Sentencia Social 175/2025 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Social, Rec. 176/2025 de 01 de diciembre del 2025

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 1 dictó sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por el Sr. Justino, impugnando el despido disciplinario de que fue objeto, con efectos al 9/09/24, por la que la medida extintiva se calificó como improcedente, con los efectos legales inherentes.

En disconformidad, la dirección letrada de la empresa demandada formaliza recurso de suplicación, compuesto por un motivo revisorio, canalizado a través del apartado b del Art. 193 LRJS, con objeto de ampliar la narración judicial con un nuevo ordinal, y, otro destinado al examen del derecho aplicado, en el que, por la vía del apartado c del mismo precepto de la ley adjetiva, acusa la infracción, por incorrecta aplicación, de los Arts. 5.a), c), y f), 20.2 y 54.2.b) y d ) ET, así como de los Arts. 65.4 y 65.13 de la norma colectiva sectorial de ámbito general.

El trabajador, a través de su representación procesal, se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.-A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09)

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10)

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

B)1.- El nuevo hecho probado con que se quiere complementar la versión judicial de los hechos dice así:

"En el periodo de dos meses previos anteriores al 2 de septiembre, fecha en que se incoa el expediente contradictorio, el actor ha prestado servicios un total de 24 días laborables.

2.- Vamos a rechazar esta revisión fáctica, porque, no constando en el relato judicial el periodo concreto analizado en el informe ratificado por el testigo en el acto el acto del juicio, [según se dice en el ordinal quinto, el parámetro de ejecución utilizado respecto al rango de fechas son los últimos noventa días desde la fecha de ejecución], la prueba documental en que el recurrente se apoya (folios 45 a 49 del acontecimiento 182 del EJE), no evidencia de manera fehaciente el número de días laborables que comprende el citado tramo temporal, que, como decimos, la resolución recurrida no acota, y, en cualquier caso, los hechos que se expresan tampoco serían relevantes para cambiar el signo del pronunciamiento decisorio de la resolución recurrida.

TERCERO.- La instancia ha calificado como no ajustado a derecho el despido en liza, considerando que los hechos imputados en la comunicación extintiva, que han quedado debidamente acreditados, no son constitutivos de una infracción laboral muy grave, sino que están expresamente tipificados como falta grave en el Art. 64.13 del orden convencional de aplicación.

En el único motivo de censura de que se compone el recurso, la recurrente combate la decisión del Juzgado y los razonamientos que lo sustentan con la siguiente batería de argumentos:

1.- La falta grave del Art. 64.13 del convenio no entra en juego cuando, como en el caso enjuiciado sucede, se ha destinado un 30% de la jornada a la realización de visitas a páginas web ajenas a la actividad laboral, pues una actuación tan abusiva es constitutiva de faltas muy graves del Art. 54.2.b), d) y e ) ET, y de los Arts. 65.4 y 65.13 de la norma convencional sectorial.

2.- Dejar de trabajar por completo 8 días, de un total de 24 laborables, comporta ineludiblemente una disminución del rendimiento laboral y un perjuicio para la empresa, ya que el trabajador ha percibido la retribución correspondiente a una parte de jornada que no ha realizado sus cometidos profesionales, y, como consecuencia de ello ha desatendido sus obligaciones con los clientes.

3.- En cualquier caso, la conducta del trabajador es subsumible en el tipo infractor muy grave de transgresión de la buena fe contractual, cuya apreciación no exige que se originen perjuicios, pues con su actuar se ha producido una pérdida definitiva e irreparable de la confianza que la empresa había depositado en el.

A)El ejercicio de las facultades disciplinarias por parte del empresario respecto a sus empleados está sujeto, entre otros, a los siguientes principios:

1.- El principio de tipicidad de la infracción, implica que para su regular ejercicio es necesario que los hechos sancionados tengan encaje en alguno de los incumplimientos contractuales que la norma legal o la convencional conceptúan como faltas laborales y tengan la entidad que dicho régimen disciplinario les atribuye.

2.- El principio de especialidad

La tipificación contenida en el Estatuto de los Trabajadores tiene vocación de generalidad, no quedando constreñidas las faltas a aquellas conductas que de forma reducida se contienen en el enunciado del Art. 54 , sino que debe entenderse como un «numerus apertus», que autoriza otras tipificaciones a través de los convenios colectivos, atendiendo a la diversa incidencia y trascendencia que los incumplimientos laborales tienen en su particular ámbito, por las especiales y singulares repercusiones que derivan de la propia especificidad y particularidad de los distintos sectores productivos.

