Sentencia Social 4407/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5990/2024 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO.- La parte actora presenta demanda en pretensión de que se deje sin efecto la resolución del SPEE de 10 de abril de 2023 aprobatoria de un subsidio de mayor de 52 años, con fecha de inicio 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023, y solicita que se dicte sentencia por la que se le reconozca el derecho a percibir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años hasta la fecha en que proceda acceder a la pensión de jubilación ordinaria, y en todo caso hasta la fecha en la que las cuantías abonadas por el banco de Santander SA como consecuencia de la resolución de la relación laboral, excedan de la cuantía de 180.000 euros, o subsidiariamente hasta el 15 de agosto de 2025 (fecha en la que la empresa certifica que finaliza el abono de la indemnización legal exenta) con los efectos legales o económicos que correspondan.

La sentencia de instancia desestima la demanda y, absuelve al SPEE de la pretensión ejercitada contra el por el actor.

Y frente a la sentencia de instancia se alza en suplicación la representación letrada del actor, interponiendo recurso en base a un único motivo, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS en el que denuncia infracciones jurídicas.

Recurso que ha sido impugnado de contrario por el letrado del SPEE.

SEGUNDO.-La representación letrada de la parte actora, en el único motivo del recurso, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 274 y 275.4 de la LGSS, y la sentencia del TS 694/2023 de 2 de octubre y principio "in dubio pro operario". y considera que la norma legal ( art 275 LGSS) no ha querido penalizar ni tratar de forma distinta la indemnización que se reciba de forma periódica, sin distinciones respecto de la forma de dicho pago aplazado, ni de quien asuma finalmente el pago que se declara exento es, pues, lo percibido por indemnización derivada de la extinción del contrato hasta el límite legal, con independencia de la forma de su abono, del tiempo del mismo, y del tratamiento fiscal de la indemnización y considera que el artículo 275.4 de la LGSS, tal y como lo interpreta la sentencia del TS de 3/10/2023 refiere como límite de ingresos computables no solo la indemnización legal, que es la de la extinción procedente a razón de 20 días, sino también la indemnización pactada, porque la misma supera la mínima pactada para el despido objetivo procedente, pero en ningún caso alcanza la cuantía de la indemnización de extinción improcedente, y solo si estuviera por encima de la misma, ya sería una ganancia a computar como renta o ingreso a tener en cuenta.

Por todo lo cual solicita que se estime el recuso, se revoque la sentencia de instancia y estimando la demandada se declare el derecho del demandante a continuar percibiendo el subsidio de desempleo, condenando a la demandada pagarlo en lo sucesivo, así como los atrasos generados desde la suspensión.

Que la cuestión a resolver estriba en determinar si la indemnización percibida en cuantía superior a la legal ( ya se abone a tanto alzado o en pago diferido),y en su caso, que ha de entenderse por indemnización legal, es renta computable a los efectos de determinar si concurre en el beneficiario el requisito de la carencia de rentas para percibir el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años.

Si la indemnización no es renta, ya se pague en tanto alzado o de forma diferida, no puede incluirse entre las previsiones del artículo 215.1 de la LGSS y no puede ser computada a efectos de determinar si la demandante tiene o no derecho a percibir el subsidio por desempleo.

Y para resolver esta cuestión, la Sala ha de partir de los datos facticos inalterados e inimpugnados que constan en la sentencia de instancia y, que en lo que aquí interesan consisten esencialmente en los siguientes :1) el actor presta servicios para el banco de Santander, en marzo de 2023 fu cesado por la empresa a raíz de un expediente de despido colectivo promovido por la entidad bancaria, según certificación emitida por el banco en el expediente, le corresponde al actor una indemnización total de 208.367,18 euros, brutos, de los cuales corresponde a indemnización legal exenta la cantidad de 123.723,83 euros. Dicha indemnización se abona a razón de 1.516,82 euros mensuales en el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2021 y el 19 de marzo de 2023 y desde el 20 de marzo de 2023 hasta el 16/02/2021 a 31/10/2021, de 1/11/2021 a 15/02/2023, 1681,59 euros, y de 16/02/2023 hasta la fecha final de acuerdo 2.834,92 euros mensuales; también se hace constar que la cuantía de la indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado con el límite de una anualidad, en su caso asciende a 48.556,50 euros, y que según el importe que se le abona conforme a las cifras anteriormente indicadas finalizaría en sus haberes de 15 de junio de 2023. 2) El actor solicito el subsidio de desempleo el 22 de marzo de 2023; Dictándose resolución por el organismo demandado que le reconoció el subsidio de desempleo desde el 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023. 3) se agotó la vía administrativa previa.

EL SPEE, acordó la aprobación del subsidio de mayor de 52 años, con fecha de inicio de 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023, por estimar que como consecuencia del expediente de despido colectivo del que fue objeto el actor por el banco de Santander, termino de consumir la indemnización legal que le correspondía en fecha de 15 de junio de 2023, y que por tanto al percibir una indemnización superior a la legal, a partir de esa fecha, en cuantía mensual de 2.834,92 euros, no cumple el requisito de carecer de rentas, y por ello desde el 15 de junio de 2023 no tiene derecho al subsidio.

Pues bien en el plano normativo señalar que el artículo 274 regula los beneficiarios del subsidio de desempleo y el artículo 275.5 de la LGSS carencia de rentas y responsabilidades familiares establece que: ".. . 4. Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no exista convivencia entre los progenitores.

Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

5. No se consideran rentas o ingresos computables:

a) El importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social percibidas por la persona solicitante o beneficiaria.

b) El importe correspondiente a la indemnización legal prevista en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para cada uno de los supuestos de extinción del contrato de trabajo, con independencia de que su pago sea único o periódico. En todo caso, a los efectos previstos en este artículo, se computará como renta el exceso que sobre dicha cantidad pueda haberse pactado.

Pues bien sobre un supuesto sustancialmente idéntico se ha pronunciado el TSJ Madrid en sentencia de 15 de marzo de 2024, al resolver RSU nº 847/2023, en la que resuelve cuestión relativa a un supuesto de subsidio de desempleo, y determina si ha de considerarse como renta computable la indemnización por despido superior a la legal, la citada sentencia contempla un supuesto en el que se reconoció al demandante el subsidio por desempleo en septiembre de 2021 y se dictó resolución el 9 de marzo de 2022 revocando aquella por el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y declarando indebida la cantidad de 1.807,68 por ser titular de rentas superiores al 75% del SMI. Consta en el expediente administrativo que el demandante tenía una antigüedad de 04/11/1991 y es despedido el 31 de julio de 2019 la indemnización que le corresponde por despido improcedente es de 138.624,88 euros. En mayo de 2021 quedo liquidada la cantidad de 55.298.45, por lo que le resta percibir hasta el máximo legal 83.326,43 euros, que a razón de 2.477,97 euros mensuales supone 33,62 mensualidades. Se le reclama el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y en ese periodo aún no había terminado de percibir la indemnización legal por despido improcedente. Y considera, en definitiva que el límite legal en un supuesto como el presente es el de la indemnización legal prevista para el despido objetivo improcedente, por lo que no se puede computar el exceso de indemnización hasta que no se haya llegado a consumir el abono de la indemnización legal; y como en el presente caso todavía no se ha consumido, no puede incluirse en las rentas percibidas el exceso de indemnización sobre la legal.

Y así la citada sentencia razona en los siguientes términos: ".. ..El precepto alegado como infringido art, 275. LGSS establece:

4. Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paterno filiales cuando no exista convivencia entre los progenitores.

Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

Pero también debemos tener en cuenta el mismo art 275.5 LGSS que señala:

5. No se consideran rentas o ingresos computables:

b) El importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo, con independencia de que su pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica.

STS, Social sección 1 del 03 de octubre de 2023 (ROJ: STS 3961/2023 - ECLI:ES:TS:2023:3961) Sentencia: 694/2023 Recurso: 4058/2020 referido a un supuesto en que se abona la indemnización por despido a través de la contratación por la empresa de un seguro de renta diferida ha dicho :

" Estima que la cuestión litigiosa se concreta en declarar si la percepción por la demandante de la indemnización por despido que venía percibiendo de forma fraccionada y aplazada debe computarse o no como "renta de cualquier naturaleza" a que se refiere el artículo 215.1 de la LGSS , Y, tras razonar que la indemnización por despido no es computable a los efectos del mínimo de rentas, desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia.

