Sentencia Social 108/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 9 de Barcelona, Rec. 238/2024 de 23 de abril del 2026

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido del expediente administrativo y documental y testifical aportada al acto del juicio, junto con la prueba videográfica.

SEGUNDO.- Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: doctrina legal y jurisprudencial aplicable.

Para la resolución de la cuestión debatida debe recordarse ante todo que el artículo 164.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone: "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad o higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Los requisitos exigibles según la jurisprudencia para la imposición del recargo han sido recogidos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en sentencia de 6 de julio de 2004, según la cual, "procede el recargo de prestaciones que impone el artículo 123 de la LGSS cuando la lesión se produce por máquinas, artefactos o en instalaciones o centros de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador; configurándose, así, como una responsabilidad a cargo del empresario extraordinaria y puramente sancionadora ( STS de 8 de marzo de 1993 para la que es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos:

a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad que le fuera legalmente exigible.

b) Que se haya producido un perjuicio a resultas el accidente.

c) Que medie una relación de causalidadentre la infracción y el resultado dañoso ( sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 ).

Es cierto (y así lo recuerda la sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 citando la del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001) que la promulgación de la LPRL ( de 8 de noviembre de 1995 y, por tanto en vigor a la data del accidente) propicia un "enjuiciamiento riguroso ...de la vulneración de las normas de seguridad" (como así resulta de lo dispuesto en sus artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 ); sin que ello implique, no obstante, desnaturalizar (frente a la exigible responsabilidad civil del empresario) su eminente carácter "sancionador", de tal manera que la aplicación de aquella normativa "no quiere decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones " ( Sentencia cit. de 27 de diciembre de 2002 ). En esta misma línea se pronuncia la posterior sentencia del mismo Tribunal (de 18 de marzo de 2003 ) al exigir la "constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención"; reiterándose, así, el criterio mantenido por la de 4 de marzo de 2003 al insistir (conforme a consolidada jurisprudencia) como "el carácter punitivo que tiene el recargo" determina su restrictiva aplicación "previa demostración de que se ha producido infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo, así tipificada, y que el resultado lesivo o dañoso esté ligado, en lógica relación de causalidad, con aquella"; siendo, por ello, "necesario que exista una inequívoca predeterminación de la conducta omitida, o lo que es lo mismo, una tipificación previa positiva o negativa de las medidas, actos y situaciones que deban cumplirse, y la infracción de los cuales sea susceptible de ser sancionada ( SS de 7 de julio de 1992 y 19 de febrero de 2003 )."

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

Tal y como hemos visto con anterioridad, la imposición del recargo requiere la constatación de un incumplimiento de alguna medida de seguridad y que dicho incumplimiento mantenga una relación causal con el daño.

En el presente supuesto, no concurre la relación de causalidad necesaria dado que tanto de la prueba documental aportada en la vista por la parte actora como de la prueba testifical y videográfica consta que las traspaletas tienen un sistema de parado automático cuando vas en marcha y dejas de acelerar (declaración testifical del Sr. Luis Francisco) y de la prueba videográfica se observa como D. Jaime conduce en todo el recorrido con el pie fuera de la traspaleta y no consta como para de acelerar para que la traspaleta frene.

La Sra. Eufrasia, gerente en Barcelona cuando sucedió el accidente y testigo aportada por la parte actora, afirmó haber visto el accidente en las cámaras de seguridad y declaró que existían 4 traspaletas, con un mantenimiento periódico, y que tras el accidente las 4 traspaletas siguieron en uso y no tuvieron que repararse. Es decir, no consta que la traspaleta tuviera un problema de frenado. Manifestó que las traspaletas van con protección y cubren de cintura para abajo. Sin embargo, en el vídeo aportado por la parte actora se observa como el trabajador que sufrió el accidente tenía el pie fuera mientras conducía, observándose así desde el inicio del vídeo. Cabe destacar que dicho vídeo no fue impugnado en la vista.

El otro testigo aportado por la parte actora, el Sr. Luis Francisco, manifestó que no se ve en el vídeo del accidente que el trabajador parara la traspaleta y que las mismas tienen un sistema de parado automático que cuando vas en marcha y dejas de acelerar la máquina se para.

Tanto D. Jaime como el INSS no propusieron prueba testifical alguna, ni siquiera de algún trabajador que hubiera visto el accidente o del trabajador con quien la traspaleta de D. Jaime, quien no es controvertido que disponía de autorización de carretillero, chocó.

Por todo ello, procede declarar la improcedencia del recargo por lo antes expuesto.

De este modo, la demanda debe ser estimada.

