ( artículo 60.1 LGSS )declarada como discriminatoria por el TJUE debe ser aplicada a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado su sentencia, y el plazo de prescripción para reclamar el complemento de pensión es de cinco años y comenzaba a correr desde que se dictó la STJUE de diciembre de 2019; con independencia de su autonomía conceptual, el complemento de pensión acompaña a la misma por lo que al beneficiario le basta con solicitar la pensión correspondiente para que la entidad gestora, previa comprobación de que se reúnen los requisitos establecidos, deba, en los supuestos de concesión de la prestación, incluir los complementos a que haya lugar.

Añade la Sala IV que la forma de cumplir el principio de igualdad es tratar a la persona discriminada igual que a los privilegiados. Si el beneficiario hubiera sido una mujer, cuando solicitó la pensión de jubilación el INSS le hubiera reconocido el complemento de maternidad con la misma fecha de efectos económicos de la pensión y eso es lo que procede aplicar si es un varón.

Y concluye que es claro que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación del complemento alegando el transcurso del plazo de prescripción, y , "si con carácter general hemos manifestado que la necesidad de acudir a los tribunales para obtener el complemento de pensión hace que surja el derecho a la compensación de daños y perjuicios (1.800 €), debemos aclarar ahora que también es así cuando la causa de la desestimación invocada por el INSS es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los cinco años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía también nuestra jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley".

Así, en aplicación de la doctrina unificada debe ser estimada la demanda y reconocerse a la parte actora la indemnización postulada en importe de 1800 €.

TERCERO.-Aunque la diferencia de la prestación anualizada no supera los 3.000,00-euros, admitiré la posibilidad de que sea recurrida en suplicación por afectar a un gran número de beneficiarios y por ser notoria la interposición de demandas con esta pretensión.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos resultan de la prueba practicada en juicio, y en particular de la documental, sin que exista a su respecto controversia alguna separando a las partes una polémica estrictamente jurídica.

SEGUNDO.-Teniendo en cuenta el desistimiento de la pretensión principal ejercitada en la demanda, únicamente queda pendiente de resolver la cuestión relativa a la procedencia e importe en su caso de la indemnización solicitada por la parte demandante, de 1.800 euros por una discriminación de sexo con base a la STJUE de 12/12/2019 (C-450/18), STJUE 14/09/2023 (C-113-22) y STS de 15/11/2023 (Rec. 5547/2022).

Sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, lo solicitado es una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, acción cuyo ejercicio está exento, no sólo de la interposición de reclamación previa, sino incluso del agotamiento de la vía administrativa, según los artículos 69 y 70 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , luego no puede constituirse en obstáculo del éxito de la pretensión la falta de inclusión de la misma en un trámite administrativo previo que no era preceptivo.

En segundo lugar porque tiene dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia número 355/1993, de 29 noviembre ,que "la reclamación previa obedece a razonables finalidades de protección, al poner en conocimiento de la Administración el contenido y fundamento de la pretensión, dándole la oportunidad de resolver directamente el litigio evitando así la vía judicial; agregando que se justifica en tanto en cuanto permite cumplir tales objetivos, pero que cuando sus finalidades han quedado materialmente satisfechas, fundar en la inobservancia del trámite preprocesal la negativa a dictar un pronunciamiento sobre el fondo pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, como agrega la sentencia número 69/1990, de 5 abril, del mismo Tribunal , se ha de atender a un criterio teleológico, es decir, a una razonable ponderación del medio en que consiste el requisito y el fin que con él se persigue, evitando la preponderancia de lo que es sólo instrumento con mengua de la finalidad última de la función jurisdiccional. Por tanto, debe entenderse que en el presente caso, en el que la entidad gestora tuvo la oportunidad de conocer la solicitud de derecho a la indemnización solicitada y a reconocerla, con suficiente antelación a la fecha del juicio, se ha colmado la finalidad perseguida por el legislador con la reclamación previa, que por lo demás hoy día ya no es perceptiva para tal clase de pretensiones"