2.- El abono de las indemnizaciones derivadas del despido a través de la contratación, por parte de la empresa, de un seguro de rentas diferidas, determina, por ministerio de la ley, un cambio desde el punto de vista fiscal de la naturaleza jurídica de la indemnización, que pasa de ser renta del trabajo, a ser renta del capital mobiliario, con las consecuencias fiscales que regulan dichas rentas. La entidad aseguradora debe realizar, pues así lo exige la normativa fiscal, una imputación de rendimiento, que se calcula conforme a unas tablas por la duración y la cantidad; y, debe efectuar, sobre ese rendimiento, una retención fiscal, por entenderse que, de las cuotas que percibe, no todo es capital, sino que las mismas se componen de capital e intereses, debido a su naturaleza de prima de seguro, y comunicar a Hacienda dichas imputaciones y el carácter de renta del capital mobiliario de las mismas, a efectos de IRPF.

Por tanto, como consecuencia de la forma de pago de la indemnización, en los casos en que, en lugar de abonarse directamente por la empresa, se opta por hacerlo a través de un seguro de rentas diferidas contratado por la empresa, lo recibido por el trabajador pasa, desde el punto de vista fiscal, de ser una renta del trabajo, a ser una renta del capital mobiliario, respecto de la cual deben realizarse determinadas retenciones a cuenta del IRPF, que deben ser declaradas a efectos de este impuesto.

Ante esta situación, la sentencia recurrida estima que la cantidad que la compañía aseguradora certifica como rendimiento de capital mobiliario, y por la cual se realiza la imputación fiscal que es incluida en la declaración de IRPF, constituye una renta percibida por el beneficiario, lo que no es cierto, ya que, de acuerdo con la legislación fiscal, que la propia sentencia recoge, lo que ocurre en realidad es que, desde que la indemnización por despido pasa a formar el capital de un seguro, cambia su naturaleza y, por tanto, la compañía de seguros certifica unos rendimientos por capitalización de la garantía financiera (intereses), calculados con arreglo a la cantidad y los plazos establecidos en el acuerdo sobre el pago de la indemnización; y, sobre ellos, lleva a cabo una imputación a efectos de renta, sin que ello signifique en ningún momento la existencia de percepción adicional alguna por parte del trabajador.

3.- El hecho de que el tratamiento fiscal de la indemnización por despido varíe como consecuencia de que la misma no se abone en uno o varios plazos directamente por la empresa, sino que el pago se realice a través de una póliza de seguros suscrita por la empresa, de la que es beneficiario el trabajador, que garantiza el abono de la cantidad indemnizatoria mediante cantidades progresivas mensuales durante un determinado período de tiempo, no implica que, por ello, cambie la naturaleza de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato y, en concreto, su carácter de cantidades exentas a efectos del cómputo de ingresos a efectos de la percepción del subsidio por desempleo ( Artículo 275 LGSS ). Y, expresamente al segundo párrafo del referido artículo dispone que el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta. Para añadir que ello "con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica". De tal dicción resulta evidente que la norma no ha querido penalizar ni tratar de forma distinta la indemnización que se reciba de forma periódica, sin distinciones respecto de la forma de dicho pago aplazado ni de quien asuma finalmente el pago. Lo que se declara exento es, pues, lo percibido por indemnización derivada de la extinción del contrato hasta el límite legal, con independencia de la forma de su abono, del tiempo del mismo y del tratamiento fiscal de la indemnización."

En un supuesto sustancialmente igual al que es objeto del presente recurso por esta Sala se han dictado sentencias STSJ, Social sección 1 del 09 de febrero de 2024 ( ROJ: STSJ M 1298/2024 - ECLI:ES:TSJM:2024:1298), Sentencia: 132/2024 Recurso: 662/2023 STSJ, Social sección 6 del 21 de noviembre de 2022 ( OJ: STSJ M 13958/2022 - ECLI:ES:TSJM:2022:13958 ) Sentencia: 759/2022 Recurso: 548/2022 señalando en esta última. La denegación del subsidio de desempleo ha tenido lugar porque se ha considerado que no cumple el requisito de carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75 % del salario mínimo interprofesional. Esta conclusión se obtiene a partir de los que considera ingresos computables en los que incluye lo percibido mensualmente por indemnización diferida, derivada de despido colectivo, una vez abonado en el momento de solicitarse el subsidio el importe correspondiente a la indemnización legalmente prevista.

No resulta litigioso el que a la hora de calcular los ingresos percibidos por el solicitante del subsidio o, en su caso, la unidad familiar, deban incluirse aquellos que se perciban por encima del importe correspondiente a la indemnización legalmente establecida para la extinción específica del vínculo laboral; así lo dice la norma legal implicada, artículo 175.4 LGSS , conforme a la que "el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica. Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto", y así resulta de la posición jurídica de las partes y de la jurisprudencia recogida en sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2009, recurso 3527/2008 , y 7 de marzo de 2012, recurso 4391/2010 . La controversia enfrenta a lo que cada una de las partes y el Juzgado, finalmente, han considerado indemnización legal computable: la Gestora ha fijado el límite en la cantidad de 52.540,14 euros, cantidad correspondiente a un despido que se declarase procedente, y el demandante en 129.122,16 euros, que es la que ha tenido en cuenta el Juzgado, correspondiente a un despido objetivo improcedente.

Nos toca ahora decidir, por tanto, cuál es el límite aplicable al supuesto concreto que nos ocupa. Lo que nos dicen los hechos probados es que estamos ante una extinción colectiva en la que se alcanza acuerdo de los negociadores - lógicamente en el seno de un Expediente de Regulación de Empleo- en el que se fijan criterios particulares y específicos de cálculo de la indemnización extintiva que no son los de una extinción objetiva colectiva de mínimos, que sería lo correspondiente a una terminación equivalente al despido procedente, ya que la indemnización reconocida es muy superior a la que resultaría de aplicar la reglas de cálculo de una terminación procedente a las circunstancias de antigüedad y salario del trabajador. Concretamente, si la antigüedad es de 12 de febrero de 1990 y el salario regulador anual de 47.400,26 euros, la indemnización de una extinción procedente acontecida a fecha de 1 de agosto de 2019 (20 días por año de salario con el límite de 12 mensualidades) ascendería a 47.398,9 euros; sobre esos mismos parámetros, la indemnización de extinción improcedente (45 días por año de servicio hasta el 11 de febrero de 2012 y 33 días por año de servicio desde 12 de febrero de 2012, con el límite de 720 días salvo que por el periodo de los 45 días se exceda ese límite en cuyo caso será la que resulte de los 45 días) ascendería a 129.048,38 euros.