En tal sentido el Art. 58.1 del mismo texto permite la graduación de faltas y sanciones a través de la negociación colectiva, lo que supone, perfilar y precisar las conductas que de modo genérico o indeterminado define el art. 54 ET y determina que cuando exista una expresa tipificación de faltas y sanciones en el convenio colectivo la calificación de las sanciones, incluido el despido, ha de atenerse a la misma, salvo que se estableciesen normas punitivas más desfavorables que las que resultarían de la aplicación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores .

A este respecto la STS 27/11/02 (RJ 2003/1639) señala que es posible que un Convenio de rama pueda definir o configurar una de las causas de despido genéricamente (en aquel caso el estado de embriaguez), como falta muy grave, tributaria, si la empresa opta por ello, del despido del trabajador afectado en manera diferente, en cuanto a exigencias, a lo pedido por el ET en su art. 54.2 f ), debiendo contraponer la generalidad de sectores que tiene en cuenta el precepto estatutario, y la especialidad o peculiaridad de las empresas cuyos convenios de rama han creído necesario definir dicho incumplimiento laboral de una manera diferenciada.

Por tanto, el principio de norma especial implica que si una conducta está tipificada en el cuadro convencional de faltas con una calificación determinada (leve, grave o muy grave), no se puede acudir a otro tipo más genérico para sancionarla.

3.- El principio de legalidad de la sanción hace referencia a la exigencia de que la corrección disciplinaria impuesta sea una de las previstas en el orden convencional de aplicación, en atención a la graduación de las faltas como leves, graves o muy graves, para la concreta infracción laboral cometida.

4.- El principio de buena fé, que impide un ejercicio abusivo, resultando quebrantado cuando las faltas laborales que se imputan al trabajador, eran una situación conocida y aceptada por las dos partes de la relación laboral, que suponía un régimen de tolerancia por parte de la empleadora, constitutiva de un uso de empresa que iba más allá de lo puramente interpretativo, insertándose en el sinalagma de la relación laboral, de modo que, aunque la tolerancia no genera un derecho a ser incumplidor, no justifica la sanción apoyada en actos realizados en dicho clima de condescendencia y permisividad y dentro del margen de la misma [ SSTS 20 de julio de 1988 (RJ 6207) y 2 de enero de 1991 (RJ 44)], pues esa actitud de condescendencia y transigencia no puede dejarse de aplicar sorpresivamente -sin efectuar la previa advertencia sobre el particular a fin de dejar sin efecto tal autolimitación. ( SSTS 31 de mayo de 1984 y de 20 de enero de 1987, 24 de Septiembre de 1990 y 20 de Febrero de 1991).

5.- El principio de no discriminación, en virtud del cual no se puede dar un tratamiento diferenciado a los trabajadores autores de idénticos hechos, lo que se traduce en la exigencia de que los supuestos iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias ( STS 13/10/83), salvo, claro está que existan razones objetivas que justifiquen razonablemente la desigualdad de trato.

B)Conforme al Art. 64.13 del Convenio colectivo de la industria química es falta muy grave "La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, Intranet, Internet, etc) para fines distintos de los de los relacionados con el contenido de la prestación laboral, con la salvedad de lo dispuesto en el Art. 87.2 del presente convenio"

C)En el plano fáctico, los hechos imputados al trabajador que han quedado probados consisten en que, a pesar de que cada vez que el demandante abre el ordenador corporativo aparece en pantalla un mensaje indicando que los equipos, sistemas de comunicación, y, acceso a internet son propiedad de Elastorsa y deben ser utilizados exclusivamente como una herramienta de trabajo, en el periodo analizado, D. Justino, durante su jornada laboral, realizó 1.085 conexiones a internet para acceder a páginas sin relación alguna con su actividad profesional, habiendo invertido en ello 3.434 minutos equivalentes a 57 horas.

D)Descendiendo ya al terreno jurídico sustantivo, el discurso impugnatorio de la recurrente no puede alcanzar éxito, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.- Existiendo en el convenio colectivo, que se erige en fuente reguladora de la relación laboral, una regulación del régimen disciplinario que contempla de manera expresa la conducta cometida por el trabajador, sin subordinar su mayor o menor entidad al número de ocasiones en que el comportamiento infractor se haya producido, o a cualquier otra circunstancia, como correctamente ha entendido la resolución recurrida, en virtud del principio de especialidad que rige en materia sancionadora, prevalece la específica calificación de la falta cometida en el convenio colectivo, aunque la misma pudiera tener encaje en otras infracciones de mayor gravedad establecidas en la ley estatutaria.