CUARTO.-De conformidad con lo establecido en el art. 191.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido del expediente administrativo y documental y testifical aportada al acto del juicio, junto con la prueba videográfica.

SEGUNDO.- Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: doctrina legal y jurisprudencial aplicable.

Para la resolución de la cuestión debatida debe recordarse ante todo que el artículo 164.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone: "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad o higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Los requisitos exigibles según la jurisprudencia para la imposición del recargo han sido recogidos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en sentencia de 6 de julio de 2004, según la cual, "procede el recargo de prestaciones que impone el artículo 123 de la LGSS cuando la lesión se produce por máquinas, artefactos o en instalaciones o centros de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador; configurándose, así, como una responsabilidad a cargo del empresario extraordinaria y puramente sancionadora ( STS de 8 de marzo de 1993 para la que es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos:

a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad que le fuera legalmente exigible.

b) Que se haya producido un perjuicio a resultas el accidente.

c) Que medie una relación de causalidadentre la infracción y el resultado dañoso ( sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 ).

Es cierto (y así lo recuerda la sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 citando la del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001) que la promulgación de la LPRL ( de 8 de noviembre de 1995 y, por tanto en vigor a la data del accidente) propicia un "enjuiciamiento riguroso ...de la vulneración de las normas de seguridad" (como así resulta de lo dispuesto en sus artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 ); sin que ello implique, no obstante, desnaturalizar (frente a la exigible responsabilidad civil del empresario) su eminente carácter "sancionador", de tal manera que la aplicación de aquella normativa "no quiere decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones " ( Sentencia cit. de 27 de diciembre de 2002 ). En esta misma línea se pronuncia la posterior sentencia del mismo Tribunal (de 18 de marzo de 2003 ) al exigir la "constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención"; reiterándose, así, el criterio mantenido por la de 4 de marzo de 2003 al insistir (conforme a consolidada jurisprudencia) como "el carácter punitivo que tiene el recargo" determina su restrictiva aplicación "previa demostración de que se ha producido infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo, así tipificada, y que el resultado lesivo o dañoso esté ligado, en lógica relación de causalidad, con aquella"; siendo, por ello, "necesario que exista una inequívoca predeterminación de la conducta omitida, o lo que es lo mismo, una tipificación previa positiva o negativa de las medidas, actos y situaciones que deban cumplirse, y la infracción de los cuales sea susceptible de ser sancionada ( SS de 7 de julio de 1992 y 19 de febrero de 2003 )."

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

Tal y como hemos visto con anterioridad, la imposición del recargo requiere la constatación de un incumplimiento de alguna medida de seguridad y que dicho incumplimiento mantenga una relación causal con el daño.

En el presente supuesto, no concurre la relación de causalidad necesaria dado que tanto de la prueba documental aportada en la vista por la parte actora como de la prueba testifical y videográfica consta que las traspaletas tienen un sistema de parado automático cuando vas en marcha y dejas de acelerar (declaración testifical del Sr. Luis Francisco) y de la prueba videográfica se observa como D. Jaime conduce en todo el recorrido con el pie fuera de la traspaleta y no consta como para de acelerar para que la traspaleta frene.

La Sra. Eufrasia, gerente en Barcelona cuando sucedió el accidente y testigo aportada por la parte actora, afirmó haber visto el accidente en las cámaras de seguridad y declaró que existían 4 traspaletas, con un mantenimiento periódico, y que tras el accidente las 4 traspaletas siguieron en uso y no tuvieron que repararse. Es decir, no consta que la traspaleta tuviera un problema de frenado. Manifestó que las traspaletas van con protección y cubren de cintura para abajo. Sin embargo, en el vídeo aportado por la parte actora se observa como el trabajador que sufrió el accidente tenía el pie fuera mientras conducía, observándose así desde el inicio del vídeo. Cabe destacar que dicho vídeo no fue impugnado en la vista.

El otro testigo aportado por la parte actora, el Sr. Luis Francisco, manifestó que no se ve en el vídeo del accidente que el trabajador parara la traspaleta y que las mismas tienen un sistema de parado automático que cuando vas en marcha y dejas de acelerar la máquina se para.

Tanto D. Jaime como el INSS no propusieron prueba testifical alguna, ni siquiera de algún trabajador que hubiera visto el accidente o del trabajador con quien la traspaleta de D. Jaime, quien no es controvertido que disponía de autorización de carretillero, chocó.

Por todo ello, procede declarar la improcedencia del recargo por lo antes expuesto.

De este modo, la demanda debe ser estimada.

