Sentencia Social 1415/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 631/2025 de 10 de junio del 2025

PRIMERO.- Entabla recurso de suplicación el demandante, Sr. Bartolomé, frente a la sentencia (con auto de aclaración de 4 de febrero de 2025), que ha desestimado su demanda de impugnación de despido por ineptitud sobrevenida acordado por la demandada DIRECCION000 ( DIRECCION000).

La decisión judicial con apoyo en los informes emitidos por el servicio de prevención, el plan de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos laborales de la empresa, valorando también los intentos de adaptación de determinados puestos de trabajo, la testifical pericial de la Dra. Marcelina, y testifical de la directora de personal, concluye que el despido es procedente a la luz de las residuales y limitaciones funcionales del trabajador, que le impiden el desempeño de cualquier puesto de trabajo que implique conducción, y otros que no exigen conducción. Sostiene que el actor, ha desempeñado tras incorporarse de la última baja médica, tareas consistentes en verificar "la robustez de la goma" con los datos que proporciona el sistema informático, que califica como tareas provisionales para atender una necesidad temporal, y concluye que no hay puesto de trabajo que pueda desempeñar en la empresa, y considera que DIRECCION000 ha cumplido las exigencias legales de adaptación del puesto de trabajo sin que pueda continuar en la empresa al ser declarado no apto para el desempeño de distintos puestos, descartando que haya sufrido discriminación por razón de enfermedad, ni de discapacidad, tampoco lesión de la garantía de indemnidad.

El recurso solicita la revocación de la sentencia, declarando la nulidad del despido con los efectos legales subsiguientes, y abono de una indemnización de 30000 euros por lesión de derechos fundamentales, y de modo subsidiario la improcedencia del despido.

Ha presentado escrito impugnando al recurso DIRECCION000, en el que interesa la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Los dos primeros motivos, con amparo formal en la letra b) del artículo 193 LRJS, se dirigen a la reforma de hechos probados.

La revisión de hechos probados en un recurso extraordinario como es el de suplicación está condicionada a que la modificación propuesta resulte relevante a los efectos del resultado del recurso y, por supuesto a que exista un error en la redacción de hechos probados de la sentencia ( STS 13 de marzo de 2019, rec. 63/2018), exigiendo que la certeza del dato cuya inclusión se interesa o la falta de veracidad de aquél que se pretende eliminar, queden evidenciados de manera indubitada, concluyente e inequívoca por la fuerza directa que derive de documentos o pericias obrantes en las actuaciones, sin precisar la adición de ninguna otra prueba y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas ( STS de 26 de febrero de 2019, rec. 185/2017).

Ello es así pues es al Juzgador de instancia a quien corresponde la valoración de la prueba que se somete a su consideración, opción probatoria que no puede sustituir la Sala, sin que pueda descansar la variación en los mismos documentos ya valorados por el Juzgador salvo error evidente, o arbitrariedad judicial.

En primer lugar, pretende variar el salario que refleja el hecho probado primero de la demanda, 40.115,35 euros anuales brutos (diario, 109,90; 40.115,35: 365), y sustituirlo por el que indica, 43.902 euros anuales brutos, que es el que figura en demanda; se apoya en los documentos que señala (documento 63 del índice electrónico, y dentro del mismo los documentos que indica), de tal modo que conste que el salario diario es de 121,95 euros brutos.

Reforma que no se acoge; el Juzgador de instancia acude para determinar la retribución salarial que corresponde al demandante, a los cálculos ofrecidos por la empresa, documento 32 del índice electrónico, tal y como expresa en el auto de aclaración, asumiendo la explicación que ofrece DIRECCION000, y no el importe que pretende el demandante con apoyo en los documentos que cita, salario que por lo demás tampoco se desprende de modo directo de la documental invocada.

Pretende también, motivo segundo, la inclusión de un nuevo ordinal, el decimotercero, tendente a reflejar que el 30 de abril de 2024 presentó escrito a la empresa para que se dictaminara que las dolencias que padece (síndrome de fatiga crónico, síndrome químico múltiple, lumbalgia crónica, disautonomía a estudio, sospecha de asma ocupacional), tienen origen profesional, resolviendo la demandada en comunicación de 12 de junio de 2024 que el servicio médico había considerado que no procedía la calificación de su dolencia como enfermedad profesional.

Apoya la variación en los documentos 38 y 63 del índice electrónico (folio 53).

Reforma que cuenta con el debido apoyo documental si bien no se acoge por irrelevante dado que ya consta en sentencia esa reclamación a la empresa (fundamento jurídico quinto, párrafo 5º comenzando por el final), que también ha sido valorada por el Juzgador de instancia (si bien no en el sentido pretendido por el actor).

