Sentencia Social 624/2026 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 177/2026 de 10 de marzo del 2026

PRIMERO.-La resolución judicial de instancia ha desestimado la pretensión del trabajador demandante, que solicita de forma principal el grado de IP total por enfermedad común, y subsidiariamente la parcial para la categoría profesional de Policía Municipal nacido el NUM000 de 1977, y que presenta lesiones a nivel de rizartrosis bilateral derecha intervenida con prótesis, y la izquierda pendiente, además, de un cuadro lumbar sin radiculopatía y un trastorno adaptativo con reacción mixta. El Juzgador de instancia advierte de la realidad de funciones administrativas propias de la segunda actividad, y desvalorizando las manifestaciones que hace el servicio de prevención, así como las informaciones de oficialías de Jefatura, concuerda que no hay limitaciones relevantes físicas que supongan imposibilidad o menoscabo del tercio incapacitante, tampoco, en su caso, por el cuadro ansioso depresivo sin alteraciones cognitivas.

Disconforme con la resolución de instancia, el trabajador plantea recurso de suplicación articulando un primer motivo de nulidad al amparo del párrafo a) del art. 193 de la LRJS, al que se unen al menos ocho revisiones fácticas según el párrafo b) y finalmente, una estrictamente jurídica según el párrafo c) del mismo artículo y texto que pasamos a analizar.

Existe impugnación de la Entidad Gestora.

SEGUNDO.-El motivo de reposición de autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión tiene por finalidad genérica denunciar irregularidades en la tramitación del procedimiento especialmente cualificadas por el efecto de que su apreciación conlleva la declaración de nulidad de las actuaciones viciadas. Tal es así que resulta necesario en la configuración legal y jurisprudencial del motivo la denuncia de la infracción o garantía de carácter procedimental entendida en un sentido amplio que alcance incluso los principios constitucionales. pero además esa denuncia ha de referirse no a la infracción de cualquier norma procesal sino aquélla que cualificadamente implica la efectiva indefensión de la parte como concurrencia de un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios argumentos. En todo caso es necesario que la parte recurrente haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado correspondiente protesta en tiempo y forma, y todo ello salvo supuestos de anulación de oficio si son defectos propios del orden jurídico público procesal. Esas exigencias de invocación de preceptos infringidos tratándose de infracciones de normas procesales como normas vulneradas de carácter esencial, que hayan producido indefensión y que quien invoca tal transgresión de la norma procesal no lo haya provocado o propiciado con su conducta formulando la oportuna protesta en tiempo y forma. Y es que resulta evidente que la parte que articula esta motivación está sujeta a cargo de precisar las específicas reglas procesales infringidas y su razonamiento ya que no corresponde al Tribunal Superior examinarlo por su cuenta al estar ante un recurso extraordinario, máxime cuando la consecuencia de una infracción de estas características no es resolver el litigio en la forma pedida por el recurrente, sino retrotraer el curso del proceso al momento en que aquélla se cometió a fin de que se desarrolle en forma correcta y sin perjuicio para los litigantes. Sin embargo, este especial efecto que es contrario a cualquier principio de economía y rapidez procesal determina que únicamente deba decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya producido verdadera indefensión máxime tras los dictados orgánicos tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003 de 23 de diciembre. Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1ª) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio).

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988 y 6 de junio de 1990).

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Como quiera que el trabajador recurrente denuncia una especie de insuficiencia y de falta de motivación de la resolución de instancia, en lo que considera hechos probados inexistentes para con las funciones y lesiones, advirtiendo de un grado de indefensión incluso en actividad probatoria de pericial y su información médica, concluyendo con una advertencia de consideración no respetuosa recíproca, analizaremos dicha consideración anulatoria que, ciertamente, altera el principio de celeridad procesal y de economía del procedimiento, que no interesa en general a ninguna de las partes.

Y es que, aun cuando la resolución judicial de instancia pueda ser escueta en el relato histórico, o incluso en su consideración jurídica, cree esta Sala que contiene los elementos básicos que impiden cualquier menoscabo de la tutela judicial efectiva, por cuanto no hay incongruencia y sí motivación reducida, pero con un desarrollo suficiente de patologías, conclusiones y valoraciones al caso en lo que respecta a un grado de incapacidad permanente.

Rechazamos la revisión anulatoria que preconiza el recurrente, en tanto en cuanto consideramos que la revisión de hechos declarados probados y la denuncia de infracción jurídica que contiene el mismo medio de impugnación extraordinaria (solicita ocho revisiones fácticas), tutela y da criterio jurídico y judicial suficiente a las pautas de conformación y contestación judicial requeridas.

TERCERO.-Los motivos de revisión fáctica esgrimidos al amparo del artículo 193 b) de la LRJS exigen recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, más que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además, el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

"En STS 13 julio 2010 (R-17/2009 ), 21 octubre 2010 (R-198/2009 ), 5 junio 2011 (R-158/2010 ), 23 setiembre 2014 (R-66/2014 ), 18 noviembre 2015 (R-19/2015 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R-5/2012 ), 3 julio 2013 (R-88/2012 ) o 25 marzo 2014 (R-161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica.»."

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión del trabajador recurrente, queinduce a la modificación fáctica del hecho probado que considera de nueva incorporación para recoger las labores de advertencia, no de Policía Municipal, sino de agente de inspección vecinal de seguridad ciudadana, incluso con la determinación de reubicación y de segunda actividad, a criterio de la Sala deviene inoperante, por cuanto, es bien cierto, que en los criterios y funciones de la profesión de policía, ya sea municipal o incluso autonómica, esta Sala tiene conocimiento notorio y evidente de las capacidades exigibles y funciones a valorar, por lo que resulta superfluo atender a la pormenorización y especificidad de algunas actividades de seguridad ciudadana, por cuanto debemos atender en exclusiva a la categoría profesional y no concretamente al puesto de trabajo.