CUARTO.-De conformidad con lo establecido en el art. 191.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido del expediente administrativo y documental y testifical aportada al acto del juicio, junto con la prueba videográfica.

SEGUNDO.- Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: doctrina legal y jurisprudencial aplicable.

Para la resolución de la cuestión debatida debe recordarse ante todo que el artículo 164.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone: "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad o higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Los requisitos exigibles según la jurisprudencia para la imposición del recargo han sido recogidos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en sentencia de 6 de julio de 2004, según la cual, "procede el recargo de prestaciones que impone el artículo 123 de la LGSS cuando la lesión se produce por máquinas, artefactos o en instalaciones o centros de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador; configurándose, así, como una responsabilidad a cargo del empresario extraordinaria y puramente sancionadora ( STS de 8 de marzo de 1993 para la que es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos:

a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad que le fuera legalmente exigible.

b) Que se haya producido un perjuicio a resultas el accidente.

c) Que medie una relación de causalidadentre la infracción y el resultado dañoso ( sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 ).

Es cierto (y así lo recuerda la sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 citando la del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001) que la promulgación de la LPRL ( de 8 de noviembre de 1995 y, por tanto en vigor a la data del accidente) propicia un "enjuiciamiento riguroso ...de la vulneración de las normas de seguridad" (como así resulta de lo dispuesto en sus artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 ); sin que ello implique, no obstante, desnaturalizar (frente a la exigible responsabilidad civil del empresario) su eminente carácter "sancionador", de tal manera que la aplicación de aquella normativa "no quiere decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones " ( Sentencia cit. de 27 de diciembre de 2002 ). En esta misma línea se pronuncia la posterior sentencia del mismo Tribunal (de 18 de marzo de 2003 ) al exigir la "constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención"; reiterándose, así, el criterio mantenido por la de 4 de marzo de 2003 al insistir (conforme a consolidada jurisprudencia) como "el carácter punitivo que tiene el recargo" determina su restrictiva aplicación "previa demostración de que se ha producido infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo, así tipificada, y que el resultado lesivo o dañoso esté ligado, en lógica relación de causalidad, con aquella"; siendo, por ello, "necesario que exista una inequívoca predeterminación de la conducta omitida, o lo que es lo mismo, una tipificación previa positiva o negativa de las medidas, actos y situaciones que deban cumplirse, y la infracción de los cuales sea susceptible de ser sancionada ( SS de 7 de julio de 1992 y 19 de febrero de 2003 )."

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

Tal y como hemos visto con anterioridad, la imposición del recargo requiere la constatación de un incumplimiento de alguna medida de seguridad y que dicho incumplimiento mantenga una relación causal con el daño.

En el presente supuesto, no concurre la relación de causalidad necesaria dado que tanto de la prueba documental aportada en la vista por la parte actora como de la prueba testifical y videográfica consta que las traspaletas tienen un sistema de parado automático cuando vas en marcha y dejas de acelerar (declaración testifical del Sr. Luis Francisco) y de la prueba videográfica se observa como D. Jaime conduce en todo el recorrido con el pie fuera de la traspaleta y no consta como para de acelerar para que la traspaleta frene.

La Sra. Eufrasia, gerente en Barcelona cuando sucedió el accidente y testigo aportada por la parte actora, afirmó haber visto el accidente en las cámaras de seguridad y declaró que existían 4 traspaletas, con un mantenimiento periódico, y que tras el accidente las 4 traspaletas siguieron en uso y no tuvieron que repararse. Es decir, no consta que la traspaleta tuviera un problema de frenado. Manifestó que las traspaletas van con protección y cubren de cintura para abajo. Sin embargo, en el vídeo aportado por la parte actora se observa como el trabajador que sufrió el accidente tenía el pie fuera mientras conducía, observándose así desde el inicio del vídeo. Cabe destacar que dicho vídeo no fue impugnado en la vista.

El otro testigo aportado por la parte actora, el Sr. Luis Francisco, manifestó que no se ve en el vídeo del accidente que el trabajador parara la traspaleta y que las mismas tienen un sistema de parado automático que cuando vas en marcha y dejas de acelerar la máquina se para.

Tanto D. Jaime como el INSS no propusieron prueba testifical alguna, ni siquiera de algún trabajador que hubiera visto el accidente o del trabajador con quien la traspaleta de D. Jaime, quien no es controvertido que disponía de autorización de carretillero, chocó.

Por todo ello, procede declarar la improcedencia del recargo por lo antes expuesto.

De este modo, la demanda debe ser estimada.

CUARTO.-De conformidad con lo establecido en el art. 191.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido del expediente administrativo y documental y testifical aportada al acto del juicio, junto con la prueba videográfica.