2.- Contrariamente a lo que se afirma en el escrito de formalización, el demandante no ha incumplido el débito laboral durante 8 días, sino que, ha dejado de realizar sus cometidos profesionales el número de minutos y su equivalente en horas establece la resolución recurrida, que guarda silencio respecto a cuánto tiempo continuado durante cada jornada laboral se ha destinado al uso indebido de los medios informáticos proporcionados por la empresa para utilización únicamente profesional, y también, como ya anticipamos, sobre el concreto arco temporal durante el que se realizaron esos accesos no permitidos a internet.

3.- Tampoco la inalterada crónica judicial ofrece noticia de que dicha actuación, ciertamente reprobable, y, por ello, sancionable con las medidas disciplinarias que fija la norma convencional sectorial para las infracciones graves, haya impedido la plena ejecución de los cometidos profesionales encomendados, haya supuesto una demora en su realización o comportado que el rendimiento ordinario del demandante haya disminuido, sido menor que el contractualmente pactado, o resulte inferior al de otros compañeros suyos, como en cualquier caso sería preciso para poder apreciar una infracción muy grave de disminución continuada y voluntaria del rendimiento en el trabajo ( SSTS 1/07/20, Rec. 510/18; 14/12/11, Rec. 774/11).

4.- El anterior razonamiento, ampliamente explicado en el cuarto fundamento de derecho de la resolución recurrida, no ha sido combatido por la recurrente, lo que bastaría para el fracaso de la queja que, en cuanto a este punto, formula.

5.- Los perjuicios que genéricamente se alegan debieron ser objeto de cumplida acreditación, y la versión judicial de los hechos, a la que la Sala debe atenerse para resolver el recurso, no ofrece noticia de que el actor haya dejado de atender a ningún cliente, se haya retrasado en hacerlo, se hayan recibido quejas o se haya originado algún otro menoscabo de cualquier índole a la empresa.

6.- La pretensión de incardinar la conducta del trabajador en la infracción muy grave del Art. 54.2.b ET, invocada novedosamente en el recurso, introduce una cuestión nueva, no alegada en la instancia de la que la Sala no puede entrar a conocer ( Art. 233 LRJS; SSTS 13/11/25, Rec. 219/24; 16/10/25, Rec. 24/24; 1/10/25, Rec. 211/23)

E)No se han producido las infracciones normativas denunciadas, por lo que, el motivo, y, por su efecto, el recurso, se desestiman, confirmando la sentencia de instancia.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS (L 36/11), la desestimación del recurso lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita, cifrando el importe de los honorarios del letrado de la parte impugnante en la cantidad de 1.000 €, más el correspondiente IVA.

QUINTO.- Conforme al Art. 204 LRJS (L 36/11), se decreta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados para recurrir a los que se dará el destino legal una vez firme esta resolución.

SEXTO.- A tenor del Art. 218 LRJS (L 36/11) frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación.

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 1 dictó sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por el Sr. Justino, impugnando el despido disciplinario de que fue objeto, con efectos al 9/09/24, por la que la medida extintiva se calificó como improcedente, con los efectos legales inherentes.

En disconformidad, la dirección letrada de la empresa demandada formaliza recurso de suplicación, compuesto por un motivo revisorio, canalizado a través del apartado b del Art. 193 LRJS, con objeto de ampliar la narración judicial con un nuevo ordinal, y, otro destinado al examen del derecho aplicado, en el que, por la vía del apartado c del mismo precepto de la ley adjetiva, acusa la infracción, por incorrecta aplicación, de los Arts. 5.a), c), y f), 20.2 y 54.2.b) y d ) ET, así como de los Arts. 65.4 y 65.13 de la norma colectiva sectorial de ámbito general.

El trabajador, a través de su representación procesal, se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.-A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09)

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10)

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

B)1.- El nuevo hecho probado con que se quiere complementar la versión judicial de los hechos dice así:

"En el periodo de dos meses previos anteriores al 2 de septiembre, fecha en que se incoa el expediente contradictorio, el actor ha prestado servicios un total de 24 días laborables.

