Sentencia Social 771/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4868/2025 de 10 de febrero del 2026

PRIMERO.-Planteamiento del recurso:

- Frente a la sentencia de instancia que, rechazando la excepción de incompetencia de jurisdicción y falta de acción, estimó en parte la primera demanda de despido y desestimó la segunda demanda de despido y derechos fundamentales, acumulada a la

primera, ahora, tanto la empresa como el trabajador, no conformes con la decisión contenida en el fallo de la sentencia, recurren en suplicación y lo hacen del siguiente modo:

A) ACTOR:

i) No solicita la modificación de los hechos.

ii) A través del apartado destinado al examen del derecho y de la jurisprudencia denuncia en dos motivos:

1º. La infracción del art. 26 del TRLET, porque considera que debió incluirse las comisiones dentro del concepto del salario a efectos del cálculo de salario regulador para el cálculo de la indemnización por despido improcedente.

2º. La infracción del art. 1.1 del TRLET, por considerar que el despido no se produjo el día 31.12.2023, sino el día 6 de marzo de 2024, en tanto que hasta esa fecha estuvo trabajando.

B) EMPRESA SCMGROUP ESPAÑA, SAU (en adelante SCM):

i) Propone la revisión del hecho octavo.

ii) En el apartado de censura jurídica, denuncia:

1º. La infracción de los artículos 1.1 y 1.3 del TRLET en el que se reitera la excepción de incompetencia de jurisdicción, que fue rechazada por el juzgado.

2º. La infracción de la doctrina judicial relativa a la "teoría del vínculo"

3º. Infracción del art. 49.1.d) del TRLET.

4º. Se denuncia el art. 53.1.a) del TRLET.

5º. Subsidiariamente. Infracción del art. 56.1 del TRLET con relación al art. 10.1 del RD 1382/1985, de 1 de agosto.

6º. Subsidiariamente. Se denuncia la infracción del art. 7.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF, en relación con el art. 56.1 del TRLET.

- Los dos recursos han sido impugnados por cada una de las contrapartes.

SEGUNDO.-RECURSO de SCM.

I) Revisión de los hechos probados.

Se propone modificar el primer párrafo del hecho octavo de los probados con el propósito de darle el siguiente contenido:

"8º.- La Dirección de SCM, a los efectos de recoger las condiciones de la renuncia/dimisión del actor como consejero delegado, así como de cualquier otra relación jurídica que mantuviera o pudiera haber mantenido con SCM o con cualquier otra sociedad del grupo, con efectos de 30-09-2023 - renuncia/dimisión previamente anticipada por el Sr. Jesús María - le remitió al actor una comunicación en fecha 20 de diciembre de 2022 comunicando la "aceptación" de la "renuncia/dimisión" de éste al cargo de Consejero delegado (contrato suscrito el 1.3.2015), con efectos del día 30.9.2023, así como de cualquier otra relación jurídica con la Empresa o con cualquier empresa del grupo, comunicación que consta firmada por el actor, mostrando conformidad del contenido íntegro de la comunicación de 20 de diciembre de 2022, con expresa mención a la extinción del contrato con efectos del 30 de septiembre de 2023."

Ofrece el documento número 17 de su ramo de prueba.

Examinado dicho documento, debe ser rechazada la revisión que postula, porque lo único que pretende es reproducir parcialmente en ese hecho el contenido el hecho noveno, sobre el que no se pide modificación alguna. Por otra parte, hay que decir, que, en el documento de referencia, el actor lo único a lo que renunció es a su cargo de consejero y de consejero delegado en SCM y, por tanto, al contrato de lata dirección celebrado en el 2015 que le otorgaba dicha condición.

Se rechaza la revisión.

II) Censura jurídica.

-Primer motivo: Excepción de incompetencia de jurisdicción.

A) Posición de las partes.

- Recurrente: Alega que la jurisdicción laboral no es competente para conocer de la extinción de la relación laboral, porque si bien el actor comenzó a prestar servicios para NOVOREX IBÉRICA, S.A. el 1.3.1990, (en adelante, Novorex) mediante un contrato laboral indefinido y a jornada completa como director comercial, esa relación finalizó el 31.12.1997, cuando adquirió la condición miembro del consejo de administración y accionista al adquirir el 35% de las acciones ejerciendo las facultades inherentes al poder de control y dirección de dicha sociedad, pasando desde ese momento a ser considera mercantil. Situación que mantuvo incluso a partir del 4.07.2013, una vez que, por no acudir a la ampliación del capital social de esa empresa, su participación en la empresa se redujo hasta el 7,75% y, si bien perdió el control efectivo de la empresa, continuó realizando funciones de dirección y gerencia como miembro del consejo de administración y consejero delegado, lo que permitió que el 1.12.2013 se le diera de alta en RGSS como asimilado a trabajador por cuenta ajena.