Debe tenerse en cuenta, a la hora de integrar la norma legal en el caso concreto, que estando ante un supuesto en el que se pone fin a la relación laboral por un Acuerdo entre empresa y trabajadores, los límites impuestos a la indemnización derivada de la extinción son los que las normas impongan a la autonomía de la voluntad, por abajo el mínimo legal y por arriba la coincidencia voluntaria de ambas partes. El importe de la indemnización legalmente contemplado es diferente para el caso de que la extinción sea causalmente lícito (causa procedente) y para el caso en que sea causalmente ilícito (causa improcedente); pero entre ambos supuestos causales se encuentra el amplio campo de la voluntad de las partes aceptado por la norma legal, genéricamente el artículo 3.1 c) cuando declara fuente de derechos y obligaciones de la relación laboral la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo siempre que su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos, y específicamente el artículo 49.1 a) Por mutuo acuerdo de las partes que habilita, en relación con el apartado i) despido colectivo, la opción de extinguir la relación laboral, con el consenso sobre la extinción, sin la aceptación de la concurrencia de causa procedente. El Acuerdo pone fin al expediente de regulación de empleo (artículo 51.2 LET) y obliga a las partes que pueden interesar su ejecución como pone de manifiesto la ley en sus diferentes manifestaciones sobre la trascendencia cogente de la voluntad negocial: artículos 68 , 84.1 y 5 , 235 , 237 , 244 , 246 , 247.2 LRJS , y ese Acuerdo, teniendo en cuenta que la negociación es esencialmente versátil, puede moverse en un rango de medidas variadas que puede hacer que la indemnización sea el mínimo legal procedente y no se acompañe de otras medidas, que siendo del mínimo legal se acompañe de otras medidas que reconozca derechos no indemnizatorios a los trabajadores, indemnizaciones superiores a las del mínimo legal pero inferiores a las de la extinción improcedente, con o sin otras medidas, e indemnizaciones superiores a las de la extinción improcedente, con o sin otras medidas; aquí debe tenerse en cuenta que el punto de encuentro de las voluntades de ambas artes puede encontrarse más arriba o más abajo dentro del rango admisible legalmente y que en ello se implica la esencia y el fundamento de todo acuerdo transaccional en el que cada parte dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado ( artículo 1809 C.C .). Desde el punto de vista ontológico, la transacción no es el reconocimiento de un derecho concreto sino el punto en el que confluyen dos o más voluntades en el conflicto establecido entre ellas, de modo que el Acuerdo colectivo sobre la extinción de relaciones laborales no es ni el reconocimiento de la existencia de causa extintiva ni el reconocimiento de su inexistencia, al margen de los efectos que las leyes quieran darle en cada uno de los ámbitos en que trascienda ese Acuerdo, de modo que cuando éste no se manifieste expresamente y de forma inequívoca estableciendo que concurre causa legal y fijando como efecto exclusivo la indemnización legal de la extinción procedente, supuesto en el que estaríamos estrictamente en una extinción causal lícita y procedente, la indemnización pactada no será la de la extinción procedente legalmente prevista, sino la indemnización pactada también legalmente prevista. Por eso, parece lógico entender que cuando el artículo 275.4 LGSS refiere como límite de ingresos computables la indemnización legal ésta es la de la extinción procedente cuando el Acuerdo corrobore sin más la causa objetiva y otorgue la indemnización de veinte días, la indemnización pactada cuando superando aquella no alcance la de la extinción improcedente, y esta última cuando la indemnización excede la de la extinción improcedente, siendo ésta la máxima autorizada por la ley como tal ya que el exceso no deriva de la imposición legal sino de la voluntad de las partes que, en ningún caso, pueden imponer a un tercero y en relaciones de naturaleza distinta a la de la relación laboral efectos más allá de la ley, ya que "Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley" ( artículo 1257 C.C .) y sensu contrario, solo obligan, en aquello que, según su naturaleza, sea conforme a la buena fe, al uso y a la ley ( artículo1258 C.C .).

Como consecuencia de todo lo expuesto, debe entenderse, como ha hecho el Juzgado, que el límite legal en un supuesto como el presente es el de la indemnización legal prevista para el despido objetivo improcedente, lo que se traduce en nuestro caso en el importe de 129.048,38 euros, de modo que cuando se deniega el subsidio de desempleo al demandante no se puede computar el exceso de indemnización porque todavía no se ha llegado a consumir el abono de la indemnización legal, teniendo en cuenta que si la indemnización se abona desde el 8 de febrero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2027, en fecha 27 de octubre de 2021 que es cuando se deniega la prestación (no se dice en hechos probados cuando se solicitó), a razón de 83,91 euros día o 2.552,19 euros mes, no se han consumido los 129.048,38 euros de la indemnización legal ya que han transcurrido 32 mensualidades y 19 días, esto es, aproximadamente y sin voluntad de fijarlo como cuantía vinculante, ya que se implican elementos susceptibles de determinación que no han sido planteados por las partes ni resueltos, pero sí orientativa para comprobar el exceso o no, de 83.264 euros. Por lo tanto, no habiéndose puesto en entredicho ningún otro requisito para acceder a la prestación consistente en subsidio de desempleo, debe reconocerse el derecho del demandante a su percepción como ha hecho la sentencia impugnada, lo que conlleva la desestimación del recurso de suplicación y la confirmación de la sentencia en su pronunciamiento resolutorio."

En el supuesto concreto consta en el expediente administrativo que el demandante tenía una antigüedad de 04/11/1991 y es despedido el 31 de julio de 2019 la indemnización que le corresponde por despido improcedente es de 138624,88 euros. En mayo de 2021 quedo liquidada la cantidad de 55.298.45 le resta percibir hasta el máximo legal 83326,43 euros, que a razón de 2.477,97 euros mensuales supone 33,62 mensualidades. Se le reclama el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y en ese periodo aún no había terminado de percibir la indemnización legal por despido improcedente por ello se desestima el motivo y el recurso....."

Y aplicando el criterio mantenido en la citada sentencia al supuesto de autos, sustancialmente idéntico, procede recovar la sentencia de instancia y dejar sin efecto la resolución del SPEE impugnada por el actor, ahora recurrente, pues es obvio que la indemnización que le corresponde al actor por despido improcedente no quedo liquidada en 15 de junio, ( en esa fecha quedo liquidada la indemnización por despido objetivo procedente a razón de 20 días de salario( 48.556,50 euros, y únicamente procederá suspender la prestación en la fecha en que hubiese terminado de percibir la indemnización por despido improcedente, pero en modo alguno procede la aprobación de la prestación del subsidio de desempleo hasta el 15 de junio de 2023 fecha final acordada a por la resolución del SPEE; lo que conduce a la estimación de recurso y a la revocación de la sentencia de instancia, dejando sin efecto la resolución impugnada.

En Consecuencia.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.- La parte actora presenta demanda en pretensión de que se deje sin efecto la resolución del SPEE de 10 de abril de 2023 aprobatoria de un subsidio de mayor de 52 años, con fecha de inicio 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023, y solicita que se dicte sentencia por la que se le reconozca el derecho a percibir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años hasta la fecha en que proceda acceder a la pensión de jubilación ordinaria, y en todo caso hasta la fecha en la que las cuantías abonadas por el banco de Santander SA como consecuencia de la resolución de la relación laboral, excedan de la cuantía de 180.000 euros, o subsidiariamente hasta el 15 de agosto de 2025 (fecha en la que la empresa certifica que finaliza el abono de la indemnización legal exenta) con los efectos legales o económicos que correspondan.

La sentencia de instancia desestima la demanda y, absuelve al SPEE de la pretensión ejercitada contra el por el actor.

Y frente a la sentencia de instancia se alza en suplicación la representación letrada del actor, interponiendo recurso en base a un único motivo, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS en el que denuncia infracciones jurídicas.

Recurso que ha sido impugnado de contrario por el letrado del SPEE.

SEGUNDO.-La representación letrada de la parte actora, en el único motivo del recurso, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 274 y 275.4 de la LGSS, y la sentencia del TS 694/2023 de 2 de octubre y principio "in dubio pro operario". y considera que la norma legal ( art 275 LGSS) no ha querido penalizar ni tratar de forma distinta la indemnización que se reciba de forma periódica, sin distinciones respecto de la forma de dicho pago aplazado, ni de quien asuma finalmente el pago que se declara exento es, pues, lo percibido por indemnización derivada de la extinción del contrato hasta el límite legal, con independencia de la forma de su abono, del tiempo del mismo, y del tratamiento fiscal de la indemnización y considera que el artículo 275.4 de la LGSS, tal y como lo interpreta la sentencia del TS de 3/10/2023 refiere como límite de ingresos computables no solo la indemnización legal, que es la de la extinción procedente a razón de 20 días, sino también la indemnización pactada, porque la misma supera la mínima pactada para el despido objetivo procedente, pero en ningún caso alcanza la cuantía de la indemnización de extinción improcedente, y solo si estuviera por encima de la misma, ya sería una ganancia a computar como renta o ingreso a tener en cuenta.

Por todo lo cual solicita que se estime el recuso, se revoque la sentencia de instancia y estimando la demandada se declare el derecho del demandante a continuar percibiendo el subsidio de desempleo, condenando a la demandada pagarlo en lo sucesivo, así como los atrasos generados desde la suspensión.

Que la cuestión a resolver estriba en determinar si la indemnización percibida en cuantía superior a la legal ( ya se abone a tanto alzado o en pago diferido),y en su caso, que ha de entenderse por indemnización legal, es renta computable a los efectos de determinar si concurre en el beneficiario el requisito de la carencia de rentas para percibir el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años.