2.- Vamos a rechazar esta revisión fáctica, porque, no constando en el relato judicial el periodo concreto analizado en el informe ratificado por el testigo en el acto el acto del juicio, [según se dice en el ordinal quinto, el parámetro de ejecución utilizado respecto al rango de fechas son los últimos noventa días desde la fecha de ejecución], la prueba documental en que el recurrente se apoya (folios 45 a 49 del acontecimiento 182 del EJE), no evidencia de manera fehaciente el número de días laborables que comprende el citado tramo temporal, que, como decimos, la resolución recurrida no acota, y, en cualquier caso, los hechos que se expresan tampoco serían relevantes para cambiar el signo del pronunciamiento decisorio de la resolución recurrida.

TERCERO.- La instancia ha calificado como no ajustado a derecho el despido en liza, considerando que los hechos imputados en la comunicación extintiva, que han quedado debidamente acreditados, no son constitutivos de una infracción laboral muy grave, sino que están expresamente tipificados como falta grave en el Art. 64.13 del orden convencional de aplicación.

En el único motivo de censura de que se compone el recurso, la recurrente combate la decisión del Juzgado y los razonamientos que lo sustentan con la siguiente batería de argumentos:

1.- La falta grave del Art. 64.13 del convenio no entra en juego cuando, como en el caso enjuiciado sucede, se ha destinado un 30% de la jornada a la realización de visitas a páginas web ajenas a la actividad laboral, pues una actuación tan abusiva es constitutiva de faltas muy graves del Art. 54.2.b), d) y e ) ET, y de los Arts. 65.4 y 65.13 de la norma convencional sectorial.

2.- Dejar de trabajar por completo 8 días, de un total de 24 laborables, comporta ineludiblemente una disminución del rendimiento laboral y un perjuicio para la empresa, ya que el trabajador ha percibido la retribución correspondiente a una parte de jornada que no ha realizado sus cometidos profesionales, y, como consecuencia de ello ha desatendido sus obligaciones con los clientes.

3.- En cualquier caso, la conducta del trabajador es subsumible en el tipo infractor muy grave de transgresión de la buena fe contractual, cuya apreciación no exige que se originen perjuicios, pues con su actuar se ha producido una pérdida definitiva e irreparable de la confianza que la empresa había depositado en el.

A)El ejercicio de las facultades disciplinarias por parte del empresario respecto a sus empleados está sujeto, entre otros, a los siguientes principios:

1.- El principio de tipicidad de la infracción, implica que para su regular ejercicio es necesario que los hechos sancionados tengan encaje en alguno de los incumplimientos contractuales que la norma legal o la convencional conceptúan como faltas laborales y tengan la entidad que dicho régimen disciplinario les atribuye.

2.- El principio de especialidad

La tipificación contenida en el Estatuto de los Trabajadores tiene vocación de generalidad, no quedando constreñidas las faltas a aquellas conductas que de forma reducida se contienen en el enunciado del Art. 54 , sino que debe entenderse como un «numerus apertus», que autoriza otras tipificaciones a través de los convenios colectivos, atendiendo a la diversa incidencia y trascendencia que los incumplimientos laborales tienen en su particular ámbito, por las especiales y singulares repercusiones que derivan de la propia especificidad y particularidad de los distintos sectores productivos.

En tal sentido el Art. 58.1 del mismo texto permite la graduación de faltas y sanciones a través de la negociación colectiva, lo que supone, perfilar y precisar las conductas que de modo genérico o indeterminado define el art. 54 ET y determina que cuando exista una expresa tipificación de faltas y sanciones en el convenio colectivo la calificación de las sanciones, incluido el despido, ha de atenerse a la misma, salvo que se estableciesen normas punitivas más desfavorables que las que resultarían de la aplicación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores .

A este respecto la STS 27/11/02 (RJ 2003/1639) señala que es posible que un Convenio de rama pueda definir o configurar una de las causas de despido genéricamente (en aquel caso el estado de embriaguez), como falta muy grave, tributaria, si la empresa opta por ello, del despido del trabajador afectado en manera diferente, en cuanto a exigencias, a lo pedido por el ET en su art. 54.2 f ), debiendo contraponer la generalidad de sectores que tiene en cuenta el precepto estatutario, y la especialidad o peculiaridad de las empresas cuyos convenios de rama han creído necesario definir dicho incumplimiento laboral de una manera diferenciada.

Por tanto, el principio de norma especial implica que si una conducta está tipificada en el cuadro convencional de faltas con una calificación determinada (leve, grave o muy grave), no se puede acudir a otro tipo más genérico para sancionarla.

3.- El principio de legalidad de la sanción hace referencia a la exigencia de que la corrección disciplinaria impuesta sea una de las previstas en el orden convencional de aplicación, en atención a la graduación de las faltas como leves, graves o muy graves, para la concreta infracción laboral cometida.