En resumen, considera que la sentencia ha infringido dichos preceptos, por cuanto el demandante dejó de ser trabajador por cuenta ajena a partir del momento en que pasó a tener más del 25% de las acciones de la empresa y, se integró en el consejo de administración y ejerció como consejero. Añade a todo ello, que en ningún momento quedó en suspenso la relación laboral, y por tanto, el único vínculo que unía al demandante con la demandada, en el momento de la renuncia al cargo de consejero delegado y consejero, era de carácter mercantil y, por tanto, el juzgado de instancia es incompetente para conocer de este asunto.

- El Juzgado.

En el fundamento de derecho cuarto, después de hacer un exhaustivo repaso de la doctrina jurisprudencial y analizar la naturaleza de la relación desde su origen con apoyo de los hechos probados, sobre la cuestión que sustenta el objeto litigioso, concluye que el actor inició la prestación de servicios como director comercial en la empresa Novorex Ibérica, S.A. el 1.3.1990 y, si bien, en 1998 causó la baja en el RGSS y alta en el RETA por poseer el 35% de las acciones de esa empresa, también lo es que a partir de que el 4-7-2013 decidiera no acudir a la ampliación de capital, quedándose con el 7,75%, al actor pasó a estar de nuevo de alta en el RGSS como asimilado a trabajador por cuenta ajena.

A pesar de ello no le dieron de alta hasta el 1-12-2013, y lo hizo con el cargo de consejero-delegado, circunstancia que de conformidad con el art. 305.2.b) del TRLGSS, que pone de manifiesto que el actor no poseía ningún control, ni directo ni indirecto de la empresa, aunque realizase funciones directivas o de gerencia, situación que no queda desvirtuada por el hecho de que el 1.3.2015, formalizará un contrato con Novorex de consejero delegado, dado que desde 10.09.2012, ya venía ejerciendo el rol funcional de consejero delegado, y por tanto, el vínculo que mantenía con la demandada desde el 4.7.2013 era de naturaleza laboral, como por otra parte lo reflejan sus nóminas en las que aparece con la categoría de Director General o la comunicación de subrogación por fusión por absorción entre Novorex y SCM.

- La parte actora en su escrito de impugnación se adhiere al criterio mantenido por el órgano judicial de instancia.

B) Decisión.

i) Para resolver esta cuestión, atendiendo al prolijo e inmodificado relato fáctico que conforman los hechos probados, es obligado, traer a colación en este punto, ordenándolos, los más relevantes y estos a juicio de este Tribunal son:

1º El actor comenzó a prestar servicios para NOVOREX IBÉRICA, S.A., 1.3.1990, (en adelante Novorex), contrato laboral indefinido y a jornada completa como director comercial.

2º El 31.12.1997, causó baja en el régimen general de la Seguridad Social, por poseer en Novorex una participación del 35%. Desde el 1.1.1998, está en alta en el RETA realizando funciones de gerencia hasta el 4.7.2013, fecha en la que, por ampliación del capital a la que no acudió, deja de ser socio mayoritario y pasa a ser minoritario con un 7,75% de las acciones.

3º El 1.12.2013, de nuevo es dado de alta en RGSS, esta vez como asimilado con cargo de consejero delegado (H2º), hasta el 31.12.2023. Aunque este cargo ya lo venía desempeñando desde el 10.09.2012 (FD 4º).

4º El 1.3.2015 Novorex y el actor, formalizaron un contrato de duración indefinida por el que se nombraba al actor como consejero delegado, con las tareas que le encomendara el órgano de administración societario relativas a la administración, alta dirección y gestión operativa, además de objetivos, de la empresa. Se acordó el uso de vehículo, móvil y portátil de empresa, la exclusividad y confidencialidad, la posibilidad de dimisión del cargo de consejero delegado con 6 meses de preaviso, la no limitación de salario y la no sujeción a jornada por su cargo y funciones, así como una retribución anual fija repartida en 13 pagas (221.000 € brutos anuales) y una retribución variable en función de objetivos con un importe base de 49.000 € brutos (H3º) Desde esa fecha, ha formado parte del Consejo de Administración de Novorex.