Si la indemnización no es renta, ya se pague en tanto alzado o de forma diferida, no puede incluirse entre las previsiones del artículo 215.1 de la LGSS y no puede ser computada a efectos de determinar si la demandante tiene o no derecho a percibir el subsidio por desempleo.

Y para resolver esta cuestión, la Sala ha de partir de los datos facticos inalterados e inimpugnados que constan en la sentencia de instancia y, que en lo que aquí interesan consisten esencialmente en los siguientes :1) el actor presta servicios para el banco de Santander, en marzo de 2023 fu cesado por la empresa a raíz de un expediente de despido colectivo promovido por la entidad bancaria, según certificación emitida por el banco en el expediente, le corresponde al actor una indemnización total de 208.367,18 euros, brutos, de los cuales corresponde a indemnización legal exenta la cantidad de 123.723,83 euros. Dicha indemnización se abona a razón de 1.516,82 euros mensuales en el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2021 y el 19 de marzo de 2023 y desde el 20 de marzo de 2023 hasta el 16/02/2021 a 31/10/2021, de 1/11/2021 a 15/02/2023, 1681,59 euros, y de 16/02/2023 hasta la fecha final de acuerdo 2.834,92 euros mensuales; también se hace constar que la cuantía de la indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado con el límite de una anualidad, en su caso asciende a 48.556,50 euros, y que según el importe que se le abona conforme a las cifras anteriormente indicadas finalizaría en sus haberes de 15 de junio de 2023. 2) El actor solicito el subsidio de desempleo el 22 de marzo de 2023; Dictándose resolución por el organismo demandado que le reconoció el subsidio de desempleo desde el 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023. 3) se agotó la vía administrativa previa.

EL SPEE, acordó la aprobación del subsidio de mayor de 52 años, con fecha de inicio de 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023, por estimar que como consecuencia del expediente de despido colectivo del que fue objeto el actor por el banco de Santander, termino de consumir la indemnización legal que le correspondía en fecha de 15 de junio de 2023, y que por tanto al percibir una indemnización superior a la legal, a partir de esa fecha, en cuantía mensual de 2.834,92 euros, no cumple el requisito de carecer de rentas, y por ello desde el 15 de junio de 2023 no tiene derecho al subsidio.

Pues bien en el plano normativo señalar que el artículo 274 regula los beneficiarios del subsidio de desempleo y el artículo 275.5 de la LGSS carencia de rentas y responsabilidades familiares establece que: ".. . 4. Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no exista convivencia entre los progenitores.

Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

5. No se consideran rentas o ingresos computables:

a) El importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social percibidas por la persona solicitante o beneficiaria.

b) El importe correspondiente a la indemnización legal prevista en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para cada uno de los supuestos de extinción del contrato de trabajo, con independencia de que su pago sea único o periódico. En todo caso, a los efectos previstos en este artículo, se computará como renta el exceso que sobre dicha cantidad pueda haberse pactado.

Pues bien sobre un supuesto sustancialmente idéntico se ha pronunciado el TSJ Madrid en sentencia de 15 de marzo de 2024, al resolver RSU nº 847/2023, en la que resuelve cuestión relativa a un supuesto de subsidio de desempleo, y determina si ha de considerarse como renta computable la indemnización por despido superior a la legal, la citada sentencia contempla un supuesto en el que se reconoció al demandante el subsidio por desempleo en septiembre de 2021 y se dictó resolución el 9 de marzo de 2022 revocando aquella por el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y declarando indebida la cantidad de 1.807,68 por ser titular de rentas superiores al 75% del SMI. Consta en el expediente administrativo que el demandante tenía una antigüedad de 04/11/1991 y es despedido el 31 de julio de 2019 la indemnización que le corresponde por despido improcedente es de 138.624,88 euros. En mayo de 2021 quedo liquidada la cantidad de 55.298.45, por lo que le resta percibir hasta el máximo legal 83.326,43 euros, que a razón de 2.477,97 euros mensuales supone 33,62 mensualidades. Se le reclama el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y en ese periodo aún no había terminado de percibir la indemnización legal por despido improcedente. Y considera, en definitiva que el límite legal en un supuesto como el presente es el de la indemnización legal prevista para el despido objetivo improcedente, por lo que no se puede computar el exceso de indemnización hasta que no se haya llegado a consumir el abono de la indemnización legal; y como en el presente caso todavía no se ha consumido, no puede incluirse en las rentas percibidas el exceso de indemnización sobre la legal.

Y así la citada sentencia razona en los siguientes términos: ".. ..El precepto alegado como infringido art, 275. LGSS establece:

4. Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paterno filiales cuando no exista convivencia entre los progenitores.

Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

Pero también debemos tener en cuenta el mismo art 275.5 LGSS que señala:

5. No se consideran rentas o ingresos computables:

b) El importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo, con independencia de que su pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica.

STS, Social sección 1 del 03 de octubre de 2023 (ROJ: STS 3961/2023 - ECLI:ES:TS:2023:3961) Sentencia: 694/2023 Recurso: 4058/2020 referido a un supuesto en que se abona la indemnización por despido a través de la contratación por la empresa de un seguro de renta diferida ha dicho :

" Estima que la cuestión litigiosa se concreta en declarar si la percepción por la demandante de la indemnización por despido que venía percibiendo de forma fraccionada y aplazada debe computarse o no como "renta de cualquier naturaleza" a que se refiere el artículo 215.1 de la LGSS , Y, tras razonar que la indemnización por despido no es computable a los efectos del mínimo de rentas, desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia.

2.- El abono de las indemnizaciones derivadas del despido a través de la contratación, por parte de la empresa, de un seguro de rentas diferidas, determina, por ministerio de la ley, un cambio desde el punto de vista fiscal de la naturaleza jurídica de la indemnización, que pasa de ser renta del trabajo, a ser renta del capital mobiliario, con las consecuencias fiscales que regulan dichas rentas. La entidad aseguradora debe realizar, pues así lo exige la normativa fiscal, una imputación de rendimiento, que se calcula conforme a unas tablas por la duración y la cantidad; y, debe efectuar, sobre ese rendimiento, una retención fiscal, por entenderse que, de las cuotas que percibe, no todo es capital, sino que las mismas se componen de capital e intereses, debido a su naturaleza de prima de seguro, y comunicar a Hacienda dichas imputaciones y el carácter de renta del capital mobiliario de las mismas, a efectos de IRPF.

Por tanto, como consecuencia de la forma de pago de la indemnización, en los casos en que, en lugar de abonarse directamente por la empresa, se opta por hacerlo a través de un seguro de rentas diferidas contratado por la empresa, lo recibido por el trabajador pasa, desde el punto de vista fiscal, de ser una renta del trabajo, a ser una renta del capital mobiliario, respecto de la cual deben realizarse determinadas retenciones a cuenta del IRPF, que deben ser declaradas a efectos de este impuesto.

Ante esta situación, la sentencia recurrida estima que la cantidad que la compañía aseguradora certifica como rendimiento de capital mobiliario, y por la cual se realiza la imputación fiscal que es incluida en la declaración de IRPF, constituye una renta percibida por el beneficiario, lo que no es cierto, ya que, de acuerdo con la legislación fiscal, que la propia sentencia recoge, lo que ocurre en realidad es que, desde que la indemnización por despido pasa a formar el capital de un seguro, cambia su naturaleza y, por tanto, la compañía de seguros certifica unos rendimientos por capitalización de la garantía financiera (intereses), calculados con arreglo a la cantidad y los plazos establecidos en el acuerdo sobre el pago de la indemnización; y, sobre ellos, lleva a cabo una imputación a efectos de renta, sin que ello signifique en ningún momento la existencia de percepción adicional alguna por parte del trabajador.