4.- El principio de buena fé, que impide un ejercicio abusivo, resultando quebrantado cuando las faltas laborales que se imputan al trabajador, eran una situación conocida y aceptada por las dos partes de la relación laboral, que suponía un régimen de tolerancia por parte de la empleadora, constitutiva de un uso de empresa que iba más allá de lo puramente interpretativo, insertándose en el sinalagma de la relación laboral, de modo que, aunque la tolerancia no genera un derecho a ser incumplidor, no justifica la sanción apoyada en actos realizados en dicho clima de condescendencia y permisividad y dentro del margen de la misma [ SSTS 20 de julio de 1988 (RJ 6207) y 2 de enero de 1991 (RJ 44)], pues esa actitud de condescendencia y transigencia no puede dejarse de aplicar sorpresivamente -sin efectuar la previa advertencia sobre el particular a fin de dejar sin efecto tal autolimitación. ( SSTS 31 de mayo de 1984 y de 20 de enero de 1987, 24 de Septiembre de 1990 y 20 de Febrero de 1991).

5.- El principio de no discriminación, en virtud del cual no se puede dar un tratamiento diferenciado a los trabajadores autores de idénticos hechos, lo que se traduce en la exigencia de que los supuestos iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias ( STS 13/10/83), salvo, claro está que existan razones objetivas que justifiquen razonablemente la desigualdad de trato.

B)Conforme al Art. 64.13 del Convenio colectivo de la industria química es falta muy grave "La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, Intranet, Internet, etc) para fines distintos de los de los relacionados con el contenido de la prestación laboral, con la salvedad de lo dispuesto en el Art. 87.2 del presente convenio"

C)En el plano fáctico, los hechos imputados al trabajador que han quedado probados consisten en que, a pesar de que cada vez que el demandante abre el ordenador corporativo aparece en pantalla un mensaje indicando que los equipos, sistemas de comunicación, y, acceso a internet son propiedad de Elastorsa y deben ser utilizados exclusivamente como una herramienta de trabajo, en el periodo analizado, D. Justino, durante su jornada laboral, realizó 1.085 conexiones a internet para acceder a páginas sin relación alguna con su actividad profesional, habiendo invertido en ello 3.434 minutos equivalentes a 57 horas.

D)Descendiendo ya al terreno jurídico sustantivo, el discurso impugnatorio de la recurrente no puede alcanzar éxito, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.- Existiendo en el convenio colectivo, que se erige en fuente reguladora de la relación laboral, una regulación del régimen disciplinario que contempla de manera expresa la conducta cometida por el trabajador, sin subordinar su mayor o menor entidad al número de ocasiones en que el comportamiento infractor se haya producido, o a cualquier otra circunstancia, como correctamente ha entendido la resolución recurrida, en virtud del principio de especialidad que rige en materia sancionadora, prevalece la específica calificación de la falta cometida en el convenio colectivo, aunque la misma pudiera tener encaje en otras infracciones de mayor gravedad establecidas en la ley estatutaria.

2.- Contrariamente a lo que se afirma en el escrito de formalización, el demandante no ha incumplido el débito laboral durante 8 días, sino que, ha dejado de realizar sus cometidos profesionales el número de minutos y su equivalente en horas establece la resolución recurrida, que guarda silencio respecto a cuánto tiempo continuado durante cada jornada laboral se ha destinado al uso indebido de los medios informáticos proporcionados por la empresa para utilización únicamente profesional, y también, como ya anticipamos, sobre el concreto arco temporal durante el que se realizaron esos accesos no permitidos a internet.

3.- Tampoco la inalterada crónica judicial ofrece noticia de que dicha actuación, ciertamente reprobable, y, por ello, sancionable con las medidas disciplinarias que fija la norma convencional sectorial para las infracciones graves, haya impedido la plena ejecución de los cometidos profesionales encomendados, haya supuesto una demora en su realización o comportado que el rendimiento ordinario del demandante haya disminuido, sido menor que el contractualmente pactado, o resulte inferior al de otros compañeros suyos, como en cualquier caso sería preciso para poder apreciar una infracción muy grave de disminución continuada y voluntaria del rendimiento en el trabajo ( SSTS 1/07/20, Rec. 510/18; 14/12/11, Rec. 774/11).