Del mismo modo debemos denegar las siguientes adiciones, que pretenden incorporar como nuevos hechos declarados probados los informes del servicio de prevención de la Administración local con las patologías del trabajador, los informes médicos del servicio de prevención o incluso, los informes del Oficial de jefe de la Policía Municipal, además de la información pericial de parte e incluso los informes de la psicóloga privada, que atienden a un conjunto de seis o siete postulaciones, que pretende el recurrente advertir con conclusiones interesadas, subjetivas y de apreciación gradual, paracon una patología que ha quedado circunscrita en el ámbito degenerativo de la rizartrosis, con afectación menor lumbar y, finalmente, un cuadro depresivo-reactivo que no afecta las capacidades superiores, donde las consideraciones de parte, ylas informaciones tanto técnicas como médicas, tan solo incorporan proposiciones ambivalentes, que el Juzgador de instancia ha querido rechazar expresa o tácitamente, considerando las patologías y las informaciones de todo tipo, pero no resaltando en un relato histórico la pormenorizada constatación de cada una de las particularidades de la información documentada por el demandante al resultar inexigible.

Y efectivamente, esa es la circunstancia en la que se encuentra la Sala, que a la vista de los instrumentos probatorios que quiere hacer saber el recurrente, y bajo la consideración directa o indirecta que ha realizado el Juzgador de instancia de todos ellos, no se sigue realizar ahora mayores interpretaciones o deducciones que aparentan contradicción con la problemática de la valoración judicial efectuada en la instancia, que no se demuestra sea ilógica o absurda, por cuanto recoge los diagnósticos y patologías principales sin perjuicio de la discusión sobre su repercusión o grado.

En suma, rechazamos la revisión fáctica propuesta.

CUARTO.-En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curiao vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como quiera que el trabajador recurrente denuncia la infracción jurídica del art. 194 de la LGSS de 2015, para postular de forma principal la IP total y subsidiariamente la parcial por consideración de enfermedad común para su categoría profesional de Policía Municipal, aunque fuese en segunda actividad nacido en 1977, analizaremos en su consideración conjunta tal actividad profesional en relación a las secuelas probadas e indubitadas.

La Incapacidad Permanente (nomenclatura técnico-jurídica establecida de conformidad con el Art. 8-5º de la Ley 24/97 de 15 de Julio de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social) prevista en los Arts. 136 y 137 de la LGSS de 1994, a la espera de la modificación que el Art. decimoquinto de la Ley 39/99 introduce en previsión de que la entrada en vigor de nuevas disposiciones reglamentarias previstas por la disposición transitoria 5ª-bis del mismo texto refundido esclarezcan la redacción y numeración de dichos artículos. Sin perjuicio del nuevo RDL 8/15 aplicable por vigencia intertemporal.

Pues bien, dicho articulado califica la Incapacidad Permanente (antes Invalidez) como la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral, sin perjuicio de que con posterioridad pueda producirse una mejora o un agravamiento, incluso una curación, siempre que la recuperación pueda considerarse desde el punto de vista médico como incierta.

Es por ello que existen varias notas características que definen el concepto de Incapacidad Permanente, a) que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivas u objetivables, es decir, que puedan constatarse médicamente y de forma verosímil e indudable b) que sean previsiblemente definitivas, es decir, irreversibles o constatablemente incurables siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para entender tal situación incapacitante ( STS 6-4-90 y 30-6-90) y c) que las disfunciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia orgánico-laboral hasta el punto de que provoquen una disminución o anulación de su capacidad laboral en una escala gradual que prevé el mismo articulado. Y todo ello con independencia de las circunstancias personales, familiares y socio-laborales que son objeto de valoración en las prestaciones de minusvalías ( S.T.S. 15-7-85, 10-2-86 y 29-9-87, entre otras).

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Total, como señala la jurisprudencia ( S.T.S. de 26-6-91) el precepto invoca la profesión habitual, por lo que tiene carácter esencial y determinante la calificación jurídica de la situación residual del afectado, puesto en relación con dicha profesión, de modo y manera que unas mismas lesiones o secuelas pueden constitutivas o no de un grado de incapacidad en función de las tareas o actividades que requiera esa profesión del presunto incapaz, habiéndose consolidado por el T.S. el criterio de que las tareas que han de analizarse, en relación con las secuelas padecidas por el trabajador, son las que se definen para esa categoría profesional en la correspondiente ordenanza, en su convenio colectivo, incluso, en su momento, en el contrato de trabajo y no las que conforman su puesto concreto de trabajo, en una empresa y con una actividad muy puntual.

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Parcial, la misma viene definida por nuestra legislación vigente como la situación del trabajador que, por enfermedad de accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que no le impiden seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual pero le ocasionan una disminución en su rendimiento superior al 33% del normal en ésta, situación que es indemnizada en cuantía que suele resultar sustanciosa al venir determinada por un equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal y por tanto acercar al importe de dos anualidades del salario del trabajador afectado.

Por todo lo mencionado, se puede concluir en la valoración global del cuadro patológico en conexión con la categoría profesional ateniente a Policía Municipal (y segunda actividad) que, ciertamente, las reducciones funcionales que presenta el trabajador no pueden ser determinantes del reconocimiento del grado principal que postula.