3.- El hecho de que el tratamiento fiscal de la indemnización por despido varíe como consecuencia de que la misma no se abone en uno o varios plazos directamente por la empresa, sino que el pago se realice a través de una póliza de seguros suscrita por la empresa, de la que es beneficiario el trabajador, que garantiza el abono de la cantidad indemnizatoria mediante cantidades progresivas mensuales durante un determinado período de tiempo, no implica que, por ello, cambie la naturaleza de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato y, en concreto, su carácter de cantidades exentas a efectos del cómputo de ingresos a efectos de la percepción del subsidio por desempleo ( Artículo 275 LGSS ). Y, expresamente al segundo párrafo del referido artículo dispone que el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta. Para añadir que ello "con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica". De tal dicción resulta evidente que la norma no ha querido penalizar ni tratar de forma distinta la indemnización que se reciba de forma periódica, sin distinciones respecto de la forma de dicho pago aplazado ni de quien asuma finalmente el pago. Lo que se declara exento es, pues, lo percibido por indemnización derivada de la extinción del contrato hasta el límite legal, con independencia de la forma de su abono, del tiempo del mismo y del tratamiento fiscal de la indemnización."

En un supuesto sustancialmente igual al que es objeto del presente recurso por esta Sala se han dictado sentencias STSJ, Social sección 1 del 09 de febrero de 2024 ( ROJ: STSJ M 1298/2024 - ECLI:ES:TSJM:2024:1298), Sentencia: 132/2024 Recurso: 662/2023 STSJ, Social sección 6 del 21 de noviembre de 2022 ( OJ: STSJ M 13958/2022 - ECLI:ES:TSJM:2022:13958 ) Sentencia: 759/2022 Recurso: 548/2022 señalando en esta última. La denegación del subsidio de desempleo ha tenido lugar porque se ha considerado que no cumple el requisito de carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75 % del salario mínimo interprofesional. Esta conclusión se obtiene a partir de los que considera ingresos computables en los que incluye lo percibido mensualmente por indemnización diferida, derivada de despido colectivo, una vez abonado en el momento de solicitarse el subsidio el importe correspondiente a la indemnización legalmente prevista.

No resulta litigioso el que a la hora de calcular los ingresos percibidos por el solicitante del subsidio o, en su caso, la unidad familiar, deban incluirse aquellos que se perciban por encima del importe correspondiente a la indemnización legalmente establecida para la extinción específica del vínculo laboral; así lo dice la norma legal implicada, artículo 175.4 LGSS , conforme a la que "el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica. Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto", y así resulta de la posición jurídica de las partes y de la jurisprudencia recogida en sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2009, recurso 3527/2008 , y 7 de marzo de 2012, recurso 4391/2010 . La controversia enfrenta a lo que cada una de las partes y el Juzgado, finalmente, han considerado indemnización legal computable: la Gestora ha fijado el límite en la cantidad de 52.540,14 euros, cantidad correspondiente a un despido que se declarase procedente, y el demandante en 129.122,16 euros, que es la que ha tenido en cuenta el Juzgado, correspondiente a un despido objetivo improcedente.

Nos toca ahora decidir, por tanto, cuál es el límite aplicable al supuesto concreto que nos ocupa. Lo que nos dicen los hechos probados es que estamos ante una extinción colectiva en la que se alcanza acuerdo de los negociadores - lógicamente en el seno de un Expediente de Regulación de Empleo- en el que se fijan criterios particulares y específicos de cálculo de la indemnización extintiva que no son los de una extinción objetiva colectiva de mínimos, que sería lo correspondiente a una terminación equivalente al despido procedente, ya que la indemnización reconocida es muy superior a la que resultaría de aplicar la reglas de cálculo de una terminación procedente a las circunstancias de antigüedad y salario del trabajador. Concretamente, si la antigüedad es de 12 de febrero de 1990 y el salario regulador anual de 47.400,26 euros, la indemnización de una extinción procedente acontecida a fecha de 1 de agosto de 2019 (20 días por año de salario con el límite de 12 mensualidades) ascendería a 47.398,9 euros; sobre esos mismos parámetros, la indemnización de extinción improcedente (45 días por año de servicio hasta el 11 de febrero de 2012 y 33 días por año de servicio desde 12 de febrero de 2012, con el límite de 720 días salvo que por el periodo de los 45 días se exceda ese límite en cuyo caso será la que resulte de los 45 días) ascendería a 129.048,38 euros.

Debe tenerse en cuenta, a la hora de integrar la norma legal en el caso concreto, que estando ante un supuesto en el que se pone fin a la relación laboral por un Acuerdo entre empresa y trabajadores, los límites impuestos a la indemnización derivada de la extinción son los que las normas impongan a la autonomía de la voluntad, por abajo el mínimo legal y por arriba la coincidencia voluntaria de ambas partes. El importe de la indemnización legalmente contemplado es diferente para el caso de que la extinción sea causalmente lícito (causa procedente) y para el caso en que sea causalmente ilícito (causa improcedente); pero entre ambos supuestos causales se encuentra el amplio campo de la voluntad de las partes aceptado por la norma legal, genéricamente el artículo 3.1 c) cuando declara fuente de derechos y obligaciones de la relación laboral la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo siempre que su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos, y específicamente el artículo 49.1 a) Por mutuo acuerdo de las partes que habilita, en relación con el apartado i) despido colectivo, la opción de extinguir la relación laboral, con el consenso sobre la extinción, sin la aceptación de la concurrencia de causa procedente. El Acuerdo pone fin al expediente de regulación de empleo (artículo 51.2 LET) y obliga a las partes que pueden interesar su ejecución como pone de manifiesto la ley en sus diferentes manifestaciones sobre la trascendencia cogente de la voluntad negocial: artículos 68 , 84.1 y 5 , 235 , 237 , 244 , 246 , 247.2 LRJS , y ese Acuerdo, teniendo en cuenta que la negociación es esencialmente versátil, puede moverse en un rango de medidas variadas que puede hacer que la indemnización sea el mínimo legal procedente y no se acompañe de otras medidas, que siendo del mínimo legal se acompañe de otras medidas que reconozca derechos no indemnizatorios a los trabajadores, indemnizaciones superiores a las del mínimo legal pero inferiores a las de la extinción improcedente, con o sin otras medidas, e indemnizaciones superiores a las de la extinción improcedente, con o sin otras medidas; aquí debe tenerse en cuenta que el punto de encuentro de las voluntades de ambas artes puede encontrarse más arriba o más abajo dentro del rango admisible legalmente y que en ello se implica la esencia y el fundamento de todo acuerdo transaccional en el que cada parte dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado ( artículo 1809 C.C .). Desde el punto de vista ontológico, la transacción no es el reconocimiento de un derecho concreto sino el punto en el que confluyen dos o más voluntades en el conflicto establecido entre ellas, de modo que el Acuerdo colectivo sobre la extinción de relaciones laborales no es ni el reconocimiento de la existencia de causa extintiva ni el reconocimiento de su inexistencia, al margen de los efectos que las leyes quieran darle en cada uno de los ámbitos en que trascienda ese Acuerdo, de modo que cuando éste no se manifieste expresamente y de forma inequívoca estableciendo que concurre causa legal y fijando como efecto exclusivo la indemnización legal de la extinción procedente, supuesto en el que estaríamos estrictamente en una extinción causal lícita y procedente, la indemnización pactada no será la de la extinción procedente legalmente prevista, sino la indemnización pactada también legalmente prevista. Por eso, parece lógico entender que cuando el artículo 275.4 LGSS refiere como límite de ingresos computables la indemnización legal ésta es la de la extinción procedente cuando el Acuerdo corrobore sin más la causa objetiva y otorgue la indemnización de veinte días, la indemnización pactada cuando superando aquella no alcance la de la extinción improcedente, y esta última cuando la indemnización excede la de la extinción improcedente, siendo ésta la máxima autorizada por la ley como tal ya que el exceso no deriva de la imposición legal sino de la voluntad de las partes que, en ningún caso, pueden imponer a un tercero y en relaciones de naturaleza distinta a la de la relación laboral efectos más allá de la ley, ya que "Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley" ( artículo 1257 C.C .) y sensu contrario, solo obligan, en aquello que, según su naturaleza, sea conforme a la buena fe, al uso y a la ley ( artículo1258 C.C .).