5º Novorex pasó por fusión por absorción (10.09.2015) a denominarse SCMGroup, S.A. (en adelante SCM) el 16.10.2015. Al actor le comunicaron el 28.07.2015 la sucesión empresarial, en aplicación del art. 44 TRLET, (H1º) sin sufrir ninguna alteración en sus funciones, ya que continuó formando parte del Consejo de Administración en calidad de consejero delegado, y realizando, con la excepción de 2023, las funciones siguientes: firmaba las cuentas anuales junto al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración. Durante el 2023, las firmó el director financiero.

6º El 20.12.2022, SCM comunicó al actor (Hº 8º), la aceptación de la renuncia/dimisión del cargo de consejero delegado, con efectos del 30.09.2023; dond se le informaba que a partir de esa fecha pasaría a ser el presidente honorífico de SCM, con funciones no ejecutivas, y realizando funciones de comercialización, y, se le ofrecía formalizar otro contrato, esta vez de agencia hasta el 31.12.2024, susceptible de prórroga.

7º El 27.02.2023, SCM, rectifica, el documento anterior, y le comunica el cese como consejero delegado el 31.12.2023, el 15.3.2023 su pase a ocupar el cargo de presidente honorífico, no ejecutivo, con funciones de comercialización frente a determinados clientes y el 31.12.2023, finalizarían las relaciones jurídicas entre las partes, recibiendo el correspondiente finiquito, sin derecho a reclamar ningún otro importe en concepto de indemnización de cualquier tipo.

8º El 21.12.2023, SCM remite email al actor, recordándole que su contrato finalizaba el 31.12.2023, y que a partir del 1.1.2024, no se autorizarían gastos; debía devolver el coche de empresa a partir del 15.01, las llaves, ordenadores, etcétera (Hº 13º). El actor constestó por email el 28-12-2023, que hablarían el 15-01-2024.

9º SCM procedió a darle de baja el 10.1.2024, con efectos del 31.12.2023, poniendo como causa "dimisión/baja voluntaria" (Hº10º). La propuesta de finquito y la nómina no se las comunicaron hasta el 23.1.2024, aunque con efectos del 31.12.2023.

10º El actor consta oficialmente nombrado como consejero delegado de SCMGroup España hasta el 22-2-2024, y su cese se publicó en el BORME de 4-3-202 (Hº 6º y 7º).

11º El 6.3.2024, mediante burofax, SCM comunicó al actor que había finalizado definitivamente su relación el 31.12.2023, comunicado que fue contestado por este el 8.3.2024, señalando que, como había seguido trabajando desde el 1.1.2024, dicha comunicación la entendía como un nuevo despido (Hº 16º). De ahí las dos demandas en este procedimiento acumuladas.

ii) A la vista de la posición de las partes a efectos de determinar si este orden jurisdiccional es competente para conocer del objeto litigioso, no siendo discutido en el recurso que el actor comenzó a prestar sus servicios para Novorex como trabajador por cuenta ajena realizando funciones de director comercial y que dicha condición la mantuvo entre el 1.03.1990 y el 31.12.1997, ni tampoco que desde el 1.1.1998 al 30.11.2013 su relación con la empresa, no fue laboral, por cuanto el actor ha aceptado en ese sentido la decisión judicial, ahora para resolver si el orden social es competente para conocer de los despidos que sustentan ambas demandas, es necesario en primer lugar determinar, la naturaleza del vínculo que unía a la empresa demandada con el actor en el periodo comprendido entre el 1.12.2013 (fecha en que vio reducida su participación societaria, pasando de poseer el 33 % de las acciones al 7,75 %, es dado de alta de nuevo en el RGSS) y el 1.03.2015 fecha en que el actor formalizó el contrato de duración indefinida por el que se le nombraba consejero delegado. En segundo lugar, deberemos determinar la naturaleza del vínculo entre el 1.03.2015 y el 31.12.2023, fecha última en la que el actor decidió extinguir el contrato que formalizó el 1.03.2015 y, finalmente, debemos establecer qué naturaleza debe atribuirse a los servicios que prestó el actor entre el 1.01.2024 y el 6.3.2024, fecha en la que se le comunica que su relación con SCM había terminado definitivamente.