Piénsese que estamos ante un trabajador nacido en 1977, que realiza las funciones típicas de Policía Municipal (y segunda actividad), con un diagnóstico traumatológico generalizado lumbar menor y de rizartrosis importante en ambas manos (la dcha con prótesis), y con un cuadro ansioso depresivo no afectando a capacidades superiores, sin que existan verdaderas patologías imposibilitadoras claras y determinantes, en una realidad de actividades de tareas propias de seguridad ciudadana, en puestos que pueden ser de vigilancia y o de segunda actividad, que en modo alguno reconducen a una calificación de situación de IP por valoración de exigencias de titulación administrativa (nada se dice sobre aspecto de conducción, arma u otros) a las que debe encontrarse plenamente capacitado, y que nos aleja de cualesquiera previsión de doctrina jurisprudencial de segunda actividad que hemos tratado entre otros en los recursos 2960/2022, 205/22, 2220/21, 981/21, 1520/20, 1160/20, así como en las Sentencias de 13 de octubre de 2020, 22 de octubre de 2019 y 4 de julio de 2017, entre otras muchas, además de las propias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2020, Recurso 2800/18, con referencia a nuestra propia Sentencia de 18 de abril de 2018, Recurso 543/18, además de los Recursos 221/20 y 986/21, y últimamente STS de 7 de marzo de 2023 R-903/2020.

Estamos simple y llanamente ante limitaciones no incapacitantes, por cuanto los aspectos de cuadros depresivos, unidos a las afectaciones físicas traumatológicas (lumbar y rizartrosis) no demuestran una limitación en capacidades superiores intelectivas ni hay un déficit congnitivo para tareas de valoración y normalización en el control ciudadano, que pueden ser objeto de reseña en el relato factico inalterado.

Es verdad que hay un cuadro de funcionalidad limitada por rizartrosis bilateral, con ciertas intolerancias que corrige con prótesis en dcha (pendiente en izquierda), pero no hay impedimento para garra gruesa y fina, con un balance articular y muscular completo, al margen de dolores residuales. Y a nivel lumbar no hay radiculopatias ni constan indicaciones de infiltración, intervención, u otras, por más que pueda existir algún tipo de molestia o dolor que devendrá compatible con actividades mantenidas en al ámbito del control ciudadano y sin exigencia específica, máxime cuando insistimos en la doctrina jurisprudencial de la denominada segunda actividad.

No descubrimos en el análisis de los componentes y tareas esenciales de la función policial, incluida la segunda actividad, una condición de pérdida de capacidad, por cuanto no existen advertencias de reconducción hacia la perdida de las citadas titulaciones administrativas (mantenimiento del arma, y o de la conducción) o para actividades de coordinación, gestión o investigación, más allá de las puramente administrativas, que tampoco quedan condicionadas, y en las que presenta capacidad suficiente en el caso de autos. No olvidemos que también es una labor fundamental en los quehaceres del ámbito de la segunda actividad de manera suficiente y adecuada, máxime cuando no estamos ante grandes incompatibilidades de carácter físico que impidan esfuerzos medios, y el cuadro psicológico psiquiátrico no incorpora afectaciones superiores y o intelectuales.

En suma, creemos que existe la posibilidad de ejecución de todas o de la mayoría de las labores de su profesión habitual (segunda actividad), y que existe una capacidad residual que hace inexigible su incapacitación laboral.

Mas dudas puede plantear la petición subsidiaria de parcialidad, pero tampoco observamos la exigencia de la cota notable del tercio incapacitante respecto del cúmulo de funciones que pueden realizarse como Policía Municipal en segunda actividad comparable con las globales y absolutas que hayan podido quedar apartadas por esos ajustes razonables en funciones más administrativas.

Por todo lo manifestado, procede la íntegra desestimación del Recurso de Suplicación del trabajador recurrente, alno darse las infracciones jurídicas denunciadas.

QUINTO.-Como sea que el trabajador recurrente goza del beneficio de la justicia jurídica gratuita en atención al artículo 235.1 de la LRJS, no habrá condena en costas.

PRIMERO.-La resolución judicial de instancia ha desestimado la pretensión del trabajador demandante, que solicita de forma principal el grado de IP total por enfermedad común, y subsidiariamente la parcial para la categoría profesional de Policía Municipal nacido el NUM000 de 1977, y que presenta lesiones a nivel de rizartrosis bilateral derecha intervenida con prótesis, y la izquierda pendiente, además, de un cuadro lumbar sin radiculopatía y un trastorno adaptativo con reacción mixta. El Juzgador de instancia advierte de la realidad de funciones administrativas propias de la segunda actividad, y desvalorizando las manifestaciones que hace el servicio de prevención, así como las informaciones de oficialías de Jefatura, concuerda que no hay limitaciones relevantes físicas que supongan imposibilidad o menoscabo del tercio incapacitante, tampoco, en su caso, por el cuadro ansioso depresivo sin alteraciones cognitivas.

Disconforme con la resolución de instancia, el trabajador plantea recurso de suplicación articulando un primer motivo de nulidad al amparo del párrafo a) del art. 193 de la LRJS, al que se unen al menos ocho revisiones fácticas según el párrafo b) y finalmente, una estrictamente jurídica según el párrafo c) del mismo artículo y texto que pasamos a analizar.

Existe impugnación de la Entidad Gestora.