TERCERO.- El motivo tercero, amparado formalmente en el artículo 193 c LRJS, denuncia la infracción de los artículos 53.4 y 17.1 del ET, en relación con los artículos 14, 15 y 24 de la CE, invocando la doctrina jurisprudencial contenida en STS de 24 de abril de 2020, recurso 2027/2017, y STSJ De Galicia de 6 de noviembre de 2024 (recurso 3048/2024).

Sostiene así que el despido es nulo, que la causa de la extinción contractual han sido los largos procesos de IT que ha sufrido, y además la discapacidad que sufre, y que le ha sido reconocida, añadiendo otra causa de nulidad cuál es la lesión de la garantía de indemnidad, vinculando su despido a la reclamación de contingencia profesional de sus padecimientos, reclamación que dirigió a la empresa en abril de 2024, y contingencia de enfermedad profesional que la empresa rechazó en junio del mismo año, reclamando una indemnización por esa lesión de derechos fundamentales de 30.000 euros.

En el motivo cuarto, también de censura jurídica, denuncia la infracción del artículo 52 a) y 53.1 del ET, en relación con el artículo 24 CE, para sostener como petición subsidiaria la declaración de improcedencia del despido.

A lo largo del motivo afirma que no ha justificado la empresa las razones que ofrece en la comunicación de despido para apoyar el mismo, que no está reconocido que exista realmente una situación de ineptitud sobrevenida. Señala que ha sido considerado por el servicio de prevención como apto con limitaciones para su puesto de conductor de CALANDRA SKIM desde el mes de julio de 2020 (documento 63 del expediente electrónico, folio 35), que ha tenido diversos periodos de incapacidad temporal durante los años 2021 a 2023 (documentos 30 y 42 del expediente electrónico), situación temporal y no permanente, que de hecho el INSS ha rechazado declararle afecto de la incapacidad permanente por considerar que no presenta menoscabos de carácter orgánico o psico/cognitivo que produzcan limitaciones funcionales permanentes para su desempeño laboral habitual.

Subraya así la situación de indefensión en la que se le coloca, además de la incongruencia que comporta, dado que la empresa sostiene que no hay ningún puesto en toda la empresa que puede desempeñar el actor, en tanto que el INSS rechaza que esté afecto de cualquier grado de incapacidad permanente porque puede desarrollar su actividad laboral.

Considera que la empresa no ha demostrado que no pueda recolocarle en puestos con funciones más livianas y sin contacto especial con sustancias químicas, que es la mercantil quien ha elegido unos puestos de trabajo en los que ha intentado reubicarle pero no todos, cuando es una empresa que cuenta con un gran número de puestos de trabajo, y destaca que no se ha pedido opinión ni al trabajador, ni a la representación de los trabajadores, para proponer puestos de recolocación, ni se le ha informado de todos los motivos que conllevan su calificación como no apto para los cinco puestos propuestos.

Invoca la STS de 23 de febrero de 2022 y la STSJ PV de 11 de junio de 2019, para concluir que no se ha acreditado que no existan puestos para reubicarle, que no concurre la situación de ineptitud sobrevenida pues no existe una verdadera falta de aptitud permanente para el trabajo, y que existen puestos en DIRECCION000 donde puede ser recolocado, todo lo cual determina la nulidad o, de modo subsidiario, la improcedencia del despido.

Es obligado no perder de vista los extremos fácticos que nos proporciona la sentencia, que informa de la prestación de servicios por el demandante para DIRECCION000 desde septiembre de 2001, con la categoría profesional de industrial 1ª (ayudante oficial 1ª).

Ha estado incurso en los siguientes periodos de IT: de 11/03/2010 a 23/04/2010; 9/07/2012 a 20/07/2012; 8/09/2014 a 19/09/2014; 25/01/2015 a 30/01/2015; 11/01/2017 a 26/01/2018; 26/07/2018 a 7/03/2019; 8/03/2019 a 8/07/2020;15/01/2021 a 3/08/2022; 4/08/2022 a 17/08/2022; 6/02/2023 a 31/07/2023; 1/09/2023 a 2/04/2024.

Desde el reconocimiento médico realizado en julio de 2020 por el servicio médico de vigilancia de la salud de DIRECCION000, y en los ulteriores a esa fecha realizados al alta de esos procesos de IT incluido el de 28/08/2023-, ha sido declarado apto con limitaciones para el puesto de trabajo de conductor de calandra skim, indicando no manipulación de cargas, y evitación de turnos de noche.

Figura en el reconocimiento realizado por el servicio médico de vigilancia de la salud de DIRECCION000 el 22/04/2024: riesgos ergonómicos cargas grado 2, ruido (mayor de 85 dB), riesgos ergonómicos posturas grado 2, conducción vehículos grado 2: conducción ocasional carretilla, formaldehído, con el resultado de "no apto para el puesto de trabajo de calandra skim". En la Anamnesis consta que refería fatigabilidad en extremidades, pérdida generalizada de fuerza muscular, parestesias, episodios de mareo, fasciculaciones erráticas, cefaleas, astenia.