SEGUNDO.- Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: doctrina legal y jurisprudencial aplicable.

Para la resolución de la cuestión debatida debe recordarse ante todo que el artículo 164.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone: "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad o higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Los requisitos exigibles según la jurisprudencia para la imposición del recargo han sido recogidos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en sentencia de 6 de julio de 2004, según la cual, "procede el recargo de prestaciones que impone el artículo 123 de la LGSS cuando la lesión se produce por máquinas, artefactos o en instalaciones o centros de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador; configurándose, así, como una responsabilidad a cargo del empresario extraordinaria y puramente sancionadora ( STS de 8 de marzo de 1993 para la que es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos:

a) Que la empresa haya incumplido alguna medida de seguridad que le fuera legalmente exigible.

b) Que se haya producido un perjuicio a resultas el accidente.

c) Que medie una relación de causalidadentre la infracción y el resultado dañoso ( sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 ).

Es cierto (y así lo recuerda la sentencia de la Sala de 3 de octubre de 2002 citando la del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001) que la promulgación de la LPRL ( de 8 de noviembre de 1995 y, por tanto en vigor a la data del accidente) propicia un "enjuiciamiento riguroso ...de la vulneración de las normas de seguridad" (como así resulta de lo dispuesto en sus artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 ); sin que ello implique, no obstante, desnaturalizar (frente a la exigible responsabilidad civil del empresario) su eminente carácter "sancionador", de tal manera que la aplicación de aquella normativa "no quiere decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones " ( Sentencia cit. de 27 de diciembre de 2002 ). En esta misma línea se pronuncia la posterior sentencia del mismo Tribunal (de 18 de marzo de 2003 ) al exigir la "constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención"; reiterándose, así, el criterio mantenido por la de 4 de marzo de 2003 al insistir (conforme a consolidada jurisprudencia) como "el carácter punitivo que tiene el recargo" determina su restrictiva aplicación "previa demostración de que se ha producido infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo, así tipificada, y que el resultado lesivo o dañoso esté ligado, en lógica relación de causalidad, con aquella"; siendo, por ello, "necesario que exista una inequívoca predeterminación de la conducta omitida, o lo que es lo mismo, una tipificación previa positiva o negativa de las medidas, actos y situaciones que deban cumplirse, y la infracción de los cuales sea susceptible de ser sancionada ( SS de 7 de julio de 1992 y 19 de febrero de 2003 )."

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

Tal y como hemos visto con anterioridad, la imposición del recargo requiere la constatación de un incumplimiento de alguna medida de seguridad y que dicho incumplimiento mantenga una relación causal con el daño.

En el presente supuesto, no concurre la relación de causalidad necesaria dado que tanto de la prueba documental aportada en la vista por la parte actora como de la prueba testifical y videográfica consta que las traspaletas tienen un sistema de parado automático cuando vas en marcha y dejas de acelerar (declaración testifical del Sr. Luis Francisco) y de la prueba videográfica se observa como D. Jaime conduce en todo el recorrido con el pie fuera de la traspaleta y no consta como para de acelerar para que la traspaleta frene.

La Sra. Eufrasia, gerente en Barcelona cuando sucedió el accidente y testigo aportada por la parte actora, afirmó haber visto el accidente en las cámaras de seguridad y declaró que existían 4 traspaletas, con un mantenimiento periódico, y que tras el accidente las 4 traspaletas siguieron en uso y no tuvieron que repararse. Es decir, no consta que la traspaleta tuviera un problema de frenado. Manifestó que las traspaletas van con protección y cubren de cintura para abajo. Sin embargo, en el vídeo aportado por la parte actora se observa como el trabajador que sufrió el accidente tenía el pie fuera mientras conducía, observándose así desde el inicio del vídeo. Cabe destacar que dicho vídeo no fue impugnado en la vista.

El otro testigo aportado por la parte actora, el Sr. Luis Francisco, manifestó que no se ve en el vídeo del accidente que el trabajador parara la traspaleta y que las mismas tienen un sistema de parado automático que cuando vas en marcha y dejas de acelerar la máquina se para.

Tanto D. Jaime como el INSS no propusieron prueba testifical alguna, ni siquiera de algún trabajador que hubiera visto el accidente o del trabajador con quien la traspaleta de D. Jaime, quien no es controvertido que disponía de autorización de carretillero, chocó.

Por todo ello, procede declarar la improcedencia del recargo por lo antes expuesto.

De este modo, la demanda debe ser estimada.

CUARTO.-De conformidad con lo establecido en el art. 191.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación.

En atención a lo expuesto,