4.- El anterior razonamiento, ampliamente explicado en el cuarto fundamento de derecho de la resolución recurrida, no ha sido combatido por la recurrente, lo que bastaría para el fracaso de la queja que, en cuanto a este punto, formula.

5.- Los perjuicios que genéricamente se alegan debieron ser objeto de cumplida acreditación, y la versión judicial de los hechos, a la que la Sala debe atenerse para resolver el recurso, no ofrece noticia de que el actor haya dejado de atender a ningún cliente, se haya retrasado en hacerlo, se hayan recibido quejas o se haya originado algún otro menoscabo de cualquier índole a la empresa.

6.- La pretensión de incardinar la conducta del trabajador en la infracción muy grave del Art. 54.2.b ET, invocada novedosamente en el recurso, introduce una cuestión nueva, no alegada en la instancia de la que la Sala no puede entrar a conocer ( Art. 233 LRJS; SSTS 13/11/25, Rec. 219/24; 16/10/25, Rec. 24/24; 1/10/25, Rec. 211/23)

E)No se han producido las infracciones normativas denunciadas, por lo que, el motivo, y, por su efecto, el recurso, se desestiman, confirmando la sentencia de instancia.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS (L 36/11), la desestimación del recurso lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita, cifrando el importe de los honorarios del letrado de la parte impugnante en la cantidad de 1.000 €, más el correspondiente IVA.

QUINTO.- Conforme al Art. 204 LRJS (L 36/11), se decreta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados para recurrir a los que se dará el destino legal una vez firme esta resolución.

SEXTO.- A tenor del Art. 218 LRJS (L 36/11) frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación.

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 1 dictó sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por el Sr. Justino, impugnando el despido disciplinario de que fue objeto, con efectos al 9/09/24, por la que la medida extintiva se calificó como improcedente, con los efectos legales inherentes.

En disconformidad, la dirección letrada de la empresa demandada formaliza recurso de suplicación, compuesto por un motivo revisorio, canalizado a través del apartado b del Art. 193 LRJS, con objeto de ampliar la narración judicial con un nuevo ordinal, y, otro destinado al examen del derecho aplicado, en el que, por la vía del apartado c del mismo precepto de la ley adjetiva, acusa la infracción, por incorrecta aplicación, de los Arts. 5.a), c), y f), 20.2 y 54.2.b) y d ) ET, así como de los Arts. 65.4 y 65.13 de la norma colectiva sectorial de ámbito general.

El trabajador, a través de su representación procesal, se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.-A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09)

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10)

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

B)1.- El nuevo hecho probado con que se quiere complementar la versión judicial de los hechos dice así:

"En el periodo de dos meses previos anteriores al 2 de septiembre, fecha en que se incoa el expediente contradictorio, el actor ha prestado servicios un total de 24 días laborables.

2.- Vamos a rechazar esta revisión fáctica, porque, no constando en el relato judicial el periodo concreto analizado en el informe ratificado por el testigo en el acto el acto del juicio, [según se dice en el ordinal quinto, el parámetro de ejecución utilizado respecto al rango de fechas son los últimos noventa días desde la fecha de ejecución], la prueba documental en que el recurrente se apoya (folios 45 a 49 del acontecimiento 182 del EJE), no evidencia de manera fehaciente el número de días laborables que comprende el citado tramo temporal, que, como decimos, la resolución recurrida no acota, y, en cualquier caso, los hechos que se expresan tampoco serían relevantes para cambiar el signo del pronunciamiento decisorio de la resolución recurrida.

TERCERO.- La instancia ha calificado como no ajustado a derecho el despido en liza, considerando que los hechos imputados en la comunicación extintiva, que han quedado debidamente acreditados, no son constitutivos de una infracción laboral muy grave, sino que están expresamente tipificados como falta grave en el Art. 64.13 del orden convencional de aplicación.

En el único motivo de censura de que se compone el recurso, la recurrente combate la decisión del Juzgado y los razonamientos que lo sustentan con la siguiente batería de argumentos:

1.- La falta grave del Art. 64.13 del convenio no entra en juego cuando, como en el caso enjuiciado sucede, se ha destinado un 30% de la jornada a la realización de visitas a páginas web ajenas a la actividad laboral, pues una actuación tan abusiva es constitutiva de faltas muy graves del Art. 54.2.b), d) y e ) ET, y de los Arts. 65.4 y 65.13 de la norma convencional sectorial.