SEGUNDO.-El motivo de reposición de autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión tiene por finalidad genérica denunciar irregularidades en la tramitación del procedimiento especialmente cualificadas por el efecto de que su apreciación conlleva la declaración de nulidad de las actuaciones viciadas. Tal es así que resulta necesario en la configuración legal y jurisprudencial del motivo la denuncia de la infracción o garantía de carácter procedimental entendida en un sentido amplio que alcance incluso los principios constitucionales. pero además esa denuncia ha de referirse no a la infracción de cualquier norma procesal sino aquélla que cualificadamente implica la efectiva indefensión de la parte como concurrencia de un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios argumentos. En todo caso es necesario que la parte recurrente haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado correspondiente protesta en tiempo y forma, y todo ello salvo supuestos de anulación de oficio si son defectos propios del orden jurídico público procesal. Esas exigencias de invocación de preceptos infringidos tratándose de infracciones de normas procesales como normas vulneradas de carácter esencial, que hayan producido indefensión y que quien invoca tal transgresión de la norma procesal no lo haya provocado o propiciado con su conducta formulando la oportuna protesta en tiempo y forma. Y es que resulta evidente que la parte que articula esta motivación está sujeta a cargo de precisar las específicas reglas procesales infringidas y su razonamiento ya que no corresponde al Tribunal Superior examinarlo por su cuenta al estar ante un recurso extraordinario, máxime cuando la consecuencia de una infracción de estas características no es resolver el litigio en la forma pedida por el recurrente, sino retrotraer el curso del proceso al momento en que aquélla se cometió a fin de que se desarrolle en forma correcta y sin perjuicio para los litigantes. Sin embargo, este especial efecto que es contrario a cualquier principio de economía y rapidez procesal determina que únicamente deba decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya producido verdadera indefensión máxime tras los dictados orgánicos tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003 de 23 de diciembre. Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1ª) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio).

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988 y 6 de junio de 1990).

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Como quiera que el trabajador recurrente denuncia una especie de insuficiencia y de falta de motivación de la resolución de instancia, en lo que considera hechos probados inexistentes para con las funciones y lesiones, advirtiendo de un grado de indefensión incluso en actividad probatoria de pericial y su información médica, concluyendo con una advertencia de consideración no respetuosa recíproca, analizaremos dicha consideración anulatoria que, ciertamente, altera el principio de celeridad procesal y de economía del procedimiento, que no interesa en general a ninguna de las partes.

Y es que, aun cuando la resolución judicial de instancia pueda ser escueta en el relato histórico, o incluso en su consideración jurídica, cree esta Sala que contiene los elementos básicos que impiden cualquier menoscabo de la tutela judicial efectiva, por cuanto no hay incongruencia y sí motivación reducida, pero con un desarrollo suficiente de patologías, conclusiones y valoraciones al caso en lo que respecta a un grado de incapacidad permanente.

Rechazamos la revisión anulatoria que preconiza el recurrente, en tanto en cuanto consideramos que la revisión de hechos declarados probados y la denuncia de infracción jurídica que contiene el mismo medio de impugnación extraordinaria (solicita ocho revisiones fácticas), tutela y da criterio jurídico y judicial suficiente a las pautas de conformación y contestación judicial requeridas.

TERCERO.-Los motivos de revisión fáctica esgrimidos al amparo del artículo 193 b) de la LRJS exigen recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, más que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además, el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

"En STS 13 julio 2010 (R-17/2009 ), 21 octubre 2010 (R-198/2009 ), 5 junio 2011 (R-158/2010 ), 23 setiembre 2014 (R-66/2014 ), 18 noviembre 2015 (R-19/2015 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R-5/2012 ), 3 julio 2013 (R-88/2012 ) o 25 marzo 2014 (R-161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica.»."

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión del trabajador recurrente, queinduce a la modificación fáctica del hecho probado que considera de nueva incorporación para recoger las labores de advertencia, no de Policía Municipal, sino de agente de inspección vecinal de seguridad ciudadana, incluso con la determinación de reubicación y de segunda actividad, a criterio de la Sala deviene inoperante, por cuanto, es bien cierto, que en los criterios y funciones de la profesión de policía, ya sea municipal o incluso autonómica, esta Sala tiene conocimiento notorio y evidente de las capacidades exigibles y funciones a valorar, por lo que resulta superfluo atender a la pormenorización y especificidad de algunas actividades de seguridad ciudadana, por cuanto debemos atender en exclusiva a la categoría profesional y no concretamente al puesto de trabajo.

Del mismo modo debemos denegar las siguientes adiciones, que pretenden incorporar como nuevos hechos declarados probados los informes del servicio de prevención de la Administración local con las patologías del trabajador, los informes médicos del servicio de prevención o incluso, los informes del Oficial de jefe de la Policía Municipal, además de la información pericial de parte e incluso los informes de la psicóloga privada, que atienden a un conjunto de seis o siete postulaciones, que pretende el recurrente advertir con conclusiones interesadas, subjetivas y de apreciación gradual, paracon una patología que ha quedado circunscrita en el ámbito degenerativo de la rizartrosis, con afectación menor lumbar y, finalmente, un cuadro depresivo-reactivo que no afecta las capacidades superiores, donde las consideraciones de parte, ylas informaciones tanto técnicas como médicas, tan solo incorporan proposiciones ambivalentes, que el Juzgador de instancia ha querido rechazar expresa o tácitamente, considerando las patologías y las informaciones de todo tipo, pero no resaltando en un relato histórico la pormenorizada constatación de cada una de las particularidades de la información documentada por el demandante al resultar inexigible.

Y efectivamente, esa es la circunstancia en la que se encuentra la Sala, que a la vista de los instrumentos probatorios que quiere hacer saber el recurrente, y bajo la consideración directa o indirecta que ha realizado el Juzgador de instancia de todos ellos, no se sigue realizar ahora mayores interpretaciones o deducciones que aparentan contradicción con la problemática de la valoración judicial efectuada en la instancia, que no se demuestra sea ilógica o absurda, por cuanto recoge los diagnósticos y patologías principales sin perjuicio de la discusión sobre su repercusión o grado.

En suma, rechazamos la revisión fáctica propuesta.

CUARTO.-En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curiao vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como quiera que el trabajador recurrente denuncia la infracción jurídica del art. 194 de la LGSS de 2015, para postular de forma principal la IP total y subsidiariamente la parcial por consideración de enfermedad común para su categoría profesional de Policía Municipal, aunque fuese en segunda actividad nacido en 1977, analizaremos en su consideración conjunta tal actividad profesional en relación a las secuelas probadas e indubitadas.

La Incapacidad Permanente (nomenclatura técnico-jurídica establecida de conformidad con el Art. 8-5º de la Ley 24/97 de 15 de Julio de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social) prevista en los Arts. 136 y 137 de la LGSS de 1994, a la espera de la modificación que el Art. decimoquinto de la Ley 39/99 introduce en previsión de que la entrada en vigor de nuevas disposiciones reglamentarias previstas por la disposición transitoria 5ª-bis del mismo texto refundido esclarezcan la redacción y numeración de dichos artículos. Sin perjuicio del nuevo RDL 8/15 aplicable por vigencia intertemporal.

Pues bien, dicho articulado califica la Incapacidad Permanente (antes Invalidez) como la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral, sin perjuicio de que con posterioridad pueda producirse una mejora o un agravamiento, incluso una curación, siempre que la recuperación pueda considerarse desde el punto de vista médico como incierta.

Es por ello que existen varias notas características que definen el concepto de Incapacidad Permanente, a) que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivas u objetivables, es decir, que puedan constatarse médicamente y de forma verosímil e indudable b) que sean previsiblemente definitivas, es decir, irreversibles o constatablemente incurables siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para entender tal situación incapacitante ( STS 6-4-90 y 30-6-90) y c) que las disfunciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia orgánico-laboral hasta el punto de que provoquen una disminución o anulación de su capacidad laboral en una escala gradual que prevé el mismo articulado. Y todo ello con independencia de las circunstancias personales, familiares y socio-laborales que son objeto de valoración en las prestaciones de minusvalías ( S.T.S. 15-7-85, 10-2-86 y 29-9-87, entre otras).

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Total, como señala la jurisprudencia ( S.T.S. de 26-6-91) el precepto invoca la profesión habitual, por lo que tiene carácter esencial y determinante la calificación jurídica de la situación residual del afectado, puesto en relación con dicha profesión, de modo y manera que unas mismas lesiones o secuelas pueden constitutivas o no de un grado de incapacidad en función de las tareas o actividades que requiera esa profesión del presunto incapaz, habiéndose consolidado por el T.S. el criterio de que las tareas que han de analizarse, en relación con las secuelas padecidas por el trabajador, son las que se definen para esa categoría profesional en la correspondiente ordenanza, en su convenio colectivo, incluso, en su momento, en el contrato de trabajo y no las que conforman su puesto concreto de trabajo, en una empresa y con una actividad muy puntual.

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Parcial, la misma viene definida por nuestra legislación vigente como la situación del trabajador que, por enfermedad de accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que no le impiden seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual pero le ocasionan una disminución en su rendimiento superior al 33% del normal en ésta, situación que es indemnizada en cuantía que suele resultar sustanciosa al venir determinada por un equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal y por tanto acercar al importe de dos anualidades del salario del trabajador afectado.

Por todo lo mencionado, se puede concluir en la valoración global del cuadro patológico en conexión con la categoría profesional ateniente a Policía Municipal (y segunda actividad) que, ciertamente, las reducciones funcionales que presenta el trabajador no pueden ser determinantes del reconocimiento del grado principal que postula.

Piénsese que estamos ante un trabajador nacido en 1977, que realiza las funciones típicas de Policía Municipal (y segunda actividad), con un diagnóstico traumatológico generalizado lumbar menor y de rizartrosis importante en ambas manos (la dcha con prótesis), y con un cuadro ansioso depresivo no afectando a capacidades superiores, sin que existan verdaderas patologías imposibilitadoras claras y determinantes, en una realidad de actividades de tareas propias de seguridad ciudadana, en puestos que pueden ser de vigilancia y o de segunda actividad, que en modo alguno reconducen a una calificación de situación de IP por valoración de exigencias de titulación administrativa (nada se dice sobre aspecto de conducción, arma u otros) a las que debe encontrarse plenamente capacitado, y que nos aleja de cualesquiera previsión de doctrina jurisprudencial de segunda actividad que hemos tratado entre otros en los recursos 2960/2022, 205/22, 2220/21, 981/21, 1520/20, 1160/20, así como en las Sentencias de 13 de octubre de 2020, 22 de octubre de 2019 y 4 de julio de 2017, entre otras muchas, además de las propias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2020, Recurso 2800/18, con referencia a nuestra propia Sentencia de 18 de abril de 2018, Recurso 543/18, además de los Recursos 221/20 y 986/21, y últimamente STS de 7 de marzo de 2023 R-903/2020.

Estamos simple y llanamente ante limitaciones no incapacitantes, por cuanto los aspectos de cuadros depresivos, unidos a las afectaciones físicas traumatológicas (lumbar y rizartrosis) no demuestran una limitación en capacidades superiores intelectivas ni hay un déficit congnitivo para tareas de valoración y normalización en el control ciudadano, que pueden ser objeto de reseña en el relato factico inalterado.

Es verdad que hay un cuadro de funcionalidad limitada por rizartrosis bilateral, con ciertas intolerancias que corrige con prótesis en dcha (pendiente en izquierda), pero no hay impedimento para garra gruesa y fina, con un balance articular y muscular completo, al margen de dolores residuales. Y a nivel lumbar no hay radiculopatias ni constan indicaciones de infiltración, intervención, u otras, por más que pueda existir algún tipo de molestia o dolor que devendrá compatible con actividades mantenidas en al ámbito del control ciudadano y sin exigencia específica, máxime cuando insistimos en la doctrina jurisprudencial de la denominada segunda actividad.

No descubrimos en el análisis de los componentes y tareas esenciales de la función policial, incluida la segunda actividad, una condición de pérdida de capacidad, por cuanto no existen advertencias de reconducción hacia la perdida de las citadas titulaciones administrativas (mantenimiento del arma, y o de la conducción) o para actividades de coordinación, gestión o investigación, más allá de las puramente administrativas, que tampoco quedan condicionadas, y en las que presenta capacidad suficiente en el caso de autos. No olvidemos que también es una labor fundamental en los quehaceres del ámbito de la segunda actividad de manera suficiente y adecuada, máxime cuando no estamos ante grandes incompatibilidades de carácter físico que impidan esfuerzos medios, y el cuadro psicológico psiquiátrico no incorpora afectaciones superiores y o intelectuales.

En suma, creemos que existe la posibilidad de ejecución de todas o de la mayoría de las labores de su profesión habitual (segunda actividad), y que existe una capacidad residual que hace inexigible su incapacitación laboral.

Mas dudas puede plantear la petición subsidiaria de parcialidad, pero tampoco observamos la exigencia de la cota notable del tercio incapacitante respecto del cúmulo de funciones que pueden realizarse como Policía Municipal en segunda actividad comparable con las globales y absolutas que hayan podido quedar apartadas por esos ajustes razonables en funciones más administrativas.

Por todo lo manifestado, procede la íntegra desestimación del Recurso de Suplicación del trabajador recurrente, alno darse las infracciones jurídicas denunciadas.

QUINTO.-Como sea que el trabajador recurrente goza del beneficio de la justicia jurídica gratuita en atención al artículo 235.1 de la LRJS, no habrá condena en costas.

PRIMERO.-La resolución judicial de instancia ha desestimado la pretensión del trabajador demandante, que solicita de forma principal el grado de IP total por enfermedad común, y subsidiariamente la parcial para la categoría profesional de Policía Municipal nacido el NUM000 de 1977, y que presenta lesiones a nivel de rizartrosis bilateral derecha intervenida con prótesis, y la izquierda pendiente, además, de un cuadro lumbar sin radiculopatía y un trastorno adaptativo con reacción mixta. El Juzgador de instancia advierte de la realidad de funciones administrativas propias de la segunda actividad, y desvalorizando las manifestaciones que hace el servicio de prevención, así como las informaciones de oficialías de Jefatura, concuerda que no hay limitaciones relevantes físicas que supongan imposibilidad o menoscabo del tercio incapacitante, tampoco, en su caso, por el cuadro ansioso depresivo sin alteraciones cognitivas.

Disconforme con la resolución de instancia, el trabajador plantea recurso de suplicación articulando un primer motivo de nulidad al amparo del párrafo a) del art. 193 de la LRJS, al que se unen al menos ocho revisiones fácticas según el párrafo b) y finalmente, una estrictamente jurídica según el párrafo c) del mismo artículo y texto que pasamos a analizar.

Existe impugnación de la Entidad Gestora.

SEGUNDO.-El motivo de reposición de autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión tiene por finalidad genérica denunciar irregularidades en la tramitación del procedimiento especialmente cualificadas por el efecto de que su apreciación conlleva la declaración de nulidad de las actuaciones viciadas. Tal es así que resulta necesario en la configuración legal y jurisprudencial del motivo la denuncia de la infracción o garantía de carácter procedimental entendida en un sentido amplio que alcance incluso los principios constitucionales. pero además esa denuncia ha de referirse no a la infracción de cualquier norma procesal sino aquélla que cualificadamente implica la efectiva indefensión de la parte como concurrencia de un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios argumentos. En todo caso es necesario que la parte recurrente haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado correspondiente protesta en tiempo y forma, y todo ello salvo supuestos de anulación de oficio si son defectos propios del orden jurídico público procesal. Esas exigencias de invocación de preceptos infringidos tratándose de infracciones de normas procesales como normas vulneradas de carácter esencial, que hayan producido indefensión y que quien invoca tal transgresión de la norma procesal no lo haya provocado o propiciado con su conducta formulando la oportuna protesta en tiempo y forma. Y es que resulta evidente que la parte que articula esta motivación está sujeta a cargo de precisar las específicas reglas procesales infringidas y su razonamiento ya que no corresponde al Tribunal Superior examinarlo por su cuenta al estar ante un recurso extraordinario, máxime cuando la consecuencia de una infracción de estas características no es resolver el litigio en la forma pedida por el recurrente, sino retrotraer el curso del proceso al momento en que aquélla se cometió a fin de que se desarrolle en forma correcta y sin perjuicio para los litigantes. Sin embargo, este especial efecto que es contrario a cualquier principio de economía y rapidez procesal determina que únicamente deba decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya producido verdadera indefensión máxime tras los dictados orgánicos tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003 de 23 de diciembre. Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1ª) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio).

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988 y 6 de junio de 1990).

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Como quiera que el trabajador recurrente denuncia una especie de insuficiencia y de falta de motivación de la resolución de instancia, en lo que considera hechos probados inexistentes para con las funciones y lesiones, advirtiendo de un grado de indefensión incluso en actividad probatoria de pericial y su información médica, concluyendo con una advertencia de consideración no respetuosa recíproca, analizaremos dicha consideración anulatoria que, ciertamente, altera el principio de celeridad procesal y de economía del procedimiento, que no interesa en general a ninguna de las partes.

Y es que, aun cuando la resolución judicial de instancia pueda ser escueta en el relato histórico, o incluso en su consideración jurídica, cree esta Sala que contiene los elementos básicos que impiden cualquier menoscabo de la tutela judicial efectiva, por cuanto no hay incongruencia y sí motivación reducida, pero con un desarrollo suficiente de patologías, conclusiones y valoraciones al caso en lo que respecta a un grado de incapacidad permanente.

Rechazamos la revisión anulatoria que preconiza el recurrente, en tanto en cuanto consideramos que la revisión de hechos declarados probados y la denuncia de infracción jurídica que contiene el mismo medio de impugnación extraordinaria (solicita ocho revisiones fácticas), tutela y da criterio jurídico y judicial suficiente a las pautas de conformación y contestación judicial requeridas.

TERCERO.-Los motivos de revisión fáctica esgrimidos al amparo del artículo 193 b) de la LRJS exigen recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, más que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además, el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

"En STS 13 julio 2010 (R-17/2009 ), 21 octubre 2010 (R-198/2009 ), 5 junio 2011 (R-158/2010 ), 23 setiembre 2014 (R-66/2014 ), 18 noviembre 2015 (R-19/2015 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R-5/2012 ), 3 julio 2013 (R-88/2012 ) o 25 marzo 2014 (R-161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica.»."

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión del trabajador recurrente, queinduce a la modificación fáctica del hecho probado que considera de nueva incorporación para recoger las labores de advertencia, no de Policía Municipal, sino de agente de inspección vecinal de seguridad ciudadana, incluso con la determinación de reubicación y de segunda actividad, a criterio de la Sala deviene inoperante, por cuanto, es bien cierto, que en los criterios y funciones de la profesión de policía, ya sea municipal o incluso autonómica, esta Sala tiene conocimiento notorio y evidente de las capacidades exigibles y funciones a valorar, por lo que resulta superfluo atender a la pormenorización y especificidad de algunas actividades de seguridad ciudadana, por cuanto debemos atender en exclusiva a la categoría profesional y no concretamente al puesto de trabajo.

Del mismo modo debemos denegar las siguientes adiciones, que pretenden incorporar como nuevos hechos declarados probados los informes del servicio de prevención de la Administración local con las patologías del trabajador, los informes médicos del servicio de prevención o incluso, los informes del Oficial de jefe de la Policía Municipal, además de la información pericial de parte e incluso los informes de la psicóloga privada, que atienden a un conjunto de seis o siete postulaciones, que pretende el recurrente advertir con conclusiones interesadas, subjetivas y de apreciación gradual, paracon una patología que ha quedado circunscrita en el ámbito degenerativo de la rizartrosis, con afectación menor lumbar y, finalmente, un cuadro depresivo-reactivo que no afecta las capacidades superiores, donde las consideraciones de parte, ylas informaciones tanto técnicas como médicas, tan solo incorporan proposiciones ambivalentes, que el Juzgador de instancia ha querido rechazar expresa o tácitamente, considerando las patologías y las informaciones de todo tipo, pero no resaltando en un relato histórico la pormenorizada constatación de cada una de las particularidades de la información documentada por el demandante al resultar inexigible.

Y efectivamente, esa es la circunstancia en la que se encuentra la Sala, que a la vista de los instrumentos probatorios que quiere hacer saber el recurrente, y bajo la consideración directa o indirecta que ha realizado el Juzgador de instancia de todos ellos, no se sigue realizar ahora mayores interpretaciones o deducciones que aparentan contradicción con la problemática de la valoración judicial efectuada en la instancia, que no se demuestra sea ilógica o absurda, por cuanto recoge los diagnósticos y patologías principales sin perjuicio de la discusión sobre su repercusión o grado.

En suma, rechazamos la revisión fáctica propuesta.

CUARTO.-En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curiao vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como quiera que el trabajador recurrente denuncia la infracción jurídica del art. 194 de la LGSS de 2015, para postular de forma principal la IP total y subsidiariamente la parcial por consideración de enfermedad común para su categoría profesional de Policía Municipal, aunque fuese en segunda actividad nacido en 1977, analizaremos en su consideración conjunta tal actividad profesional en relación a las secuelas probadas e indubitadas.

La Incapacidad Permanente (nomenclatura técnico-jurídica establecida de conformidad con el Art. 8-5º de la Ley 24/97 de 15 de Julio de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social) prevista en los Arts. 136 y 137 de la LGSS de 1994, a la espera de la modificación que el Art. decimoquinto de la Ley 39/99 introduce en previsión de que la entrada en vigor de nuevas disposiciones reglamentarias previstas por la disposición transitoria 5ª-bis del mismo texto refundido esclarezcan la redacción y numeración de dichos artículos. Sin perjuicio del nuevo RDL 8/15 aplicable por vigencia intertemporal.

Pues bien, dicho articulado califica la Incapacidad Permanente (antes Invalidez) como la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral, sin perjuicio de que con posterioridad pueda producirse una mejora o un agravamiento, incluso una curación, siempre que la recuperación pueda considerarse desde el punto de vista médico como incierta.

Es por ello que existen varias notas características que definen el concepto de Incapacidad Permanente, a) que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivas u objetivables, es decir, que puedan constatarse médicamente y de forma verosímil e indudable b) que sean previsiblemente definitivas, es decir, irreversibles o constatablemente incurables siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para entender tal situación incapacitante ( STS 6-4-90 y 30-6-90) y c) que las disfunciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia orgánico-laboral hasta el punto de que provoquen una disminución o anulación de su capacidad laboral en una escala gradual que prevé el mismo articulado. Y todo ello con independencia de las circunstancias personales, familiares y socio-laborales que son objeto de valoración en las prestaciones de minusvalías ( S.T.S. 15-7-85, 10-2-86 y 29-9-87, entre otras).

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Total, como señala la jurisprudencia ( S.T.S. de 26-6-91) el precepto invoca la profesión habitual, por lo que tiene carácter esencial y determinante la calificación jurídica de la situación residual del afectado, puesto en relación con dicha profesión, de modo y manera que unas mismas lesiones o secuelas pueden constitutivas o no de un grado de incapacidad en función de las tareas o actividades que requiera esa profesión del presunto incapaz, habiéndose consolidado por el T.S. el criterio de que las tareas que han de analizarse, en relación con las secuelas padecidas por el trabajador, son las que se definen para esa categoría profesional en la correspondiente ordenanza, en su convenio colectivo, incluso, en su momento, en el contrato de trabajo y no las que conforman su puesto concreto de trabajo, en una empresa y con una actividad muy puntual.

Por lo que respecta a la situación de Incapacidad Permanente Parcial, la misma viene definida por nuestra legislación vigente como la situación del trabajador que, por enfermedad de accidente, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que no le impiden seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual pero le ocasionan una disminución en su rendimiento superior al 33% del normal en ésta, situación que es indemnizada en cuantía que suele resultar sustanciosa al venir determinada por un equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal y por tanto acercar al importe de dos anualidades del salario del trabajador afectado.

Por todo lo mencionado, se puede concluir en la valoración global del cuadro patológico en conexión con la categoría profesional ateniente a Policía Municipal (y segunda actividad) que, ciertamente, las reducciones funcionales que presenta el trabajador no pueden ser determinantes del reconocimiento del grado principal que postula.

Piénsese que estamos ante un trabajador nacido en 1977, que realiza las funciones típicas de Policía Municipal (y segunda actividad), con un diagnóstico traumatológico generalizado lumbar menor y de rizartrosis importante en ambas manos (la dcha con prótesis), y con un cuadro ansioso depresivo no afectando a capacidades superiores, sin que existan verdaderas patologías imposibilitadoras claras y determinantes, en una realidad de actividades de tareas propias de seguridad ciudadana, en puestos que pueden ser de vigilancia y o de segunda actividad, que en modo alguno reconducen a una calificación de situación de IP por valoración de exigencias de titulación administrativa (nada se dice sobre aspecto de conducción, arma u otros) a las que debe encontrarse plenamente capacitado, y que nos aleja de cualesquiera previsión de doctrina jurisprudencial de segunda actividad que hemos tratado entre otros en los recursos 2960/2022, 205/22, 2220/21, 981/21, 1520/20, 1160/20, así como en las Sentencias de 13 de octubre de 2020, 22 de octubre de 2019 y 4 de julio de 2017, entre otras muchas, además de las propias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2020, Recurso 2800/18, con referencia a nuestra propia Sentencia de 18 de abril de 2018, Recurso 543/18, además de los Recursos 221/20 y 986/21, y últimamente STS de 7 de marzo de 2023 R-903/2020.

Estamos simple y llanamente ante limitaciones no incapacitantes, por cuanto los aspectos de cuadros depresivos, unidos a las afectaciones físicas traumatológicas (lumbar y rizartrosis) no demuestran una limitación en capacidades superiores intelectivas ni hay un déficit congnitivo para tareas de valoración y normalización en el control ciudadano, que pueden ser objeto de reseña en el relato factico inalterado.

Es verdad que hay un cuadro de funcionalidad limitada por rizartrosis bilateral, con ciertas intolerancias que corrige con prótesis en dcha (pendiente en izquierda), pero no hay impedimento para garra gruesa y fina, con un balance articular y muscular completo, al margen de dolores residuales. Y a nivel lumbar no hay radiculopatias ni constan indicaciones de infiltración, intervención, u otras, por más que pueda existir algún tipo de molestia o dolor que devendrá compatible con actividades mantenidas en al ámbito del control ciudadano y sin exigencia específica, máxime cuando insistimos en la doctrina jurisprudencial de la denominada segunda actividad.

No descubrimos en el análisis de los componentes y tareas esenciales de la función policial, incluida la segunda actividad, una condición de pérdida de capacidad, por cuanto no existen advertencias de reconducción hacia la perdida de las citadas titulaciones administrativas (mantenimiento del arma, y o de la conducción) o para actividades de coordinación, gestión o investigación, más allá de las puramente administrativas, que tampoco quedan condicionadas, y en las que presenta capacidad suficiente en el caso de autos. No olvidemos que también es una labor fundamental en los quehaceres del ámbito de la segunda actividad de manera suficiente y adecuada, máxime cuando no estamos ante grandes incompatibilidades de carácter físico que impidan esfuerzos medios, y el cuadro psicológico psiquiátrico no incorpora afectaciones superiores y o intelectuales.

En suma, creemos que existe la posibilidad de ejecución de todas o de la mayoría de las labores de su profesión habitual (segunda actividad), y que existe una capacidad residual que hace inexigible su incapacitación laboral.

Mas dudas puede plantear la petición subsidiaria de parcialidad, pero tampoco observamos la exigencia de la cota notable del tercio incapacitante respecto del cúmulo de funciones que pueden realizarse como Policía Municipal en segunda actividad comparable con las globales y absolutas que hayan podido quedar apartadas por esos ajustes razonables en funciones más administrativas.

Por todo lo manifestado, procede la íntegra desestimación del Recurso de Suplicación del trabajador recurrente, alno darse las infracciones jurídicas denunciadas.

QUINTO.-Como sea que el trabajador recurrente goza del beneficio de la justicia jurídica gratuita en atención al artículo 235.1 de la LRJS, no habrá condena en costas.