Como consecuencia de todo lo expuesto, debe entenderse, como ha hecho el Juzgado, que el límite legal en un supuesto como el presente es el de la indemnización legal prevista para el despido objetivo improcedente, lo que se traduce en nuestro caso en el importe de 129.048,38 euros, de modo que cuando se deniega el subsidio de desempleo al demandante no se puede computar el exceso de indemnización porque todavía no se ha llegado a consumir el abono de la indemnización legal, teniendo en cuenta que si la indemnización se abona desde el 8 de febrero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2027, en fecha 27 de octubre de 2021 que es cuando se deniega la prestación (no se dice en hechos probados cuando se solicitó), a razón de 83,91 euros día o 2.552,19 euros mes, no se han consumido los 129.048,38 euros de la indemnización legal ya que han transcurrido 32 mensualidades y 19 días, esto es, aproximadamente y sin voluntad de fijarlo como cuantía vinculante, ya que se implican elementos susceptibles de determinación que no han sido planteados por las partes ni resueltos, pero sí orientativa para comprobar el exceso o no, de 83.264 euros. Por lo tanto, no habiéndose puesto en entredicho ningún otro requisito para acceder a la prestación consistente en subsidio de desempleo, debe reconocerse el derecho del demandante a su percepción como ha hecho la sentencia impugnada, lo que conlleva la desestimación del recurso de suplicación y la confirmación de la sentencia en su pronunciamiento resolutorio."

En el supuesto concreto consta en el expediente administrativo que el demandante tenía una antigüedad de 04/11/1991 y es despedido el 31 de julio de 2019 la indemnización que le corresponde por despido improcedente es de 138624,88 euros. En mayo de 2021 quedo liquidada la cantidad de 55.298.45 le resta percibir hasta el máximo legal 83326,43 euros, que a razón de 2.477,97 euros mensuales supone 33,62 mensualidades. Se le reclama el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y en ese periodo aún no había terminado de percibir la indemnización legal por despido improcedente por ello se desestima el motivo y el recurso....."

Y aplicando el criterio mantenido en la citada sentencia al supuesto de autos, sustancialmente idéntico, procede recovar la sentencia de instancia y dejar sin efecto la resolución del SPEE impugnada por el actor, ahora recurrente, pues es obvio que la indemnización que le corresponde al actor por despido improcedente no quedo liquidada en 15 de junio, ( en esa fecha quedo liquidada la indemnización por despido objetivo procedente a razón de 20 días de salario( 48.556,50 euros, y únicamente procederá suspender la prestación en la fecha en que hubiese terminado de percibir la indemnización por despido improcedente, pero en modo alguno procede la aprobación de la prestación del subsidio de desempleo hasta el 15 de junio de 2023 fecha final acordada a por la resolución del SPEE; lo que conduce a la estimación de recurso y a la revocación de la sentencia de instancia, dejando sin efecto la resolución impugnada.

En Consecuencia.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.- La parte actora presenta demanda en pretensión de que se deje sin efecto la resolución del SPEE de 10 de abril de 2023 aprobatoria de un subsidio de mayor de 52 años, con fecha de inicio 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023, y solicita que se dicte sentencia por la que se le reconozca el derecho a percibir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años hasta la fecha en que proceda acceder a la pensión de jubilación ordinaria, y en todo caso hasta la fecha en la que las cuantías abonadas por el banco de Santander SA como consecuencia de la resolución de la relación laboral, excedan de la cuantía de 180.000 euros, o subsidiariamente hasta el 15 de agosto de 2025 (fecha en la que la empresa certifica que finaliza el abono de la indemnización legal exenta) con los efectos legales o económicos que correspondan.

La sentencia de instancia desestima la demanda y, absuelve al SPEE de la pretensión ejercitada contra el por el actor.

Y frente a la sentencia de instancia se alza en suplicación la representación letrada del actor, interponiendo recurso en base a un único motivo, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS en el que denuncia infracciones jurídicas.

Recurso que ha sido impugnado de contrario por el letrado del SPEE.

SEGUNDO.-La representación letrada de la parte actora, en el único motivo del recurso, correctamente amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 274 y 275.4 de la LGSS, y la sentencia del TS 694/2023 de 2 de octubre y principio "in dubio pro operario". y considera que la norma legal ( art 275 LGSS) no ha querido penalizar ni tratar de forma distinta la indemnización que se reciba de forma periódica, sin distinciones respecto de la forma de dicho pago aplazado, ni de quien asuma finalmente el pago que se declara exento es, pues, lo percibido por indemnización derivada de la extinción del contrato hasta el límite legal, con independencia de la forma de su abono, del tiempo del mismo, y del tratamiento fiscal de la indemnización y considera que el artículo 275.4 de la LGSS, tal y como lo interpreta la sentencia del TS de 3/10/2023 refiere como límite de ingresos computables no solo la indemnización legal, que es la de la extinción procedente a razón de 20 días, sino también la indemnización pactada, porque la misma supera la mínima pactada para el despido objetivo procedente, pero en ningún caso alcanza la cuantía de la indemnización de extinción improcedente, y solo si estuviera por encima de la misma, ya sería una ganancia a computar como renta o ingreso a tener en cuenta.

Por todo lo cual solicita que se estime el recuso, se revoque la sentencia de instancia y estimando la demandada se declare el derecho del demandante a continuar percibiendo el subsidio de desempleo, condenando a la demandada pagarlo en lo sucesivo, así como los atrasos generados desde la suspensión.

Que la cuestión a resolver estriba en determinar si la indemnización percibida en cuantía superior a la legal ( ya se abone a tanto alzado o en pago diferido),y en su caso, que ha de entenderse por indemnización legal, es renta computable a los efectos de determinar si concurre en el beneficiario el requisito de la carencia de rentas para percibir el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años.

Si la indemnización no es renta, ya se pague en tanto alzado o de forma diferida, no puede incluirse entre las previsiones del artículo 215.1 de la LGSS y no puede ser computada a efectos de determinar si la demandante tiene o no derecho a percibir el subsidio por desempleo.

Y para resolver esta cuestión, la Sala ha de partir de los datos facticos inalterados e inimpugnados que constan en la sentencia de instancia y, que en lo que aquí interesan consisten esencialmente en los siguientes :1) el actor presta servicios para el banco de Santander, en marzo de 2023 fu cesado por la empresa a raíz de un expediente de despido colectivo promovido por la entidad bancaria, según certificación emitida por el banco en el expediente, le corresponde al actor una indemnización total de 208.367,18 euros, brutos, de los cuales corresponde a indemnización legal exenta la cantidad de 123.723,83 euros. Dicha indemnización se abona a razón de 1.516,82 euros mensuales en el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2021 y el 19 de marzo de 2023 y desde el 20 de marzo de 2023 hasta el 16/02/2021 a 31/10/2021, de 1/11/2021 a 15/02/2023, 1681,59 euros, y de 16/02/2023 hasta la fecha final de acuerdo 2.834,92 euros mensuales; también se hace constar que la cuantía de la indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado con el límite de una anualidad, en su caso asciende a 48.556,50 euros, y que según el importe que se le abona conforme a las cifras anteriormente indicadas finalizaría en sus haberes de 15 de junio de 2023. 2) El actor solicito el subsidio de desempleo el 22 de marzo de 2023; Dictándose resolución por el organismo demandado que le reconoció el subsidio de desempleo desde el 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023. 3) se agotó la vía administrativa previa.

EL SPEE, acordó la aprobación del subsidio de mayor de 52 años, con fecha de inicio de 20/03/2023 y fecha final 15/06/2023, por estimar que como consecuencia del expediente de despido colectivo del que fue objeto el actor por el banco de Santander, termino de consumir la indemnización legal que le correspondía en fecha de 15 de junio de 2023, y que por tanto al percibir una indemnización superior a la legal, a partir de esa fecha, en cuantía mensual de 2.834,92 euros, no cumple el requisito de carecer de rentas, y por ello desde el 15 de junio de 2023 no tiene derecho al subsidio.

Pues bien en el plano normativo señalar que el artículo 274 regula los beneficiarios del subsidio de desempleo y el artículo 275.5 de la LGSS carencia de rentas y responsabilidades familiares establece que: ".. . 4. Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no exista convivencia entre los progenitores.

Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

5. No se consideran rentas o ingresos computables:

a) El importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social percibidas por la persona solicitante o beneficiaria.

b) El importe correspondiente a la indemnización legal prevista en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para cada uno de los supuestos de extinción del contrato de trabajo, con independencia de que su pago sea único o periódico. En todo caso, a los efectos previstos en este artículo, se computará como renta el exceso que sobre dicha cantidad pueda haberse pactado.

