Sentencia Social 141/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 6 de Murcia, Rec. 167/2024 de 27 de abril del 2026

PRIMERO.Los anteriores hechos probados han sido obtenidos mediante la convicción alcanzada por esta Juzgadora, en los términos establecidos en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , tras el análisis y la valoración de las pruebas practicadas y consistentes en la documental aportada por las partes, el interrogatorio de las trabajadoras y la testifical practicada a instancia tanto de la parte actora, como de la entidad demandada.-

SEGUNDO.En la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, la parte actora interesa se declare la vulneración de los derechos fundamentales a la no discriminación por razón de sexo y a la dignidad personal e integridad física y moral consagrados en los arts. 14 y 15 de la CE, debido al trato degradante y humillante sufrido por éstas por parte del entrador y de la directora técnica durante la prestación de sus servicios e, interesa por ello, se condene a los codemandados a abonar a las trabajadoras una indemnización en concepto de daños y perjuicios por importe de 30.001 euros respecto de cada una de ellas.-

Frent e a tales pretensiones se opusieron los codemandados comparecidos, alegando las razones que son de ver en el acta grabada al efecto, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente; en primer lugar, manifestaba que no existía vulneración de derecho fundamental alguno, precisando que en cualquier caso la cuantía solicitada en concepto de indemnización por daños y perjuicios era desproporcionada en atención a los disposiciones de la LISOS y, finalmente, solicitaba la desestimación de la demanda, previo el recibimiento del pleito a prueba.-

El Ministerio Fiscal, en la fase de alegaciones del acto del juicio, manifestó que se reservaba el derecho a informar en fase de conclusiones. En la referida fase procesal interesó la estimación de la demandada en lo referente a la vulneración del derecho fundamental a la dignidad personal consagrado en el art. 15 de la CE. -

TERCERO.La parte actora insta acción de tutela de derechos fundamentales., por entender que las trabajadoras demandantes estuvieron , durante su prestación de servicios por cuenta y orden de la entidad " DIRECCION000" sometidas a un trato discriminatorio por razón de sexo, vejatorio y denigrante por parte de los codemandados.-

Determinado ello, ha de ser analizado a quien incumbe la carga de la prueba en los procesos, como el presente, en los que se invoca la vulneración de derechos fundamentales.-

A este respecto, de las Sentencias dictadas por La Sala de Lo Social del Tribunal Supremo en fechas 12 de septiembre de 1.990 ( RJ, 6999), 19 de septiembre de 1.990 (RJ, 7027) y 18 de junio de 1.991 (RJ, 5151), se desprende la necesidad de que quien afirme la discriminación o la vulneración del derecho fundamental, acredite la existencia de un panorama o clima propicio a la conducta discriminatoria o lesiva de derechos fundamentales que haga verosímil su imputación.-

Es a la luz de la jurisprudencia citada como ha de interpretarse el artículo 179.2. de la Ley de Procedimiento Laboral (actualmente art. 181 de la L.R.J.S. ), cuando señala que una vez constatada la concurrencia de "indicios" de que se ha producido Vulneración de los derechos fundamentales, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad; y de tal jurisprudencia constitucional se extrae, sin dificultad, que el término "indicios" que el precepto citado utiliza no puede ser entendido en su genuino sentido técnico-jurídico, es decir, en el que proporciona el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino en el sentido de propiciar la convicción judicial sobre la mera probabilidad o verosimilitud de que la actuación empresarial haya tenido un móvil atentatorio o vulnerador de derechos fundamentales, pues si se interpretase el término "indicios" en su genuina acepción, carecería de sentido la carga probatoria que el mismo precepto impone al empresario, toda vez que constatada la existencia de indicios, en el sentido del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabría concluir, como hecho deducido o presumido, en virtud de un enlace preciso y directo, que la lesión del derecho fundamental se habría producido de forma efectiva, careciendo ya de sentido entonces, como antes se dijo, la carga probatoria impuesta al empresario en el mismo precepto; es claro, pues, que si esta carga existe es porque los "indicios" requeridos no alcanzan la intensidad necesaria como para dar por probado que el acto empresarial tuvo algún móvil lesivo de algún derecho fundamental, sino que las exigencias del precepto, en lo que se refiere a la carga probatoria que el actor soporta, son de menor intensidad, como se desprende también de la Sentencia del Tribunal Constitucional 90/1.997, de 6 de mayo, en cuyo fundamento de derecho quinto se expresa, textualmente, lo siguiente: " La necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial. Una necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan en el contrato de trabajo las facultades organizativas y disciplinarias del empleador.

Precisamente , la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos, constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo (hoy recogida en los arts. 96 y 179,2 LPL) ( SSTC 38/1981, 37/1986, 47/1985, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 180/1994, 136/1996, entre otras). La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental ( STC 38/1981, ff. jj. 2º y 3º), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental ( STC 38/1986, f. j. 2º), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC 166/1987, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 293/1994, 180/1994, 85/1995).

Cubierto este presupuesto, sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquellas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una o auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989)-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995, 136/1996, así como también las SSTC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993, y 17/1996). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador ( SSTC 197/1990, f. j. 1º, 136/1996, f. j. 4º, así como SSTC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995, 17/1996)...".

CUARTO.Sobre la base de la doctrinal expuesta, y de lo actuado en Autos, a juicio de esta Juzgadora que en las presentes actuaciones hay indicios bastantes y suficientes para entender vulnerado el derecho a la dignidad personal consagrado en el art. 15 de la CE, y de los que se desprende que durante la prestación de servicios por cuenta y orden del Club demandado las mismas fueron objeto de vejaciones y humillaciones continuas por parte del su entrador, el codemandado D. Javier, quien vertía sobre las mismas expresiones denigrantes tanto referentes a su aspecto físico, como a nivel profesional, lo que, en modo alguno pueden justificarse en el ámbito laboral, por mucho de que nos encontremos dentro del ámbito deportivo, pues esas expresiones en modo alguno, resultan admisibles para la obtención del máximo rendimiento deportivo de las trabajadoras.-

Esos indicios, a juicio de esta Juzgadora, se concretan en los siguientes extremos: 1) del Acta de Infracción nº NUM000 levantada por la ITSS en fecha 14 de junio de 2024 frente al Club de Futbol demandado la ITSS frente a la entidad demandada, que recoge el resultado del cuestionario anónimo realizado a 21 de las 22 jugadoras del Club demandado (la totalidad de la plantilla, con la excepción de una que se encontraba de baja médica) y en el que el 68% de las trabajadoras consideraban inadecuado el comportamiento del entrenador, entendiéndolo correcto del 32% respecto de ellas, si bien el 80% de éstas especificaban que lo consideraban inadecuado en relación con las otras compañeras, también especificaban que esos comentarios inadecuados se vertían de forma reiterada delante del resto de las compañeras, viniendo referidos tanto al especto físico ("estas gorda", "no puedes correr porque el culo te pesa", "estas tan gorda que no sé cómo puedes follar/hacer el amor"), como al profesional ("estáis jugando sólo porque sois mujeres", "habéis llegado a 1º división por ser mujeres y chupar pollas, si no habríais llegado ni a 3ª) y el 90% incide en el carácter visceral/agresivo del entrenador que le hacía realizar comentarios que podían hacer "sentir mal". A este respecto, ha de destacarse la presunción "iuris tamtum" de cereza que le lay otorga a las Actas de Infracción, conforme recoge el art. 53.2 de la LISOS, presunción ésta que no ha sido desvirtuada mediante actividad probatoria desplegada por los codemandados y sin que sea óbice a nada de lo expuesto el hecho de que las Resoluciones Administrativas que confirmaron el Acto de Infracción hayan sido impugnadas por el Club de Futbol demandado, dando lugar al proceso de Impugnación de Actos Administrativos nº 597/24 seguido ante la Plaza nº 7 de la Sección Social del Tribunal de Instancia. 2) Por la Sentencia dictada en fecha 7 de noviembre de 2025 por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 60/2024, que si bien estima parcialmente en recurso contencioso-administrativo promovido por los codemandados frente al Tribunal Administrativo del Deporte y frente a la Real Federación Española de Fútbol y contra la Resolución de NUM001 y rebaja las condenas respecto de D. Javier y Dª. Angustia, sigue manteniendo en relación a ambos, la comisión de las faltas que se les imputaba (respecto de D. Javier la comisión de una infracción prevista en el art. 74 del Código Disciplinario de la RFEF por "participación activa o fomento de actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes" y en lo concerniente a Dª. Angustia, la comisión de una infracción prevista en el art. 114 del mismo Código por la pasividad para la represión de actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes.-

No se aprecia, sin embargo, conducta alguna de acoso sexual, ni de hostigamiento o acoso laboral, ni de discriminación por razón de sexo en la conducta del entrenador, habida cuenta que no sólo no lo percibía así la plantilla, conforme se desprende del resultado de la encuesta llevada a cabo por la ITSS que evidencia que tan sólo el 15% entendía que los comentarios despectivos también iban dirigidos a su condición sexual y el 100% negaba que el entrenador hubiese llevado a cabo conductas de acoso sexual, sino que también se entendió así por la Instructora del Protocolo de Acoso, y sin que esta Juzgadora entienda de lo actuado en Autos que D. Javier llevase a cabo ningún acto de acoso de sexual, ni tampoco de discriminación por razón de sexo.-

QUINTO.En relación a las indemnizaciones reclamadas en concepto de daños y perjuicios, tomando como referencia las infracciones y sanciones previstas en la LISOS, ha de indica5rse que el art. 8.11 de esta norma tipifica como infracción muy grave "Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores" y, del propio modo, el apartado 1 inciso c) del art. 40 de la misma norma estable las siguientes sanciones las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.701 a 30.000 euros, en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.-

La parte actora interesa la condena de los codemandados a abonar a las trabajadoras la cantidad de 30.001 euros, importe éste que esta Juzgadora entiende que debe de ser moderado por cuanto, habida cuenta que cuenta de que aun cuando por lo expuesto en el fundamento de derecho precedente se considera conculcado en derecho a la dignidad personal de la trabajadoras, no se aprecia vulneración del resto de los derechos fundamentales invocados, ni tampoco conducta de acoso laboral, ni sexual, entendiendo por todo ello, ajustado a derecho indemnizar a cada una de las actoras en el importe de 8000 euros, a cuyo abono ha de ser condenado de forma solidaria tanto el Club como Dª. Angustia, en calidad de Directora Técnica, al haber permitido ese trato degradante y humillante del entrenador respecto a las jugadoras.-

SEXTO.Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de Suplicación para ante la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de conformidad con lo previsto en el art. 191.3 a) de la L.R.J.S. -