Con relación al primer periodo (1.12.2013 al 1.03.2015) no constando probado hecho alguno que indique que la empresa decidió promociónar al actor ni que decidiera en algún momento anterior a esa fecha optar por sustituir la relación laboral común (1.03.1990-31.12-1997) por otra especial de alta dirección, es evidente que en el presente supuesto al no constar que firmase un contrato de alta dirección, tampoco es de aplicación el art. 9, con relación al art. 4 del RD 1382/1985, que establece que en materia de promoción interna, es decir, cuando un trabajador vinculado a la empresa por una relación laboral común promociona y pasa a ejercer actividades de alta dirección, no solo debe formalizar la nueva situación a través del correspondiente contrato de alta dirección, sino que (punto 2º, del art. 9º), en el contrato se debe especificar "...si la nueva relación especial sustituye a la común anterior, o si esta última se suspende. Caso de no existir en el contrato especificación expresa al respecto, se entenderá que la relación laboral común queda suspendida." Por tanto, como no nos consta que se formalizase contrato alguno, entre el 1.12.2013 y el 1.03.2015, mediante el cual optase por la suspensión de su contrato laboral, ello quiere ello decir, que el periodo comprendido entre el 1.12.2013 y el 1.03.2015, habiendo el actor aceptado que entre el 1.01.1998 a 30.11.2013, el vínculo que le unía con Novorex a falta de otra prueba no puede calificarse de laboral común ni tampoco laboral especial de alta dirección, por lo que también debe considerarse no laboral.

A partir de esta conclusión, si la empresa Novorex hubiese decidido rescindir el contrato del actor antes del 1.3.2015, este orden jurisdiccional social tampoco sería competente para conocer del conflicto que aquí se suscita, y la razón no es otra que el contrato de trabajo inicial se extinguió el 1.1.1998, cuando pasó a tener el control efectivo de la empresa y formar parte del consejo de administración. El hecho de que posteriormente fuese dado de alta en el RGSS, el 1.12.2013, con la condición de asimilado al cargo de consejero delegado por ver reducida su porcentaje de participación en Novorex al 7,75 %, no es un elemento en el que se pueda sustentar, como hace el órgano judicial de instancia, que la relación entre el actor y esa empresa era laboral. Tanto el alta, como la baja en el RGSS, solo tienen relevancia jurídica a efectos de su encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, pero, dicha situación no es un elemento por sí solo suficiente que altere la naturaleza jurídica de su contrato, al menos hasta que el 1.03.2015 pasó a legalizar su situación con un contrato de alta dirección.

Según consta en el tercer hecho de los probados, el actor el 1.03.2015 formalizó "un contrato de duración indefinida por el que se nombraba al actor como consejero delegado, con las tareas que le encomendara el órgano de administración societario relativas a la administración, alta dirección y gestión operativa, además de objetivos, de la empresa. Se acordó el uso de vehículo, móvil y portátil de empresa, la exclusividad y confidencialidad, la posibilidad de dimisión del cargo de consejero delegado con 6 meses de preaviso, la no limitación de salario y la no sujeción a jornada por su cargo y funciones, así como una retribución anual fija repartida en 13 pagas (221.000 € brutos anuales) y una retribución variable en función de objetivos con un importe base de 49.000 € brutos."

En otras palabras, no es hasta ese momento en el que pasa a vincularse laboralmente con la empresa mediante un contrato de alta dirección para realizar, junto a las tareas de consejero delegado, otras de alta dirección y gestión operativa. A partir de que formalizara su contrato de alta dirección, se puede apreciar que el actor mantuvo con la empresa un doble vínculo, laboral especial de alta dirección y mercantil, como consejero delegado.

Para resolver cuál de las dos relaciones es la principal a efectos de determinar la jurisdicción competente para conocer del objeto litigioso, hay que acudir a la doctrina o teoría del vínculo, que señala: "...que en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones que se realizan sino la naturaleza de vínculo, [de ahí que en el caso presente, sea irrelevante que la amplitud de los poderes sea distinta en el caso de la sentencia recurrida y en el de la referencial, al haber actuado ambos demandantes en función del vínculo que como miembros de consejo de administración les unía con las empresas demandadas]; por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, pero no calificables de alta dirección sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral." "[( STS 9-12-2009, rec.1156/2009, y las que allí se citan, como las sentencias de 29-9-1988, 21 de enero, 13 mayo, 3 junio y de 18 de junio de 1991, 27-1-92 (rcud. 1368/1991), 11 de marzo de 1994 (rcud. 1318/1993), 22-12-94 (rcud. 2889/1993), 16-6-98 (rcud. 5062/1997), 20-11-2002 (rcud. 337/2002) y 26-12-07 (rcud. 1652/2006) o otras como la STS de 10 de octubre de 2007, rcud. 3198/2006, 28 de septiembre de 2017, rcud 3341/2015, o la de 9 de marzo de 2022, rcud 742/2019)].