2.- Dejar de trabajar por completo 8 días, de un total de 24 laborables, comporta ineludiblemente una disminución del rendimiento laboral y un perjuicio para la empresa, ya que el trabajador ha percibido la retribución correspondiente a una parte de jornada que no ha realizado sus cometidos profesionales, y, como consecuencia de ello ha desatendido sus obligaciones con los clientes.

3.- En cualquier caso, la conducta del trabajador es subsumible en el tipo infractor muy grave de transgresión de la buena fe contractual, cuya apreciación no exige que se originen perjuicios, pues con su actuar se ha producido una pérdida definitiva e irreparable de la confianza que la empresa había depositado en el.

A)El ejercicio de las facultades disciplinarias por parte del empresario respecto a sus empleados está sujeto, entre otros, a los siguientes principios:

1.- El principio de tipicidad de la infracción, implica que para su regular ejercicio es necesario que los hechos sancionados tengan encaje en alguno de los incumplimientos contractuales que la norma legal o la convencional conceptúan como faltas laborales y tengan la entidad que dicho régimen disciplinario les atribuye.

2.- El principio de especialidad

La tipificación contenida en el Estatuto de los Trabajadores tiene vocación de generalidad, no quedando constreñidas las faltas a aquellas conductas que de forma reducida se contienen en el enunciado del Art. 54 , sino que debe entenderse como un «numerus apertus», que autoriza otras tipificaciones a través de los convenios colectivos, atendiendo a la diversa incidencia y trascendencia que los incumplimientos laborales tienen en su particular ámbito, por las especiales y singulares repercusiones que derivan de la propia especificidad y particularidad de los distintos sectores productivos.

En tal sentido el Art. 58.1 del mismo texto permite la graduación de faltas y sanciones a través de la negociación colectiva, lo que supone, perfilar y precisar las conductas que de modo genérico o indeterminado define el art. 54 ET y determina que cuando exista una expresa tipificación de faltas y sanciones en el convenio colectivo la calificación de las sanciones, incluido el despido, ha de atenerse a la misma, salvo que se estableciesen normas punitivas más desfavorables que las que resultarían de la aplicación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores .

A este respecto la STS 27/11/02 (RJ 2003/1639) señala que es posible que un Convenio de rama pueda definir o configurar una de las causas de despido genéricamente (en aquel caso el estado de embriaguez), como falta muy grave, tributaria, si la empresa opta por ello, del despido del trabajador afectado en manera diferente, en cuanto a exigencias, a lo pedido por el ET en su art. 54.2 f ), debiendo contraponer la generalidad de sectores que tiene en cuenta el precepto estatutario, y la especialidad o peculiaridad de las empresas cuyos convenios de rama han creído necesario definir dicho incumplimiento laboral de una manera diferenciada.

Por tanto, el principio de norma especial implica que si una conducta está tipificada en el cuadro convencional de faltas con una calificación determinada (leve, grave o muy grave), no se puede acudir a otro tipo más genérico para sancionarla.

3.- El principio de legalidad de la sanción hace referencia a la exigencia de que la corrección disciplinaria impuesta sea una de las previstas en el orden convencional de aplicación, en atención a la graduación de las faltas como leves, graves o muy graves, para la concreta infracción laboral cometida.

4.- El principio de buena fé, que impide un ejercicio abusivo, resultando quebrantado cuando las faltas laborales que se imputan al trabajador, eran una situación conocida y aceptada por las dos partes de la relación laboral, que suponía un régimen de tolerancia por parte de la empleadora, constitutiva de un uso de empresa que iba más allá de lo puramente interpretativo, insertándose en el sinalagma de la relación laboral, de modo que, aunque la tolerancia no genera un derecho a ser incumplidor, no justifica la sanción apoyada en actos realizados en dicho clima de condescendencia y permisividad y dentro del margen de la misma [ SSTS 20 de julio de 1988 (RJ 6207) y 2 de enero de 1991 (RJ 44)], pues esa actitud de condescendencia y transigencia no puede dejarse de aplicar sorpresivamente -sin efectuar la previa advertencia sobre el particular a fin de dejar sin efecto tal autolimitación. ( SSTS 31 de mayo de 1984 y de 20 de enero de 1987, 24 de Septiembre de 1990 y 20 de Febrero de 1991).

5.- El principio de no discriminación, en virtud del cual no se puede dar un tratamiento diferenciado a los trabajadores autores de idénticos hechos, lo que se traduce en la exigencia de que los supuestos iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias ( STS 13/10/83), salvo, claro está que existan razones objetivas que justifiquen razonablemente la desigualdad de trato.