Se instó expediente de incapacidad permanente, dictando el INSS resolución de 3 de agosto de 2022, por la que se declaró que no estaba afecto a ninguno de los grados incapacidad permanente, previa emisión del dictamen del EVI de 14/07/2022 que refleja como cuadro clínico residual: hipersensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica, y como limitaciones funcionales: síndrome de sensibilización central (fatiga crónica/hipersensibilidad química múltiple), sin demostrarse sensibilización a formaldehído, hiperreactividad bronquial, sintomatología disautonómica o deterioro cognitivo. En el informe médico de síntesis, apartado conclusiones figura que "Hasta el momento no se han objetivado menoscabos de carácter orgánico o psicocognitivo que produzcan limitaciones clínico-funcionales permanentes para su desempeño laboral habitual.

También refleja la sentencia que el 7/05/2024, la directora de personal de DIRECCION000 remitió correo en solicitud de puestos vacantes a los responsables de los diversos oficios existentes en la empresa, para un trabajador cuyas limitaciones son: puesto sin contacto con contaminantes ambientales, limitaciones para manipulaciones de cargas importantes, evitar turnos de noches, no apto para conducción de CE. El Servicio de personal de DIRECCION000 propuso que desde vigilancia de la salud se evaluara la aptitud para los puestos de trabajo NUM001-Cond BUDI 1-62, y NUM002-Cortador CAI, y que el 22/05/2024, el servicio médico de vigilancia de la salud declaró al actor "no apto para los puestos de trabajo mencionados", y también se le declaró el 4/06/2024 no apto por el mismo servicio para los puestos NUM003-Módulo MTA-MA OR 1; NUM004-Tratamiento de zincado; NUM005-Desenrrolla Horugo.

Tras la incorporación del actor procedente de la última baja médica, llevó a cabo una tarea provisional para atender una necesidad temporal de verificar "la robustez de la goma", con los datos que proporciona el sistema informático.

El 6/06/2024 y con efectos de esa misma fecha, la demandada procedió a comunicar al actor el despido por ineptitud sobrevenida ex articulo 52 a) ET, mediante la entrega de la comunicación que reproduce el ordinal segundo de la sentencia.

Consta que por resolución de 15/07/2024 se le ha reconocido al actor por el organismo competente un grado de discapacidad del 37% con carácter permanente.

Traemos a colación la STS de 23 de febrero de 2022 (rcud 3259/2020), invocada en el recurso que expresa: "(...) Los servicios de prevención ajenos tienen, entre otras misiones, la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. De este modo, cuando constaten, en su función de vigilancia de la salud de los trabajadores, que éstos han perdido sobrevenidamente su aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, están obligados a informar al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de sus conclusiones sobre dicha pérdida de aptitud o, sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva, todo ello con respeto a las cautelas previstas en losapartados segundo, terceroycuarto del art. 22 de la LPRL , puesto que dicha información contiene datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Cuando el servicio de prevención ajeno informe al empresario sobre la ineptitud sobrevenida para el desempeño de su puesto de trabajo, éste, en cumplimiento de su deber de seguridad para con sus trabajadores, previsto en elart. 14.2 ET , deberá ordenar al trabajador afectado que deje de prestar servicios en el puesto de trabajo afectado para evitar, de este modo, cualquier riesgo en el desempeño de su puesto de trabajo.Ahora bien, el cumplimiento de esa obligación de seguridad por parte del empleador, no comporta que éste pueda extinguir mecánicamente el contrato de trabajo del trabajador por ineptitud sobrevenida del trabajador con base únicamente a las conclusiones del informe del servicio de prevención ajeno, cuya finalidad, como hemos resaltado, es meramente informativa, limitándose a trasladar unas conclusiones, que no pueden fundarse en las lesiones del trabajador, toda vez que, la información, relacionada con el estado de salud del trabajador, está protegida por su derecho a la intimidad y su derecho a la protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en elart. 22.3y4 LPRL.

Consiguientemente, la obligación de los servicios de prevención ajeno de trasladar al empresario sus conclusiones sobre los reconocimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, referidos en elart. 22.1 LPRL, relacionados con la aptitud del trabajador, tiene por finalidad fundamental asegurar que el empresario tome las medidas precisas para evitar cualquier riesgo del trabajador afectado, pero no permite concluir sin más que, un informe, expedido por el servicio de prevención ajeno, a solicitud unilateral del empresario, aunque la Entidad Gestora haya descartado que el trabajador esté incapacitado para el desempeño de su profesión y, sin que el trabajador se haya incorporado, siquiera, a su puesto de trabajo, constituya por sí solo un medio de prueba imbatible para acreditar la ineptitud sobrevenida para el trabajo del trabajador afectado, que justifique, sin más pruebas, la extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida, toda vez que los datos, relativos a la vigilancia de salud de los trabajadores, no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, a tenor con lo dispuesto en elart. 22.4 LPRL, ya que, las conclusiones controvertidas derivan necesariamente de dichos datos.

Dicha conclusión no implica, sin más, que los informes controvertidos no tengan ningún valor probatorio para acreditar la ineptitud sobrevenida de los trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo. Será necesario, a estos efectos, que el informe identifique con precisión cuáles son las limitaciones concretas detectadas y su incidencia sobre las funciones desempeñadas por el trabajador, sin que baste la simple afirmación de que el trabajador ha perdido su aptitud para el desempeño del puesto, cuando dicha afirmación no esté justificada en los términos expuestos y no se soporte con otros medios de prueba útiles, cuando sea contradicha por el trabajador, especialmente cuando, como sucede aquí, la Entidad Gestora haya descartado la declaración de invalidez permanente del trabajador para el desempeño de su profesión habitual...".

En primer lugar, destacamos que de los extremos fácticos que hemos expuesto se desprende con claridad que existen dos valoraciones contrapuestas, de un lado, las emitidas por el servicio de vigilancia de la salud de la empresa que concluye en abril y junio de 2024 con la falta de aptitud del actor para unos concretos puestos de trabajo, y de otra, la del INSS, que le denegó la incapacidad permanente al considerar que podía desempeñar su profesión. Valoraciones divergentes que hemos de examinar a la luz de la doctrina jurisprudencial invocada.

Y lo hacemos subrayando que hasta abril de 2024 el propio servicio de vigilancia de la salud ha considerado al actor apto con limitaciones para su puesto de trabajo (último reconocimiento en tal sentido, el emitido el 28/08/2023), no así en el siguiente (abril 2024), cuando el cuadro médico y limitaciones funcionales que se acredita padecido por el trabajador (único que figura en sentencia), es el que refleja el informe del médico evaluador, asumido por el EVI (hecho probado cuarto).

Es decir, no solamente se trata de una clara discrepancia en las valoraciones, es que los déficit funcionales del trabajador que se han acreditado son los que constan en la resolución del INSS que, conforme decide la entidad gestora, no justifican la incapacidad permanente total, ni siquiera la incapacidad permanente parcial, sin que se demuestre un agravamiento del estado psicofísico del trabajador desde que fue valorado por el INSS, y mucho menos entre agosto de 2023 y abril de 2024, que pueda justificar la pérdida de aptitud que sostiene el servicio médico de vigilancia de la salud, cuando unos meses antes concluyó que era apto con limitaciones para desempeñar el puesto de trabajo. Es más, tras su incorporación laboral ha desempeñado sin problemas las tareas consistentes en verificar la "robustez de la goma" con los datos que proporciona el sistema informático, funciones que se encuadran en control de calidad, por más que se califique como una necesidad temporal.

Consideramos que el despido es improcedente, dado que entendemos que no se ha justificado la causa que lo motiva (ineptitud sobrevenida del trabajador), tanto porque no consta una situación psico/física distinta en agosto de 2023 respecto de abril de 2024 que avale la pérdida de aptitud para el trabajo, cuando hasta entonces era apto con limitaciones, como porque, sin desconocer el esfuerzo que ha realizado DIRECCION000, no consta tampoco la pérdida de aptitud psicofísica para desempeñar los puestos de trabajo con muy distintas funciones que tiene una empresa de las dimensiones de la demandada (de hecho, ha ocupado un puesto tras la incorporación compatible con su estado, por muy temporal que fuese la necesidad de cubrirlo).

Descartamos la nulidad de la decisión extintiva tras desechar que exista lesión de la garantía de indemnidad; entendemos que no justifica semejante calificación el escrito dirigido por el trabajador a la empresa en abril de 2024 sosteniendo que sus residuales derivan de enfermedad profesional, dado que la extinción contractual se podrá considerar o no justificada pero no se demuestra que obedezca a otra causa que las evaluaciones del servicio de vigilancia de la salud, que han concluido con su falta de aptitud para desempeñar los puestos de trabajo que ha examinado para reubicarle (hechos probados sexto a décimo de la sentencia), decisión extintiva ajena a cualquier discriminación por razón de su discapacidad (reconocida con posterioridad al despido).

En consecuencia, se estima parcialmente el recurso de suplicación, declarando la improcedencia del despido del demandante, condenando a la empresa a hacer frente a las consecuencias del despido así declarado.

CUARTO.- La estimación siquiera parcial del recurso de suplicación, determina que no haya condena en costas ( artículo 235 LRJS) .