En cuanto al fondo del asunto, nos hallamos ante una cuestión que ya ha sido abordada y resuelta en unificación de doctrina por la Sala IV del Tribunal Supremo, concretamente en Sentencia de Pleno, núm.735/2025, de 16 de julio, dictada en recurso núm.3146/2024 ,en la que se considera procedente la indemnización reclamada, y, en síntesis, se razona que tal compensación (1.800 €) procede siempre que la denegación del INSS sea posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 y se haya interpuesto demanda judicial, y que la norma ( artículo 60.1 LGSS )declarada como discriminatoria por el TJUE debe ser aplicada a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado su sentencia, y el plazo de prescripción para reclamar el complemento de pensión es de cinco años y comenzaba a correr desde que se dictó la STJUE de diciembre de 2019; con independencia de su autonomía conceptual, el complemento de pensión acompaña a la misma por lo que al beneficiario le basta con solicitar la pensión correspondiente para que la entidad gestora, previa comprobación de que se reúnen los requisitos establecidos, deba, en los supuestos de concesión de la prestación, incluir los complementos a que haya lugar.

Añade la Sala IV que la forma de cumplir el principio de igualdad es tratar a la persona discriminada igual que a los privilegiados. Si el beneficiario hubiera sido una mujer, cuando solicitó la pensión de jubilación el INSS le hubiera reconocido el complemento de maternidad con la misma fecha de efectos económicos de la pensión y eso es lo que procede aplicar si es un varón.

Y concluye que es claro que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación del complemento alegando el transcurso del plazo de prescripción, y , "si con carácter general hemos manifestado que la necesidad de acudir a los tribunales para obtener el complemento de pensión hace que surja el derecho a la compensación de daños y perjuicios (1.800 €), debemos aclarar ahora que también es así cuando la causa de la desestimación invocada por el INSS es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los cinco años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía también nuestra jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley".

Así, en aplicación de la doctrina unificada debe ser estimada la demanda y reconocerse a la parte actora la indemnización postulada en importe de 1800 €.

TERCERO.-Aunque la diferencia de la prestación anualizada no supera los 3.000,00-euros, admitiré la posibilidad de que sea recurrida en suplicación por afectar a un gran número de beneficiarios y por ser notoria la interposición de demandas con esta pretensión.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos resultan de la prueba practicada en juicio, y en particular de la documental, sin que exista a su respecto controversia alguna separando a las partes una polémica estrictamente jurídica.

SEGUNDO.-Teniendo en cuenta el desistimiento de la pretensión principal ejercitada en la demanda, únicamente queda pendiente de resolver la cuestión relativa a la procedencia e importe en su caso de la indemnización solicitada por la parte demandante, de 1.800 euros por una discriminación de sexo con base a la STJUE de 12/12/2019 (C-450/18), STJUE 14/09/2023 (C-113-22) y STS de 15/11/2023 (Rec. 5547/2022).

Sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, lo solicitado es una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, acción cuyo ejercicio está exento, no sólo de la interposición de reclamación previa, sino incluso del agotamiento de la vía administrativa, según los artículos 69 y 70 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , luego no puede constituirse en obstáculo del éxito de la pretensión la falta de inclusión de la misma en un trámite administrativo previo que no era preceptivo.