B)Conforme al Art. 64.13 del Convenio colectivo de la industria química es falta muy grave "La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, Intranet, Internet, etc) para fines distintos de los de los relacionados con el contenido de la prestación laboral, con la salvedad de lo dispuesto en el Art. 87.2 del presente convenio"

C)En el plano fáctico, los hechos imputados al trabajador que han quedado probados consisten en que, a pesar de que cada vez que el demandante abre el ordenador corporativo aparece en pantalla un mensaje indicando que los equipos, sistemas de comunicación, y, acceso a internet son propiedad de Elastorsa y deben ser utilizados exclusivamente como una herramienta de trabajo, en el periodo analizado, D. Justino, durante su jornada laboral, realizó 1.085 conexiones a internet para acceder a páginas sin relación alguna con su actividad profesional, habiendo invertido en ello 3.434 minutos equivalentes a 57 horas.

D)Descendiendo ya al terreno jurídico sustantivo, el discurso impugnatorio de la recurrente no puede alcanzar éxito, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.- Existiendo en el convenio colectivo, que se erige en fuente reguladora de la relación laboral, una regulación del régimen disciplinario que contempla de manera expresa la conducta cometida por el trabajador, sin subordinar su mayor o menor entidad al número de ocasiones en que el comportamiento infractor se haya producido, o a cualquier otra circunstancia, como correctamente ha entendido la resolución recurrida, en virtud del principio de especialidad que rige en materia sancionadora, prevalece la específica calificación de la falta cometida en el convenio colectivo, aunque la misma pudiera tener encaje en otras infracciones de mayor gravedad establecidas en la ley estatutaria.

2.- Contrariamente a lo que se afirma en el escrito de formalización, el demandante no ha incumplido el débito laboral durante 8 días, sino que, ha dejado de realizar sus cometidos profesionales el número de minutos y su equivalente en horas establece la resolución recurrida, que guarda silencio respecto a cuánto tiempo continuado durante cada jornada laboral se ha destinado al uso indebido de los medios informáticos proporcionados por la empresa para utilización únicamente profesional, y también, como ya anticipamos, sobre el concreto arco temporal durante el que se realizaron esos accesos no permitidos a internet.

3.- Tampoco la inalterada crónica judicial ofrece noticia de que dicha actuación, ciertamente reprobable, y, por ello, sancionable con las medidas disciplinarias que fija la norma convencional sectorial para las infracciones graves, haya impedido la plena ejecución de los cometidos profesionales encomendados, haya supuesto una demora en su realización o comportado que el rendimiento ordinario del demandante haya disminuido, sido menor que el contractualmente pactado, o resulte inferior al de otros compañeros suyos, como en cualquier caso sería preciso para poder apreciar una infracción muy grave de disminución continuada y voluntaria del rendimiento en el trabajo ( SSTS 1/07/20, Rec. 510/18; 14/12/11, Rec. 774/11).

4.- El anterior razonamiento, ampliamente explicado en el cuarto fundamento de derecho de la resolución recurrida, no ha sido combatido por la recurrente, lo que bastaría para el fracaso de la queja que, en cuanto a este punto, formula.

5.- Los perjuicios que genéricamente se alegan debieron ser objeto de cumplida acreditación, y la versión judicial de los hechos, a la que la Sala debe atenerse para resolver el recurso, no ofrece noticia de que el actor haya dejado de atender a ningún cliente, se haya retrasado en hacerlo, se hayan recibido quejas o se haya originado algún otro menoscabo de cualquier índole a la empresa.

6.- La pretensión de incardinar la conducta del trabajador en la infracción muy grave del Art. 54.2.b ET, invocada novedosamente en el recurso, introduce una cuestión nueva, no alegada en la instancia de la que la Sala no puede entrar a conocer ( Art. 233 LRJS; SSTS 13/11/25, Rec. 219/24; 16/10/25, Rec. 24/24; 1/10/25, Rec. 211/23)

E)No se han producido las infracciones normativas denunciadas, por lo que, el motivo, y, por su efecto, el recurso, se desestiman, confirmando la sentencia de instancia.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS (L 36/11), la desestimación del recurso lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita, cifrando el importe de los honorarios del letrado de la parte impugnante en la cantidad de 1.000 €, más el correspondiente IVA.

QUINTO.- Conforme al Art. 204 LRJS (L 36/11), se decreta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados para recurrir a los que se dará el destino legal una vez firme esta resolución.

SEXTO.- A tenor del Art. 218 LRJS (L 36/11) frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación.