Sentencia Social 281/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1034/2023 de 10 de abril del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- El actor trabaja como jefe de sector para la empresa demandada. En febrero de 2022 es sancionado por falta muy grave, imputándole la empleador haber tenido el actor un trato vejatorio y desconsiderado hacia una subordinada el 6 de noviembre de 2021, en concreto haber dicho que "solo trabajo con chusma" de forma reiterada en esa jornada, haberle ordenado que lavara las blondas diciéndole que no sabía hacer su trabajo, tirarle luego las blondas al suelo gritando, o ponerse a gritar que no sabían cómo limpiar las mesas. La demanda rectora de los autos impugnaba la sanción alegando que los hechos son inciertos y estarían mal calificados porque no eran acoso laboral (cosa que, por lo demás, la carta de sanción no decía que fueran, aunque la sanción sí que se impuso después de activarse un protocolo contra el acoso). La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda, al considerar probado, en base a dos testificales, los hechos descritos en la carta de despido, y concluir que los mismos eran calificables como abuso de autoridad o falta grave de respeto y consideración a otros trabajadores. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte demandante pretendiendo que sea anulada, formulando para ello un motivo por la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; y subsidiariamente, que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea un motivo para la revisión de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y otro para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- En el motivo de nulidad de actuaciones el trabajador demandante, invocando los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución, acusa a la sentencia de falta de motivación porque, según el recurrente, de la misma "no puede desprenderse cual ha sido el criterio juridico o la determinación de la debida aplicación de la sana critica", y todo ello porque en el Fundamento de Derecho 2º, tras decir "Analizados los hechos, puestos en relación con la prueba practicada en la presente causa, los mismo han quedado acreditados.

En efecto se han practicado dos elementos de prueba consistentes en las dos testificales propuestas, que declararon se recoge en los hechos probados de esta sentencia. Esto es,", dicho fundamento queda inconcluso.

CUARTO.- El artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el orden jurisdiccional social y para la valoración de la prueba esto tiene su traducción en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (no citado en el recurso), cuando dispone que "la sentencia (.) apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza", así como que "deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

QUINTO.- El Tribunal Constitucional tiene declarado (sentencia 14/1991, de 28 de enero, entre otras) que la obligación de motivar las Sentencias que el artículo 120.3º de la Constitución impone a los órganos judiciales, puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial protegido por el artículo 24.1º de la propia Constitución, en su vertiente del derecho a una resolución jurídicamente fundada, conduce a integrar en el contenido de esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales y, por tanto, el enlace de las mismas con la Ley y el sistema general de fuentes, de la cual son aplicación.

SEXTO.- Esta obligación del órgano judicial de motivar sus resoluciones en Derecho, y correlativo derecho de las partes a tal motivación, no comporta que el Juez o Tribunal deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le imponen un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado ( sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1988); no hay un derecho a que la motivación judicial tenga siempre una determinada extensión o profundidad ( sentencia 160/2009, de 29 de junio), sino que la mayor o menor motivación exigible varía en función de las circunstancias de cada caso, y en principio se ha de entender cumplida cuando las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión ( sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 1996 y 11 de noviembre de 1998), y cumplido esto es admisible la motivación tácita o presunta ( sentencia 204/2009, de 23 de noviembre), o "por remisión" ( sentencia 140/2009, de 15 de junio). Igualmente, si bien no existe un derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, el deber de motivación sí que implica la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia ( sentencias del Tribunal Constitucional 311/2005, de 12 de diciembre; 61/2008, de 26 de mayo; 3/2011, de 14 de febrero).

SÉPTIMO.- De la lectura de la sentencia de instancia ha de concluirse que la misma no ha incurrido en la alegada falta de motivación, sino, como señala la impugnación, todo lo más en un mero error material al ser redactada, pues lo que la parte recurrente califica como omisión de razonamiento, entre los párrafos 2º y 3º del Fundamento de Derecho 2º de la sentencia de instancia, no es en realidad más que una simple omisión, pues de la lectura del segundo párrafo de tal fundamento es claro que lo único que pretendía el juzgador es hacer remisión a lo que se recoge en el hecho probado 3º, o más probablemente, reproducir literalmente o hacer un mero resumen ese hecho probado, pues esa es la explicación más coherente a que se diga "esto es," inmediatamente después de haber afirmado que los testigos declararon lo que se recoge en los hechos probados. El tipo de litigio planteado, una sanción disciplinaria sin otras pretensiones acumuladas, exigía que la sentencia de instancia se pronunciara, primero, respecto a si los hechos objeto de sanción habían quedado probados; segundo, si acreditados tales hechos, era correcta o incorrecta la calificación de los mismos como falta muy grave, o debían ser calificados de otra manera; y por último, si siendo correcta la calificación jurídica de los hechos, la sanción impuesta estaba dentro de las previstas y permitidas en el convenio colectivo de aplicación. Sobre todo eso resuelve la sentencia de instancia, y las partes pueden cabalmente conocer por qué se ha resuelto de una manera y no de otra, con lo cual el motivo no puede ser estimado.

OCTAVO.- Examinando seguidamente el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

NOVENO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

DÉCIMO.- Pretende la parte actora revisar el hecho probado 3º, para que el mismo pase a decir: "Don Miguel Ángel, estando prestando el servicio en la entrada del restaurante, a efectos de ubicar a los comensales en sus mesas, atiende, a la petición de Ofelia dándole blondas limpias, las cuales entrego depositándolas en el lugar de recogida, lugar donde no están los clientes". Para esta modificación no cita documento alguno, sino que censura y revisa el contenido de las declaraciones testificales que empleó el juzgador para formar su convicción.

UNDÉCIMO.- La revisión de los hechos probados en suplicación solo es posible, como resulta del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a partir de prueba documental o pericial (y, en realidad, como se ha señalado, ni siquiera toda documental o pericial), pues solo esos medios de prueba podrían contar con suficiente fehaciencia y literosuficiencia como para evidenciar un error patente del juzgador en la valoración global de la prueba. La prueba testifical no está admitida como prueba hábil a efectos de suplicación, sin duda porque es una prueba que siempre ha de ser valorada poniendo en relación todo lo declarado por un testigo (y no solo fragmentos de su declaración) con el resto de la prueba y elementos de convicción, algo que no es posible en un recurso extraordinario, en el que no puede llevarse a cabo una nueva valoración global del material probatorio, que es lo que realmente hace el recurrente. El motivo, por tanto, ha de ser desestimado.

DUODÉCIMO.- En censura jurídica del 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el recurrente denuncia infracción, por aplicación indebida, del artículo 54 párrafo 2º letra c) del Estatuto de los Trabajadores, y artículos 40.3 del convenio colectivo y 35 y siguientes del V Acuerdo Laboral de ámbito Estatal del sector de Hostelería. Alega que de los hechos contenidos en la comunicación de sanción, eliminado cuantos no han sido acreditados, solo puede inferirse frases o situaciones que no se enmarcan en una conducta de ofensa moral, y que la propia testigo de la empresa declaró que no consideraba que estuvieran dirigidas a ella personalmente y que se trató de una situación puntual, debiendo considerarse únicamente una manifestación crítica hacia los maitres, pero sin ánimo claro y evidente de injuriar, vejar, o amenazar, ni existiendo tampoco culpabilidad.

DECIMOTERCERO.- El artículo 54.2.c) del Estatuto de los Trabajadores no ha podido ser aplicado indebidamente por la sentencia de instancia, porque la misma no lo cita en momento alguno, y lo que hace es calificar los hechos como constitutivos de la falta muy grave del artículo 40.6 del V acuerdo estatal para el sector de hostelería. Falta muy grave que, al sancionar "los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al respeto y consideración al empresario, personas delegadas por éste, así como demás trabajadores y público en general", es más amplia que lo que contiene el 54.2.c) de la norma estatutaria, "las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos". Pues el abuso de autoridad, o una falta grave de respeto y consideración, pueden producirse sin necesidad de uso de términos objetivamente injuriosos.

DECIMOCUARTO.- Y en este caso, aunque del hecho probado 3º no resulte que el demandante dirigiera términos objetivamente insultantes a Dª. Ofelia, sí que consta que el 6 de noviembre de 2021 el actor, que debía estar de particularmente muy mal humor por motivos que no constan, no solo comenzó dirigiéndose a su subordinada con una contestación notablemente desabrida tras ser preguntado por algo aparentemente tan banal como donde podía conseguir la trabajadora blondas limpias ("Yo no estoy para eso, díselo al primer maitre y metrillos de fuera"), sino que decidió pagar con esa trabajadora cualesquiera frustraciones que viniera arrastrando ese día, persiguiéndola y agobiándola durante el servicio mientras decía de forma reiterada "Nada más que trabajo con chusma y solo chusma"; decirle "es que no sabes hacer tu trabajo"; entregar a esa trabajadora las blondas limpias tirándolas al suelo en pleno servicio de clientes mientras gritaba "toma las 500 blondas y te las lleves todas para (.)"; o gritarle en reiteradas ocasiones "como no sabes limpiar mesas".

DECIMOQUINTO.- Semejantes actitudes, expresiones, y forma de proferirlas, además delante de los clientes, pueden calificarse sin dificultad como una falta grave de respeto y consideración hacia su subordinada, pues las mismas fácilmente podrían hacer sentir a la trabajadora extremadamente incómoda y avergonzada, y desde luego eran suficientes para provocar una crisis de ansiedad, como se alegaba en la carta de despido que acabó produciéndose. No se puede, en consecuencia, considerar incorrecta la calificación de los hechos declarados probados como falta muy grave, y por ello el motivo debe ser desestimado.

DECIMOSEXTO.- Finalmente, en el recurso, sin ni siquiera molestarse el recurrente en concretar qué tipo de motivo está planteando, y sin citar un solo precepto concreto, acusa el recurrente a la sentencia de instancia de incongruencia interna porque, pese a que en hechos probados se declara acreditado que la sanción de suspensión de empleo y sueldo fue cumplida, en el Fallo se dice que está pendiente de cumplir.

DECIMOSÉPTIMO.- La inconcreción del tipo de motivo planteado, y sobre todo la ausencia de cita de precepto infringido, podría bastar para rechazar el "motivo". No obstante, la censura jurídica se puede identificar más o menos bien, efectivamente se aprecia una clara contradicción entre lo que se ha declarado probado y lo que se acuerda en el Fallo y, sobre todo, la parte demandada, en su impugnación, considera que este motivo debe ser estimado porque es cierto que la sanción ya estaba ejecutada, y no estaba pendiente de cumplimiento. Ante ello, se estimará el "motivo" y se suprimirá del Fallo la referencia a que la sanción está pendiente de cumplir.

DECIMOCTAVO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso, aunque sea de manera tan parcial, no habría parte vencida y en consecuencia no procede hacer especial imposición de costas.