Aplicada la doctrina expuesta al presente caso, resulta evidente que el nacimiento del vínculo societario, de no haberse extinguido antes, supuso la extinción del previo laboral de haber estado vigente y, por tanto, la incompetencia de este orden social para resolver las controversias que se susciten entre las partes en litigio durante este periodo.

Aunque existe una excepción a dicha doctrina y esta se aplica cuando se acredite que en la relación concurre la nota de dependencia, aunque se forme parte del órgano de administración de la sociedad, podría calificarse el vínculo de laboral. Dependencia, que, en este supuesto, no consta acreditada, ni siquiera a través de indicios, y no lo es el hecho de que se le comunicara la fusión por absorción de Novorex por SCM, pues, siendo un alto directivo, la nueva empresa estaba obligada a hacerlo, ofreciendo la posibilidad de extinguir su contrato de trabajo; en este sentido se pronuncia el art. 10.3.d) del RD 1382/1985. Ni tampoco se puede considerar un indicio suficiente, la cuantía del salario, ni que la empresa en las nóminas le reconociera la antigüedad, por cuanto como bien recuerda la sentencia de instancia, la naturaleza del contrato no la define el "nomen iuris" que las partes le hayan querido dar a dicha relación, sino el contenido real de la prestaciones efectivamente realizadas, y de nuevo, no debemos pasar por alto que son las de miembro del consejo de administración en calidad de consejero delegado, con firma de las cuentas anuales, como el presidente y secretario del consejo de administración. Por el contrario, sí que es un indicio relevante a efectos de determinar la verdadera naturaleza del vínculo, el hecho de que el actor aceptase su renuncia/dimisión del cargo de consejero delegado (hecho octavo), decisión que si alguna cosa pone de manifestó es que está de acuerdo con perder dicha condición, y recuperar, la condición de laboral que en un principio tuvo, pero, también que entre el 01.03.2015 y la extinción de su contrato de alta dirección y del cargo de consejero delegado el 31.12.2023, perdió, relación no puede calificarse de laboral, sino mercantil, y el conflicto que se suscite en este ámbito debe resolverse en la jurisdicción civil.

Por tanto, como no existe en el presente caso norma colectiva ni pacto individual sobre la posible reanudación de la relación de alto cargo o la inicial laboral, ni tampoco sobre el derecho al percibo de una indemnización, el cese como consejero delegado, comporta también la extinción de su contrato de alta dirección vinculado al mismo de 1.03.2015.

Por otra parte, aunque se hubiese considerado que el vínculo era laboral y de alta dirección, y por tanto, la competencia de este orden jurisdiccional, la extinción de su contrato nunca podría calificarse de despido, atendiendo a que este se extinguió por simple desistimiento/renuncia ( art. 10 del RD 1382/1985) y, por consiguiente, tampoco tendría derecho a recibir ningún tipo de indemnización por carecer de acción para reclamar por dicho concepto.

Ahora bien, el actor continuó prestando servicios para la empresa entre el 01.01.2024 y el 6.03.2024. A pesar de que su vínculo societario finalizó el 31.12.2023, el actor permaneció vinculado a la empresa demandada como comercial, como lo acreditan los hechos probados 19.º, 20.º, 21.º, 22.º y 23.º. Es cierto, que el órgano judicial de instancia llegó a la conclusión contraria, argumentado que era trabajos destinados a cerrar temas pendiente del 2023, pero lo cierto, es que el 6.03.2024, la empresa le comunicó la finalización de su contrato, aunque fijase sus efectos el 31.12.2023, por tanto, no concurriendo causa alguna que justificase dicha decisión, no cumpliendo la comunicación con los presupuestos formales que exige el art. 55.1 del TRLET, este orden jurisdiccional, al menos, es competente para conocer de este despido, que desde ahora, por primera vez declaramos improcedente.

-Segundo motivo infracción de la doctrina del vínculo.

Alega que el órgano judicial aplicó de forma incorrecta esta doctrina. El motivo que debemos estimar atendiendo a lo razonado en el motivo anterior.

-Tercer motivo. Infracción del art. 49.1.d) del TRLET.

En esencia, alega la empresa recurrente que, si no hay relación laboral, no puede haber despido. Afirmación que es correcta en parte, salvo con respecto a la relación laboral común que comenzó el 1.1.2024 y finalizó el 6.3.2024.

-Cuarto motivo. En este se denuncia la infracción del art. 53.1.a) TRLET.