Pues bien sobre un supuesto sustancialmente idéntico se ha pronunciado el TSJ Madrid en sentencia de 15 de marzo de 2024, al resolver RSU nº 847/2023, en la que resuelve cuestión relativa a un supuesto de subsidio de desempleo, y determina si ha de considerarse como renta computable la indemnización por despido superior a la legal, la citada sentencia contempla un supuesto en el que se reconoció al demandante el subsidio por desempleo en septiembre de 2021 y se dictó resolución el 9 de marzo de 2022 revocando aquella por el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y declarando indebida la cantidad de 1.807,68 por ser titular de rentas superiores al 75% del SMI. Consta en el expediente administrativo que el demandante tenía una antigüedad de 04/11/1991 y es despedido el 31 de julio de 2019 la indemnización que le corresponde por despido improcedente es de 138.624,88 euros. En mayo de 2021 quedo liquidada la cantidad de 55.298.45, por lo que le resta percibir hasta el máximo legal 83.326,43 euros, que a razón de 2.477,97 euros mensuales supone 33,62 mensualidades. Se le reclama el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y en ese periodo aún no había terminado de percibir la indemnización legal por despido improcedente. Y considera, en definitiva que el límite legal en un supuesto como el presente es el de la indemnización legal prevista para el despido objetivo improcedente, por lo que no se puede computar el exceso de indemnización hasta que no se haya llegado a consumir el abono de la indemnización legal; y como en el presente caso todavía no se ha consumido, no puede incluirse en las rentas percibidas el exceso de indemnización sobre la legal.

Y así la citada sentencia razona en los siguientes términos: ".. ..El precepto alegado como infringido art, 275. LGSS establece:

4. Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional contributiva o no contributiva, públicas o privadas. También se considerarán rentas las pensiones alimenticias y las compensatorias, acordadas en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o en procesos de adopción de medidas paterno filiales cuando no exista convivencia entre los progenitores.

Además, son rentas los incrementos patrimoniales derivados de actos inter vivos o mortis causa, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

Pero también debemos tener en cuenta el mismo art 275.5 LGSS que señala:

5. No se consideran rentas o ingresos computables:

b) El importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo, con independencia de que su pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica.

STS, Social sección 1 del 03 de octubre de 2023 (ROJ: STS 3961/2023 - ECLI:ES:TS:2023:3961) Sentencia: 694/2023 Recurso: 4058/2020 referido a un supuesto en que se abona la indemnización por despido a través de la contratación por la empresa de un seguro de renta diferida ha dicho :

" Estima que la cuestión litigiosa se concreta en declarar si la percepción por la demandante de la indemnización por despido que venía percibiendo de forma fraccionada y aplazada debe computarse o no como "renta de cualquier naturaleza" a que se refiere el artículo 215.1 de la LGSS , Y, tras razonar que la indemnización por despido no es computable a los efectos del mínimo de rentas, desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia.

2.- El abono de las indemnizaciones derivadas del despido a través de la contratación, por parte de la empresa, de un seguro de rentas diferidas, determina, por ministerio de la ley, un cambio desde el punto de vista fiscal de la naturaleza jurídica de la indemnización, que pasa de ser renta del trabajo, a ser renta del capital mobiliario, con las consecuencias fiscales que regulan dichas rentas. La entidad aseguradora debe realizar, pues así lo exige la normativa fiscal, una imputación de rendimiento, que se calcula conforme a unas tablas por la duración y la cantidad; y, debe efectuar, sobre ese rendimiento, una retención fiscal, por entenderse que, de las cuotas que percibe, no todo es capital, sino que las mismas se componen de capital e intereses, debido a su naturaleza de prima de seguro, y comunicar a Hacienda dichas imputaciones y el carácter de renta del capital mobiliario de las mismas, a efectos de IRPF.

Por tanto, como consecuencia de la forma de pago de la indemnización, en los casos en que, en lugar de abonarse directamente por la empresa, se opta por hacerlo a través de un seguro de rentas diferidas contratado por la empresa, lo recibido por el trabajador pasa, desde el punto de vista fiscal, de ser una renta del trabajo, a ser una renta del capital mobiliario, respecto de la cual deben realizarse determinadas retenciones a cuenta del IRPF, que deben ser declaradas a efectos de este impuesto.

Ante esta situación, la sentencia recurrida estima que la cantidad que la compañía aseguradora certifica como rendimiento de capital mobiliario, y por la cual se realiza la imputación fiscal que es incluida en la declaración de IRPF, constituye una renta percibida por el beneficiario, lo que no es cierto, ya que, de acuerdo con la legislación fiscal, que la propia sentencia recoge, lo que ocurre en realidad es que, desde que la indemnización por despido pasa a formar el capital de un seguro, cambia su naturaleza y, por tanto, la compañía de seguros certifica unos rendimientos por capitalización de la garantía financiera (intereses), calculados con arreglo a la cantidad y los plazos establecidos en el acuerdo sobre el pago de la indemnización; y, sobre ellos, lleva a cabo una imputación a efectos de renta, sin que ello signifique en ningún momento la existencia de percepción adicional alguna por parte del trabajador.

3.- El hecho de que el tratamiento fiscal de la indemnización por despido varíe como consecuencia de que la misma no se abone en uno o varios plazos directamente por la empresa, sino que el pago se realice a través de una póliza de seguros suscrita por la empresa, de la que es beneficiario el trabajador, que garantiza el abono de la cantidad indemnizatoria mediante cantidades progresivas mensuales durante un determinado período de tiempo, no implica que, por ello, cambie la naturaleza de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato y, en concreto, su carácter de cantidades exentas a efectos del cómputo de ingresos a efectos de la percepción del subsidio por desempleo ( Artículo 275 LGSS ). Y, expresamente al segundo párrafo del referido artículo dispone que el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta. Para añadir que ello "con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica". De tal dicción resulta evidente que la norma no ha querido penalizar ni tratar de forma distinta la indemnización que se reciba de forma periódica, sin distinciones respecto de la forma de dicho pago aplazado ni de quien asuma finalmente el pago. Lo que se declara exento es, pues, lo percibido por indemnización derivada de la extinción del contrato hasta el límite legal, con independencia de la forma de su abono, del tiempo del mismo y del tratamiento fiscal de la indemnización."

En un supuesto sustancialmente igual al que es objeto del presente recurso por esta Sala se han dictado sentencias STSJ, Social sección 1 del 09 de febrero de 2024 ( ROJ: STSJ M 1298/2024 - ECLI:ES:TSJM:2024:1298), Sentencia: 132/2024 Recurso: 662/2023 STSJ, Social sección 6 del 21 de noviembre de 2022 ( OJ: STSJ M 13958/2022 - ECLI:ES:TSJM:2022:13958 ) Sentencia: 759/2022 Recurso: 548/2022 señalando en esta última. La denegación del subsidio de desempleo ha tenido lugar porque se ha considerado que no cumple el requisito de carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75 % del salario mínimo interprofesional. Esta conclusión se obtiene a partir de los que considera ingresos computables en los que incluye lo percibido mensualmente por indemnización diferida, derivada de despido colectivo, una vez abonado en el momento de solicitarse el subsidio el importe correspondiente a la indemnización legalmente prevista.

No resulta litigioso el que a la hora de calcular los ingresos percibidos por el solicitante del subsidio o, en su caso, la unidad familiar, deban incluirse aquellos que se perciban por encima del importe correspondiente a la indemnización legalmente establecida para la extinción específica del vínculo laboral; así lo dice la norma legal implicada, artículo 175.4 LGSS , conforme a la que "el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica. Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto", y así resulta de la posición jurídica de las partes y de la jurisprudencia recogida en sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2009, recurso 3527/2008 , y 7 de marzo de 2012, recurso 4391/2010 . La controversia enfrenta a lo que cada una de las partes y el Juzgado, finalmente, han considerado indemnización legal computable: la Gestora ha fijado el límite en la cantidad de 52.540,14 euros, cantidad correspondiente a un despido que se declarase procedente, y el demandante en 129.122,16 euros, que es la que ha tenido en cuenta el Juzgado, correspondiente a un despido objetivo improcedente.