En segundo lugar porque tiene dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia número 355/1993, de 29 noviembre ,que "la reclamación previa obedece a razonables finalidades de protección, al poner en conocimiento de la Administración el contenido y fundamento de la pretensión, dándole la oportunidad de resolver directamente el litigio evitando así la vía judicial; agregando que se justifica en tanto en cuanto permite cumplir tales objetivos, pero que cuando sus finalidades han quedado materialmente satisfechas, fundar en la inobservancia del trámite preprocesal la negativa a dictar un pronunciamiento sobre el fondo pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, como agrega la sentencia número 69/1990, de 5 abril, del mismo Tribunal , se ha de atender a un criterio teleológico, es decir, a una razonable ponderación del medio en que consiste el requisito y el fin que con él se persigue, evitando la preponderancia de lo que es sólo instrumento con mengua de la finalidad última de la función jurisdiccional. Por tanto, debe entenderse que en el presente caso, en el que la entidad gestora tuvo la oportunidad de conocer la solicitud de derecho a la indemnización solicitada y a reconocerla, con suficiente antelación a la fecha del juicio, se ha colmado la finalidad perseguida por el legislador con la reclamación previa, que por lo demás hoy día ya no es perceptiva para tal clase de pretensiones"

En cuanto al fondo del asunto, nos hallamos ante una cuestión que ya ha sido abordada y resuelta en unificación de doctrina por la Sala IV del Tribunal Supremo, concretamente en Sentencia de Pleno, núm.735/2025, de 16 de julio, dictada en recurso núm.3146/2024 ,en la que se considera procedente la indemnización reclamada, y, en síntesis, se razona que tal compensación (1.800 €) procede siempre que la denegación del INSS sea posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 y se haya interpuesto demanda judicial, y que la norma ( artículo 60.1 LGSS )declarada como discriminatoria por el TJUE debe ser aplicada a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado su sentencia, y el plazo de prescripción para reclamar el complemento de pensión es de cinco años y comenzaba a correr desde que se dictó la STJUE de diciembre de 2019; con independencia de su autonomía conceptual, el complemento de pensión acompaña a la misma por lo que al beneficiario le basta con solicitar la pensión correspondiente para que la entidad gestora, previa comprobación de que se reúnen los requisitos establecidos, deba, en los supuestos de concesión de la prestación, incluir los complementos a que haya lugar.

Añade la Sala IV que la forma de cumplir el principio de igualdad es tratar a la persona discriminada igual que a los privilegiados. Si el beneficiario hubiera sido una mujer, cuando solicitó la pensión de jubilación el INSS le hubiera reconocido el complemento de maternidad con la misma fecha de efectos económicos de la pensión y eso es lo que procede aplicar si es un varón.

Y concluye que es claro que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación del complemento alegando el transcurso del plazo de prescripción, y , "si con carácter general hemos manifestado que la necesidad de acudir a los tribunales para obtener el complemento de pensión hace que surja el derecho a la compensación de daños y perjuicios (1.800 €), debemos aclarar ahora que también es así cuando la causa de la desestimación invocada por el INSS es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los cinco años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía también nuestra jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley".

Así, en aplicación de la doctrina unificada debe ser estimada la demanda y reconocerse a la parte actora la indemnización postulada en importe de 1800 €.

TERCERO.-Aunque la diferencia de la prestación anualizada no supera los 3.000,00-euros, admitiré la posibilidad de que sea recurrida en suplicación por afectar a un gran número de beneficiarios y por ser notoria la interposición de demandas con esta pretensión.

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos resultan de la prueba practicada en juicio, y en particular de la documental, sin que exista a su respecto controversia alguna separando a las partes una polémica estrictamente jurídica.

SEGUNDO.-Teniendo en cuenta el desistimiento de la pretensión principal ejercitada en la demanda, únicamente queda pendiente de resolver la cuestión relativa a la procedencia e importe en su caso de la indemnización solicitada por la parte demandante, de 1.800 euros por una discriminación de sexo con base a la STJUE de 12/12/2019 (C-450/18), STJUE 14/09/2023 (C-113-22) y STS de 15/11/2023 (Rec. 5547/2022).

Sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, lo solicitado es una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, acción cuyo ejercicio está exento, no sólo de la interposición de reclamación previa, sino incluso del agotamiento de la vía administrativa, según los artículos 69 y 70 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , luego no puede constituirse en obstáculo del éxito de la pretensión la falta de inclusión de la misma en un trámite administrativo previo que no era preceptivo.