Independientemente de que la cita del precepto es un error, dado que el art. 53.1.a) del TRLET, regula el despido objetivo, lo que alega la empresa que nunca se ha producido un despido tácito y menos que pueda ser declarado improcedente y como en sus argumentos vincula el éxito de este motivo a la suerte que haya podido correr el motivo anterior al partir de la misma premisa errónea y reiterar que el trabajador renunció a cualquier relación laboral que mantuviera con la demandada, y no da valor a la baja en la Seguridad Social que se presentó a la TGSS con base a la dimisión/baja voluntaria, provoca su desestimación. Motivo, que por las razones expuestas en el primer motivo debe también ser estimado.

-Con relación al quinto motivo y sexto motivo, habiéndose planteado de forma subsidiaria, estimado los anteriores, ya no es necesario entrar a resolveros por lo que la denuncia la infracción del art. 56.1 del TRLET con relación al art. 10.1 del RD 1382/1985, de 1 de agosto. Y la infracción del art. 7.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF en relación con el art. 56.1 del TRLET, quedan sin respuesta alguna.

-La estimación del recurso de la empresa comporta que se le ofrezca el derecho a optar entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes de ser despedido con efectos de la fecha de esta sentencia y con abono de los salarios de tramitación desde que fue despedido (6.3.2024) a razón de 560,06 euros/día, computando como antigüedad la del 1.1.2024, o definitivamente decida resolver el contrato de trabajo con abono de la correspondiente indemnización. Indemnización que debe ser calculada a razón del salario regulador que figura en la sentencia, ya que este no ha sido combatido por la empresa y, en consecuencia, se fija como indemnización por despido la suma de 3.291,31 euros.

TERCERO.-Recurso del actor.

- Primer motivo: la infracción del art. 26 del TRLET. Considera que debió incluirse las comisiones (59.979 €) dentro del concepto del salario a efectos del cálculo de salario regulador para el cálculo de la indemnización por despido improcedente.

Sobre esta cuestión el juzgado en el fundamento de derecho cuarto, apartado D, "En cuarto lugar, su salario, por lo demás, es de 17.035,04 € (doc. nº 20 de la demandada), pues en modo alguno resulta acreditado que las comisiones que reclama lo sean por su actividad para la demandada, visto que la factura girada es de la empresa TEKWOOD, no del actor y dado que en ningún momento consta que tales comisiones las haya devengado como empleado "comisionista" de la demandada (doc. nº 31 del ramo de la demandada). La doctrina de los actos propios delata que el actor conoce, perfectamente, que ha facturado no directamente, como comisionista, sino a través de su propia empresa el importe que, en aclaración/ampliación de demanda, reclama como presuntas comisiones."

No habiendo cometido el órgano judicial ningún error valorativo, constando en el hecho décimo quinto y vigésimo en relación con el hecho noveno, se puede apreciar, como hace el órgano judicial de instancia, que el actor con relación a dichas comisiones no actuaba como trabajador de SCM, sino en nombre de la empresa TEKWOOD, S.L, de la que era administrador y apoderado y a la que se debía las comisiones que se reclaman, por consiguiente, no puede ser tenidas en cuenta para determinar el salario reguladora destinado a calcular la indemnización por despido.

- Segundo motivo: la infracción del art. 1.1 del TRLET, ya que el despido, no se produjo el día 31.12.2023, sino el día 6 de marzo de 2024, en tanto que hasta esa fecha estuvo trabajando.

Esta cuestión ya ha sido resuelta en el apartado destinado a resolver la cuestión de competencia de este orden jurisdiccional, por lo que aquí, simplemente reiteramos lo allí decidido, y por ende, debemos estimar el presente motivo.

Sin ánimo de reiterarnos, es evidente que no podemos compartir el criterio del órgano judicial de instancia, sobre la naturaleza del vínculo durante el tiempo que dedicó el actor a realizar gestiones para la empresa entre el 1.1.2024 y el 6.3.2024, fecha en la que mediante burofax SCM le comunicó que había finalizado definitivamente su relación, porque no puede haber duda alguna que el tiempo que dedicó no fue en beneficio propio, sino en el de la demandada, ya lo destinó a cerrar los asuntos que dejaba pendientes, como consta acreditado en los hechos probados decimoséptimo, vigésimo al vigesimotercero.

La estimación de este motivo y del recurso de la empresa en los términos expuestos comporta que aquí se dé por reproducido los razonamientos contenidos en el último apartado del fundamento de derecho segundo.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.