Nos toca ahora decidir, por tanto, cuál es el límite aplicable al supuesto concreto que nos ocupa. Lo que nos dicen los hechos probados es que estamos ante una extinción colectiva en la que se alcanza acuerdo de los negociadores - lógicamente en el seno de un Expediente de Regulación de Empleo- en el que se fijan criterios particulares y específicos de cálculo de la indemnización extintiva que no son los de una extinción objetiva colectiva de mínimos, que sería lo correspondiente a una terminación equivalente al despido procedente, ya que la indemnización reconocida es muy superior a la que resultaría de aplicar la reglas de cálculo de una terminación procedente a las circunstancias de antigüedad y salario del trabajador. Concretamente, si la antigüedad es de 12 de febrero de 1990 y el salario regulador anual de 47.400,26 euros, la indemnización de una extinción procedente acontecida a fecha de 1 de agosto de 2019 (20 días por año de salario con el límite de 12 mensualidades) ascendería a 47.398,9 euros; sobre esos mismos parámetros, la indemnización de extinción improcedente (45 días por año de servicio hasta el 11 de febrero de 2012 y 33 días por año de servicio desde 12 de febrero de 2012, con el límite de 720 días salvo que por el periodo de los 45 días se exceda ese límite en cuyo caso será la que resulte de los 45 días) ascendería a 129.048,38 euros.

Debe tenerse en cuenta, a la hora de integrar la norma legal en el caso concreto, que estando ante un supuesto en el que se pone fin a la relación laboral por un Acuerdo entre empresa y trabajadores, los límites impuestos a la indemnización derivada de la extinción son los que las normas impongan a la autonomía de la voluntad, por abajo el mínimo legal y por arriba la coincidencia voluntaria de ambas partes. El importe de la indemnización legalmente contemplado es diferente para el caso de que la extinción sea causalmente lícito (causa procedente) y para el caso en que sea causalmente ilícito (causa improcedente); pero entre ambos supuestos causales se encuentra el amplio campo de la voluntad de las partes aceptado por la norma legal, genéricamente el artículo 3.1 c) cuando declara fuente de derechos y obligaciones de la relación laboral la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo siempre que su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos, y específicamente el artículo 49.1 a) Por mutuo acuerdo de las partes que habilita, en relación con el apartado i) despido colectivo, la opción de extinguir la relación laboral, con el consenso sobre la extinción, sin la aceptación de la concurrencia de causa procedente. El Acuerdo pone fin al expediente de regulación de empleo (artículo 51.2 LET) y obliga a las partes que pueden interesar su ejecución como pone de manifiesto la ley en sus diferentes manifestaciones sobre la trascendencia cogente de la voluntad negocial: artículos 68 , 84.1 y 5 , 235 , 237 , 244 , 246 , 247.2 LRJS , y ese Acuerdo, teniendo en cuenta que la negociación es esencialmente versátil, puede moverse en un rango de medidas variadas que puede hacer que la indemnización sea el mínimo legal procedente y no se acompañe de otras medidas, que siendo del mínimo legal se acompañe de otras medidas que reconozca derechos no indemnizatorios a los trabajadores, indemnizaciones superiores a las del mínimo legal pero inferiores a las de la extinción improcedente, con o sin otras medidas, e indemnizaciones superiores a las de la extinción improcedente, con o sin otras medidas; aquí debe tenerse en cuenta que el punto de encuentro de las voluntades de ambas artes puede encontrarse más arriba o más abajo dentro del rango admisible legalmente y que en ello se implica la esencia y el fundamento de todo acuerdo transaccional en el que cada parte dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado ( artículo 1809 C.C .). Desde el punto de vista ontológico, la transacción no es el reconocimiento de un derecho concreto sino el punto en el que confluyen dos o más voluntades en el conflicto establecido entre ellas, de modo que el Acuerdo colectivo sobre la extinción de relaciones laborales no es ni el reconocimiento de la existencia de causa extintiva ni el reconocimiento de su inexistencia, al margen de los efectos que las leyes quieran darle en cada uno de los ámbitos en que trascienda ese Acuerdo, de modo que cuando éste no se manifieste expresamente y de forma inequívoca estableciendo que concurre causa legal y fijando como efecto exclusivo la indemnización legal de la extinción procedente, supuesto en el que estaríamos estrictamente en una extinción causal lícita y procedente, la indemnización pactada no será la de la extinción procedente legalmente prevista, sino la indemnización pactada también legalmente prevista. Por eso, parece lógico entender que cuando el artículo 275.4 LGSS refiere como límite de ingresos computables la indemnización legal ésta es la de la extinción procedente cuando el Acuerdo corrobore sin más la causa objetiva y otorgue la indemnización de veinte días, la indemnización pactada cuando superando aquella no alcance la de la extinción improcedente, y esta última cuando la indemnización excede la de la extinción improcedente, siendo ésta la máxima autorizada por la ley como tal ya que el exceso no deriva de la imposición legal sino de la voluntad de las partes que, en ningún caso, pueden imponer a un tercero y en relaciones de naturaleza distinta a la de la relación laboral efectos más allá de la ley, ya que "Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley" ( artículo 1257 C.C .) y sensu contrario, solo obligan, en aquello que, según su naturaleza, sea conforme a la buena fe, al uso y a la ley ( artículo1258 C.C .).

Como consecuencia de todo lo expuesto, debe entenderse, como ha hecho el Juzgado, que el límite legal en un supuesto como el presente es el de la indemnización legal prevista para el despido objetivo improcedente, lo que se traduce en nuestro caso en el importe de 129.048,38 euros, de modo que cuando se deniega el subsidio de desempleo al demandante no se puede computar el exceso de indemnización porque todavía no se ha llegado a consumir el abono de la indemnización legal, teniendo en cuenta que si la indemnización se abona desde el 8 de febrero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2027, en fecha 27 de octubre de 2021 que es cuando se deniega la prestación (no se dice en hechos probados cuando se solicitó), a razón de 83,91 euros día o 2.552,19 euros mes, no se han consumido los 129.048,38 euros de la indemnización legal ya que han transcurrido 32 mensualidades y 19 días, esto es, aproximadamente y sin voluntad de fijarlo como cuantía vinculante, ya que se implican elementos susceptibles de determinación que no han sido planteados por las partes ni resueltos, pero sí orientativa para comprobar el exceso o no, de 83.264 euros. Por lo tanto, no habiéndose puesto en entredicho ningún otro requisito para acceder a la prestación consistente en subsidio de desempleo, debe reconocerse el derecho del demandante a su percepción como ha hecho la sentencia impugnada, lo que conlleva la desestimación del recurso de suplicación y la confirmación de la sentencia en su pronunciamiento resolutorio."

En el supuesto concreto consta en el expediente administrativo que el demandante tenía una antigüedad de 04/11/1991 y es despedido el 31 de julio de 2019 la indemnización que le corresponde por despido improcedente es de 138624,88 euros. En mayo de 2021 quedo liquidada la cantidad de 55.298.45 le resta percibir hasta el máximo legal 83326,43 euros, que a razón de 2.477,97 euros mensuales supone 33,62 mensualidades. Se le reclama el periodo 1 de septiembre de 2021 a 30 de diciembre de 2021 y en ese periodo aún no había terminado de percibir la indemnización legal por despido improcedente por ello se desestima el motivo y el recurso....."

Y aplicando el criterio mantenido en la citada sentencia al supuesto de autos, sustancialmente idéntico, procede recovar la sentencia de instancia y dejar sin efecto la resolución del SPEE impugnada por el actor, ahora recurrente, pues es obvio que la indemnización que le corresponde al actor por despido improcedente no quedo liquidada en 15 de junio, ( en esa fecha quedo liquidada la indemnización por despido objetivo procedente a razón de 20 días de salario( 48.556,50 euros, y únicamente procederá suspender la prestación en la fecha en que hubiese terminado de percibir la indemnización por despido improcedente, pero en modo alguno procede la aprobación de la prestación del subsidio de desempleo hasta el 15 de junio de 2023 fecha final acordada a por la resolución del SPEE; lo que conduce a la estimación de recurso y a la revocación de la sentencia de instancia, dejando sin efecto la resolución impugnada.

En Consecuencia.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,