En segundo lugar porque tiene dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia número 355/1993, de 29 noviembre ,que "la reclamación previa obedece a razonables finalidades de protección, al poner en conocimiento de la Administración el contenido y fundamento de la pretensión, dándole la oportunidad de resolver directamente el litigio evitando así la vía judicial; agregando que se justifica en tanto en cuanto permite cumplir tales objetivos, pero que cuando sus finalidades han quedado materialmente satisfechas, fundar en la inobservancia del trámite preprocesal la negativa a dictar un pronunciamiento sobre el fondo pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, como agrega la sentencia número 69/1990, de 5 abril, del mismo Tribunal , se ha de atender a un criterio teleológico, es decir, a una razonable ponderación del medio en que consiste el requisito y el fin que con él se persigue, evitando la preponderancia de lo que es sólo instrumento con mengua de la finalidad última de la función jurisdiccional. Por tanto, debe entenderse que en el presente caso, en el que la entidad gestora tuvo la oportunidad de conocer la solicitud de derecho a la indemnización solicitada y a reconocerla, con suficiente antelación a la fecha del juicio, se ha colmado la finalidad perseguida por el legislador con la reclamación previa, que por lo demás hoy día ya no es perceptiva para tal clase de pretensiones"

En cuanto al fondo del asunto, nos hallamos ante una cuestión que ya ha sido abordada y resuelta en unificación de doctrina por la Sala IV del Tribunal Supremo, concretamente en Sentencia de Pleno, núm.735/2025, de 16 de julio, dictada en recurso núm.3146/2024 ,en la que se considera procedente la indemnización reclamada, y, en síntesis, se razona que tal compensación (1.800 €) procede siempre que la denegación del INSS sea posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 y se haya interpuesto demanda judicial, y que la norma ( artículo 60.1 LGSS )declarada como discriminatoria por el TJUE debe ser aplicada a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado su sentencia, y el plazo de prescripción para reclamar el complemento de pensión es de cinco años y comenzaba a correr desde que se dictó la STJUE de diciembre de 2019; con independencia de su autonomía conceptual, el complemento de pensión acompaña a la misma por lo que al beneficiario le basta con solicitar la pensión correspondiente para que la entidad gestora, previa comprobación de que se reúnen los requisitos establecidos, deba, en los supuestos de concesión de la prestación, incluir los complementos a que haya lugar.

Añade la Sala IV que la forma de cumplir el principio de igualdad es tratar a la persona discriminada igual que a los privilegiados. Si el beneficiario hubiera sido una mujer, cuando solicitó la pensión de jubilación el INSS le hubiera reconocido el complemento de maternidad con la misma fecha de efectos económicos de la pensión y eso es lo que procede aplicar si es un varón.

Y concluye que es claro que el derecho a percibir la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios causados por la denegación del complemento de pensión por parte del INSS no desaparece como consecuencia de que la Entidad Gestora basara la denegación del complemento alegando el transcurso del plazo de prescripción, y , "si con carácter general hemos manifestado que la necesidad de acudir a los tribunales para obtener el complemento de pensión hace que surja el derecho a la compensación de daños y perjuicios (1.800 €), debemos aclarar ahora que también es así cuando la causa de la desestimación invocada por el INSS es la prescripción del derecho, dándose la circunstancia de que éste solo podría prescribir a los cinco años de haberse dictado la STJUE y ya se conocía también nuestra jurisprudencia sobre el modo de reparar la discriminación derivada de la Ley".

Así, en aplicación de la doctrina unificada debe ser estimada la demanda y reconocerse a la parte actora la indemnización postulada en importe de 1800 €.

TERCERO.-Aunque la diferencia de la prestación anualizada no supera los 3.000,00-euros, admitiré la posibilidad de que sea recurrida en suplicación por afectar a un gran número de beneficiarios y por ser notoria la interposición de demandas con esta pretensión.